Luis Ramirez Bosco - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo ...

1. Sobre la libertad sindical en general
1.1. El caso nacional en síntesis
1. Si el de la libertad sindical se convirtió en un tema en sí mismo es,
seguramente, porque se trata de una libertad poco respetada o
continuamente puesta en cuestión. Si no fuera así, lo de la libertad
sería parte del temario sobre cualquier clase de asociaciones o
sociedades, y no lo es, mientras que cuando es cuestión de
sindicatos aparece un capítulo separado, siempre principal y muchas
veces con el que se empieza el temario. Ejemplo de esto, si fuese
necesario, lo da, entre nosotros, la misma ley 23.551 de
“asociaciones sindicales”, que empieza por un capítulo titulado “de la
tutela de la libertad sindical”.
2. En la experiencia internacional, las violaciones a la libertad sindical
más repetidas son las a cargo de los empresarios y de los gobiernos,
hecho que si fuese necesario comprobar, basta para hacerlo con
remitirse a los repertorios de casos tratados por los organismos
especializados de la OIT, o al mismo convenio 87 OIT, que cuando se
ocupa específicamente de la prohibición de interferir la libertad
sindical, dirige el mandamiento de abstención a “las autoridades
públicas” (art. 3.2). Los ataques a la libertad sindical que encaren
otros sujetos, que no sean los gobiernos o los empleadores,
prácticamente no entran en los esquemas de exposición o de
análisis, e incluso quedan mayormente fuera de lo que se explica, y
si están mezclados en los relatos sobre el tema, es preciso buscarlos
allí bajo otro título o en otro agrupamiento: quiero decir, por tratar
de hacerme entender desde el comienzo, que las violaciones de la
libertad sindical que, por ejemplo, si no es que encaran directamente
otros sindicatos por lo menos se acometen en su beneficio, éstas no
se encuadran ni se pueden encontrar agrupadas bajo un título
específico como parte de la cuestión de la libertad sindical. Más aún
que esto, de nuevo por ejemplo, en el repertorio de dictámenes del
Comité de Libertad Sindical de la OIT, se ve que este organismo
sostiene regularmente que carece de competencia para ocuparse de
conflictos intersindicales, aunque cualquiera podría preguntarse si lo
mismo se sostendría en el momento en que un conflicto intersindical
pudiera reconocerse con claridad como una situación en que la
1

libertad de un sindicato esta coartada por la actividad o en beneficio
de otro.
3. Esto, en este trabajo, conviene señalarlo desde el principio porque
viene al caso como por la inversa: en nuestro panorama local esto
no es igual. Limitaciones de la libertad o de las libertades sindicales,
de grados variables y aún severísimas, en nuestra historia, digamos
así, moderna, ha habido muchas impuestas en general por los
gobiernos. Pero por lo menos las más graves de éstas no han sido
limitaciones dedicadas en especial a la actividad sindical sino, más
bien, inhibiciones de la libertad de la población en general, con lo
cual es un poco equívoco computarlas especialmente en este
temario.
4. Pero como rasgo o característica más permanentes y diferenciados,
las principales y más frecuentes limitaciones a la actividad de
algunos sindicatos –actuales o potenciales- derivan entre nosotros
más bien de la presencia de otros sindicatos prevalecientes, salvo
que se prefiera ver las cosas como que una ley o una norma
cualquiera que impida negociar colectivamente a un sindicato no
prevaleciente, no es una limitación que impone ese sindicato
prevaleciente, sino una a cargo del gobierno, por medio de la norma
que da ese efecto a la prevalencia. Esta manera distinta de
presentarse las cosas, importa reconocerla, en primer lugar, para
tratar de entender y explicar mejor el fenómeno frente al que se
está, fenómeno especialmente operativo y visible precisamente en la
materia que es tema de esta ponencia: la libertad sindical que se
inhibe entre nosotros a más sindicatos a expensas de otros, es la de
negociar colectivamente.
5. Pero importa también reconocer esta forma de hacer las cosas, con
relación a como se compongan los contenciosos sobre libertad
sindical, que aún sin tener claro como serían o con que efecto si se
siguiesen –o si se siguiesen también- contra otro sindicato que se
beneficia con la inhibición del coartado, creo que estarían así mas
sinceramente compuestos y con resultados previsiblemente mas
abarcadores de la realidad en cuestión.
6. También puede verse este estado de cosas como un problema
“estructural” propio de la tan fuerte rigidez que caracteriza a la
estructura sindical nacional y la consiguiente o derivada en la
estructura negocial colectiva. En este caso la limitación al sindicato
2

que no puede negociar porque esa facultad está reservada en
exclusiva a otro, sería un problema o parte de un problema
estructural. Pero este punto de vista transita entre lo político y lo
sociológico, casi fuera de lo jurídico.
7. De modo que sin perjuicio de que todas estas formas de plantear las
cosas contienen su parte de acierto, creo que si de lo que se trata es
de entender lo mejor posible las limitaciones para negociar
colectivamente, su razón de ser y los intereses en juego, facilita las
cosas el planteo de que los sindicatos que entre nosotros no pueden
negociar colectivamente, no pueden hacerlo en beneficio de otros,
que monopolizan esa competencia, aunque para hacer esto los
prevalecientes (los que “imponen” la limitación de la libertad
sindical) necesiten de una participación convalidante del gobierno.
Es me parece que de sobra conocida, la explicación de la estructura
sindical inaugurada con el decreto 23.852/45, como un mecanismo
dispuesto para mantener a pocos grandes sindicatos bajo control
del/os gobierno/os (creo que la referencia principal es al control
político). También aunque no de manera tan unánime, se acepta
bastante que aquel diseño no se atuvo o no se limitó en los hechos a
ese propósito, porque derivó en unos –pocos y grandes- sindicatos
que ganaron una posición de poder independiente –y esto, si se
limita la cuestión a la que ocupa esta ponencia, pone las cosas de
modo que las inhibiciones para que algunos sindicatos negocien
colectivamente, no son parte de un esquema destinado a que el
gobierno controle los sindicatos sino, de hecho, parte de un esquema
que beneficia a unos sindicatos a expensas de otros.
En todo caso lo cierto, según lo veo, es que los principales
beneficiarios o interesados en las vulneraciones a la libertad sindical
más difundidas entre nosotros, más que el gobierno (o los
empresarios, que con esto tienen poco que ver) son otros sindicatos.
1.2. El esquema de análisis de la libertad sindical (o los puntos
en que se producen las violaciones)
8. Los elementos de hecho, la información y las ideas sobre libertad
sindical, se organizan y se presentan, ya se diría que
universalmente, según un esquema cuya eficacia queda demostrada
3

precisamente por la difundida aceptación de su uso 1 . Según este
esquema, la libertad sindical se divide en individual (de cada
trabajador) y colectiva (de las organizaciones o colectividades de
trabajadores), con un punto o tema, digamos así, intermedio, o que
no puede ubicarse bien en los dos términos principales de la
clasificación, referido éste a garantías a favor de individuos, pero no
tanto teniéndolos en vista a ellos o a sus derechos, como a la
posibilidad de que las colectividades de trabajadores puedan actuar,
para lo cual es necesario que personas físicas –individuales- lo hagan
en su nombre, como representantes o como órganos de la
organización plural; y también es necesario que a éstas personas
individuales se les garantice contra previsibles o posibles represalias
empresariales por su actividad representativa.
9. La libertad individual es la de crear y organizar sindicatos. Es la que
deben tener los trabajadores –cada uno de ellos individualmentepara
participar –igualitariamente- en la gestión colectiva de sus
intereses y para participar en la organización de esa actividad
colectiva del modo que prefieran. Esto, aunque comprendo que la
idea es discutible, es gran parte de lo que teóricamente justifica que
a la actividad sindical –sobre todo a las convenciones colectivas- se
las considere producto de la autonomía (colectiva) de las partes. Si
no hubiera participación real de los obligados (que básicamente son
individuos) no tendría sentido hablar de autonomía, o al hacerlo se
incurriría en una contradicción en los términos, sino en una franca
confusión.
10. A esas libertades de crear u organizar sindicatos o de participar
en ellos, se la puede clasificar, simplificando, como “preparatorias”
porque lo son de una actividad que necesita realizarse
colectivamente y que es la que da sentido a toda la cuestión. Luego
la libertad colectiva o el tramo “colectivo” de la libertad sindical ya
no es, como la otra, “preparatoria”; la libertad colectiva es la de
actuar –colectivamente- y si no es la que “justifica” por si sola el
mecanismo, si por lo menos es, como se acaba de decir, la que
realiza su sentido de ser un instrumento para la protección de los
trabajadores, de hecho una de las dos grandes vías de protección de
las que se vale el derecho del trabajo. Sin embargo una parte mayor
de las violaciones a la libertad que se registran, se dan en el tramo
1 Por todos, ver entre nosotros de Justo Lopez “Aspectos de la Libertad Sindical” L.T. XX – B - 673
4

“preparatorio” de la actividad y no contra la actividad en sí misma,
particularmente no la de negociar. Esto es así en la ya mencionada
recopilación de dictámenes del Comité de Libertad Sindical de OIT,
pero también, p. ej., en el del Observatorio de Derecho Social de la
CTA sobre violaciones a la libertad sindical en Argentina. 2
1.3. Las normas sobre libertad sindical
11. La Constitución Nacional diferencia ambos tramos aunque con
una presentación no necesariamente ortodoxa: a la libertad
individual la caracteriza como la que tiene cada trabajador de
organizar sindicatos sobre una base libre y “democrática” y a la
colectiva como la que garantiza a “los gremios” la posibilidad de
concertar convenios colectivos y la de hacer huelga.
12. En los tratados internacionales, sobre todo los incorporados en 1994
a nuestro bloque constitucional, prevalece la mención o la garantía
explícita a favor de la libertad sindical individual o de la de
conformación, para asociarse, fundar sindicatos y sindicarse,
federarse ó confederarse. Sólo en el convenio 87 (que se acepta
constitucionalizado por remisión de los de ONU 1966) se menciona la
libertad de “organizar sus actividades” (aunque más bien referida a
cuestiones de organización asociacional) y, sobre todo, la de darse
su propio programa de acción, expresión que se entiende como
abarcando a la negociación colectiva y a la huelga. 3
13. La ley sindical vigente entre nosotros desde 1988, exterioriza desde
el comienzo una decisión franca a favor de la libertad sindical que no
siempre estuvo explícita en sus antecedentes y con la cual luego el
resto de la ley no es muy consecuente.
De todos modos, en el capítulo inicial, al referirse a los derechos
propios de la libertad sindical (el mencionado capítulo: “de la tutela
de la libertad sindical”) se atiene casi al pie de la letra al esquema
universal: en el art. 4º se ocupa de los derechos individuales para
formar sindicatos y participar o no de ellos, y en el 5º (aunque con
2 En el informe del Observatorio de Derecho Social de CTA sobre violaciones a la libertad sindical en Argentina,
enero-junio’11, al que luego se hacen otra referencias, se clasifican también las libertades “organizativas” por
separado, como objeto de posibles ataques a la libertad sindical. (“…el 29% de la denuncias de violaciones a la
libertad sindical se dirigió a limitar procesos organizativos: creación de sindicatos, elección de delegados,
realización de asambleas, etc.” Las violaciones por cuestiones inter o intrasindicales se informan como motivo de
un 5% de las denuncias, y las limitaciones para negociar colectivamente no aparecen en el informe.
3 Aun posiblemente sin necesidad, aclaro que eme estoy refiriendo a tratados agregados al bloque constitucional.
Porque tratados específicos sobre convenios colectivos, se sabe, en el marco de OIT hay varios.
5

alguna mezcla entre uno y otro tramo) de los derechos sindicales o
de actuación colectiva. En el art. 6º, siempre ateniéndose a lo que es
tradición en esta materia, prohíbe a los gobiernos o a los
empleadores obstruir la acción sindical. Pero además, quizás por
precaución o por prevención, lo prohíbe también a “toda persona
física o jurídica” y con este agregado por sobre el derecho
internacional, -cuyo fundamento no es de conocimiento difundido-,
podría creo que impremeditadamente, alcanzar también a otros
sindicatos. O sea, de acuerdo con lo que se dijo, al “caso nacional”.
14. Si fuera necesario elegir o preferir de entre estas normas una sobre
las demás, pareciera que en las de la Constitución Nacional, por más
que hasta el presente no hayan dado lugar a gran cosa, pueden
ponerse de todos modos mayores expectativas sobre su tendencia a
impulsar o inclinar la realidad hacia un panorama, como dice su
texto, “más libre y democrático”. Fórmula de textura abierta que me
parece mejor equipada para llevar la contra a una realidad con
tantos bloqueos como la nuestra y más si lo de “democrático” se
entiende como una exigencia de adaptación global a los principios
generales de la democracia y no sólo a una de cómo organizar el
funcionamiento interno de la asociación.
Las normas internacionales y las normas de la ley 23551, sobre todo
estas últimas, pese a que ya se ha verificado que algunas de ellas no
son compatibles con la libertad sindical, en realidad, como conjunto
normativo, tampoco han demostrado una aptitud sobresaliente para
apoyar o estar en vías de apoyar un mayor desarrollo de estas
libertades.
2. Sobre la libertad de negociar colectivamente como parte de la
libertad sindical
15. Como se acaba de señalar, en la normativa tienden a ser mas
objeto de atención o mas mencionadas las garantías a las libertades
sindicales individuales (las de fundación u organización de
sindicatos), salvo, principalmente, en nuestra CN, que identifica con
claridad la libertad de concertar convenios colectivos. Y esa mayor
atención que se da a las libertades de organización, por lo que
parece, coincide con el hecho de que esa parte de la libertad sindical
6

es la que hasta ahora, apareció en el reposicionamiento del tema en
la jurisprudencia de nuestra CSJN.
16. Esto, creo, hace conveniente alguna reflexión especial sobre la
“jerarquía interna” o sobre el sentido mismo de las distintas partes
de la libertad sindical: las libertades individuales son esenciales,
tanto que según creo, en línea con lo ya dicho, todos los derechos
sindicales son en realidad individuales, aunque de ejercicio colectivo.
Pero si la cuestión es explicarse sobre para qué sirve el mecanismo,
lo esencial, como ya se señaló, es la actuación colectiva, sobre todo
la de negociar colectivamente, sin llegar a la cual la libertad
individual no tendría una función que cumplir.
Por eso es tan importante lo que sintéticamente apuntó hace años
Alonso Olea, en sentido de que un sindicato que no puede negociar
colectivamente no es en realidad un sindicato 4 y por eso también
puede tener una trascendencia que no se le da el caso “Cocchia” de
CSJN, cuando dice que la función propia con la que se le debe
permitir cumplir a los sindicatos, es defender a los trabajadores,
pero refiriendo expresamente esto, en concreto, a la ilegitimidad de
un impedimento legal para negociar colectivamente (sobre el caso
“Cocchia” se vuelve más adelante, al relatar la jurisprudencia
antecedente).
17. O sea, en fin, que lo que estoy tratando de señalar es que la
posibilidad de negociar colectivamente está en la esencia de la
libertad sindical y es al punto adonde ésta confluye. Las libertades
anteriores, “preparatorias” de la actividad colectiva, son
importantes, pero carecen de sentido si al fin el sindicato que se
puede libremente formar, organizar, federar, y asociarse o no a él,
no puede actual o potencialmente llegar a negociar colectivamente.
Si no puede alcanzar a negociar colectivamente no será en realidad
un sindicato y en ese caso sería cuestión de plantearse el por qué o
el para qué de las garantías a las libertades sindicales individuales.
18. O si se quiere ver las cosas desde el punto de vista del derecho a
sindicación del trabajador individual, lo cierto es que un trabajador
titulado para formar sindicatos como quiera, pero a los que se
retacee el derecho a concertar convenciones colectivas, no goza de
veras de libertad sindical, ni individual, ni colectiva. Sin derecho a
negociar colectivamente no hay libertad sindical, afirmación que
4 Manuel Alonso Olea, “Derecho del Trabajo”, 7º ed., Madrid, 1981, p. 420.
7

entiendo es un poco elemental de más, pero que, en este trabajo,
es conveniente tener explícita y presente porque, como se verá, las
tendencias de apertura de la libertad sindical en la jurisprudencia de
nuestra CSJN, no necesariamente van en ese sentido.
3. Un brevísimo intervalo sobre para qué la libertad sindical en
Argentina
19. La libertad sindical se justifica por sí misma o por lo menos es raro
que, salvo en una introducción muy general, la doctrina se ocupe de
porque razón es preciso admitirla y defenderla. Una demostración de
esto, creo, es la realidad de que, sobre todo en la jurisprudencia,
una vez verificado y afirmado el hecho de una violación a la libertad
sindical –en uno u otro tramo de la clasificación- luego ya no parece
que fuese necesario extenderse en más explicaciones. Una vez dicho
que la libertad sindical está violada, esto parece ser todo y no hay
en general más argumento ni explicación que sea necesario agregar.
20. Sin embargo, en cuanto a la función de esta libertad, quizás en
Argentina puede ser útil agregar algo, que de nuevo no es igual que
en otras partes, en la medida en que entre nosotros la autonomía
colectiva podría ser uno de los pocos medios disponibles para
encarar la adecuación de una normativa laboral particularmente
resistente a la adaptación, adaptación que en todas partes se acepta
y se explica como necesaria, pero que acá parece por momentos
inviable y cuya sola mención resulta hasta emotivamente
inconveniente. 5
4. Los progresos jurisprudenciales de la libertad sindical
21. El tema de la libertad sindical estuvo muchos años ausente de la
jurisprudencia de la CSJN, lo cual seguramente quiere decir que en
nuestro medio no hubo durante esos años tensiones sobre esta
5 No me refiero solo a las razones que en la mayor parte de las economías más desarrolladas se aceptan para
revisar los grados, formas y sujetos de la protección laboral vigente, en panoramas en los que la porción de la
sociedad que ocupan los titulares de un empleo “clásico” es aun decididamente mayoritaria. Me refiero también a
las dificultades auténticas y prácticas que añade en Argentina, el hecho de que si los recuentos se hacen
sinceramente, esa porción sería, al revés, decididamente minoritaria, mas si se va a contar por separado a los
trabajadores que tienen alguna relación con posiciones de algún modo vinculados al fenómeno originario del que
se ocupa el derecho del trabajo. Entre nosotros, ya parece claro que se omite una discusión sobre que grupos
debieran y podrían ser sujetos de protección prioritaria- sea la laboral, sea otra-.
8

materia, por lo menos no tales que necesitasen de arbitraje judicial 6 .
Lo cierto es que en la jurisprudencia local, si se empieza a contar
desde el caso Outón, en 1967 7 , desde éste hasta el caso ATE en
2008, o cuando más hasta el caso Cocchia en 1993 8 , pasaron 26
años hasta Cocchia y 41 hasta ATE, por más que, es preciso
puntualizarlo, durante 14 de éstos años hubo gobiernos de fuerza
que inhibieron las libertades generales, y los cuales por lo tanto, se
pueden descontar del tiempo que se entienda utilizable para plantear
judicialmente cuestiones sobre libertades sindicales.
De todos modos parecen muchos años para una cuestión tan
importante y en nuestro país tan polémica 9 .
22. En Outón la CSJN reivindicó sobre todo el aspecto negativo de la
libertad sindical individual, al descalificar que fuese exigible adherir a
un sindicato para acceder a un trabajo. En general se podría decir
que reivindicó la libertad sindical individual y lo llamativo quizás sea
que el tema, como tal, no volvió a aparecer en la jurisprudencia
constitucional luego durante tantos años (en realidad, como tal,
todavía no ha reaparecido) 10 .
6 Entre las excepciones que ratifican la regla de ausencia afirmada en el texto, se anotan: CSJN, 13-11-90,
“BORDA, RAMÓN”, T y SS 1991-302, sobre la utilización del art. 47 LAS para dirimir problemas sobre
elecciones sindicales (con decisión negativa fundada mas que nada en la insuficiencia de la vía procesal elegida);
CNAT, Sala I, 13-3-91, “RESINES c/HALPERÍN” que denegó la reinstalación de un gremialista vinculado a una
asociación “meramente inscripta”; CNAT, Sala II, 29-3-96, “MUNDO c/CONSEJO FEDERAL”, en igual
sentido que el anterior; CNAT, Sala VI, 26-4-05, “ASOC. PERS. SUPERIOR DEL CONGRESO DE LA
NACIÓN c/MT”, T y SS’05-526, afirmando la validez constitucional del art. 30 LAS para negar la personería
gremial a un sindicato menor donde ya preexistía uno de mas ámbito; y CNAT, Sala I, 25-8-04, “UNION
PERSONAL JERARQUICO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. c/MT”, con igual resultado que el
anterior pero por razones solo formales (no se había pedido la declaración de inconstitucionalidad del art. 30
LAS).
Según como se vean las cosas, puede contarse también en esta lista el caso de CNAT, Sala II, 17/12/71, “FUVA
s/amparo”, DT 1972-298, en que se afirmó la facultad excluyente de la asociación mayoritaria para negociar
colectivamente, de entre dos que ambas tenían personería gremial.
Descuento que la lista no debe agotar los casos preexistentes; pero creo que es representativa y, sobre todo,
confirmatoria de lo dicho en el texto, en sentido de que esto no era entre nosotros, por muchos años, un tema de
verdadera discusión.
7 CSJN, 29-3-67, “Outon Carlos José y otros”, D.T. 1967-231
8 CSJN, 2-12-93, “Cocchia c/E.N.”, TySS 1994-38
9 Lo que se registró durante esos años fue un relativamente repetido tratamiento en la OIT, de denuncias contra
nuestras leyes sindicales y su mala relación con la libertad sindical. Pero esto me parece que es mas lo que
ratifica que lo que contradice lo de que no había entre nosotros controversias que verdaderamente se necesitase
dirimir, porque estos mismos casos no se llevaron ni con ni sin éxito a tribunales locales y porque en definitiva
entonces como ahora, las decisiones u opiniones de la OIT no tenían, por categóricas que fuesen, prácticamente
posibilidad de ser ejecutadas dentro del país de manera inmediata. Lo cual crea la impresión de que aquellos
fueron procesos con más objetivos políticos que prácticos.
10 De algún modo relacionado con el tema de la libertad sindical individual negativa (la de no afiliarse), el
12/04/1972, en el caso “Potenze c/FEC”, DT 1972-579, la CSJN se ocupó de la llamada “cuota de solidaridad”
ésta a la que con frecuencia se acusa de que pone al no afiliado en igual situación que al afiliado. No declaró en
ese caso la CSJN, la invalidez de este tipo de cláusulas, ni entró en detalles sobre su monto, peridiocidad y
semejanza o desemejanza con la cuota de afiliación (o sea, sobre si en unas condiciones podría ser válida y en
otras no), porque en realidad se limitó a sostener que la cuestión no contenía materia federal. Sin perjuicio de lo
cual dio un argumento muy difundido, como fue el de que los convenios colectivos contienen o son un todo
sinalagmático, del cual no se puede sacar unas partes y dejar otras (por ej. sacar las cuotas de solidaridad),
argumento de un valor lógico intrínseco poco o nada discutible, pero que nunca (me) quedó claro a que sinalagma
9

23. Luego, nada hasta 1993 en que se dio el fallo Coccia, fallo al que
(me) da la impresión de que se lo saltea como antecedente sobre
libertad sindical (de libertad de actuación, en este caso) sin mayor
justificación, porque dio una definición –sino la más clara o la única
en la jurisprudencia de la CSJN-, de para qué se piensa que sirven
los sindicatos en nuestra organización nacional. No alcanzó a decir
literalemente que los sindicatos tienen por objeto, o “el” objeto de
negociar colectivamente (sino, se reitera, ni siquiera son en realidad
sindicatos), pero dijo que “…su objeto fundamental (el de los
sindicatos) es la defensa de los intereses de sus representados”,
refiriendo esta afirmación a que el cumplimiento de ese objeto se
obstruye si se impide o se inhibe “la concurrencia a la negociación
con el sector empresario” (considerando 21 del voto “general”, que
en realidad correspondió a tres jueces)
24. Y luego de nuevo nada hasta que en el caso ATE (CSJN, 11/11/08,
TySS 2008-956) la Justicia retomó con fuerza la cuestión de la
libertad sindical.
En ese caso ATE y en el siguiente Rossi (CSJN, 09/12/09, TySS
2010-51) el tema fue el de la protección especial (la estabilidad) a
favor de los dirigentes vinculados a sindicatos sin personería gremial,
cuya omisión se descalificó como inconstitucional. Luego estos fallos
fueron seguidos por otros coincidentes de tribunales provinciales 11 ,
con lo cual, sumado esto a una muy buena recepción doctrinaria y
hasta general por parte de la opinión pública, es preciso tener a la de
estos fallos como una doctrina judicial rápidamente bien asentada.
25. Con esto no paso por alto que sería o es posible relativizar un poco
esta doctrina establecida por la CSJN por varios motivos: uno, que
en el caso ATE lo que en realidad se decidió fue que no se podía
impedir a una asociación sin personería gremial, participar de una
elección de representantes internos del personal. Que los dirigentes
o postulantes de esa asociación debiesen tener protección legal
especial, es algo que en ese fallo ATE se sostuvo en los
considerandos con énfasis, pero no parte de lo que se decidió: por
eso el actor en el juicio fue una entidad y no una persona individual
se aplica en el caso, porque en los convenios colectivos negociaciones entre los trabajadores y sus sindicatos, no
hay en todo caso, para lo que interesa a este trabajo, el interés del fallo “Potenze” es un poco relativo.
11 SCBA, 5-10-11, “Ferulano c/Focera”, SCBA, 5-10-11, “Sandes c/Subpga S.A.” y SCJ Mendoza, Sala II, 11-8-
11, “Alaniz c/Municipalidad de Godoy Cruz”, en los que se declaró la inconstitucionalidad del art. 52 ley 23.551.
10

y por eso lo que se dispuso fue la inconstitucionalidad del art. 41-a
de la ley 23551 y no del art. 52.
Otro, que aunque esto pueda ser sólo una casualidad, lo cierto es
que en ambos casos, “ATE” y “Rossi”, el sindicalista comprometido
era, además, dirigente de una entidad con personería gremial
(aunque una con ámbito especial que podría no alcanzar al lugar de
los hechos).
Y un tercero, que en realidad, de acuerdo con lo que ya venían
sosteniendo los tribunales ordinarios, los “meros” activistas
sindicales –aún los no vinculados a ningún sindicato- ya tenían por
aplicación del art. 47 de la ley 23551 y –sobre todo- de la ley 23592,
una protección que, como se la viera, podía ser hasta mayor que la
del art. 52 de la ley sindical.
26. Por último, aunque esto como una observación más contextual –que
puede fácilmente sortearse sobre la base de que esto no estaba en
juego en esos juicios- también es cierto que en los fallos ATE y Rossi
no aparece una sola mención que procure ponderar estos derechos
sindicales con otros del empleador, que por esta vía podría llegar a
tener un número o una proporción indeterminada de trabajadores
con protección sindical especial. Ponderación que, por lo tanto, es
algo necesariamente pendiente.
27. De todos modos el hecho de que la CSJN haya elegido la vía de
solución que eligió en los casos ATE y Rossi, teniendo a simple vista
disponibles otras más sencillas (en el fallo “Rossi”, la juez Argibay,
en una disidencia de fundamentos, puntualizó que bastaba con
fundarse en que la actora era dirigente de una asociación con
personería gremial, que es lo que pide el art. 52 de la LAS y no que
lo sea de la asociación sindical con actuación en la empresa); y
también las características del extensísimo discurso que dedicó a la
cuestión, creo que muestran a las claras que el tribunal quiso poner
al tema de la libertad sindical bien a la vista y en un lugar de
preferencia.
Unos u otros hubieran preferido una argumentación más austera o
aunque sea sólo más breve, pero creo que no hay discordancias
sobre que el resultado buscado –el de reponer al tema en nuestro
panorama de pautas de relación a considerar- se logró y se logró con
una eficacia y una velocidad de las que costaría encontrar
antecedentes. En todo caso, a partir de los fallos ATE y Rossi, ya no
11

se podrá contar con que sea posible que acusadas violaciones de la
libertad sindical individual, no vayan a ser tratadas franca e
integralmente.
28. Luego, por debajo de la jurisprudencia de la CSJN, la actividad
judicial sobre ésta materia también se multiplicó repentinamente. En
los últimos tres o cuatro años, un número también infrecuente de
tribunales ordinarios resolvió las siguientes cuestiones:
a) Que un sindicato de primer grado con personería gremial propia,
que quedaba comprendido en el convenio negociado por una
federación a la que estaba afiliado, si se desafilia de esa
federación recupera automáticamente la aptitud para negociar
colectivamente dentro de su zona, a expensas de la de la
federación.
Esta posición jurisprudencial fue, en realidad, anterior al fallo ATE
y no alcanzó, ni por mucho, ni a una difusión semejante, ni a
crear una impresión equivalente de que hubiese un cambio
importante en desarrollo. En realidad fue la posición originaria del
MTEySS 12 y la sostuvo CNAT, Sala II en “MT c/ Federación de
Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República
Argentina” (Sent. 94681 del 26/12/06, precedida del dictamen
fiscal 43384 del 11/12/06). Más recientemente, pero siempre
antes que ATE, la sostuvo CNAT, Sala VI, 17/09/08, en “MT c/
Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de
la Ciudad de Buenos Aires y zonas adyacentes”
Y lo cierto es que, bien vistas las cosas, ésta fue una apertura, y
no una conceptualmente menor, si se tienen en cuenta las tan
fuertes características concentradoras de la estructura negocial
argentina. Que se sostuviese lo contrario, o sea, que la federación
retenía la aptitud negocial aún en la zona del sindicato
desfederado, hubiera sido, a mi juicio, por lo menos una
alternativa de esperar. Si hace falta verificar cuál era el
pensamiento en la materia –o una manera pesante de pensarlabasta
con recordar cómo la ley 25013 quiso –con el alcance que
esto haya tenido- reservar expresamente la negociación de los
12 P. ej. expte. 55051/05 MTE y SS en el que se tramitó el caso de desfederación del Sindicato de Trabajadores
Aceiteros y Desmotadores de Algodón de la Provincia de Chaco.
12

convenios colectivos a la “asociación con personería gremial de
grado superior” 13
b) Que el Ministerio de Trabajo no puede demorar discrecionalmente
los trámites de registro de un sindicato y la Justicia, si media una
demora injustificada, puede ordenarlo directamente. En el caso
(CNAT, Sala IX, 14/09/10, “Asociación Gremial de Trabajadores
de Subterráneos y Premetro c/ Ministerio de Trabajo”, TySS’10-
912) se trataba de un expediente iniciado en septiembre’08,
elevado completo para resolver en noviembre’08, con un amparo
por mora de octubre’09 y la sentencia del juicio un año después,
dos en total. La decisión se refirió a un pedido de “mera
inscripción”, pero en principio no se ve por qué no valdría lo
mismo para trámites de personería gremial y lo cierto es que
aunque no de una manera muy específica ni directa, establece un
criterio que protege a los organizadores de sindicatos contra un
eventual exceso de discrecionalidad administrativa.
c) Que el art. 29 ley 23551, en cuanto impide que si existe un
sindicato de actividad con personería gremial, la obtenga también
un sindicato de empresa o menor (p. ej. “de franja” o de un oficio
dentro de una empresa), es contrario a la libertad sindical. Es
contrario a la CN y al convenio 87 OIT.
Así CNAT, Sala IV, 14/05/10, “Ministerio de Trabajo c/ Asociación
Personal Universidad Católica”, TySS’10-537, en cuyo caso, es
interesante señalarlo, porque viene en especial al tema de esta
ponencia, el tribunal destacó que el sindicato actor, “meramente
inscripto”, celebraba convenios colectivos vigentes con el
empleador. O CNAT, Sala II, 29/09/11, sentencia 99693,
“Ministerio de Trabajo c/ Unión de Aviadores de Líneas Aéreas”,
tratando el supuesto del sindicato de franja.
d) Que el art. 10 ley 23551, que prevé solo la existencia de
sindicatos de actividad, de oficio o de empresa, no agota los tipos
de asociaciones posibles, porque son los interesados, en ejercicio
de su libertad sindical, los que están titulados para elegir la
conformación que prefieran para el sindicato que organicen, sea
13 Una decisión de algún modo vinculada a la de hacer prevalecer la aptitud negocial de la asociación menor
desfederada sobre la de la mayor, fue la de hacer prevalecer, en caso de entidades estructuradas con criterio
vertical, la personería gremial más específica sobre la genérica, con expresa intención de no coartar la
constitución de entidades gremiales de ámbito menor y por esa vía también de algún modo relacionada a la
libertad sindical. Ver p. ej., CNAT, Sala II, 07/09/11, “Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar c/ Comisión
Arbitral de la CGT”.
13

dentro del listado de la ley o fuera de él. Esto nuevamente porque
lo contrario confrontaría la cláusula sobre organización “libre” de
la CN, pero, esta vez, sobre todo por la fuerte y reiterada posición
de los organismos de aplicación de los convenios de la OIT, según
la cual, reiteradamente, el convenio 87 hace obligatorio que los
trabajadores puedan elegir sin condicionamientos (ni directos ni,
vale aclararlo, indirectos eficientes) la forma que prefieran para
sus sindicatos.
En este sentido CNAT, Sala V, 31/08/11, “Ministerio de Trabajo c/
Nueva Organización de Trabajadores Estatales” (sobre el personal
de un sector del PAMI en Santa Fe); CNAT, Sala IV, 30/06/11,
“Ministerio de Trabajo c/ Asociación Sindical del Sanatorio
Municipal Dr. José Méndez”, TySS’11-608 (sobre sindicato de
profesionales de un sanatorio); o el citado de Sala II sobre los
pilotos de una línea aérea.
En varios casos, de todos modos, los tribunales hicieron explícita
su preocupación porque no se estuviesen habilitando sindicatos
insignificantes, para descartar que eso ocurriera en el supuesto
que tenían que resolver.
e) La personería gremial (la única plena competencia sindical en el
régimen nacional) puede ser objeto de acuerdos intersindicales
para el ejercicio conjunto de la representación de los
trabajadores, entre dos sindicatos competidores, naturalmente
que uno mayor que el otro.
Así, en CNAT, Sala II, 22/09/11, Sentencia 99678, “Sindicato de
Obreros Marítimos Unidos c/ Sindicato Marplatense de Pesca”, el
tribunal resolvió cancelar la personería gremial de un sindicato
menor (local) que había accedido a esa personería por un acuerdo
con un sindicato mayor (nacional) que admitió esa concesión de
personería a condición de que la representación de los
trabajadores se ejerciera en conjunto. La cancelación se fundó en
que el sindicato menor no respetó ese acuerdo de ejercicio
compartido, pero lo notable y lo que mas interesa para este
trabajo, es que nadie discutió (ni el Tribunal puso en cuestión) en
ese caso, la validez del acuerdo o de una personería gremial
obtenida por acuerdo con otro sindicato, alternativa que en la ley
vigente no está.
14

4.1.- La conclusión sintética de esta apertura jurisprudencial
29. Dicho que lo mas fuerte de estas innovaciones jurisprudenciales es lo
referido a la protección de sindicalistas no vinculados a un sindicato
con personería gremial, lo que sigue en la importancia con que lo
recibe el medio es, creo, lo de que debe ser posible armar un
sindicato con el tamaño y forma que los trabajadores libremente
elijan (y que no es posible demorar injustificadamente un trámite
sobre eso, aunque ésta última parte mas apreciable por especialistas
que por el público en general).
O sea, hasta aquí, cuestiones relativas mas bien a la libertad sindical
individual –la de prepararse para actuar colectivamente- y no a la
colectiva 14 .
30. Puede ser que esto se deba a que así son las aspiraciones que
realmente existen en el medio, que no estén en este momento
pasando más allá de eso. O puede ser que esto responda a una
lógica de salida de una situación con poca libertad, ya que en la
medida en que no se la logre para conformar “actores” (para
organizar sindicatos) puede ser lógico que no haya quien presente
demasiadas tensiones sobre que no pueda actuar (por ejemplo, que
no pueda negociar colectivamente).
Las únicas tensiones o cuestiones relativas a las negociaciones
colectivas, en esta jurisprudencia, son las que reflejan las decisiones
sobre la aptitud negocial de los sindicatos desfederados, a mi juicio
correctamente resueltas en la dirección de la libertad sindical. O lo
que incidentalmente aparece en el caso sobre el que eso se señaló,
en sentido de que en nuestra realidad hay convenios colectivos que
se aplican y cumplen, celebrados por asociaciones sindicales que no
tienen personería gremial.
Ello, claro está, dejando de lado que si los fallos que invalidaron
sobre todo el art. 29 ley 23551 se consideran –correctamentereferidos
al tramo de la libertad sindical de formar sindicatos,
indirectamente, en cuanto disponen reconocer la personería gremial
de un sindicato menor superpuesto, se los debe computar como
reconociendo la aptitud negocial que corresponde a esa personería.
14 En el citado informe del Observatorio Social de CTA se registraron 206 denuncias por violaciones a la libertad
sindical, claramente concebidas, como se señaló, como las cometidas por el gobierno o los empleadores. De estas
121 fueron conductas contra delegados del personal, 45 despidos, un 29% limitaciones a “procesos
organizativos” y solo un 10% violación al derecho de negociación colectiva.
15

En este o estos sentidos indirectos, la jurisprudencia de CNAT
contiene aperturas que la de CSJN no sólo no tiene, sino que hasta
puede entendérsela como contrariando. Sobre éste aspecto de la
jurisprudencia de CSJN se vuelve más adelante.
31. Cuándo, cómo o cuánto va a llegar ésta apertura de los criterios
locales sobre libertad sindical al capítulo de las negociaciones
colectivas, es cosa del futuro. Con esta tendencia sería posible
esperar que en alguna medida llegue a nuestro país la ampliación del
número de agentes e instancias de negociación que en el mundo,
como se señaló ya, se viene produciendo desde los primeros años 80
o los últimos 70 (la “explosión” de instancias de negociación de la
que habla el “informe Supiot”) pero que aquí nunca se dio, quizás un
poco porque los hechos son así, pero seguramente también por los
bloqueos que para eso presentan las tan rígidas estructuras sindical
y negocial nacionales.
32. Pero, lo que viene al caso de esta ponencia, es que respecto de esa
posible influencia de las corrientes de apertura a la libertad sindical
sobre el panorama de negociaciones colectivas, en lo que se ha dado
hasta ahora y he tratado de relevar, hay elementos que pueden
hacer temer que no sea así o, por lo menos, elementos que no van
en esa dirección.
Digo esto porque en el fallo ATE, sobre todo, (en realidad la cita a
que paso a referirme se repite en varios fallos de otros tribunales) se
cita y transcribe entrecomillada la bastante difundida posición de la
Comisión de Expertos de la OIT, según la cual la mayor
representatividad (el carácter de mayoritario) no debiera implicar
para el sindicato que la tiene más privilegios (o derechos exlusivos,
se podría decir) que los (pocos y los demás poco relevantes) que el
despacho de la Comisión enumera, entre ellos “una prioridad en
materia de representación colectiva”. Y no es necesario forzar en
este caso el argumento a contrario 15 para a partir de ésta
afirmación, si no se le agrega nada, derivar en qué otros derechos
exclusivos no, pero el de la exclusividad en las negociaciones
colectivas si es posible reservarlo para una sola asociación sindical
más representativa, lo cual, necesariamente, quiere decir que es
posible excluir de ese derecho a todos los demás sindicatos (que en
15 En el caso “BULHER”, del 5-8-63, la CSJN descartó el argumento a contrario por calificarlo de “siempre
dudoso” (con referencia a la ley 14.786).
16

la ley y en los hechos debieran ser posibles) que así, de acuerdo con
lo dicho más arriba, dejarían (o dejan) de ser realmente sindicatos.
Por lo menos en la medida en que esa exclusividad sea una situación
permanente o difícil de modificar.
33. La cita de la Comisión de Expertos podría atribuirse al propósito de
reforzar o mejor presentar con citas internacionales, la posición que
se argumenta, tendencia creciente desde que en nuestro derecho se
aceptó de pleno el elemento internacional con la reforma
constitucional de 1994. Creo que en general así se ve lo que dice, p.
ej., el caso ATE.
Pero creo también que no es así, o no es necesario que sea así: el
voto único de la CSJN en el caso ATE, en el 3er párrafo del 8vo
considerando, sigue transcribiendo el despacho de la Comisión de
Expertos, en la parte en la que se hace referencia a las legislaciones
que “preocupadas por encontrar un justo equilibrio entre la
imposición de la unidad sindical y la fragmentación de las
organizaciones, consagran la noción de los sindicatos más
representativos y suelen conceder a éstos derechos y ventajas de
alcance diverso”. Este párrafo, que no era necesario para sostener la
decisión sobre la estabilidad reforzada de los dirigentes de
asociaciones no mayoritarias, o sobre la participación de
asociaciones minoritarias en las elecciones de representantes del
personal en la empresa, en realidad me parece que contiene una
especie de advertencia (o por lo menos de aclaración que por algún
motivo se siente necesaria) sobre que el sistema nacional de
exclusividad de la negociación colectiva a favor de la asociación
mayoritaria, tal como es, puede no estar en contradicción con la
libertad sindical. De otro modo no veo el por qué de esta cita,
digamos así, sobre agregada.
34. Y puestas las cosas de esta manera me parece que así no están
completas, porque si es preciso hacer algún juicio sobre la relación
del sistema nacional con la libertad de negociar colectivamente, en
cuanto se limita la cuestión a esa cita de la Comisión de Expertos, lo
que se está haciendo es desintegrar la base de análisis (la
compuesta por todos los elementos de juicio comprometidos 16 ), o,
dicho de modo más simple, se está pasando por alto elementos de
16 Sobre la “base de análisis” se puede ver de Alchourron y Bulygin “Introducción a la metodología de las
ciencias jurídicas y sociales”, ps. 98 y 126.
17

juicio que son de atención necesaria, o, en definitiva, predicando una
verdad parcializada.
35. Lo primero que se deja de lado es que esa doctrina de la OIT sobre
preferencias que se reconozcan a una asociación sindical mayoritaria
(o “más representativa”) parte necesariamente de que en los hechos
hay varias (una “pluralidad”) o, sino, como excepción, de que por lo
menos esa variedad o pluralidad es posible tanto por lo que dice el
derecho por como son los hechos. La preferencia no puede ser tal
que termine por dejar –esa es la cuestión- a los trabajadores
individuales sin una verdadera oportunidad de tratar de ejercer su
libertad sindical a través del sindicato que elijan, entre los que ya
haya o incluso entre los que se puedan crear a nuevo.
36. Como hecho, no es posible analizar el sistema nacional y su relación
con la libertad sindical sin incorporar al panorama la extrema rigidez
de las estructuras negocial y sindical argentinas, tales que la mayor
parte de los trabajadores convencionados está incluida en convenios
de gran extensión, generalmente nacionales, que rigen hace entre
30 y 40 años y que como dijo –por todos- Sappia, por más que la
legislación sindical admite la competencia por la mayoría y la
consiguiente personería gremial, en la realidad desde el origen
mismo del sistema, prácticamente no se registran casos de
superación de una mayoría sindical preestablecida 17 .
37. Y fuera de esto, considerar el citado párrafo de la Comisión de
Expertos así aislado, posiblemente esté conllevando descontextuarlo
con respecto a la posición íntegra que conforman los despachos de
los organismos de la OIT en esta materia. Lo de los privilegios
posibles a favor de la entidad mayoritaria, en las doctrinas de la OIT,
está sujeto a condiciones y límites que posiblemente hagan que el
“caso argentino” esté mucho mas próximo a vulnerar esas
condiciones, que a adecuarse al párrafo que nuestra jurisprudencia
está citando aislado.
Estas condiciones están, por buen ejemplo, expuestas en el número
969 del repertorio de despachos del Comité de Libertad Sindical de
OIT (“la libertad sindical”, quinta edición revisada, 2006, p.206).
Dice allí que certificar al sindicato mas representativo como el agente
negociador exclusivo en una unidad de negociación, no es
17 Jorge Sappia, en su ponencia presentada al Congreso Internacional sobre igualdad de oportunidades y de trato
en el empleo y la ocupación, abolición del trabajo infantil y la libertad sindical, Bs. As., octubre 2004, planteó
como una realidad conocida la de la falta de reemplazo en los hechos de las entidades con personería gremial.
18

necesariamente incompatible con el convenio número 87 “solamente
si se prevén al mismo tiempo una serie de garantías”; “… se ha
considerado esencial que tales garantías aseguren: a) que la
certificación sea hecha por un organismo independiente; b) que la
organización representativa sea elegida por el voto de la mayoría de
los trabajadores de la unidad interesada; c) que la organización que
no obtenga un número de votos suficiente tenga derecho a solicitar
una nueva elección después de un periodo dado; d) que toda
organización que no sea la que hubiera obtenido el certificado, tenga
derecho a solicitar nueva elección una vez transcurrido, desde la
elección anterior, un periodo determinado, a menudo de doce
meses”.
38. Se entiende que esto no quiere decir que por necesidad, debe haber
una elección regularmente cada período más o menos breve (aprox.
1 año) aunque eso no tendría en sí nada cuestionable y podría ser
conveniente. Pero, se entiende también que esto muestra cómo la
exigencia de la doctrina de los organismos de la OIT (y de la lógica
misma del mecanismo de “mayorías”) no es compatible con la falta
de un recuento comparativo frecuente. Y menos con que esta
comparación no sea posible, por que no haya con quién comparar.
O, en fin, que la admisión de la preferencia a favor de la
organización mayoritaria para negociar colectivamente en
exclusividad, no puede sostenerse sin otros matices que, traída la
cuestión a clave nacional, aseguren que se está en un panorama de
organización sindical libre y democrático. Que si no existen
competidores por la representación de las colectividades de
trabajadores cuyo número se pueda comparar, esto (si es que se
quiere insistir, en el sector privado, con la representación excluyente
del sindicato mayoritario) es un hecho que hay que pensar en como
corregir y no un mero dato de la realidad.
5. Un párrafo adicional sobre un riesgo latente para la libertad de
negociar colectivamente
39. En el art. 18 de la ley 14.250, cuyo texto actual corresponde a la
reforma de 2004 por ley 25.877, se establece que las convenciones
colectivas de mayor ámbito pueden disponer de qué materia se
ocupen o no las convenciones menores y luego, además, una
19

distribución de materiales entre unas y otras convenciones,
establecida directamente en la ley y que sólo deja para las menores
competencia excluyente sobre las “materias propias de la
organización de la empresa” -expresión que no cuenta con una
comprensión segura y homogénea en el medio- o, en todo caso para
lo que puedan agregar a lo ya acordado en las mayores (acuerdos
“mas favorables”).
O sea que establece una articulación descendente (de la ley
directamente o de la convención mayor a las menores) que con
evidencia parte de la base (ni necesaria ni explícita en una ley, ésta
u otra) de que las convenciones mayores y menores están
superpuestas o vinculadas, cuando no, directamente, que esa
vinculación consiste en que la mayor tiene más jerarquía normativa
(por eso puede disponer de la menor o prevalece sobre ella).
40. Esta preferencia por la negociación colectiva a niveles “mayores” es
lo que ya estaba, de una manera un poco mas brutal, en la tan
confusa e inaplicada reforma de la ley 25.013 de 1998 y es lo que va
en línea con la rígida conformación real de nuestra estructura de
negociaciones colectivas. En cambio, es lo contrario de lo que decía
la reforma de 2000, por ley 25.250, contra lo cual lo presente fue
una reacción explícita. Antes el tema no existía en nuestra doctrina y
legislación y antes de mediados de los años ’70, no era un tema ni
una realidad tampoco en otras partes del mundo.
41. Estas reglas para regir el modo de coexistir distintas clases de
convenios colectivos (la articulación), igual que la cuestión misma de
los ámbitos y niveles, es un producto de la diversificación de
instancias de negociación, que, como ya se mencionó, leemos que se
dio en Europa en esa época y que, entre nosotros, no llegó a ocurrir.
Por eso es que para nosotros se trata de un tema más teórico o
hipotético que real y un ej. de esto, es precisamente, el de que si
ese art. 18 de la ley 14.250 no ha producido conflictos que se
registren, debe ser porque en realidad no tuvo aplicación.
42. Pero sin perjuicio de ésta falta de aplicación práctica, lo cierto es que
en cuanto texto legal, o pensando en que lograse aplicarse a algo,
éste art. 18 tiene a simple vista una relación difícil con la libertad
sindical de negociar colectivamente. Por eso aunque no configure
una violación activa a la libertad sindical, si es un riesgo potencial.
20

Es así en la medida en que las limitaciones que impone el art. 18 a la
aptitud negocial colectiva que se ejerce en las unidades de
negociación menores es tal, que lo cierto es que esa competencia o
ese derecho quedan vacíos, pese a que la CN garantiza las
negociaciones colectivas a los gremios en general y no a unos que
desplacen a otros (los mayores a los menores). Sobre esto vale lo
dicho por CSJN en el caso “Cocchia”, en sentido de que vaciar la
competencia negocial de un sindicato es impedirle cumplir con su
función o con su objetivo.
43. Si en los hechos, como es tan frecuente en nuestro panorama, se da
que el agente sindical es en ambos casos (en el convenio mayor y en
el menor) el mismo (el único sindicato con personería gremial) el
problema de la falta de aceptación voluntaria de las limitaciones por
parte del sindicato agente de la convención menor dejaría de serlo
formalmente. No si el agente de negociación es otro sindicato
(menor) y no para el agente de negociación patronal (distinto
también del del convenio mayor) que si no tiene garantía a su
libertad sindical en la CN, tiene una equivalente en el convenio 87
OIT y también en el 98 con la –repetida- exigencia, en éste último,
de que las negociaciones colectivas sean “voluntarias”.
44. En todo caso la cuestión no es original de nuestro país, porque
donde sea que se ha establecido una distribución de materiales a
negociar que se impone o se puede imponer a un sindicato que
queda limitado, el problema tendría que plantearse. Sobre el caso
español, Valdés Dal-Re sostuvo que la eventual ilegitimidad de la
articulación que limita a niveles inferiores se salva en España porque
allí la negociación “estatutaria” (que es la articulable) no es la única
negociación colectiva prevista en las normas (particularmente en la
Constitución), lo cual significa que la instancia o nivel inferior no
pierde con la articulación ninguna parte de la libertad de negociar
convenios extraestatutarios. Y López Terrada, tomándome la libertad
de reescribir lo suyo, dice que la distribución compulsiva de
materiales en distintas instancias negociales no queda enfrentada
con la libertad constitucional, en la medida en que subsista la
libertad completa de elegir unidad de negociación 18 . Pero ninguno de
18 Valdés Dal-Re, Crisis y continuidad en la estructura de la negociación colectiva, en “Revista Política Social”,
nº 137, mar. 1983, p. 437 (disponible en Internet). No he podido ver la cuestión vuelta a tratar en otros escritos de
ese autor; López Terrada, “La articulación de la negociación colectiva (diez años después)”, en Régimen jurídico
de la negociación colectiva en España. Estudios en homenaje al profesor Tomás Sala Franco, Francisco Pérez de
los Cobos – José M. Goerlich (coords.), p. 226; Goldín menciona que también “Sala Franco plantea el tema en
21

ambos argumentos –desde ya- es trasladable a la Argentina: el de
Valdés Dal-Re no lo es porque aquí los convenios ajenos a la ley
14.250 han sido “desclasificados” como colectivos por la
jurisprudencia, que los colocó en el lugar de los convenios
individuales. Y el de López Terrada, porque la libertad de elegir
unidad de negociación, o nivel, ha quedado –hasta el momento- muy
limitada por la jurisprudencia nacional.
45. De modo que la conclusión sintética sobre este asunto apunta a que
las normas sobre articulación vigentes limitan –o limitarían si se las
hiciese valer- a la libertad de negociación colectiva, del mismo modo
que lo haría, en definitiva, también cualquier otra norma de
articulación, salvo la que sea establecida por el mismo obligado
(norma que puede estar en un convenio o en un estatuto federativo,
aunque a esto último no se lo ve como articulación). Quiere decir,
por ponerlo del modo más simple, que si una inhibición para
negociar colectivamente sobre una materia determinada no es
producto de la decisión del mismo inhibido, no habría forma de
asumir que una negociación así inhibida sea compatible con las
reglas de la libertad sindical, o siquiera voluntaria.
Manifestaciones de la autonomía colectiva en el ordenamiento español, de ese autor, Pérez de los Cobos y
Goerlich Peset, Acarl, 1989, p. 36” (La estructura de la negociación colectiva, DT, 1994-B.1367, nota 108).
22