español - Global Water Partnership

de crecida, y se definen diversas opciones para la atenuación de las crecidas. Es importante comprender
que las cuencas fluviales deben considerarse como una unidad de planificación a efectos de gestión de
las crecidas, ya que los riesgos de crecida son fácilmente transferibles, y las actividades de desarrollo en
el conjunto de la cuenca podrían magnificarlos. Es más, el principio de equidad ante el desarrollo obliga a
debatir las opciones de gestión de crecidas a nivel de toda la cuenca, y a ponerlas en marcha en el marco de
un plan de gestión de crecidas flexible pero claramente definido en ese ámbito geográfico.
Para poner en marcha un plan de actuación basado en una política de gestión de crecidas a nivel de cuenca
y en una planificación a nivel de proyecto es necesario identificar las áreas de actuación prioritarias aplicando
diversos procedimientos de evaluación financiera, y evaluando también los efectos medioambientales y
sociales. La evaluación de los costos y beneficios que entrañarían las diversas opciones, previa consulta con
una sociedad civil participadora, ayudaría a conseguir la autonomía y la responsabilización a nivel local.
Para facilitar este proceso, la GIRH ha propugnado la utilización de mecanismos potenciadores y el
establecimiento de un marco institucional a nivel de cuenca. Como parte de la GIRH, la GIC debería hacer
uso de esas instituciones. Las organizaciones a nivel de cuenca fluvial, los comités de gestión de desastre
en distintos niveles, las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales son los
elementos básicos de ese marco, concebido para mejorar el diálogo y la negociación entre los diversos
sectores interesados. En la GIC, las organizaciones que abarcan la cuenca fluvial pueden servir como
plataforma para la participación de los interesados en el ámbito de la cuenca.
Para conseguir una participación eficaz y sostenible de los sectores interesados en una situación dada
hay ciertos requisitos previos. El más importante es la necesidad de cimentar la confianza mediante la
transmisión de información y una interacción constante. El compromiso, la responsabilidad, la transparencia
en las actuaciones, la aplicación de principios de equidad y la tolerancia para con quienes disienten son
factores que determinan, alientan y promueven la participación pública. Una buena gobernanza es la clave
para el éxito del proceso participativo y de la gestión integrada de crecidas. A nivel nacional, una gobernanza
endeble, caracterizada por unas políticas poco claras y unos roles y responsabilidades vagamente definidos
respecto de los distintos organismos puede dar lugar a una duplicación de responsabilidades y a una
distribución incompleta de las tareas. Mientras, por una parte, el gobierno provee incentivos, facilita y
establece políticas y reglamentaciones orientadas a la participación, los grupos interesados deben asumir
también ciertas iniciativas y responsabilidades.
El concepto de GIC implica una coordinación a fondo entre los diversos sectores interesados. La transmisión
de información y el establecimiento de una red de contactos son esenciales para conseguir la eficacia y solidez
de este planteamiento y para prever y hacer frente a los conflictos y mejorar la cooperación entre las diversas
jurisdicciones y sectores. Para ello es necesario un marco institucional potenciador que facilite una eficaz
coordinación, colaboración, cooperación y colaboración entre las distintas jurisdicciones, departamentos,
instituciones, disciplinas, usuarios y usos. Un marco institucional define los papeles reconocidos a todos los
interesados en la GIC y ofrece un mecanismo de coordinación para las organizaciones e instituciones. Dado
que los distintos interesados tienen perspectivas sectoriales, regionales y locales diferentes, y dado que
sus entornos institucionales, acervos culturales y condiciones socioeconómicas difieren, es necesario crear
capacidad en ciertas áreas a tenor del papel que esos sectores desempeñan en el proceso participativo.
Es evidente que no hay soluciones universales para facilitar la participación de todos los interesados y
de la sociedad civil en las decisiones sobre la gestión de las crecidas. Es esencial adoptar unas prácticas
adecuadas a las circunstancias en un marco socioeconómico dado. Por ello, lo que ofrece la presente
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