español - Global Water Partnership

La menor participación del público consiste en la difusión de información sobre las decisiones adoptadas
por los decisores en determinados respectos. Seguidamente, se celebra una audiencia pública sobre las
decisiones adoptadas, y en ella los interesados aportan comentarios y dan su conformidad. Las consultas
consisten en solicitar de los interesados su opinión sobre las actuaciones propuestas y entablar un diálogo
con ellos. La fase de consultas difiere de la anterior en que la información discurre en ambos sentidos, de
los decisores a la población y de la población a los decisores 26 . El proceso de colaboración, mediante el
que los grupos vulnerables (pobres, mujeres, indígenas, minorías étnicas) se reúnen con las autoridades
para comunicarse, negociar y controlar el proceso de decisión durante la planificación y la gestión, requiere
un mayor grado de participación en la toma de decisiones y, al igual que las consultas, está basado en
un intercambio recíproco de información y de ideas. La delegación implica la toma de decisiones en
común. Aquí la participación de los interesados es intensiva pero se lleva a cabo mediante un mecanismo
de representación. Bajo la forma de la autogestión, la comunidad o los individuos toman sus propias
decisiones.
En la Tabla 4 se describe el grado de participación y los métodos aplicados en diversas etapas de la
planificación. Se indica también la relación entre diversos interesados en las distintas modalidades de
participación.
3.2 Planificación participativa: respondiendo al desafío
La gestión de crecidas desempeña un papel importante en el desarrollo sostenible. Las actividades de
gestión de crecidas deberían enmarcarse en un plan flexible, pero claramente definido, para la gestión de
las crecidas a nivel de la cuenca mediante la determinación de los objetivos de la gestión y en el marco de la
política nacional de gestión de crecidas. Se examinan a continuación, en distintos niveles de planificación y de
ejecución, tanto el proceso de planificación como las posibles maneras de abordar el proceso participativo.
3.2.1 Política nacional de gestión de crecidas
La política nacional de gestión de crecidas está determinada principalmente por los objetivos nacionales de
desarrollo, la percepción subjetiva de diversos riesgos a nivel nacional, las decisiones éticas adoptadas por los
países, y los objetivos medioambientales establecidos por el país para sí mismo, teniendo adecuadamente
en cuenta sus condiciones socioeconómicas. La política nacional de gestión de crecidas establece objetivos
tales como la reducción de riesgos, la disminución de las pérdidas económicas, la disminución del número
de víctimas y/o el aumento de la eficacia económica a nivel nacional. Debería permitir evaluar en líneas
generales las posibilidades de crecida y los efectos de éstas sobre el bienestar socioeconómico, definir
el grado necesario de atenuación de riesgos, los principios de igualdad que habrá que aplicar, establecer
una escala de prioridades para antes y después de la crecida, los tipos de incentivo y de desincentivo que
se utilizarán, y el proceder que se adoptará con respecto a los riesgos residuales. Debería delimitar las
responsabilidades de las personas frente a los riesgos. Particularmente, es importante definir las funciones
y responsabilidades de las comunidades, del gobierno local, del gobierno estatal y del gobierno nacional
para, seguidamente, establecer unos principios generales que definan el marco institucional de coordinación
entre diversos sectores e instituciones.
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Las políticas de gestión de crecidas están limitadas, sin embargo, por el contexto jurídico e institucional,
la situación financiera y económica, las limitaciones físicas y técnicas, y las decisiones políticas. Al mismo
tiempo, los problemas de las crecidas pueden abordarse indirectamente mediante políticas públicas que,
Aspectos sociales y participación de los interesados en la gestión integrada de crecidas