1.- Irreprochable conducta anterior implica considerar ...

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
MATERIA PENAL
1.- Irreprochable conducta anterior implica considerar
comportamiento social del acusado.
Artículo 11 Nº 6 Código Penal
Sumario:
Para la configuración de la atenuante en referencia, la conducta anterior que exige la ley ha de ser
irreprochable lo que requiere la ausencia no sólo de condenas criminales anteriores, sino además
que ella no resulte censurable o reprochable por vulneraciones, defectos, actos o circunstancias que
hayan atentado con alguna gravedad contra las normas sociales, entre ellas las jurídicas.
San Miguel, dieciséis de Enero de dos mil seis.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
Primero.- Que ha subido en apelación deducida
por el señor Defensor Público en representación
del condenado, la sentencia en juicio abreviado
dictada el veintisiete de diciembre de dos mil
cinco, por el Decimoquinto Juzgado de Garantía
de Santiago, que condena a RODOLFO ANDRÉS
GARRIDO MOYA, a la pena de TRES AÑOS Y
UN DIA de presidio menor en su grado máximo
y accesorias que indica, como autor del delito de
robo con intimidación en grado de consumado,
contemplado en el artículo 436 del Código Penal,
perpetrado el 8 de agosto de 2005, en la Comuna
de La Pintana, en perjuicio de Marta Ascencio
Sepúlveda. El recurso se fundamenta en que al
condenado, menor de edad declarado con discernimiento,
dicha sentencia omitió reconocerle la
atenuante de responsabilidad criminal 6 del
artículo 11 del Código Penal, de irreprochable
conducta anterior, al registrar anotaciones en sus
antecedentes por hechos que sólo fueron materia
de medidas de protección pero no de condenas
ejecutoriadas, con lo que según el artículo 4º del
Código Procesal Penal, la conducta anterior se
mantiene irreprochable. Estima que el fallo
perjudica los derechos del sentenciado desde
que, reconociéndole la atenuante 9 del
artículo 11 del Código Punitivo, de su colaboración
al esclarecimiento de los hechos, al no
considerarle la atenuante omitida, impidió rebajarle
la pena en otro grado además del que le rebaja
de conformidad al artículo 72 de dicho Código.
Segundo.- Que oídos los alegatos y aclaraciones
de los intervinientes en la audiencia del día once
de Enero de dos mil seis en sala integrada por
el Ministro señor Ismael Contreras Pérez, que la
presidió, la Ministra señora Marta Hantke Corvalán
y el Abogado Integrante señor Francisco Javier
Hurtado Morales, se fijó para la lectura del fallo
la del día dieciséis de enero de dos mil seis.
Tercero.- Que en primer lugar cabe tener presente
que por el hecho de ser el imputado un menor
de edad, antes de cometer el delito por el que
ha sido procesado, sólo podría habérsele
condenado si también se le hubiese estimado
con discernimiento, por lo que, de haberle faltado
y de seguir el criterio del apelante, cualquier acto
suyo aunque transgrediere normas sociales, no
habría afectado la irreprochabilidad de su
conducta, fuero que nuestra legislación positiva
no concede a los menores, a quienes sólo
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beneficia con la rebaja de un grado de pena como
establece el artículo 72 del Código Penal y que
se le reconoce al condenado en el fallo en alzada.
Cuarto.- Que por otra parte, para la configuración
de la atenuante en referencia, la conducta anterior
que exige la ley ha de ser irreprochable lo que
requiere la ausencia no sólo de condenas
criminales anteriores, sino además que ella no
resulte censurable o reprochable por
vulneraciones, defectos, actos o circunstancias
que hayan atentado con alguna gravedad contra
las normas sociales, entre ellas las jurídicas. En
consecuencia tal conducta no resulta irreprochable
si los antecedentes del condenado han sido
estimado suficientes por los sentenciadores para
reprocharla en cualquier medida. Sobre esta
materia, en la audiencia del juicio abreviado de
autos, el Ministerio Público dio cuenta de un
certificado de doña Cristina Mujica Bringas,
Secretaria Interina del Primer Juzgado de
Menores, de que revisados los ingresos que
registra el imputado al Tribunal ellos son los
siguientes: 8 de Enero de 2001, por robo; 14 de
Octubre de 2002 por violación de morada; 6 de
Octubre de 2003 por consumo de drogas; 28 de
Octubre de 2003 por hurto; 5 de Mayo de 2004
por consumo de drogas; 29 de Octubre de 2004
por consumo de drogas y de 17 de Agosto de
2005 por robo. En términos generales, lo anterior
fue también referido en las alegaciones de ambos
intervinientes ante esta Corte.
Quinto.- Que por haber nacido el imputado el 5
de Noviembre de 1987, a contar del 6 de
Noviembre de 2003 ya contaba con dieciséis
años de edad. En consecuencia los ingresos
anteriores a dicha fecha han motivado medidas
de protección, pero la ponderación de sus
conductas han determinado que en el motivo
undécimo de la sentencia que se revisa el tribunal
haya desestimado reconocerle la atenuante
del artículo 11 Nº 6 del Código de Penal.
Sexto.- Que aun en el evento que los jueces
hubieren admitido la concurrencia de la minorante
6ª del artículo 11 del Código Penal unida a la
9que le reconoce el fallo al condenado, ello por
si solo no determina una rebaja de la pena
impuesta, puesto que es solo una expectativa
de que por aplicación del artículo 68 inciso tercero
del mismo Código el tribunal decida rebajar la
pena del mínimo establecido para el delito, toda
vez que el texto de tal norma revela que sólo
concede una facultad para hacerlo pero no
impone al tribunal obligación alguna en tal sentido.
Séptimo.- Que finalmente cabe considerar que
la sentencia que se revisa ha concedido al menor
condenado el beneficio de la LIBERTAD
VIGILADA, que contempla la Ley 18.216, con lo
que desde luego no requiere entrar a cumplir
efectivamente la pena. Y VISTO, además lo
dispuesto en los artículos 364 y siguientes y 414
del Código Procesal Penal. SE CONFIRMA la
sentencia referida apelada dictada en autos con
fecha veintisiete de diciembre de 2005. Regístrese
y devuélvase.
Redacción del Abogado Integrante señor
Francisco J. Hurtado. RUC. 0500349195-3. RIT.
259 2005. ROL. 14 2006.
Pronunciada por los Ministros señores José
Ismael Contreras, Marta Hantke y por el Abogado
Integrante don Francisco J. Hurtado. En San
Miguel, a dieciséis de enero de dos mil seis,
notifiqué la resolución precedente por el estado
diario.
Jurisprudencia Anterior
Calificación de atenuante de irreprochable conducta anterior. Situaciones que la hacen procedente
Esta Corte tendrá como muy calificada la irreprochable conducta que se reconoce en la sentencia de primer grado
al sentenciado, por cuanto éste es reconocido como un joven trabajador, empeñoso, muy honrado y responsable con
sus labores, según los dichos de las personas que declaran y señalan conocerlo hace años, acogiendo así la solicitud
de la defensa (Corte de Apelaciones de San Miguel, 23 de agosto de 2004, autos Rol Nº 1269-2004).
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2.- Irreprochable conducta anterior.
Aspectos que la comprenden. Artículo 11 Nº 6 Código Penal
Sumario:
La irreprochable conducta anterior, ante la falta de explicación en la ley sobre su alcance, se ha
entendido como comprensiva de dos aspectos, uno negativo consistente en que el sujeto no haya
sido objeto de condena penal anterior y otro positivo que dice relación con un comportamiento ético
social adecuado con sus semejantes.
San Miguel, dieciséis de enero de dos mil seis.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con las
siguientes modificaciones:
a) En el considerando 6º se elimina el párrafo
que comienza con Respecto del atenuante del
artículo... hasta su punto final colocado a
continuación de la palabra sociedad y además
su párrafo segundo.
b) En las citas legales se incorpora la del artículo
11 Nº 6 y se sustituye la del articulo 29 por la
del 28 del mismo texto legal.
Y se tiene en su lugar y además, presente:
Primero: Que no se formuló cuestión sobre la
admisibilidad del recurso de apelación deducido
por la Defensa Penal Pública del imputado
Fernando Antonio Soto Rodríguez, en contra de
la sentencia dictada por la señora Juez del Décimo
Juzgado de Garantía de Santiago y los intervinientes
reiteraron sus alegaciones, el Ministerio
Público solicitó la confirmación del fallo en alzada
y consecuencialmente el rechazo del recurso
interpuesto, en atención a que la circunstancia
atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal
fue bien denegada, pues si bien el imputado no
tiene condenas penales, no es menos cierto que
registra diversos ingresos como menor por delitos
contra la propiedad y por lesiones graves.
Sostiene el Señor Fiscal que la norma antes
citada, no hace distinción en cuanto a la naturaleza
de los reproches, los cuales pueden
consistir en procesos penales anteriores, detenciones
o conductas reprochables sin constituir
ilícito. Finalmente, en su intervención expresa
que la pena está bien aplicada y que la señora
Juez a quo tuvo en consideración las agravantes
que concurrían en el caso investigado.
Segundo: Que la Defensora Penal Pública sostuvo
en estrados que beneficiaba a su defendido la
atenuante de irreprochable conducta anterior, al
no registrar condenas anteriores y desprenderse
de diversos informes que el imputado puede ser
objeto de resocialización y respecto a las causas
que se señalaron en la audiencia por el Señor
Fiscal, dicen relación con procesos que no
terminaron por sentencia condenatoria y en los
cuales debe entenderse al imputado amparado
por el principio de inocencia. Solicita rebajar la
pena impuesta a su defendido a presidio menor
en su grado medio por la concurrencia de dos
atenuantes y la ausencia de agravantes,
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otorgándosele el beneficio de la remisión
condicional de la pena. Expresa que no se han
configurado circunstancias agravantes de
responsabilidad criminal como lo sostiene el
repre-sentante del Ministerio Público, por cuanto
no se formalizó contra otras personas, para
hablar de grupo o pandilla, ni puede ser
sancionado Fernando Soto Rodríguez por el
porte de un arma blanca, sin violentar el principio
del non bis in idem.
Tercero: Que previo a entrar a la materia del
recurso es necesario tener presente, que en el
caso en estudio, no se ha acreditado ni se tuvo
en el fallo en alzada por configurada agravante
alguna de responsabilidad criminal.
Cuarto: Que el presente recurso queda circunscrito
a determinar la efectividad de concurrir la
minorante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal
para que en concurso con la atenuante del artículo
11 Nº 7 del mismo texto legal, reconocida en
el fallo que se revisa, el tribunal quede en
condiciones de rebajar la pena en los grados que
la ley autoriza para en el caso de existir dos
atenuantes y ninguna agravante, teniendo
presente que el responsable del delito investigado
es un menor declarado con discernimiento.
Quinto: Que es un hecho no discutido por las
partes, que en el Extracto de Filiación y
Antecedentes del imputado, no aparece registrada
causa anterior por crimen o simple delito que
hubiere terminado por sentencia condenatoria y
que de los diversos informes mencionados en la
audiencia y en el escrito de apelación, queda en
evidencia que Fernando Soto Rodríguez de
escasos dieciséis años, es un muchacho que
puede reinsertarse en la sociedad, que no
presenta contagio criminógeno y que su estado
de vulnerabilidad social podría constituir una
explicación para lo que se describe por la señora
Juez del 10º Juzgado de Garantía en su sentencia
como varias pasadas en el SAF.
Sexto: Que la irreprochable conducta anterior,
ante la falta de explicación en la ley sobre su
alcance, se ha entendido como comprensiva de
dos aspectos, uno negativo consistente en que
el sujeto no haya sido objeto de condena penal
anterior y otro positivo que dice relación con un
comportamiento ético social adecuado con sus
semejantes.
Séptimo: Que en relación al primero de los
elementos, no cabe duda que en la especie
concurre, como se expuso en el motivo Quinto
y respecto a la segunda de las exigencias, aún
cuando las diversas imputaciones de que ha sido
objeto el menor pueden ser estimadas como un
obstáculo para tener por configurado el
componente ético social, en tales transgresiones,
debe considerarse su situación de vulnerabilidad
social y el principio de inocencia que lo ampara,
circunstancias que permiten atenuar el juicio de
reproche en este aspecto. En consecuencia,
atendido lo razonado precedentemente, esta
Corte le reconocerá a Fernando Soto Rodríguez
la atenuante prevista en el ya citado artículo 11
Nº 6 del Código Penal.
Octavo: Que el imputado resultó ser responsable
de un delito de robo con intimidación, en grado
de consumado, sancionado con presidio menor
en sus grados medio a máximo y de conformidad
con lo que prescribe el artículo 72 del Código
Penal corresponde imponer la pena inferior en
grado al mínimo de los señalados por la ley al
tratarse de un menor declarado con discernimiento
y por beneficiarlo dos circunstancias
atenuantes y no perjudicarle agravantes, el
tribunal rebajará la pena en un grado, quedando
en la cuantía que se indicará en lo resolutivo
de este fallo.
Por estas consideraciones, lo expuesto por los
intervinientes y lo dispuesto en los artículos 352,
360, 414, 415 del Código Procesal Penal, se
confirma la sentencia apelada de treinta de
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diciembre de dos mil cinco dictada por la Señora
Juez del 10º Juzgado de Garantía de Santiago,
con declaración que se rebaja la pena que por
ella se impone a FERNANDO ANTONIO SOTO
RODRÍGUEZ, en calidad de autor del delito de
robo con intimidación a la de tres años de presidio
menor en su grado medio. Se impone además
al sentenciado, la pena accesoria de suspensión
de cargo y oficio público durante el tiempo de la
condena, manteniéndose la exención del pago
de las costas de la causa.
Reuniéndose en el imputado los requisitos
exigidos en el artículo 4º de la Ley 18.216, se le
concede el beneficio de la remisión condicional
de la pena, debiendo per-manecer sujeto al control
de la autoridad administrativa de la sección
correspondiente Gendarmería de Chile, por el
lapso de tres años.
Para el caso que este beneficio le fuere revocado
y debiese entrar a cumplir efectivamente la pena
corporal, ésta se le contará desde que se presente
a cumplirla o sea habido y le servirán de abono
los días que permaneció privado de su libertad,
entre el 11 de octubre al 30 de diciembre
de 2005.
Redacción de la Ministro Sra. María Teresa Díaz
Zamora. Se dio a conocer lo resuelto a los
intervinientes presentes, se ordenó notificar por
el estado diario y se elevó la presente acta que
firma el señor Relator que actuó como Ministro
de Fe. Regístrese. Rol Nº 31-2006. RUC
0500493449-2. RIT 975-2005.
Pronunciado por las Ministros Sra. María Stella
Elgarrista Álvarez, Sra. María Teresa Díaz Zamora
y Abogado Integrante Sra. María Eugenia Montt
Retamales. San Miguel, dieciséis de enero de
dos mil seis, notifiqué por el estado diario la
resolución precedente. Susana Chacón Arancibia.
Ministro de Fe.
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3.- Requisitos para aplicación de minorante especial
de artículo 456 del Código Penal.
Soberana valoración de los hechos por el Tribunal
Sumario:
La minorante de responsabilidad penal del artículo 456 del Código Penal exige para que sea aplicada
solamente que la especie sea devuelta:
a) antes de perseguir al inculpado o
b) antes de decretar su prisión; en ningún caso la referida disposición exige que sea necesario que
exista voluntariedad por parte del hechor de devolver la especie, basta que lo haga.
En la especie, valorando soberanamente la prueba rendida, esto es, sin contradecir las máximas
de la experiencia, ni los principios de la lógica los jueces del Tribunal Oral, estimaron que no existía
la voluntariedad de parte del encartado de entregar la especie, sino que más bien, el objetivo de este
era procurar su impunidad, por lo que no se reunían todos los elementos que exige la referida norma
legal para ser aplicable en la especie.
San Miguel, treinta de Enero de dos mil seis.
En los autos RUC Nº 0500408601-7, RIT 68-
2005 de la sala itinerante del Sexto Tribunal del
Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia
de diecinueve diciembre de dos mil cinco, se
condenó a MIGUEL ÁNGEL CARRASCO PALMA,
a la pena de SEIS AÑOS de presidio mayor en
su grado mínimo, accesorias legales y costas,
como autor del delito de robo con intimidación
en las personas de Fabio Ernesto Toro Meneses
y Miguel Ángel Reyes Castillo. No se concede al
condenado, ningún beneficio alternativo para el
cumplimiento de la sanción corporal aplicada. En
contra de dicha sentencia se interpuso recurso
de nulidad por María Podlech Jarpa, Defensor
Penal Público de San Bernardo, fundado en que
se había infringido el artículo 373 letra b) del
Código Procesal Penal, en relación con el
artículo 456 del Código Penal, lo que habría
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,
por lo que solicita se le invalide y se dicte
sentencia de reemplazo conforme a derecho,
acogiendo la minorante de responsabilidad del
artículo 456 del Código Penal y se condene al
imputado a la pena de tres años y un día de
presidio menor en su grado máximo. Estimado
admisible el recurso, en la audiencia respectiva,
intervinieron por el Ministerio Público Patricio
Rosas Ortiz y por la Defensoría Penal Pública
Octavio Pino Reyes; se fijó para la lectura del
fallo el día 30 de enero del año en curso.
CON LO OIDO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Defensoría Penal Pública de
San Bernardo recurrió de nulidad en contra de
la sentencia dictada por el Sexto Tribunal del
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Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por la causal
del artículo 373 letra b) del Código Procesal
Penal, en relación al artículo 456 del Código
Penal, toda vez que la errónea aplicación del
derecho influyó sustancialmente en lo dispositivo
del fallo; en efecto, señala la recurrente que en
el motivo décimo tercero del fallo impugnado los
sentenciadores rechazaron la solicitud de la
defensa en orden a acoger la minorante de
responsabilidad penal del artículo 456 del Código
Penal, cual es la que antes de perseguir al
responsable o antes de decretar su prisión
devolviere voluntariamente la cosa robada o
hurtada, es decir, la norma legal exige para que
sea aplicada solamente que la especie sea
devuelta:
a) antes de perseguir al inculpado o
b) antes de decretar su prisión; en ningún caso
la referida disposición exige que sea necesario
que exista voluntariedad por parte del hechor de
devolver la especie, basta que lo haga. Lo anterior,
significó que al aplicar la pena, el Tribunal estimó
que no habían modificatorias de responsabilidad
criminal que analizar y no rebajó la pena a la
inmediatamente inferior en grado de acuerdo a
lo que establece el citado artículo 456 del Código
Penal, en circunstancias que lo debió haber
sancionado con la pena de presidio menor en su
grado máximo. Que los jueces de la instancia al
establecer en el motivo décimo tercero que el
condenado....procediendo a restituir en forma
subrepticia una de las especies a su dueño, lo
que revela en tal caso la falta de voluntad dirigida
efectivamente a devolver la cosa y si en cambio
a procurar su impunidad, no han aplicado
correctamente la norma legal que solo exige se
den las dos situaciones objetivas que se señalaron
en el párrafo precedente.
SEGUNDO: Que, el Ministerio Público sostuvo
en esta Corte, que se está en presencia de un
problema de valoración de prueba, mas en ningún
caso de una errónea aplicación de ley, dado que,
los jueces, estimaron correctamente que el
encartado entregó de manera encubierta la
especie sustraída (un reloj) a una de las víctimas
para procurar su impunidad.
TERCERO: Que la norma impugnada señala: Si
antes de perseguir al responsable voluntariamente
la cosa robada o hurtada. Que, en la especie,
valorando soberanamente la prueba rendida,
esto es, sin contradecir las máximas de la
experiencia, ni los principios de la lógica los
jueces del Tribunal Oral, estimaron que no existía
la voluntariedad de parte del encartado de
entregar la especie, sino que más bien, el objetivo
de este era procurar su impunidad, por lo que
no se reunían todos los elementos que exige la
referida norma legal para ser aplicable en la
especie.
CUARTO: Que es posible disentir o estar de
acuerdo con la valoración afectada los recurridos,
empero, estos en ningún caso se podrá estimar
que han aplicado erróneamente el derecho, lo que
han hecho es valorar de manera distinta a lo
estimado por el defensor la norma que modifica
la pena asignada al delito en cuestión.
QUINTO: Que esta Corte es de opinión que el
recurso de nulidad es un medio de impugnación
derecho estricto, que no autoriza a este tribunal
a modificar la valoración de la prueba rendida
hecha por el tribunal a quo.
Por estas consideraciones, y lo dispuso en los
artículos 372, 376, 378 y 383, se RECHAZA el
recurso de nulidad interpuesto por el Defensor
Publico de San Bernardo. No se imponen costas
del recurso a la Defensoría Penal Pública, por
haber tenido en concepto de este Tribunal, motivo
plausible para formularlo. Se dio a conocer lo
resuelto a los intervinientes presentes, se ordenó
notifica por el estado diario y se elevó la presente
acta que firma el Sr. Relator quien actuó como
Ministro de Fe. Redacción del Ministro
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Señor Héctor Solís Montiel. Regístrese y
Devuélvase. Rol Nº 25-2006-Ref. Rit Nº 68-2005.
Ruc Nº 0500408601-7. Pronunciada por los
Ministros señora Lilian Medina Sudy, el señor
Héctor Solís Montiel y la Ministro suplente señora
Virginia Rivera Álvarez. No firma la Ministro
suplente señora Virginia Rivera Álvarez, por estar
en comisión de servicio. En San Miguel, a treinta
de enero de dos mil seis, notifiqué por el estado
diario la resolución precedente. Ministro de Fe.
Referencia Normativa
Código Penal
Art. 456. Si antes de perseguir al responsable o antes de decretar su prisión devolviere voluntariamente la cosa robada
o hurtada, no hallándose comprendido en los casos de los artículos 433 y 434, se le aplicará la pena inmediatamente
inferior en grado a la señalada para el delito.
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4.- Reincidencia específica. Robo con violencia y
por sorpresa son delitos de la misma especie.
Artículo 12 Nº 16 Código Penal
Sumario:
En lo que dice relación con el artículo 12 Nº 16 del Código Penal, llamada reincidencia específica,
y en lo que respecta al imputado, el recurrente de nulidad la hace consistir en que la infracción
consiste en que dicha norma debe aplicarse cuando se trata de delitos de la misma especie, o sea,
cuando se tutela el mismo bien jurídico. Al respecto, debe tenerse presente que los delitos de robo
con violencia y con intimidación, materia de la presente causa y los de robo por sorpresa a que alude
la sentencia que se recurre se encuentran todos en el Título IX del Libro II del Código Penal y
reiteradamente la jurisprudencia ha establecido que agrupándose dichos ilícitos dentro de aquellos
contra la propiedad, ya sea que se ejecuten con violencia o intimidación en las personas o con fuerza
en las cosas o por sorpresa son delitos de la misma especie pues afectan a un mismo bien jurídico
y como tales son tratados en un mismo Libro del Código Penal. En consecuencia, estos sentenciadores
rechazarán este capítulo del recurso de nulidad interpuesto.
Valparaíso, seis de febrero de dos mil seis.
VISTOS Y OIDOS:
En esta causa Rol de esta Corte Nº 03-2006, el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso,
mediante sentencia de veinte de diciembre de
dos mil cinco condenó al acusado HÉCTOR
PABLO ROMERO HIDALGO a la pena única de
quince años y un día de presidio mayor en su
grado máximo como autor de dos delitos de robo
con violencia en perjuicio de Enzo Herrera
González y en perjuicio de Nelson Verdejo Oliva,
y como autor del delito de robo con intimidación
en perjuicio de Job Améstica Díaz, cometidos los
días 05 y 10 de abril y el 02 de mayo, todos en
el año 2005, más las accesorias correspondientes.
También se condenó a Reinaldo Emilio Maganza
Zavala a la pena de cinco años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo, en calidad
de autor del delito de robo con violencia en
perjuicio de César Ruiz Caro, perpetrado el 23
de marzo de 2005, más las accesorias
correspondientes. En contra de dicha sentencia,
el Defensor Penal Público Marcos Schmitt
Magasich interpone recurso de nulidad en
representación de ambos imputados y solicita la
invalidación de la sentencia y la dictación de otra
en su reemplazo impetrando la causal de nulidad
contemplada en el artículo 373 letra b) del Código
Procesal Penal.
Declarado admisible el recurso, se llevó a efecto
la audiencia para su conocimiento.
PRIMERO: Que el recurso de nulidad interpuesto
por la defensa de los imputados tiene su
fundamento en la causal contemplada en el
artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal,
esto es, haberse incurrido en el pronunciamiento
de la sentencia en una errónea aplicación del
derecho que ha influido sustancialmente en lo
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dispositivo del fallo. Solicita el recurrente que se
anule tal sentencia y que se dicte otra en su
reemplazo, y señala como fundamentos de
derecho de la aludida causal, los siguientes:
1.- Errónea aplicación del artículo 456 bis Nº 3
del Código Penal;
2.- Errónea aplicación del artículo 12 Nº 16 del
Código Penal; y
3.- Errónea aplicación de los artículos 11 Nº 6 y
68 bis, ambos del Código Penal.
SEGUNDO: Que en lo que dice relación con la
aplicación errónea del artículo 456 bis Nº 3 del
Código Penal, señala el recurrente que el
considerando 19 de la sentencia recurrida cuando
razona acerca de las circunstancias modificatorias
de responsabilidad penal, establece que a ambos
encausados les perjudica dicha agravante, esto
es, haberse acreditado la pluralidad de
malhechores, desde el momento que en los tres
ilícitos habrían actuado ambos encausados, junto
a otros individuos;
TERCERO: Que del examen del fallo recurrido,
debe tenerse presente que ha quedado
establecido que en autos, tanto el encausado
Romero como el imputado Maganza actuaron
separadamente. En efecto, Romero participó
en los ilícitos cometidos en perjuicio de Herrera,
Verdejo y Améstica, en tanto que el imputado
Maganza lo hizo en el ilícito cometido en perjuicio
de Ruiz. No se formalizó ni se dictó acusación
en contra de ninguna otra persona que haya
podido participar en estos ilícitos por lo que no
procede considerar la circunstancia agravante
de responsabilidad que contempla el
artículo 456 bis Nº 3 del Código Penal porque
para que ello ocurra se requiere que en la causa
se determine la responsabilidad penal de más
de una persona y en la especie, como ha quedad
establecido como inamovible ni Romero ni
Maganza actuaron juntos en ninguno de los
cuatro ilícitos que se investigaron y que fueron
objeto de la sentencia recurrida, por lo que por
este capítulo el recurso de nulidad debe prosperar
pues se ha hecho una errónea aplicación
del derecho.
CUARTO: Que, en lo que dice relación con la
segunda de las disposiciones que se estiman
infringidas, y es la que contempla el artículo 12
Nº 16 del Código Penal, llamada reincidencia
específica, y en lo que respecta al imputado
Romero, el recurrente de nulidad la hace
consistir en que la infracción consiste en que
dicha norma debe aplicarse cuando se trata de
delitos de la misma especie, o sea, cuando se
tutela el mismo bien jurídico. Al respecto, debe
tenerse presente que los delitos de robo con
violencia y con intimidación, materia de la
presente causa y los de robo por sorpresa a
que alude el motivo 20º de la sentencia que se
recurre se encuentran todos en el Título IX del
Libro II del Código Penal y reiteradamente la
jurisprudencia ha establecido que agrupándose
dichos ilícitos dentro de aquellos contra la
propiedad, ya sea que se ejecuten con violencia
o intimidación en las personas o con fuerza en
las cosas o por sorpresa son delitos de la misma
especie pues afectan a un mismo bien jurídico
y como tales son tratados en un mismo Libro
del Código Penal. En consecuencia, estos
sentenciadores rechazarán este capítulo del
recurso de nulidad interpuesto.
QUINTO: Que, finalmente, el recurso interpuesto
señala que se ha hecho una errónea aplicación
de los artículos 11 Nº 6, en relación con el artículo
68 bis, ambos del Código Penal, pues no ha
calificado la conducta del imputado Maganza.
SEXTO: Que debe señalarse en torno a este
argumento que la facultad de calificar o no una
circunstancia atenuante es privativa y discrecional
del Tribunal, es decir, de los jueces del Tribunal
oral, por lo que esta Corte está impedida de
modificar tal criterio.
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Y visto, además, lo dispuesto en los
artículos 373, letra b) y 385 del Código Procesal
Penal, SE ACOGE el recurso de nulidad
interpuesto por la defensa de los imputados
Romero y Maganza en contra de la sentencia de
veinte de diciembre de dos mil cinco, y se la
reemplaza por la que se dicta a continuación.
Regístrese. Redacción del Ministro Señor Silva.
ROL Nº 03-2006.
Jurisprudencia Anterior
La agravante de reincidencia específica cumple con un sentido de prevención especial ya que si un procesado vuelve
a delinquir ello está indicando que la pena no ha sido eficaz y que el desprecio que revela su nueva acción debe ser
castigado con más severidad. El acusado ha demostrado, al volver a cometer el mismo tipo de delito, que no ha hecho
mella en su voluntad el hecho de haber sufrido con anterioridad una pena aplicada.
No cabe duda que la pena impuesta no ha sido suficiente para disuadirlo de la comisión de nuevos hechos parecidos
por lo que se ha dado la situación de agravamiento de responsabilidad criminal. (Corte de Apelaciones de Santiago,
26 de mayo de 2005, autos Rol Nº4-2005)
[ 70 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
MATERIA PENAL
5.- Concepto de armas para efectos del
artículo 450 inciso segundo del Código Penal
Sumario:
El artículo 132 del Código Penal define lo que debe entenderse por arma, señalando que debe ser
tomada para matar, herir o golpear, lo que, evidentemente, en la especie no ha ocurrido, desde el
momento que en el inmueble afectado no se encontraban moradores.
Valparaíso, tres de febrero de dos mil seis.
VISTOS Y OIDOS:
PRIMERO: Que por el imputado Francisco Vera
Ordenes, se ha deducido por el Defensor Penal
Público, Claudio Peñaloza Hernández, recurso
de nulidad en contra de la sentencia dictada por
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota
el veinte de diciembre de dos mil cinco, en cuya
virtud se condenó a su representado a la pena
de cinco años y un día de presidio mayor en su
grado mínimo, más las accesorias correspondientes
y costas de la causa, en calidad de
autor del delito de robo con fuerza en las cosas
en lugar habitado, en grado de frustrado;
SEGUNDO: Que como única causal de nulidad
el recurrente invoca la contemplada en el artículo
373, letra b) del Código Procesal Penal, esto
es, la errónea aplicación del derecho que ha
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo;
TERCERO: Que al respecto debe tenerse
presente que lo que se reprocha a la sentencia
recurrida es haber considerado en contra del
imputado Vera la circunstancia agravante especial
que contempla el inciso 2º del artículo 450 del
Código Penal, que señala que en los delitos de
robo y hurto, la pena correspondiente será
elevada en un grado cuando los culpables hagan
uso de armas o sean portadores de ellas;
CUARTO: Que en apoyo de su recurso, la
defensa del imputado esgrime los argumentos
que se señalan a continuación: manifiesta que
el día de los hechos, su representado se dirigió
a El Melón a buscar una radio y se encontró con
un cabro a quien ubicaba y éste lo invitó porque
había una casa tirada para meterse ahí. Al llegar
a dicho lugar gritaron varias veces aló para saber
si se encontraban moradore s y nadie respondió
por lo que saltaron una reja e ingresaron al patio.
Su amigo procedió a quebrar un vidrio de una
ventana con un cuchillo que él portaba y que
momentos antes se lo había pasado;
QUINTO: Que así, entonces, a partir de estos
hechos que se han fijado por el Tribunal de Juicio
0ral en lo Penal, debe razonarse en lo que dice
relación con la circunstancia agravante especial
que se analiza;
SEXTO: Que el artículo 132 del Código Penal
define lo que debe entenderse por arma,
señalando que debe ser tomada para matar, herir
o golpear, lo que, evidentemente, en la especie
no ha ocurrido, desde el momento que en el
inmueble afectado no se encontraban moradores;
[ 71 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
SÉPTIMO: Que, unido a lo anterior, debe tenerse
presente que el imputado Vera ha reconocido
que portaba el cuchillo para usarlo en la
sustracción de algún vehículo;
OCTAVO: Que de todo lo anteriormente expuesto,
y como consecuencia de ello, al haberse aplicado
en contra del imputado Vera una circunstancia
agravante que a juicio de estos sentenciadores
no procede aplicar, el Tribunal Oral en lo Penal
ha incurrido en una errónea aplicación del derecho
con influencia substancial en lo dispositivo del
fallo, atendido que se ha impuesto una pena
superior a la que legalmente corresponde al
imputado Vera, si se tiene en cuenta, además,
que concurren en su favor tres circunstancia
atenuantes de responsabilidad penal.
En mérito a lo razonado, y de conformidad,
además, con lo dispuesto en los artículos 373
letra b) y 385 del Código Procesal Penal, SE
INVALIDA la sentencia de veinte de diciembre
de dos mil cinco, y se la reemplaza por la que
se dicta a continuación.
Rol Nº 05-2006.
Jurisprudencia Anterior
La Corte de Apelaciones de Arica, en sentencia pronunciada el 8 de octubre de 2004, autos Rol Nº 117-2004 refiriéndose
al concepto de “arma” del aludido artículo 450 inciso segundo indicó que “...este recurso se funda en la causal
contemplada en el artículo 373 letra b) antes aludida, ya que según expone, se realizó una errónea aplicación del
derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, al desestimar, según su criterio, erróneamente
el tribunal Oral en lo Penal la aplicación del agravante especial del artículo 450 inciso 2º del Código Penal esto es
el uso o porte de armas, puesto que conforme alega el recurrente, el porte del cuchillo por parte del imputado con
el que se le sorprendió, se encuadra en la agravante de la norma legal antes aludida puesto que este cuchillo no sólo
ha sido portado con la intención de matar, herir a otro sino que objetivamente se trata de un utensilio u objeto cortante,
punzante o contundente que podía ser utilizado como arma en cualquier momento independientemente de la acción
final misma, respecto de cómo fue utilizado y que en definitiva resulto ser útil al acusado para forzar la puerta del
vehículo. De esta forma concluye el Fiscal Adjunto el error de derecho se produce cuando los sentenciadores no
toman en cuenta tal situación influyendo dicho razonamiento a lo dispositivo del fallo desde que éstos no aplican el
artículo 450 inciso 2º del Código Penal imponiendo al acusado una pena menor a la que le correspondía...”.
[ 72 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
MATERIA PENAL
6.- Pericia psiquiátrica. Minorante de imputabilidad disminuida.
Artículo 11 Nº 1 Código Penal
Sumario:
Para este Tribunal resulta indiferente la precisión acerca de si en el día de la comisión de los hechos
el condenado estaba intoxicado, como también la falta de un examen toxicológico, porque los peritos
psiquiátricos aludidos, profesionales de basta experiencia y con conocida aptitud para diagnosticar
certeramente, sin apoyarse en reconocimientos de laboratorio, han asentado que es un adicto a las
drogas; y porque el estado de adicción y sus consecuencias permanecen en el tiempo y no se
erradican por dejar de consumir en ciertos lapsos, si no hay un tratamiento largo y exhaustivo para
eliminar el mal, no existiendo antecedente alguno que acredite que el condenado voluntariamente
se drogó en la fecha en que delinquió con el propósito de prevalerse después de una atenuante o
eximente de responsabilidad.
A más, siendo los informes psiquiátricos los que deciden de una manera completa y acabada el
estado psiquiátrico de un sujeto acusado de un ilícito, en tanto que el informe psicológico sólo se
refiere a la parte psíquica del individuo sin profundizar en otro tipo de causas que inciden en la
inimputabilidad del mismo, los jueces del Tribunal Oral que acordaron la sentencia de primer grado
han olvidado, en forma evidente, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos
afianzados al dejar de lado y no valorar de la manera que era procedente, la pericia de los médicos
psiquiatras que han sostenido que el condenado presenta una capacidad delictual disminuida.
VALPARAÍSO, a diez de febrero de dos mil seis.
VISTOS:
En los antecedentes RUC 0400446077-K y
RIT 51-2005, la Sala del Tribunal del Juicio Oral
de Quillota integrada por su Juez Presidente
doña Irene González Minvielle, y por los jueces
doña Patricia Garrido Frigolett y doña Roxana
Bianchetti Andrade, por sentencia de 19 de
diciembre de 2005, que se lee de fs. 1 a 76 de
la carpeta, condenó al acusado Jonatan Marcelo
Bernales Cataldo a la pena de 5 años y un día
de presido mayor en su grado mínimo, como
autor del delito de homicidio simple en la persona
de Claudio Andrés Vargas Álvarez, perpetrado
en la ciudad de La Calera el 6 de diciembre de
2004, y a las accesorias de inhabilitación perpetua
para cargos y oficios públicos y derechos políticos,
y de inhabilitación absoluta para profesiones
titulares mientras dure la condena. En contra de
esta sentencia, a fs. 78 el encartado Bernales
Cataldo ha interpuesto recurso de nulidad por
dos causales, impetrando la invalidación de la
sentencia definitiva y del juicio oral o sólo de la
primera, en caso de acogerse únicamente la
causal Nº 2 hecha valer. Declarado admisible en
recurso, el 24 de enero de 2006 se realizó la
audiencia destinada a tomar conocimiento de él.
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Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
CONSIDERANDO:
1º Que la primera causal aducida, signada I en
el recurso, es la del art. 374 letra e) del Código
Procesal Penal, o sea, cuando en la sentencia
se hubiera omitido alguno de los requisitos
previstos en el art. 342, letra c), d) o e), dándose
por violentada dicha letra c) que expresa que: La
sentencia definitiva contendrá la exposición clara,
lógica y completa de cada una de las circunstancias
que se dieren por probadas, fueran ellas
favorables o desfavorables al acusado, y de la
valoración de los medios de prueba que fundamentaren
dichas conclusiones de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 297, el que, regulándola,
preceptúa que los Tribunales la apreciarán con
libertad, pero no podrán contradecir los principios
de la lógica, las máximas de la experiencia y los
conocimientos científicamente afianzados.
2º Que el recurrente centra su recurso en el hecho
de que el fallo del Tribunal Oral no admitió las
minorantes de responsabilidad del artículo 11
Nº 1, imputabilidad disminuida, y Nº 6, la irreprochable
conducta anterior del condenado.
3º Que alrededor de la minorante del art. 11
Nº 1 del Código Penal, la carpeta suministra las
pruebas periciales, de primordial rango,
consistentes en los informes del perito médico
psiquiatra Marcelo Valdebenito Valdebenito, quien
determina que el condenado padece de un
trastorno por dependencia a la pasta base, de
carácter severo, y una personalidad con rasgos
antisociales y paranoides, desde la perspectiva
de lo explosivo a lo limítrofe, y que en relación a
los hechos investigados estima que habría
actuado con una menor capacidad de juicio y
una disminución discreta del control volitivo de
sus actos. También explica que, por sus conocimientos
puede decir que el condenado es un
adicto, que padece de un trastorno por dependencia
a pasta base, que no es un enajenado
mental o un sicótico, pero por su consumo crónico
está afectando el control de su voluntad.
Por otro lado, el perito doctor psiquiatra forense
del Servicio Médico Legal de Valparaíso don
Jorge Sapiain De Aguirre puntualiza que, los
relatos de los hechos y de la entrevista del
encartado, le indicaron que la lentitud del lenguaje,
la pobreza del vocabulario y gesticulación tosca,
de alguna manera dan cuenta del un daño cerebral
incipiente, y a su juicio profesional presenta
una gruesa patología psiquiátrica con un severo
trastorno a la personalidad el cual puede catalogarse
como antisocial, disocial en la nomenclatura
DSM-IV4; que reúne todas las condiciones
para tal cuadro, de todo lo cual infiere que se
trata de un individuo con trastorno de personalidad
y un grave trastorno de dependencia de
sustancias, las cuales comenzó a ingerir a los 9
años de edad, lo cual lo hace aparecer como un
sujeto de imputabilidad severamente disminuida
y no abolida. Además el perito manifestó que,
desde el punto psiquiátrico, él lo catalogaría como
inimputable.
A su vez, la perita psicóloga Paola Molina Manssur
establece que el encausado es un adicto a la
pasta base, lo que no se puede cuestionar porque
presentó síntomas de abstinencia que se mostraron
en el primer mes de reclusión, y que al
hacer la entrevista estaba con las señales físicas
del síndrome de abstinencia, esto es, sudoración
fría, temblor, razón por la cual solicitó apoyo
farmacológico y evaluación psiquiátrica.
4º Que la única opinión pericial que no cataloga
al condenado, a pesar de admitir su adicción a
las drogas, como un individuo con una capacidad
delictual disminuida es la de la psicóloga forense
del Servicio Médico Legal de Valparaíso, doña
Mónica Soya Arellano.
5º Que para este Tribunal resulta indiferente la
precisión acerca de si en el día de la comisión
de los hechos el condenado estaba intoxicado,
como también la falta de un examen toxicológico,
porque los peritos psiquiátricos aludidos,
profesionales de basta experiencia y con conocida
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Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
aptitud para diagnosticar certeramente, sin
apoyarse en reconocimientos de laboratorio, han
asentado que es un adicto a las drogas; y porque
el estado de adicción y sus consecuencias
permanecen en el tiempo y no se erradican por
dejar de consumir en ciertos lapsos, si no hay un
tratamiento largo y exhaustivo para eliminar el
mal, no existiendo antecedente alguno que
acredite que el condenado voluntariamente se
drogó en la fecha en que delinquió con el propósito
de prevalerse después de una atenuante o
eximente de responsabilidad. A más, siendo los
informes psiquiátricos los que deciden de una
manera completa y acabada el estado psiquiátrico
de un sujeto acusado de un ilícito, en tanto que
el informe psicológico sólo se refiere a la parte
psíquica del individuo sin profundizar en otro tipo
de causas que inciden en la inimputabilidad del
mismo, los jueces del Tribunal Oral que acordaron
la sentencia de primer grado han olvidado, en
forma evidente, las máximas de la experiencia y
los conocimientos científicos afianzados al dejar
de lado y no valorar de la manera que era
procedente, la pericia de los médicos psiquiatras
que han sostenido que el condenado presenta
una capacidad delictual disminuida.
Por ende, el recurso de nulidad será acogido por
la causal y fundamentos que se han venido
ponderando, en cuanto la sentencia del Tribunal
Oral deniega la atenuante del artículo 11 Nº 1 del
Código Penal, dejando constancia que, por
tratarse de un motivo absoluto de nulidad, no
cabe detenerse en el análisis de si ella ha
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
6º Que referente a la desestimación de la segunda
minorante esgrimida por la defensa del encartado,
vale decir, su irreprochable conducta anterior, es
dable tener presente que una conducta anterior
exenta de reproches no se tiene tan sólo por no
haber sido condenado precedentemente a una
sanción penal. Basta, para que el comportamiento
anterior sea reprochable, que el procesado haya
observado uno que implique perturbaciones de
la paz social, incluso si ellas no llegan a configurar
un hecho punible. Por consiguiente, en el caso
sub lite, es manifiesto que, el encausado carecía
de una conducta anterior sin mácula, tanto por
la anotación de ser autor de un hurto falta que
registra su extracto de filiación, como porque la
carpeta contiene indicios fehacientes de su mal
vivir y de su comportamiento social perturbador
en el medio en que se desenvolvía. Pero
simultáneamente, es preciso hacer notar que la
apreciación de la irreprochabilidad de la conducta
del procesado es una cuestión de hecho,
entregada a la estimación del Tribunal Oral,
escapando a la posibilidad de revisión por esta
Corte dentro de los márgenes del recurso de
nulidad.
7º Que respecto a la causal signada II que se plantea
en el recurso, errónea aplicación del derecho que
ha influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo, esta Corte no se pronuncia sobre ella ya que
el error fundante se hace consistir en que no se
accedió a la atenuante de irreprochable conducta
anterior en el fallo recurrido, la que fue desechada
por esta Corte al dictaminar sobre la misma causal
de nulidad incluida en el acápite I del recurso.
Por estas consideraciones y lo estatuido en los
arts. 372, 374 letra e), 376 inciso 2º, 384 y 386
del Código Procesal Penal, se acoge el recurso
de invalidación entablado por Jonatan Marcelo
Bernales Cataldo en contra del fallo del Tribunal
Oral de lo Penal de Quillota ya individualizado,
y se declara que se anula esta sentencia y el
juicio oral, el que se repone a la realización de
la primera audiencia, disponiéndose la remisión
de los autos al tribunal no inhabilitado que
corresponda para que éste decrete la apertura
de un nuevo juicio oral.
[ 75 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
Regístrese, agréguese el original en la
correspondiente carpeta y devuélvase. Redacción
del abogado integrante señor Bernardino
Muñoz Sánchez.
Rol IC 6-2006.
Jurisprudencia Anterior
Se acoge la petición de la defensa en cuanto invoca la causal de atenuación referida en el N° 1 del artículo 11 en
relación con el N° 1 del artículo 10 (locura o demencia), ambos del Código Penal. La minorante en referencia se
materializa cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad, sin que deba
entenderse, en este caso, que la palabra requisitos, empleada por el legislador, implica un sentido numérico, de
cantidad de elementos, sino de gradualidad. (Corte de Apelaciones de Concepción, 5 de junio de 2001, autos
Rol Nº 23757-2000)
[ 76 ]

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Sentencias Corte de Apelaciones
MATERIA PENAL
7.- Microtráfico. Pequeñas cantidades.
Elementos para determinarla
Sumario:
Como ya lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, el sentido empleado
de pequeñas cantidades de droga, utilizado por el artículo 4º de la Ley 20.000, fue el de someter a
una pena más benévola aquellos casos en que el tráfico realizado por el sujeto, era tan reducido
que el peligro creado para la salud del grupo social resultaba insignificante, dependiendo, tal situación
de una multiplicidad de factores, sin que pueda ello determinarse previamente en términos genéricos.
Si bien tal determinación, el legislador la ha entregado a la discrecionalidad de un magistrado, el
principio de la lógica lleva a concluir por una parte que una cantidad de 32 gramos de cocaína no
constituye en si misma una pequeña cantidad, ello dado la multiplicidad de dosis que de ella pueden
obtenerse.
Valparaíso, dieciséis de enero de dos mil seis.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con las
siguientes modificaciones:
a) En el fundamento cuarto se reemplaza la
palabra mimo por mismo.
b) Se elimina el fundamento sexto.
c) En las citas legales, se eliminan las referencias
a los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 20.000.
Y se tiene en su lugar y, además, presente:
PRIMERO: Que, conforme se da por establecido
en el fundamento cuarto del fallo en alzada, en
el sostén de la imputada Laura González Torres
se le encontraron 500 milígramos de clorhidrato
de cocaína y cuatro gramos de pasta base de
cocaína, además en su dormitorio un total de 32
gramos de pasta base de cocaína, concluyendo
el Tribunal a quo, que se está en presencia de
una pequeña cantidad de droga.
SEGUNDO: Que, como ya lo ha resuelto la
jurisprudencia de la Excelentísima Corte
Suprema, el sentido empleado de pequeñas
cantidades de droga, utilizado por el artículo 4º
de la Ley 20.000, fue el de someter a una pena
más benévola aquellos casos en que el tráfico
realizado por el sujeto, era tan reducido que el
peligro creado para la salud del grupo social
resultaba insignificante, dependiendo, tal situación
de una multiplicidad de factores, sin que pueda
ello determinarse previamente en términos
genéricos.
TERCERO: Que, si bien tal determinación, el
legislador la ha entregado a la discrecionalidad
de un magistrado, el principio de la lógica lleva
a concluir por una parte que una cantidad de
[ 77 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
32 gramos de cocaína no constituye en si misma
una pequeña cantidad, ello dado la multiplicidad
de dosis que de ella pueden obtenerse, situación
que se ve magnificada por así decirlo, cuando
se añade a la circunstancia de habérsele encontrado
oculta esa droga en diferentes lugares del
dormitorio de la imputada, el hecho de haberse
hallado en su domicilio un colador y cuchillo con
restos de droga, todo ello, luego que, como se
dejó por establecido en el fallo, ese mismo día y
con anterioridad, desde ese mismo domicilio, ella
participó en tres transferencias de droga habiendo
entregado una de esas compradoras desde su
casa más droga, teniendo además en consideración
que la propiedad que se utiliza para vender
dicha sustancia se encuentra en las inmediaciones
de un jardín infantil.
CUARTO: Que, de acuerdo a lo razonado anteriormente,
esta Corte concluye aplicando los
principios de la lógica y máximas de la experiencia,
que a la imputada le ha cabido participación en
el delito de tráfico de estupefacientes,
contemplado en el artículo 5º de la Ley 19.366
y sancionado conforme se dispone en el artículo
1º de la misma ley.
QUINTO: Que, siendo la pena asignada al delito
la de presidio mayor en su grado mínimo a medio,
y habiéndose dado por establecido en el fallo
que perjudica a la imputada una agravante y que
le favorece una atenuante, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, esta
Corte luego de compensar las circunstancias
modificatorias, habrá de rebajar en un grado el
mínimo de la pena asignada al delito, ello por
cuanto se le ha reconocido la cooperación eficaz,
contenida en el artículo 33 de la precitada ley.
Por estas consideraciones, normas legales
precitadas y de conformidad además, con lo
dispuesto en el artículo 29 del Código Penal, se
confirma la sentencia apelada de fecha diecinueve
de diciembre de dos mil cinco escrita de fojas 1
a 4, con declaración que la imputada LAURA
ROSA GONZÁLEZ TORRES queda condenada
a la pena de CINCO AÑOS de PRESIDIO
MENOR EN SU GRADO MÁXIMO; a las
accesorias de inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos y la de inhabilitación
absoluta para cargos y oficios públicos durante
el tiempo de la condena. El Juez de la causa,
solicitará en el evento de no haberlo hecho, el
informe sobre antecedentes y características de
la imputada que exige la letra c) del artículo 15
de la Ley 18.216, a fin de que resuelva si ella es
merecedora del beneficio de cumplimiento
alternativo de pena consistente en la Libertad
Vigilada. Regístrese y devuélvase, junto a los
agregados traídos a la vista.
Redactada por la ministro señora María Angélica
Repetto García.
Rol 15-2006.
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Sentencias Corte de Apelaciones
Jurisprudencia Anterior
Sentido y alcance de expresión “pequeñas cantidades” constitutiva del delito de microtráfico
La pena establecida en el artículo 4º de la Ley 20.000, promulgada con posterioridad a la fecha de comisión del ilícito
atribuido a la sentenciada impone una sanción más favorable para “… el que, sin la competente autorización posea,
transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes... y para el que
adquiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias...”. En este orden de ideas,
frente a la obligación de analizar si se está frente a pequeñas cantidades, estos sentenciadores no adquieren la
convicción, conforme a las reglas de la sana crítica, que la droga total incautada, esto es, 55 gramos con 900 miligramos
de cocaína base, con una pureza del 15%, 60 % y 61% pueda estimarse como de poca importancia o de proporciones
reducidas acepciones de la palabra “pequeña” que registra el Diccionario de la Lengua Española. En efecto, para
arribar a la conclusión anterior, se tiene en consideración la cantidad de droga incautada que se encontró en poder
de la sentenciada y el daño que ésta puede producir (Corte de Apelaciones de San Miguel, 6 de octubre de 2005,
autos Rol Nº 2636-2005).
Tipo penal microtráfico. Aplicación retroactiva
El artículo 4° de la Ley 20.000 no crea un delito nuevo, distinto del señalado en el artículo 5º, inciso primero, de la
antigua Ley Nº 19.366, sino que establece que en el caso de tráfico de pequeñas cantidades de droga, puede
sancionarse con una pena más benigna que la prevista ordinariamente para tal delito ya que el riesgo para la salud
del grupo social resulta intrascendente. La apreciación de "pequeñas cantidades de droga" que señala la norma,
corresponde a un concepto regulativo, que depende de innumerables factores que quedan entregados al arbitrio del
juez para cada caso concreto, lo que complica su aplicación retroactiva (Corte Suprema, 19 de julio de 2005, autos
Rol Nº 2005-2005).
Microtráfico. Droga que en cantidad no alcanza a ser pequeñas cantidades
Atendido el mérito de los antecedentes expuestos por los intervinientes en la audiencia, y teniendo únicamente
presente la cantidad y pureza de la droga de que se trata (pasta base de cocaína), su forma de distribución en 15
bolsas, y las circunstancias en que se produjo la detención del sentenciado, hechos por los cuales en definitiva se
le condenó como autor del ilícito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 19.366 y sancionado en el artículo 1º de la
misma ley, no permite encuadrar dicha conducta en lo que se conoce como microtráfico o tráfico de pequeñas
cantidades de droga descrito en el artículo 4º de la Ley Nº 20.000, por todo lo cual no procede hacer lugar a la solicitud
de la Defensa del condenado, de hacer aplicación del artículo 18 del Código Penal (Corte de Apelaciones de Copiapó,
28 de septiembre de 2005, autos Rol Nº 207-2005).
Pequeñas cantidades de droga. Microtráfico. Art. 4º Ley 20.000
El inciso primero de art. 4 de la Ley Nº 20.000 describe y sanciona las conductas que señala por las cuales los
procesados en esta causa han sido acusados- cuando tales conductas están referidas al tráfico de pequeñas cantidades
de sustancias o drogas productoras de dependencia física o psíquica, como lo es el clorhidrato de cocaína.
La cantidad de clorhidrato de cocaína decomisada al momento de la perpetración del hecho punible, ascendió a la
cantidad de 4,5 gramos, la que, a juicio de este Tribunal, corresponde al ilícito penal de microtráfico descrito en el
mencionado art. 4, razón por la cual, atendido lo dispuesto en el art. primero transitorio de la Ley Nº 20.000, la pena
privativa de libertad a aplicarse ha de ser la que dicho precepto establece, esto es, la de presidio menor en su grado
medio a máximo. (Corte de Apelaciones de Concepción, 27 de diciembre de 2005, autos Rol Nº 7036-2003).
[ 79 ]

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MATERIA PENAL
8.- Diferencia entre reincidencia específica y genérica.
Condena y cumplimiento de pena
Sumario:
En cuanto a la reincidencia específica que también se establece en la sentencia recurrida, basado
en lo que dispone al efecto el artículo 12 Nº 16 del Código Penal, ello se fundamenta en el
correspondiente extracto de filiación que fue acompañado en su oportunidad, en el que se indica
que el 8 de Septiembre de 2004 fue condenado el imputado a la pena de 541 días de presidio menor
en su grado medio. Que sobre este particular y a diferencia de lo que se exige en el artículo 12
Nº 15 del mismo Código, estamos en presencia de la reincidencia específica, esto es, en aquella
situación en que no es necesario el cumplimiento efectivo de la pena, por cuanto en la reincidencia
genérica es necesario que el culpable haya sido castigado, exigencia que no se advierte en el
presente caso, bastando para configurar entonces la agravante en referencia del extracto de filiación
ya mencionado.
Valparaíso, veinticinco de enero de dos mil seis.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada, pero
modificándose en su considerando séptimo,
segunda línea, el término atenuante por agravante.
Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:
PRIMERO: Que el recurso de apelación
interpuesto a fojas 43 de estos antecedentes por
el Defensor Penal Público del imputado Mario
Alonso Nova Gárate, se funda en que el grado
de desarrollo del delito de que se trata respecto
de su defendido corresponde al de frustrado,
conforme a lo preceptuado en el artículo 7º del
Código Penal, y en cuanto a la reincidencia, ella
corresponde rechazarla, pues en relación a la
condena anterior que registra, es necesario su
cumplimiento material.
SEGUNDO: Que respecto del primer punto
planteado, cabe tener presente que conforme
se desprende del mérito de los antecedentes,
en los hechos que se investigan habrían
participado dos sujetos, uno que se dio a la
fuga con las especies que se mencionaron en
el parte policial correspondiente y el segundo,
el imputado, que participó en los hechos
cumpliendo funciones de cobertura respecto
del primero, siendo aprehendido. Que en estas
circunstancias, el delito se encuentra en grado
de consumado, pues efectivamente fueron
sustraídas especies de la víctima y no es
posible establecer la diferenciación que solicita
la defensa respecto de su representado, pues
el delito debe ser considerado como una unidad
a partir de lo cual, habiendo realizado el imputado
funciones de loro o campana, le corresponde
responsabilidad como autor del ilícito,
conforme lo establecido en el artículo 15 Nº 1
del Código Penal.
[ 80 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
TERCERO: Que en cuanto a la reincidencia
específica que también se establece en la
sentencia recurrida, basado en lo que dispone al
efecto el artículo 12 Nº 16 del Código Penal, ello
se fundamenta en el correspondiente extracto de
filiación que fue acompañado en su oportunidad,
en el que se indica que el 8 de septiembre de
2004 fue condenado el imputado a la pena de
541 días de presidio menor en su grado medio.
Que sobre este particular y a diferencia de lo que
se exige en el artículo 12 Nº 15 del mismo Código,
estamos en presencia de la reincidencia específica,
esto es, en aquella situación en que no es
necesario el cumplimiento efectivo de la pena,
por cuanto en la reincidencia genérica es
necesario que el culpable haya sido castigado,
exigencia que no se advierte en el presente caso,
bastando para configurar entonces la agravante
en referencia del extracto de filiación ya
mencionado.
CUARTO: Que, a mayor abundamiento, teniendo
en consideración la atenuante que también le fue
reconocida al imputado, el Tribunal a quo efectuó
la compensación racional que correspondía y
existiendo además adecuación con la pena
solicitada por el Ministerio Público, al estar en
presencia de un juicio abreviado, por lo cual esta
circunstancia modificatoria de responsabilidad
no tiene incidencia en la pena final aplicada.
Por estas consideraciones y visto, además, lo
dispuesto en los artículos 406 y 414 del Código
Procesal Penal; SE DECLARA: Que SE
CONFIRMA la sentencia apelada de veintisiete
de diciembre de dos mil cinco, escrita desde
fojas 34 a 41. Dese a conocer a lo intervinientes
que concurrieren a la audiencia de lectura de
fallo fijada al efecto, sin perjuicio de su notificación
por el estado diario.
Regístrese y devuélvase, conjuntamente con su
custodia.
Redacción del Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto.
Rol Nº 43 - 2006.
[ 81 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
MATERIA PENAL
9.- Penalidad de artículo 450 del Código Penal
Sumario:
El caso propuesto lo ha sido ya en forma recurrente, esta Corte en forma reiterada ha sostenido que
el inciso primero del artículo 450 del Código Penal implica una regla especial respecto a la pena a
imponerse en los casos de robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado
a la habitación, por ser uno de los delitos tratados en el párrafo 3 del artículo 440 del mismo Código.
En virtud de ella se hace excepción a las normas generales que sanciona con menor rigor los delitos
en grado de frustrado conforme lo define el articulo 51, pero no se infringe el principio de tipicidad
toda vez que a su respecto rigen las normas sobre punición de las etapas del desarrollo incompleto
del delito del artículo 7º del Código Penal. A renglón seguido el máximo tribunal refiere una serie de
argumentos y sentencias que justifican la decisión.
Concepción, dos de febrero de dos mil seis.
VISTO:
En los antecedentes RUC Nº 0500092847-1,
RIT Nº 6-2005 del tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Los Ángeles, se dictó sentencia con
fecha 23 de diciembre de 2005, por la cual se
condenó a Francisco Javier Lagos Lagos a sufrir
la pena tres años y un día de presidio menor en
su grado máximo más las accesorias legales de
inhabilitación absoluta perpetua para derechos
políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos
y oficios públicos mientras dure la condena y al
pago de las costas de la causa, como autor del
delito de robo con fuerza en las cosas en lugar
destinado a la habitación, en grado de frustrado,
cometido en la ciudad de Los Ángeles el 4 de
marzo de 2004. En contra de esta sentencia, el
Ministerio Público, representado por el Fiscal
Adjunto, Julio Contardo Escobar ha interpuesto
recurso de nulidad denunciando que el citado
fallo ha incurrido en la causal de impugnación
prevista en el artículo 373 letra b) del Código
Procesal Penal, esto es, cuando en el
pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho
una errónea aplicación del derecho que hubiere
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Por resolución de dos de enero de dos mil seis
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los
Ángeles declaró admisible el aludido recurso de
nulidad. Declarado admisible el recurso, con
fecha 12 de enero de 2006, esta Corte dispuso
una vista pública para el 23 de enero del presente
año, verificándose los alegatos de los intervinientes
, quedando citados para la lectura del
fallo acordado para el día 2 de febrero del 2006
a las 11 horas.
CONSIDERANDO:
1º.- Que, el ministerio público deduce recurso de
nulidad contra la sentencia condenatoria, fundado
en que se ha incurrido en la causal de nulidad
[ 82 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
contemplada en el artículo 373 letra b) del Código
Procesal Penal por cuanto en el pronunciamiento
de la resolución se hizo una errónea aplicación
del derecho que influyó sustancialmente en lo
dispositivo del fallo. Lo anterior porque si bien el
tribunal calificó correctamente la participación del
imputado como autor del delito de robo con fuerza
en las cosas en lugar destinado a habitación, en
grado de frustrado, se equivoca al dejar sin
aplicación la norma del artículo 450 del Código
Penal que prescribe que los delitos a que se
refiere el párrafo 2 y el artículo 440 del
párrafo 3 de este título se castigarán como
consumadas desde que se encuentran en grado
de tentativa. Este error posibilita a su vez aplicar
el artículo 51 del Código Penal y en definitiva se
condena al imputado a una pena menor que la
señalada por la ley, y por ende este error influye
sustancialmente en lo dispositivo del fallo por
cuanto si se hubieran aplicado correctamente los
textos legales la pena aplicable al autor del delito
sería 5 años y un día. En opinión del ministerio
público, el tribunal concluye equivocadamente
que la norma contenida en el inciso primero del
artículo 450 del Código Penal se encuentra
tácitamente derogada por el principio de la
supremacía constitucional y por eso rebaja la
pena asignada al delito conforme a lo prevenido
en el artículo 51 del Código Penal, y al contrario,
la aplicación del artículo 450 ya citado no vulnera
de manera alguna el principio de legalidad toda
vez que la descripción de la conducta del agente
en grado de frustrado se complementa con la del
correspondiente tipo penal que fija la conducta
en grado de consumada.
Además el aludido precepto se encuadra en el
principio de legalidad del artículo 19 Nº 3 inciso
final de la Constitución Política de la República
y no violenta los principios contenidos en los
tratados internacionales puesto que la norma
impugnada se introdujo al Código Penal por el
artículo único de la ley 17.727 del año 1972 y por
ende con mucha anticipación a la comisión
del delito que se sanciona en este proceso.
2º.- Que, de esta forma, preciso es examinar si
los argumentos que se contienen en el fallo del
Tribunal Oral permiten sustentar la condena
impuesta al imputado, o al contrario se ha
incurrido en un error de derecho gravitante con
influencia en lo resuelto y por ello deba anularse
la sentencia y el juicio oral correspondiente. En
este aspecto, se puede apreciar que el fallo no
fue adoptado por la unanimidad del tribunal
colegiado que la dictó ya que el voto de mayoría
(cuyos argumentos se pueden leer en los motivos
21 al 29 del fallo que se impugna) justifica su
decisión en una extensa exposición de argumentos
legales, doctrinales y jurisprudenciales
que pueden resumirse en que el artículo 450 del
Código Penal no es aplicable en el presente caso
por encontrarse en pugna con variados principios
de derecho penal, propios de un estado democrático
que singularizan como principios de
proporcionalidad, lesividad, indemnidad personal
y el de culpabilidad con fundamento en preceptos
de la Constitución Política de la República. En
sentido contrario, el voto de minoría entiende
que el artículo 450 del Código Penal es plenamente
aplicable en la especie ya, que se trataría
de una regla especial de determinación de pena
que está expresamente permitida por el artículo
55 del Código citado y no se encuentra derogado
ni puede calificarse de inconstitucional por
vulnerar el principio de reserva y legalidad.
3º.- Que, fijado de la manera descrita precedentemente,
el debate jurídico que debe resolver
esta Corte, se hace necesario establecer si el
Tribunal Oral en lo Penal podía prescindir en este
caso de la aplicación del artículo 450 del Código
Penal. En este sentido, aún cuando se ha producido
una sólida corriente doctrinaria que estima
que el tantas veces citado precepto no debería
ser aplicable por cuanto impone una sanción
cuya severidad no está acorde con el derecho
penal moderno, lo cierto es , que dicha tesis no
ha encontrado una respuesta en nuestro máximo
tribunal, el cual tiene entre otras importantes
funciones el dilucidar cual de las interpretaciones
[ 83 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
debe prevalecer en los casos en que estas fueran
distintas y sostenidas en diversos fallos emanados
de los tribunales superiores, lo que legalmente
encuentra reconocimiento en el artículo 376 del
Código Procesal Penal.
4º.- Que, la conclusión anterior encuentra un
rotundo reconocimiento en una reciente sentencia
emanada de la Exma. Corte Suprema, de fecha
19 de octubre de 2005, rol 2430-05 al exponer
TERCERO: Que el caso propuesto lo ha sido ya
en forma recurrente, esta Corte en forma reiterada
ha sostenido que el inciso primero del artículo
450 del Código Penal implica una regla especial
respecto a la pena a imponerse en los casos de
robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar
habitado o destinado a la habitación, por ser uno
de los delitos tratados en el párrafo 3 del artículo
440 del mismo Código. En virtud de ella se hace
excepción a las normas generales que sanciona
con menor rigor los delitos en grado de frustrado
conforme lo define el articulo 51, pero no se
infringe el principio de tipicidad toda vez que a
su respecto rigen las normas sobre punición de
las etapas del desarrollo incompleto del delito del
artículo 7º del Código Penal. A renglón seguido
el máximo tribunal refiere una serie de argumentos
y sentencias que justifican la decisión.
5º.- Que, del modo anterior, esta Corte comparte
el contenido del voto de minoría expresado en
la sentencia que se impugna , por cuanto no
resulta acorde con nuestra organización jurídica
que se decida la inaplicabilidad de un precepto
legal vigente si sobre ello no se han prenunciado
los órganos competentes. Esta exclusión de un
precepto legal aplicable al caso sometido al
conocimiento del tribunal Oral en lo Penal que
sentencio a Francisco Javier Lagos Lagos,
constituye una errónea aplicación del derecho
ya que de haber aplicado el artículo 450 del
Código penal el inculpado, éste debió ser
sancionado mediante dicha regla especial y
penado en consecuencia con una pena mayor
a la que en definitiva se le impuso y por lo mismo
el error influye en lo dispositivo de la sentencia
que se impugna.
De esta forma procede declarar la nulidad del
juicio oral y la sentencias por haberse incurrido
en su pronunciamiento una errónea aplicación
del derecho con influencia en lo dispositivo del
fallo según lo dispone el artículo 373 letra b) del
Código Procesal penal.
Por estos fundamentos y lo dispuesto en los
artículos 281, 372, 373 letra b), 374, 376, 384
y 386 del Código Procesal Penal, se hace lugar
al recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio
Público a fojas 30 de esta carpeta en contra de
la sentencia de veintitrés de diciembre de dos
mil cinco dictada por los jueces del Tribunal Oral
en lo Penal de Los Ángeles, y, en consecuencia,
se declara nula la aludida sentencia y asimismo
se declaran nulo el juicio oral en que recayó,
debiendo el Tribunal Oral en lo Penal no
inhabilitado que corresponda proceder a la
realización de un nuevo juicio oral. Regístrese y
póngase en conocimiento de los intervinientes
en la audiencia de hoy, sin perjuicio de la
notificación por el estado diario. Hecho devuélvase
con el registro de audio.
Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado
integrante Sr. Patricio Mella Cabrera. No firma
la Sra. Fiscal Judicial doña Wanda Mellado Rivas,
no obstante haber concurrido a la vista y al
acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.
Rol Nº 4-2006.
[ 84 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
Jurisprudencia Vinculada
En el mismo sentido:
No es verdad, como pretende la sentencia recurrida, que el artículo 450 inciso 1º del Código Penal se hallaría
incompleto, al no haberse complementado en la forma que necesariamente y por mandato de la Constitución ha
debido hacer el legislador y sería, así, inconstitucional, porque contrariaría lo preceptuado en el artículo 19 Nº 3 inciso
final de la Carta Fundamental; todo esto porque la Ley Nº 17.727, que introdujo esa disposición en el Código Penal,
no habría descrito expresamente como delito o hecho ilícito penal el robo con fuerza en las cosas en lugar destinado
a la habitación en grado de tentativa. Como es unánimemente aceptado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia,
la descripción de aquello en que consisten los hechos tentados se obtiene conectando el tipo de complemento
contenido en el artículo 7º inciso final del Código Penal, con el correspondiente tipo de consumación consagrado,
sea en la parte especial del mismo texto legal, sea en una ley especial. Así, el tipo de la tentativa de robo con fuerza
en las cosas se describiría como dar principio a la ejecución de la apropiación de una cosa mueble ajena, sin la
voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, usando de fuerza en las cosas, por hechos directos pero faltando uno
o más para su complemento. Todo lo que la Ley Nº 17.727 se propuso fue enlazar a la mentada definición, clara y
precisa, la pena del delito consumado, prescindiendo de la rebaja de dos grados establecida para la generalidad de
los delitos intentados por el artículo 52 del Código Penal. Por eso, no se divisa cómo podría la disposición referida
vulnerar el principio de tipicidad consagrado en el artículo 19 Nº 3 inciso final de la Constitución Política de la República.
De seguir hasta sus últimas consecuencias el criterio defendido por la sentencia impugnada, se arribaría a la
sorprendente conclusión de que la tentativa de robo con fuerza en las cosas no sólo no podría sancionarse con la
misma pena del robo consumado sino con ninguna, pues si ese hecho careciera verdaderamente de tipo tampoco
sería posible castigarlo con la pena rebajada del artículo 52 u otra cualquiera. Pero, lo que es aún peor, si se niega
al tipo complementario del articulo 7º inciso final la eficacia para describir aquello en que precisamente consisten las
conductas sólo intentadas, entonces habría que sostener la impunidad de la tentativa de cualquier delito, deslizándonos
hacia un derecho penal de puros resultados, al cual, como decía Welzel, nada importa mientras nada ocurra. (Corte
Suprema, 19 de julio de 2001, autos Rol Nº 1610-2001).
En sentido contrario:
Tanto la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 3 inciso final como la Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 9º, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos en su artículo 15 (normas vinculantes para los tribunales en virtud del artículo 5º del primer texto citado),
establecen el principio de legalidad penal prohibiendo sancionar conductas que previamente no hayan sido descritas
y a las cuales no se hubiere atribuido sanción, como lo previene el artículo 450 del Código Penal.
Así las cosas, el mandato del precepto recién citado no se corresponde con aquellos que establecen la legalidad
penal puesto que no describe una conducta en desarrollo como constitutiva de una infracción penal específica,
limitándose a indicar que es aplicable, en la situación de robo frustrado en lugar habitado, la pena prevista para el
acto consumado, esto es, dicho de otro modo, la que ha sido considerada para una actividad distinta, circunstancias
en las que no puede menos que concluirse que, luego de interpretar de manera conjunta el ordenamiento jurídico
relacionado con las conductas punibles, la norma legal que contiene el mencionado artículo 450 del Código Penal
ha sido derogada por la de mayor rango y de fecha posterior que cumple la función de orientar el sistema punitivo.
(Corte de Apelaciones de Santiago, 27 de diciembre de 2005, autos Rol Nº 28.916-05, pronunciada por la Sexta
Sala integrada por los ministros Haroldo Brito, Mauricio Silva y el abogado integrante Guido Aguirre).
[ 85 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
MATERIA PENAL
10.- Casos en que corresponde aceptar
aplicación de delito continuado
Sumario:
Aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra reglamentado el tratamiento del delito
continuado, los Tribunales de Justicia lo han aceptado excepcionalmente para situaciones en que,
concurriendo pluralidad de acciones, unidad de lesión jurídica y conexión entre las acciones, no
existan elementos suficientes o bastantes para individualizar cada uno de los hechos punibles de
modo que pudieren ser condenados por delitos distintos, situación que no se da en la especie. En
efecto, el razonamiento del Tribunal a quo es correcto cuando expresa que los sucesos establecidos
en este juicio oral comprenden acciones delictivas de violaciones y abusos sexuales perfectamente
diferenciadas entre sí, con los mismos sujetos pasivos, cada una de la cuales se agota y se ajusta
plenamente al tipo penal de las normas que se han dado por violadas, de forma tal, que no es posible
sostener que nos encontramos ante un ilícito único y continuado. Consiguientemente, es perfectamente
aplicable el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con lo señalado en el artículo
transitorio del Código Procesal Penal.
Concepción, diez de febrero de dos mil seis.
VISTO:
En causa RUC 0400198218-K, RIT 277-2005, se
ha interpuesto un recurso de nulidad por el
abogado Juan Claudio Sandoval Toledo en
representación del condenado don Juan Jaime
Sandoval Latorre en contra de la sentencia
definitiva de autos de fecha de 21 de diciembre
de 2005, en virtud de la cual se condenó a don
Juan Jaime Sandoval Latorre a la pena de diez
años un día de presidio mayor en su grado medio
y las accesorias de inhabilitación absoluta
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos y la inhabilitación absoluta de profesiones
titulares mientras dure la condena, como autor
de los delitos reiterados de violación y abuso
sexual en perjuicio de los menores J.A.S.O. y
B.N.S.O., perpetrados entre los meses de enero
a abril de 2004, en la comuna de Tomé. A
fojas 103 el Tribunal a quo declara admisible el
recurso y lo concede para la Corte de Apelaciones,
rolando a fojas 110 resolución de este Tribunal
que también lo declara admisible. A fojas 112,
consta la vista del recurso efectuada el 23 de
enero de 2006, fijando la lectura del fallo para el
día de hoy a las 10:00 horas.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1. Que el recurso se fundó, en primer lugar, en
la letra a) del artículo 374 del Código Procesal
Penal, esto es, cuando la sentencia hubiere sido
pronunciada por un Tribunal incompetente. En
efecto, expresa que el juicio de autos se ha
sustanciado y dictado sentencia definitiva
condenatoria ante un Tribunal que técnicamente
no tenía jurisdicción y menos competencia para
conocer y juzgar situaciones fácticas reiteradas
con caracteres de delito cuyo espacio temporal
de ocurrencia se prolongó desde mediados del
[ 86 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
año 2003 hasta abril de 2004. Al respecto, cita
el artículo 2 del Código Procesal Penal, que
consagra el principio básico de juzgamiento que
es el juez natural y que expresa nadie podrá ser
juzgado por comisiones especiales sino por el
Tribunal que señale la ley y que se hallare
establecido por ésta y con anterioridad a la
perpetración del hecho.
Añade que idéntica norma tiene consagración
constitucional en el inciso IV del Artículo 19 Nº 3
de la Constitución Política de 1980 y que,
asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica
en el artículo 8º Nº 1 consagra este principio del
juez natural. Concluye que para poder tener jurisdicción,
y como consecuencia de ello competencia
en materia penal, hay que estar constituido como
Tribunal de la República con anterioridad a la
perpetración del hecho que reviste caracteres de
delito o desde que ha tenido principio de ejecución
en la serie, el primero de los delitos, en el caso
de delitos reiterados. Señala también que la
Reforma Procesal Penal y el funcionamiento de
los nuevos Tribunales de la Reforma, entre ellos
el que ha conocido y juzgado la presente causa,
comenzaron a regir a contar del día 16 de
diciembre de 2003 en adelante.
2. Que la defensa argumenta que habría
acreditado que, en forma paralela al proceso de
autos, se está juzgando a don Juan Jaime
Sandoval Latorre en causa rol 2435-05 del
Juzgado de Letras del Crimen de Tomé por los
delitos de violación y abusos sexuales reiterados
en perjuicio de sus dos hijos que comprenden un
espacio temporal que abarca sólo el año 2003;
que además en dicho proceso vigente se ha
constituido como querellante la cónyuge de su
representado, doña Paulina Opazo Roa, quien,
por lo manifestado, ha puesto en marcha la acción
persecutora penal del Estado en dos sedes
jurisdiccionales distintas. A mayor abundamiento,
expresa que en nuestra Legislación Penal prima
el principio indubio pro reo que se plasma en
diferentes normas procesales, en particular en
el artículo 351 del Código Procesal que señala
reiteración de crímenes o simples delitos de una
misma especie. En los casos de reiteración de
crímenes o simples delitos de una misma especie
se impondrá la pena correspondiente a las diversas
infracciones estimadas como un solo delito,
aumentándola en uno o más grados.
3. Que, en estas condiciones, dice el recurrente,
la Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal
de Concepción que conoció y falló la siguiente
causa, de la forma que conoció los hechos, en
especial el marco espacio temporal en que éstos
se habrían desarrollado y habiendo sido declarados
como delitos reiterados de una misma
especie cuyo primer acto de la serie tendría su
ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la
Reforma Procesal Penal en nuestra Región (junio
de 2003) y antes de la constitución del Tribunal,
forzoso es concluir que el Tribunal a quo carecía
de jurisdicción, y con ello, de competencia para
resolver esta controversia penal debiendo haber
declarado su incompetencia ante la petición de
ese defensor, remitiendo todos los antecedentes
al Juzgado de Letras del Crimen de Tomé, quien
es el juez natural conforme a la Ley, para que
en el procedimiento de rigor juzgue los hechos
y dicte la sentencia que en derecho corresponde.
4. Que, como puede apreciarse, la alegación
efectuada en torno a la primera causal de nulidad
se ha hecho consistir esencialmente en que el
Tribunal sería incompetente, puesto que en la
especie los supuestos delitos cometidos por su
representado lo habrían sido en reiteradas
oportunidades y que, por norma legal, en caso
de condena deberían ser considerados como un
solo delito, puesto que éstos han tenido su
comienzo de ejecución en el año 2003, esto es
con anterioridad al 16 diciembre del mismo año,
por lo que no tendría jurisdicción ni competencia
el Tribunal a quo.
[ 87 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
5. Que, en el motivo noveno, el Tribunal da por
establecido que el tiempo que abarcan las
acusaciones fiscales y particulares que se le
imputan a Juan Jaime Sandoval Latorre en relación
con la comisión de ilícitos, es precisamente
el período comprendido entre los meses de enero
a abril de 2004, fecha en que la Ley 19.665 en
su artículo 18 ya le había entregado competencia
al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal para conocer
de causas por crimen o simple delito. Es sabido
que si se dicta una nueva ley procesal que diga
relación con la organización o las atribuciones
de los Tribunales, entra a regir de inmediato, in
actum por que se trata de leyes pertenecientes
al derecho público que jamás confieren derechos
susceptibles de ser adquiridos, en este sentido
entonces las leyes procesales orgánicas como
la de organización y atribuciones de los Tribunales
y de competencia absoluta son de derecho público
por lo que se aplican inmediatamente (José
Quezada Meléndez: Introducción al Derecho
Procesal. Editado por Fallos del Mes M. R. 1983,
página 136).
6. Que, aun cuando en nuestro ordenamiento
jurídico no se encuentra reglamentado el tratamiento
del delito continuado, los Tribunales de
Justicia lo han aceptado excepcionalmente para
situaciones en que, concurriendo pluralidad de
acciones, unidad de lesión jurídica y conexión
entre las acciones, no existan elementos suficientes
o bastantes para individualizar cada uno
de los hechos punibles de modo que pudieren
ser condenados por delitos distintos, situación
que no se da en la especie. En efecto, el razonamiento
del Tribunal a quo es correcto cuando
expresa que los sucesos establecidos en este
juicio oral comprenden acciones delictivas de
violaciones y abusos sexuales perfectamente
diferenciadas entre sí, con los mismos sujetos
pasivos, cada una de la cuales se agota y se
ajusta plenamente al tipo penal de las normas
que se han dado por violadas, de forma tal, que
no es posible sostener que nos encontramos ante
un ilícito único y continuado. Consiguientemente,
es perfectamente aplicable el artículo 164 del
Código Orgánico de Tribunales, en relación con
lo señalado en el artículo transitorio del Código
Procesal Penal.
7. Que, por las razones señaladas en los
fundamentos precedentes, el primer capítulo del
recurso de nulidad no podrá prosperar.
8. Que, en subsidio de la causal referida
preceden-temente, el recurrente fundó el recurso
en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal
Penal, ésto es, cuando en la sentencia se hubiere
omitido alguno de los requisitos previstos en el
artículo 342 letra c), d) o e), relacionándolo
además con la norma de valoración de la prueba
contemplada en el artículo 297 del Código
Procesal Penal, que dispone que los tribunales
apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán
contradecir los principios de la lógica, las máximas
de la experiencia y los conocimientos científicos
afianzados.
9. Que el recurrente sostiene que el Tribunal a
quo, para dar por establecidos los hechos en el
proceso conforme a lo que dispone el artículo
342 letra c) del Código Procesal Penal, ha
infringido las normas de valoración de la prueba
en el proceso, pues ha contradicho en forma
grave los principios de la lógica y las máximas
de la experiencia. La razón estaría que en su
opinión los hechos han ocurrido entre junio de
2003 a abril de 2004 según las pruebas rendidas,
contrariamente a lo que quedó establecido por
el Tribunal a quo en que los hechos probados
en el juicio cubrirían un espacio temporal que va
desde enero a abril de 2004. Apoya su
razonamiento en las declaraciones del menor
J.A.S.O., quien en su declaración reproducida
por el Tribunal a quo (fojas 8) dice que se acuerda
que: Empezó en el año 2003. Además ello
concordaría con el inicio de la declaración del
menor reproducida en la página 7 que señala:
Empezó en julio cuando él tenía como 7 años
ocurría cuando su padre llegaba a la casa cada
tres días en junio y en agosto. De ahí entonces
que la referencias indican que el menor se refiere
[ 88 ]

Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
a los meses de junio y agosto de 2003. Por lo
tanto, dicho razonamiento lleva a concluir no sólo
de la declaración del menor sino de la profesora
Ana María Ortiz Matamala y de la querella
presentada por doña Paulina Opazo Roa en
causa criminal rol 2435-05 del Juzgado de Letras
de Tomé, que los hechos se iniciaron a mediados
del 2003.
10. Que en segundo término sostiene el recurrente
que no se acreditó el delito de violación de ninguno
de los menores debido a pruebas contradictorias
no concluyentes y además que no se acreditó el
delito de violación ni de abuso, más allá de toda
duda razonable, en perjuicio del menor B.N.S.O.
11. Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal
Penal, dispone que el juicio y la sentencia serán
siempre anulados cuando en la sentencia se
hubiere omitido algunos de los requisitos previstos
en las letras c), d), o e) del artículo 342. La
letra c) del artículo 342 señala que la sentencia
debe contener la exposición clara, lógica y completa
de cada uno de los hechos y circunstancias
que se dieron por probados, fueren favorables o
desfavorables al acusado, y de la valoración de
los medios de prueba que fundamentaren dichas
conclusiones de conformidad con el artículo 297
del referido Código. Esta última disposición ordena
a los tribunales apreciar la prueba con libertad,
pero no pueden contradecir los principios de la
lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos
científicamente afianzados.
12. Que, en relación a los defectos formales que
se denuncian, la sentencia impugnada analiza
en el motivos quinto las pruebas de cargo
producidas e incorporadas legalmente por el
Ministerio Público, por la querellante del SENAME
y por la querellante particular; en el fundamento
sexto establece los hechos en base a la valoración
de cada uno de los elementos allí señalados; en
el octavo determina la participación de Juan Jaime
Sandoval Latorre, fundándola en diversas
declaraciones, peritajes y documentos que los
sentenciadores analizan y ponderan latamente,
y, por último, en el fundamento séptimo da por
acreditados los delitos de violación y abuso sexual
previstos y sancionados en los artículos 362 y
366 bis, ambos del Código Penal, por haberse
establecido un acceso carnal vía anal y una
acción sexual distinta del acceso carnal, además
de la edad de las víctimas.
13. Que conforme a lo expresado en el motivo
11º y de acuerdo a lo establecido en el fundamento
12º de este fallo, se tiene que llegar a la
conclusión de que la sentencia cuestionada no
ha quebrantado las exigencias legales, puesto
que la decisión condenatoria deriva de la
valoración de la prueba rendida, la que fue
expuesta de una manera clara, lógica y completa,
y su conclusión no contradice los principios de
la lógica, las máximas de la experiencia, así
como tampoco los conocimientos científicamente
afianzados.
14. Que, en razón de todo lo dicho, corresponde
rechazar el recurso, por cuanto no se ha
producido el motivo absoluto de nulidad invocado;
lo que el recurso encuentra insuficiente en la
sentencia constituye más bien una discrepancia
respecto de la manera como los sentenciadores
valoraron la prueba rendida para llegar a la
absolución del imputado, diferencias que no
constituyen la causal invocada por cuanto los
sentenciadores son soberanos para apreciar los
elementos proba-torios producidos en la causa
y para extraer de ellos las conclusiones que
estimen pertinentes sin más limitación que la
establecida en el inciso primero del artículo 297
del Código Procesal Penal, que aparece
respetada por el fallo recurrido de nulidad. Al
respecto, el profesor de Derecho Procesal don
Carlos del Río Ferretti en su estudio “Revisión
de los hechos mediante el recurso de nulidad”,
publicado en la Gaceta Jurídica Nº 246, del mes
de octubre del año 2000, sostiene: De lo que se
trata es de controlar la plausibilidad del relato,
su verosimilitud. Es decir, el tribunal superior no
puede desechar el fallo por una valoración sobre
la credibilidad de los elementos de prueba por
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Leyes & Sentencias Nº 12
Sentencias Corte de Apelaciones
sobre otros que ellos estimen relevantes, no
puede decir que rechaza el convencimiento del
juez inferior porque éste optó por un testigo que
no es creíble por carecer de imparcialidad, sino
que se deben atener a apreciar si el relato que
emana de la libre selección del material probatorio
es objetivable, si cualquiera aceptaría ese
razonamiento como factible y compatible con el
sentido común. Tampoco se trata de que los
jueces del tribunal superior deban compartir ese
relato. Dicho de otra manera, no se trata de que
ellos se convenzan del relato y de su certeza,
sino de que lo estimen como una conclusión
razonable, opinión que éste Tribunal comparte.
Por estas consideraciones y visto en los
artículos 374 letra a) y 374 letra e) y 384 del
Código Procesal Penal, SE RECHAZA el recurso
de nulidad reducido en contra de la sentencia de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco,
que se lee de fojas 1 a la 89 de estos antecedentes,
la que, en consecuencia, no es nula.
Léase en la audiencia del día de hoy. Notifíquese
por el estadio diario.
Regístrese y devuélvase. Redacción del abogado
integrante don José Bidart Hernández.
Rol 5-2006 RPP.
Jurisprudencia Anterior
En la doctrina contemporánea tiende progresivamente a imponerse la llamada teoría de la alternación. Con arreglo
a ella, la reunión de los diversos actos aisladamente considerados delitos objetivamente autónomos en una unidad
de acción presupone subjetivamente que el autor renueve la misma resolución delictiva o una similar, bajo el efecto
motivador de circunstancias equivalentes o esencialmente equivalentes. No se opone a esta renovación de la voluntad
que el autor haya incorporado ya anticipadamente, previo al comienzo del primer acto y en forma genérica en su
representación la pluralidad de actos que luego realiza uno tras otro Sólo es esencial que el acto particular se presente
como la expresión de una sumisión renovada, una y otra vez, en la contradicción de motivaciones, no así como
reproducción de un dolo conjunto.
La concepción reseñada en el razonamiento anterior, permite superar la mayor parte de las dificultades generadas
por la del dolo conjunto. Así, por ejemplo, habilita para evitar las dificultades probatorias que ocasionaba ese viejo
concepto, o para reconocer la existencia de delitos continuados culposos, etc. Aquí, por supuesto, no es del caso
detenerse en un examen pormenorizado de tales ventajas, que deberán ser puestas de manifiesto en el futuro por
la práctica (Corte Suprema, 30 de enero de 2006, autos Rol Nº 2863-2003).
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