Miguel Zugaza - Centro de Estudios Garrigues

COLABORACIONES
las transmisiones de los Valores que
hubieran sido adquiridos como contraprestación
a la aportación de un bien
inmueble al capital social o patrimonio
de la entidad cuyos Valores se transmiten.
Esto es, cuando los Valores a transmitir
hubieran sido adquiridos, i. e. en la
constitución o en una ampliación de
capital, cuya contrapartida hubieran
sido aportaciones no dinerarias de bienes
inmuebles.
Esta segunda excepción a la exención
fiscal tiene como objetivo evitar
que, a través de la aportación de un
inmueble a una persona jurídica y la
posterior transmisión de los Valores
adquiridos como contraprestación, se
beneficien de la exención fiscal operaciones
que tratan de encubrir una mera
transmisión de bienes inmuebles.
Esta excepción, que ya estaba regulada
en el texto vigente antes de la modificación
introducida por la Ley 36/2006,
solo se aplica a las transmisiones que se
realicen dentro de los tres años siguientes
a la aportación de los bienes inmuebles
al capital social o patrimonio de la
entidad.
La única novedad que introduce la
Ley 36/2006 en este punto es el aumento
del plazo de consolidación de la exención,
desde uno hasta tres años,
haciendo así más complicado encubrir
una operación inmobiliaria con una
transmisión de valores.
Consideramos que no deben entenderse
incluidas en este supuesto las operaciones
de transmisión de Valores que
hubieran sido adquiridos como contraprestación
de la aportación de rama de
actividad, a través de la cuál se hubiera
transmitido la titularidad de bienes
inmuebles, siempre que dicha aportación
pudiera beneficiarse del régimen de
neutralidad fiscal regulado en el Capítulo
VIII del Título VII del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Base Imponible
La Ley 36/2006 introduce en el texto
del artículo 108.2 LMV las reglas de valoración
de los bienes inmuebles, a efectos
de la determinación de la base imponible
en aquellos casos en que no sea
aplicable la exención fiscal.
Así, establece que se entenderá que
el Activo de una entidad está compuesto,
al menos en un 50 %, por bienes
inmuebles cuando el valor real de estos
bienes represente, al menos, la mitad
del valor de todos los elementos del
Activo, una vez descontada la financiación
a corto plazo que la entidad hubiera
obtenido dentro del año anterior a la
transmisión de Valores.
El fin perseguido por la norma, al no
considerar la parte del Activo correspondiente
a la mencionada financiación,
es evitar que se pudiera burlar la
regla del 50 % del valor del Activo con la
simple suscripción de un préstamo el
día anterior a la transmisión.
Establece también esta norma que,
la base imponible en estas operaciones
será igual a la parte proporcional de la
totalidad del valor real de los bienes
inmuebles que corresponda al porcentaje
total de participación que se alcance
en el momento de la obtención del control
o, una vez obtenido, al porcentaje en
el que aumente la cuota de participación.
A nuestro entender, la base imponible
debería ser la parte proporcional que
se corresponda al porcentaje en que
aumente la cuota de participación, y no
calcularse sobre el total de participación
alcanzado con la adquisición, ya que llevaría
a tributar por la adquisición de
unos bienes (los Valores) que ya eran
titularidad del sujeto pasivo, es decir, se
estaría gravando una transmisión
inexistente.
Por último, establece el artículo 108
LMV que, en aquellas operaciones en
que se transmitan Valores adquiridos
como contraprestación de la aportación
de bienes inmuebles al capital social o
patrimonio de una entidad, la base
imponible será igual a la parte proporcional
del valor real de los inmuebles
aportados correspondiente a los Valores
efectivamente transmitidos.
Todo esto implica, por tanto, que el
valor a tener en cuenta, tanto a la hora de
determinar el porcentaje de activos
inmuebles y el resto de bienes, como a
la hora de determinar la base imponible,
no es el que se desprende de los libros,
de acuerdo con la normativa contable,
sino el valor que dichos bienes pudieran
alcanzar en el mercado.
El problema es que, de acuerdo con
la interpretación literal de la norma, no
se aplicaría el valor real a los elementos
integrantes del Inmovilizado inmaterial
(ya que la norma se refiere a “los bienes”
y no “a los elementos del activo”.
Esto puede suponer una gran desventaja
para las entidades cuyos intangibles
tuvieran un peso elevado en el valor real
de la entidad.
En conclusión, entendemos que
cualesquiera supuestos de transmisión
de Valores, deberían ser analizados a
nivel grupo, y no a nivel individual de las
entidades transmitentes y adquirentes.
Desde nuestro punto de vista, no
tendría ningún sentido que a una transmisión
de Valores pudiera aplicarse la
exención cuando se ostente la titularidad
directa de los bienes inmuebles, y
que no pueda beneficiarse cuando se
ostente la titularidad de estos inmuebles
a través de una filial.
Asimismo, tampoco podemos
entender que no sea aplicable la exención
en aquellas operaciones que se
configuren como transmisiones onerosas
dentro del mismo grupo, sin que se
produzca un cambio en el control final
de la entidad.
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