LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY Nº ...

CAPÍTULO II
Procedimiento Sancionador
Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este Capítulo
229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de
las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los
administrados.
229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a los
procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar necesariamente los
principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el articulo 230°, así como la
estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.
Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los
administrados, que las previstas en este Capítulo. (16)
(16) Numeral 229.2 modificado por disposición del Art. 1º del D.LEG. Nº 1029 publicado el 24/06/2008.
229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la
normativa sobre la materia.(17)
(17) Numeral 229.3 incluido por disposición del Art. 1º del D. LEG. Nº 1029 publicado el 24/06/2008.
Concordancias:
Art. 1º de la Ley Nº 27699.
Art. 4º del D.S. Nº 048-2007-EM.
Subcapítulo I
De la Potestad Sancionadora
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes
principios especiales:
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de
sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la
privación de libertad.
2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento
establecido respetando las garantías del debido proceso.
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin
embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado
como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a
efectos de su graduación:
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
b) EI perjuicio económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (18)
(18) Numeral 3. modificado por disposición del Art. 1º del D.LEG. Nº 1029 publicado el 24/06/2008.
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley
permita tipificar por vía reglamentaria.