de crecida, y se definen diversas opciones para la atenuación de las crecidas. Es importante comprender que las cuencas fluviales deben considerarse como una unidad de planificación a efectos de gestión de las crecidas, ya que los riesgos de crecida son fácilmente transferibles, y las actividades de desarrollo en el conjunto de la cuenca podrían magnificarlos. Es más, el principio de equidad ante el desarrollo obliga a debatir las opciones de gestión de crecidas a nivel de toda la cuenca, y a ponerlas en marcha en el marco de un plan de gestión de crecidas flexible pero claramente definido en ese ámbito geográfico. Para poner en marcha un plan de actuación basado en una política de gestión de crecidas a nivel de cuenca y en una planificación a nivel de proyecto es necesario identificar las áreas de actuación prioritarias aplicando diversos procedimientos de evaluación financiera, y evaluando también los efectos medioambientales y sociales. La evaluación de los costos y beneficios que entrañarían las diversas opciones, previa consulta con una sociedad civil participadora, ayudaría a conseguir la autonomía y la responsabilización a nivel local. Para facilitar este proceso, la GIRH ha propugnado la utilización de mecanismos potenciadores y el establecimiento de un marco institucional a nivel de cuenca. Como parte de la GIRH, la GIC debería hacer uso de esas instituciones. Las organizaciones a nivel de cuenca fluvial, los comités de gestión de desastre en distintos niveles, las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales son los elementos básicos de ese marco, concebido para mejorar el diálogo y la negociación entre los diversos sectores interesados. En la GIC, las organizaciones que abarcan la cuenca fluvial pueden servir como plataforma para la participación de los interesados en el ámbito de la cuenca. Para conseguir una participación eficaz y sostenible de los sectores interesados en una situación dada hay ciertos requisitos previos. El más importante es la necesidad de cimentar la confianza mediante la transmisión de información y una interacción constante. El compromiso, la responsabilidad, la transparencia en las actuaciones, la aplicación de principios de equidad y la tolerancia para con quienes disienten son factores que determinan, alientan y promueven la participación pública. Una buena gobernanza es la clave para el éxito del proceso participativo y de la gestión integrada de crecidas. A nivel nacional, una gobernanza endeble, caracterizada por unas políticas poco claras y unos roles y responsabilidades vagamente definidos respecto de los distintos organismos puede dar lugar a una duplicación de responsabilidades y a una distribución incompleta de las tareas. Mientras, por una parte, el gobierno provee incentivos, facilita y establece políticas y reglamentaciones orientadas a la participación, los grupos interesados deben asumir también ciertas iniciativas y responsabilidades. El concepto de GIC implica una coordinación a fondo entre los diversos sectores interesados. La transmisión de información y el establecimiento de una red de contactos son esenciales para conseguir la eficacia y solidez de este planteamiento y para prever y hacer frente a los conflictos y mejorar la cooperación entre las diversas jurisdicciones y sectores. Para ello es necesario un marco institucional potenciador que facilite una eficaz coordinación, colaboración, cooperación y colaboración entre las distintas jurisdicciones, departamentos, instituciones, disciplinas, usuarios y usos. Un marco institucional define los papeles reconocidos a todos los interesados en la GIC y ofrece un mecanismo de coordinación para las organizaciones e instituciones. Dado que los distintos interesados tienen perspectivas sectoriales, regionales y locales diferentes, y dado que sus entornos institucionales, acervos culturales y condiciones socioeconómicas difieren, es necesario crear capacidad en ciertas áreas a tenor del papel que esos sectores desempeñan en el proceso participativo. Es evidente que no hay soluciones universales para facilitar la participación de todos los interesados y de la sociedad civil en las decisiones sobre la gestión de las crecidas. Es esencial adoptar unas prácticas adecuadas a las circunstancias en un marco socioeconómico dado. Por ello, lo que ofrece la presente xi Resumen ejecutivo
publicación no son una serie de directrices para definir determinados procedimientos, sino más bien un planteamiento racional de la participación comunitaria. xii Aspectos sociales y participación de los interesados en la gestión integrada de crecidas
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