Untitled - Universidad Externado de Colombia

Boletín de Telecomunicaciones
Edición No.5
Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones
Director:
Edgar González López
Coordinador:
Luz Mónica Herrera Zapata
Investigadores:
Adriana Marcela Barbosa Trujillo
Andrea del Pilar Camacho Gutiérrez
Sandra Milena Ortiz Laverde
Martha Cecilia Ramírez Torres
Monitores:
Laura Gallardo
Angélica María León
Editores:
Adriana Marcela Barbosa Trujillo
Sandra Milena Ortiz Laverde
Diseño:
Karen Rodríguez
El Boletín de las Telecomunicaciones es una publicación mensual del
Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad
Externado de Colombia. Facultad de Derecho. Calle 10 No 3-15 Este.
Edificio Egipto. Teléfonos: 3420288-2826066 extensiones 1105-1005.
Correo electrónico: esdercom@uexternado.edu.co
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PRESENTACIÓN.
SECCIÓN I
1. Ley 1341 del 30 de Julio de 2001. “Por la cual se definen los
Principios y Conceptos sobre la Sociedad de la Información y la
Organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y
se dictan otras disposiciones.”
2. Ley de Competencia. “Por medio de la cual se dictan normas en
materia de protección de la Competencia”
3. Resolución 2091 de abril 2 de 2009. “Por medio de la cual se
corrige el contenido del Anexo 2 de la Resolución CRT 2030 de
2008.”
4. Resolución 2086 de marzo 20 de 2009. “Por la cual se amplía el
plazo previsto en el artículo 11 de la Resolución CRT 2064 de
2009”
5. Resolución 2107 de mayo 11 de 2009. “Por la cual se modifica
el artículo 24 de la Resolución CRT 1732 de 2007”
6. Resolución 2127 de 2009. “Por la cual se modifican los plazos
establecido en los artículos 2,4 y 5 de la Resolución CRT 2063
de 2009”
7. Resolución 2108 de 2009. “Por la cual se suspende el plazo
previsto para la implementación del sistema de presuscripción
para el acceso al servicio de Telefonía Pública Básica
Conmutada de Larga Distancia – TPBCLD”
SECCIÓN III
1. Algunas apreciaciones sobre la Ley 1341 de 2009.**
** Elaborado por Andrea del Pilar Camacho. Abogada de la Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y nuevas Tecnologías de esa misma
Universidad, y Magíster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como coordinadora del Departamento en
Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Docente de la
Especialización en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de
Colombia, y de la Maestría en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones que se realiza en la ciudad
de Quito (Ecuador) en el marco del convenio de la UEC, ASETA y la Universidad Andina Simón Bolívar.
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2. Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT.
Estandarización para Redes de Nueva Generación (NGN).
3. Next Generation Market Study.
4. España – Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
5. Reino Unido. Planes de Servicio Universal para banda ancha.
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Esta Quinta Edición, está dedicada a la presentación y comentarios
de las dos Leyes que tienen un impacto significativo en la Industria de
las Telecomunicaciones y en la Economía en general, como lo son la
expedición de la Ley 1341 de 2009, Ley de TIC, donde se incorporan
por primera vez en el país una Ley Marco para este sector, y de la ley
de Competencia, la cual modifica los aspectos correspondientes a las
integraciones empresariales, las Funciones atribuidas a la Autoridad
de Competencia, los beneficios por denunciar las Prácticas
Restrictivas y el Régimen de Transición de las actividades en cabeza
de otras entidades, respecto a las funciones de inspección, vigilancia y
control respecto a Integraciones Empresariales y Prácticas
Restrictivas de la Competencia.
Adicionalmente, en esta edición una de los Docentes del
Departamento elaboró, algunas apreciaciones sobre la Ley de TIC,
En dichas apreciaciones se presentan los principales temas de
controversia y se abordan algunos aspectos que deben ser
Reglamentados, para lograr el cabal cumplimiento de los objetivos que
la Ley incorpora y de los principales retos que trae consigo para la
Industria de las Telecomunicaciones contar con un sólo cuerpo
normativo.
El interés principal del Departamento de Derecho de las
Telecomunicaciones, es continuar con el espacio de difusión de las
principales noticias del sector; propiciando de esta manera la
discusión y el intercambio de ideas que contribuyan al fortalecimiento
de criterios en nuestro campo.
Así las cosas, sólo nos queda invitar a todos nuestros lectores, a
participar en e-Telecomunicaciones, a través del envió de artículos y
5

sugerencias a los siguientes correos electrónicos:
esdercom@uexternado.edu.co o Sandra.ortiz@uexternado.edu.co
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1. Ley 1341 del 30 de Julio de 2009. “Por la cual se definen
los Principios y Conceptos sobre la Sociedad de la
Información y la Organización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones –TIC-, se crea la
Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras
disposiciones.”
A continuación se presenta un resumen de la Ley 1341 de 2009“Por la
cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones – tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se
dictan otras disposiciones sancionada el 30 de julio de 2009:
1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
2. Libre competencia
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos
4. Protección de los derechos de los usuarios
5. Promoción de la Inversión
6. Neutralidad Tecnológica.
7. El Derecho a la comunicación, la información y la
educación y los servicios básicos de las TIC
8. Masificación del gobierno en línea
La intervención del Estado en el Sector de las Tecnologías de la
información y las comunicaciones se presenta como una forma para
lograr los siguientes fines:
1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad,
eficiencia y adecuada provisión de los servicios.
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2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, teniendo como fin último el servicio universal.
3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la
prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y la masificación del gobierno en línea.
4. Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión,
transporte y condiciones de seguridad del servicio al usuario
final, incentivando acciones de prevención de fraudes en la red.
5. Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el
abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la
competencia.
6. Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura
y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos
escasos, se buscará la expansión, y cobertura para zonas de
difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones
vulnerables.
7. Garantizar el uso adecuado del espectro radioeléctrico, así como
la reorganización del mismo, respetando el principio de
protección a la inversión, asociada al uso del espectro.
8. Promover la ampliación de la cobertura del servicio.
9. Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes
de telecomunicaciones, así como el acceso a los elementos de
las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones
necesarios para promover la provisión y comercialización de
servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
10. Imponer a los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y
uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional,
atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad
pública.
11. Promover la seguridad informática y de redes para
desarrollar las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
12. Incentivar y promover el desarrollo de la industria de
tecnologías de la información y las comunicaciones para
contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la
generación de empleo y las exportaciones.
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13. Propender por la construcción, operación y
mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de la
información y las comunicaciones por la protección del medio
ambiente y la salud pública.
Así mismo las entidades de orden nacional y territorial promoverán,
coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a
garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las
entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
La Ley define las TIC como el conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.
Además ordena que el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones junto con la CRC, deberán expedir el glosario de
definiciones acordes con los postulados de la UIT y otros organismos
internacionales en los cuales Colombia firmante de protocolos
referidos a esta materia.
Se describe la estructura del sector de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Así, se establece que el sector stá compuesto por
las industrias manufactureras, las industrias comerciales y las de
servicios, cuyos productos recogen, procesen, creen, transmiten o
muestre en datos e información electrónicamente.
Dando un gran paso en la liberalización del Sector, en el Titulo II se
habla de una HABILITACIÓN GENERAL para la prestación del
servicio, que comprende la autorización para la instalación,
ampliación, modificación, operación y explotación de redes de
telecomunicaciones.
Con esta ley también se realizan grandes cambios y modificaciones
dentro de las entidades que componen el sector las cuales son:
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-El Ministerio de Comunicaciones que en adelante se denominará
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al
cual el fija tanto sus objetivos y funciones especificas.
-La tradicional CRT es remplazada por un nuevo organismo
denominado Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), las
cual se define como una Unidad Administrativa Especial, con
independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin personería
jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, esta última característica le otorga una gran
independencia a está nueva entidad.
-La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano
encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición
dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de
comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea
económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad.
Posteriormente se indica la composición de esta entidad de la cual
forma parte el Ministro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, lo cual nuevamente le resta independencia.
Además se indica, que con el fin de recuperar los costos del servicio
de las actividades de regulación que preste la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, todos los proveedores sometidos a la regulación
de la Comisión, están sujetos al pago de una contribución anual
hasta del uno por mil (0,1%), de sus ingresos brutos por la provisión
de sus redes y servicios de telecomunicaciones, excluyendo
terminales.
Otro organismo que la presente ley crea, regula y desarrolla es la
Agencia Nacional del Espectro – ANE – la cual define como una
Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin
personería jurídica, con autonomía técnica, administrativa y
financiera. Entidad de las cual también se indician tanto sus
objetivos, como sus funciones y las personas que la integraran.
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-El Fondo de Comunicaciones de que trata el Decreto 129 de 1976, en
adelante se denominará Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial del orden
nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El objeto del Fondo es financiar los planes, programas y proyectos
para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio
universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del
territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como apoyar las actividades del Ministerio y la
Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad
administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus
funciones.
Finalmente el Titulo V presenta toda la regulación de la solución de
controversias en materia de interconexión, indicando que:
- Los operadores inicialmente tendrán un plazo de 30 días para llevar
a cabo la negociación directa. Una vez vencido este, sino se ha logrado
ningún acuerdo se iniciará el trámite administrativo para dirimir en la
vía administrativa la controversia surgida, dentro de este trámite se
regulan cada una de las etapas tanto la solicitud, la de mediación, la
probatoria y finalmente la de decisión.
- En los últimos 5 títulos de la ley encontramos la regulación
específica de diferentes temas, en los cuales se crean unos regímenes
como lo son:
- Régimen de protección al usuario.
- Régimen de los proveedores de redes y servicios de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
- La radiodifusión sonora.
- Régimen de infracciones y sanciones.
- Régimen de transición.
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2. LEY 1340 DE 2009. LEY DE COMPETENCIA. “Por medio de
la cual se dictan normas en materia de protección de la
Competencia”
El pasado mes de junio, al finalizar las sesiones ordinarias, Congreso
de la República, aprobó el texto del Proyecto de Ley número 195 de
2007 Senado, 333 de 2008 Cámara, correspondiente al Proyecto “Por
Medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la
Competencia”.
Dicha Ley cuenta con seis títulos, tres capítulos y 34 artículos, en los
que se abordan las “Disposiciones Generales” contenidas en Título I,
capítulo 1, el Régimen de Protección de la Competencia, La Autoridad
Nacional en Materia de Protección de la Competencia, Las
Integraciones Empresariales, Las Prácticas Restrictivas de la
Competencia, Las Disposiciones Procedimentales, El Régimen
Sancionatorio y las Disposiciones Complementarias.
El principal Objeto de esta Ley es el de actualizar la normatividad
existente en materia del Derecho de la Competencia, de clarificar
cuales son las herramientas con las que cuenta las autoridades
nacionales para cumplir el principio consagrado a Nivel
Constitucional. (Artículo 1)
Está Ley viene a complementar, la normativa aplicable en materia del
Derecho de la Competencia, como lo son la Ley 155 de 1959, el
Decreto 2153 de 1992 y las demás normas que adicionen, modifiquen
o adicionen, el Régimen General de Protección de la Competencia.
(Artículo 4)
Dentro de las funciones que radican en cabeza la Superintendencia de
Industria y Comercio, al Ley señala las siguientes atribuciones
(Artículo 6, 7 y 8)
1. La Superintendencia de Industria y Comercio, conocerá de
forma privativa de las investigaciones administrativas,
impondrá multas y adoptará las demás decisiones cuando se
transgreda el régimen de protección a la competencia.
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2. Faculta a la Superintendencia a rendir concepto previo sobre
los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia
sobre la libre competencia en los mercados. Las entidades de
regulación deberán informar de este tipo de actos, con el fin de
que la Superintendencia pueda proferir concepto, el cual no
será vinculante para este tipo de entidades. Pero en dado caso,
de que la autoridad se aparte de este concepto, deberá justificar
las razones por las cuales se aparta del concepto dado por parte
de esta entidad.
3. Cuando se inicie una investigación, la Superintendencia deberá
comunicar a las entidades de vigilancia y control, para recibir
de ellas concepto técnico. Los conceptos emitidos deberán darse
en el marco de las disposiciones legales aplicables. La
Superintendencia podrá apartarse de dicho concepto, indicando
las razones por las cuales se apartan de esta decisión,
indicando los motivos jurídicos o económicos que justifican tal
decisión.
El título II, está dedicado a las Integraciones Empresariales, en lo
relacionado con el control de Integraciones Empresariales (Artículo 9),
el Procedimiento Administrativos en caso Integraciones Empresariales
(Artículo 10), lo referente a la Aprobación Condicionada y Objeción de
Integraciones (Artículo 11), de las modificaciones dadas en cuanto a
las Excepciones de Eficiencia, debido a que la Ley modifica el artículo
51 del Decreto 2153 de 1992 (Artículo 12) y de la Orden de Revisión
de una Operación de Integración Empresarial (Artículo 13).
En cuanto a las Prácticas Restrictivas de la Competencia Título, en el
que se precisas los Beneficios por Colaboración con la Autoridad
(Artículo 14), lo relacionado con la Reserva de Documentos.
Contiene un Título dedicado a las Disposiciones Procedimentales, en
que se consagra lo relativo a la Publicación de Actuaciones
Administrativas (Artículo 17), lo relacionado a las Medidas Cautelares
(Artículo 18), la Intervención de Terceros (Artículo 19), los Actos de
Trámite (Artículo 20), los Vicios y otras Irregularidades del Proceso
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(Artículo 21), Contribución de Seguimiento (Artículo 22) y lo referente
a Notificaciones y Comunicaciones (Artículo 23).
El Título V, está dedicado exclusivamente al Régimen Sancionatorio.
En los artículos 25 y 26 de la ley se precisan tanto el monto de las
Sanciones tanto para las Personas Jurídicas, como de las Personas
Naturales en los siguientes términos:
“Artículo 25. Monto de las Multas a Personas Jurídicas. El
numeral 15 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la
competencia, incluidas la omisión en acatar en debida forma las
solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la
obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las
obligaciones de informar una operación de integración empresarial o
las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada
violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de
Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos
mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150 % de la
utilidad derivada de la conducta por parte del infractor.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado;
2. La dimensión del mercado afectado;
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta;
4. El grado de participación del implicado;
5. La conducta procesal de los investigados
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte
de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la infracción.
7. El Patrimonio del infractor.
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Parágrafo: Serán circunstancias de agravación para efectos de la
graduación de la sanción: La persistencia en la conducta infractora; la
existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de
protección de la competencia o con incumplimiento de compromisos
adquiridos o de órdenes de las Autoridades de competencia; el haber
actuado como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la
conducta. La colaboración con las autoridades en el conocimiento o
en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación
de la sanción.
Artículo 26. Monto de las Multas a Personas Naturales. El numeral
16o del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o
tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la
competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de
1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por
el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y
Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La persistencia en la conducta infractora;
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado;
3. La reiteración de la conducta prohibida;
4. La conducta procesal del investigado; y,
5. El grado de participación de la persona implicada.
Parágrafo: Los pagos de las multas que la Superintendencia de
Industria y Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser
cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por
interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba
vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por
la matriz o empresas subordinadas de ésta; ni por las empresas que
pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo
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control de aquella.”
El artículo 27 consagra la caducidad de la Facultad sancionatoria, la
cual caduca transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la
conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma,
cuando estas se ejecuten en el tiempo.
Y un último Título VI, denominado de las Disposiciones
Complementarias, se consagra la Protección de la Competencia y
Promoción de la Competencia (Artículo 28), en el que se indica que las
facultades otorgadas están dedicas de manera exclusiva a las
funciones de protección o defensa de la competencia.
El artículo 30 faculta al Gobierno Nacional para que dentro de los 6
mese siguientes adecue la estructura de la Superintendencia de
Industria y Comercio, atendiendo a las nuevas responsabilidades y
funciones que le son atribuidas mediante la expedición de esta Ley,
como única autoridad de competencia.
En cuanto al régimen transitorio, el artículo 33 precisa dos aspectos a
tener en cuenta.
El primero correspondiente a las funciones que excepcionalmente
fueron atribuidas a otras entidades, específicamente a las autoridades
de control y vigilancia con relación a determinar la existencia de
prácticas restrictivas y/o control previo de integraciones
empresariales, continuaran ejerciendo estas funciones por el términos
6 meses siguientes a la entra en vigencia de la Ley.
En el caso de haber transcurrido el término previsto por la Ley y se
encuentren investigaciones en curso por parte de este tipo de
entidades, dichos procesos seguirán siendo de su competencia. En el
caso de que se existan indagaciones o investigaciones preliminares,
están deberán ser remitidas a la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que esta entidad asuma la investigación
correspondiente.
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Con relación a los proyectos de integración empresarial que fuesen
presentados ante las entidades de vigilancia y control, estos estarán
sujetos al mismo término previsto para las prácticas anticompetitivas.
En todo caso la autoridad respetiva que adelanta la investigación
deberá oír el concepto de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
3. RESOLUCIÓN 2091 de abril 2 de 2009 “Por medio de la cual
se corrige el contenido del Anexo 2 de la Resolución CRT 2030
de 2008”
El Proyecto Regulatorio “Revisión del Esquema de Control de Gestión
y Resultados de los Operadores de Servicios Domiciliarios de
Telecomunicaciones” dio lugar a la Resolución CRT 2030 de 2008 por
medio de la cual se definió un nuevo Esquema de Control de Gestión
y Resultados para empresas de TPBC y derogó el Titulo X de la
Resolución CRT 087 de 1997.
La Resolución CRT 2030 determinó en sus artículos 6 y 9 que uno de
los indicadores de control de gestión y resultados que será utilizado es
el de Nivel de Satisfacción del Usuario -NSU-, el cual se calculará de
acuerdo con la metodología del Anexo 2, es decir, con la que establece
la CRT 535 de 2002. Sin embargo, en desarrollo del proyecto
“Metodología de Medición del NSU de los Servicios de TPBCL y
TPBCLE”, la CRT 535 de 2002 fue ajustada mediante la Resolución
CRT 1361 de 2005 con el fin de mejorar la prestación de los servicios.
El error en el que se incurrió al no haber incorporado la última
Resolución sobre la medición del indicador de Nivel de Satisfacción
del Usuario -NSU-, hace necesario modificar el Anexo 2 de la
Resolución CRT 2030 de 2008 con el fin de incorporar la metodología
definida previamente por la CRT en la Resolución 1361 de 2005.
Por lo que la CRT RESUELVE Modificar el Anexo 2 de la Resolución
CRT 2030 de 2008, quedando así:
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Todos los operadores de TPBCL y TPBCLE que operen en Colombia,
deberán seguir la siguiente Metodología para calcular el Indicador
Nivel de Satisfacción del Usuario, por medio del cual se mide la
percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio que reciben y
su grado de satisfacción con esa calidad.
Para efectos de la interpretación del Anexo, se adoptan las siguientes
definiciones:
Población Objeto de la Investigación: usuarios de los servicios de
TPBCL y TPBCLE pertenecientes al sector residencial en los estratos
1,2,3,4,5 y 6, así como los usuarios oficiales, comerciales e
industriales denominados estrato 7.
Muestra: segmento representativo de la población objeto de la
investigación.
Nivel de Satisfacción: parámetro de referencia que sirve para
cuantificar la calidad del servicio que una empresa ofrece a sus
clientes o usuarios.
Antes de calcular el Indicador Nivel de Satisfacción del Usuario, los
operadores deberán contratar Empresas Especializadas en
Investigación de Mercados para que ejecuten las tres Etapas
siguientes por medio de las cuales se obtiene el Indicador:
1. Diseño de la muestra: los operadores de TPBCL y TPBCLE
deberán determinar la población objeto de la investigación
según el número de líneas en servicio a diciembre 31 del año
inmediatamente anterior al periodo de medición del indicador, y
seleccionarán la muestra de acuerdo con el Apéndice 1
“Definición de la Muestra”.
2. Realización de entrevistas: los operadores de TPBCL y
TPBCLE deben realizar entrevistas a cada una de las personas
que conforman la muestra, utilizando los cuestionarios
definidos en el Apéndice 2.
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3. Obtención del Indicador: cada empresa operadora deberá
obtener un valor numérico para el indicador NSU de acuerdo a
la metodología de cálculo definida en el Apéndice 3 “Obtención
del Indicador Numérico”.
Una vez se haya calculado el indicador:
1. Los Auditores Externos de Gestión o la dependencia de control
interno, verificaran y validaran la información obtenida en las
anteriores Etapas.
2. Los resultados obtenidos en la medición del indicador deberán
ser remitidos a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y a la CRT en el formato descrito en el Apéndice
4, a más tardar en los 15 primeros días del mes de Octubre.
Dicha información es pública.
Apéndice 1. Definición de la Muestra.
La empresa contratada deberá determinar el tamaño de muestra que
garantice una confiabilidad mayor del 95% y un error menor del 5%.
Las personas que integran la muestra serán seleccionadas del listado
oficial de la empresa en forma aleatoria y deberán ser jefes de hogar o
personas responsables del servicio telefónico. El número total de
entrevistas se debe repartir entre los estratos socioeconómicos
(proporcionalmente al número de líneas en servicio) y el sector
corporativo (se contabiliza el número de empresas con líneas en
servicio). Para asegurar que la muestra sea representativa de cada
categoría, se debe realizar por lo menos 14 entrevistas en cada una,
pero si el número de líneas en alguna categoría (o número de
empresas para el sector corporativo) es inferior a 14, se realizara la
entrevista a todos los usuarios de la categoría o a todas las empresas
con líneas en servicio. Según sea el caso, se debe aplicar a las
categorías residenciales del 1 al 6 el formulario de encuesta de TPBCL
Residencial, y para la categoría 7 el formulario de TPBCL Corporativo,
en todo caso la entrevista debe ser de tipo personal o telefónico, esta
ultima requiere que el entrevistador este monitoreado por un
supervisor. Los operadores deben almacenar la base de datos de los
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usuarios y/o empresas entrevistadas. La ficha técnica que contiene el
tamaño de la muestra, la distribución por estratos y regiones, así
como el error de estimación del NSU, deberá enviarse con el resultado
de la encuesta a la SSPD con copia a la CRT.
Los operadores que prestan el servicio de TPBCLE deberán identificar
estos usuarios y calcular su NSU por aparte.
Apéndice 2.
Después de verificar que el entrevistado tiene servicio con la empresa
en evaluación, deberá explicársele el objetivo de la encuesta, es decir,
que solo aplica a los servicios de telefonía local y local extendida. Sin
embargo los operadores podrán adicionar otras preguntas de acuerdo
con sus necesidades de investigación, las cuales no se reportarán.
Para la entrega de los resultados de las preguntas abiertas depende
de que la respuesta sea de tipo numérica o texto, en el primer caso se
indica el promedio de las respuestas y su desviación estándar, en el
segundo caso, se deberá indicar los cuatro atributos con mayor
ocurrencia y su proporción, los demás atributos se tomarán como
“Otros”.
Apéndice 3. Obtención del Indicador Numérico.
Para el cálculo del NSU de TPBCL, la Firma de Investigación de
Mercados deberá en primer lugar, utilizar los Valores Numéricos
asociados a cada una de las respuestas de los entrevistados y luego
seguir los siguientes pasos:
- Determinar para cada una de las preguntas del cuestionario, el
número de respuestas en cada valor de la escala de la
calificación. No se tendrá e cuenta las respuestas de “no opina o
no sabe / no responde”
- Obtener el número total de respuestas para cada pregunta.
- Obtener para cada pregunta el promedio de calificación.
- Calcular el NSU para cada usuario residencial.
21

- Calcular el NSU para cada usuario del segmento de TPBCL
corporativo.
- Calcular el NSU por categoría.
- Calcular la desviación estándar para cada categoría.
- Calcular el NSU total del operador.
Los operadores que presten el servicio de TPBCLE deben identificar
estos usuarios a partir del resultado de la medición del NSU total del
operador, y calcular su NSU por aparte siguiendo los mismos pasos.
Apéndice 4.
La información para el segmento de TPBCL Residencial deberá
reportarse por medio del siguiente formato de forma impresa y
digitalizada:
- Comunicación.
- Servicios Adicionales.
- Atención Telefónica al Usuario.
- Atención al Usuario en Oficinas.
- Solicitud de Instalación de Líneas o Servicios Telefónicos.
- Atención a Daños Técnicos.
- Facturación y Pagos.
- Atención a Reclamos por Facturación.
La información para el segmento de TPBCL Corporativo deberá
reportarse por medio del siguiente formato de forma impresa y
digitalizada:
- Comunicación.
- Servicios Adicionales.
- Atención Telefónica al Usuario.
- Ejecutivo de Cuenta.
- Atención al Usuario en Oficinas.
- Solicitud de Instalación de Líneas o Servicios Telefónicos.
- Atención a Daños Técnicos.
- Facturación y Pagos.
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- Atención a Reclamos por Facturación.
- Pagina Web.
El presente Apéndice establece además:
El formato para reportar los resultados de las preguntas
abiertas, según la respuesta sea de tipo texto o numérica.
El formato de resultados del NSU. Los operadores de TPBCLE
deberán reportar los resultados obtenidos para el NSU de este
servicio, por separado, en el mismo formato.
Ver más: http://www.crt.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002091.pdf
4. RESOLUCIÓN 2086 de marzo 20 de 2009 “Por la cual se
amplía el plazo previsto en el artículo 11 de la Resolución
CRT 2064 de 2009”
En ejercicio de sus funciones regulatorias, la CRT requiere el envío
selectivo de información amplia, exacta, veraz y oportuna por parte de
aquellas empresas que prestan servicios públicos de
telecomunicaciones. En consonancia con esta facultad, el artículo 11
de la Resolución CRT 2064 de 2009 estableció que los operadores de
servicios de TMC, Servicios de Comunicación Personal -PCS-,
servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso
troncalizado -Trunking- y los operadores del servicio portador con
área de cubrimiento nacional, deben remitir a la CRT el reporte
extraordinario de información.
Por medio de la presente Resolución, la CRT, a petición de algunos
operadores y atendiendo el contenido de la información a remitir en el
reporte extraordinario, evidenció la necesidad de ampliar el plazo
mencionado hasta el 30 de abril de 2009, el cual fue aprobado por la
Comisión de Expertos Comisionados al considerarlo razonable y
proporcionado para los fines regulatorios.
23

Ver más: http://www.crt.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002086.pdf
5. RESOLUCIÓN 2107 de mayo 11 de 2009 “Por la cual se
modifica el artículo 24 de la Resolución CRT 1732 de 2007”
La Resolución 1732 de 2007 sobre el Régimen de Protección de los
Derechos de los Suscriptores y/o Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones, regula en su artículo 24 la facultad de los
operadores de servicios de telecomunicaciones de remitir a una
entidad que administre bases de datos, la información sobre la
existencia de deudas a favor del operador, informando previamente al
suscriptor cuando el hecho generador de esa obligación sea la mora.
Mediante la presente resolución, la CRT estableció el mismo termino
legal de 20 días calendario para que los operadores de servicios de
telecomunicaciones informen previamente a los suscriptores su
intención de reportar las obligaciones en mora, de acuerdo con las
condiciones y reglas previstas para ello en la nueva Ley Estatutaria de
Habeas Data (ley 1266 de 2008).
Ver más: http://www.crt.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002107.pdf
6. RESOLUCIÓN 2127 de 2009. “Por la cual se modifican los
plazos establecido en los artículos 2,4 y 5 de la Resolución
CRT 2063 de 2009”
Por medio de esta resolución la CRT Modifica los plazos que había
dado inicialmente en la resolución CRT 2063, en sus artículos 2,4 y 5.
En el artículo segundo de la resolución 2063 se estableció que
determinados operadores deben formular a sus usuarios la oferta de
plan tarifario que mejor se adecue y satisfaga sus perfiles de
consumo, indicándole cual es el plan que más le beneficia, a más
24

tardar el primero de julio de 2009, plazo que fue prorrogado por la
Resolución CRT 2127 para el primero de septiembre de 2009.
En el artículo cuarto de la Resolución 2063 se estableció que ciertos
operadores deberán reportar a la CRT a más tardar el primero de
junio de 2009 los planes tarifarios diseñados y que serán ofrecidos
sus usuarios. Plazo que se prorroga mediante la Resolución CRT
2127 para el primero de julio de 2009.
En el artículo quinto se había dado un plazo máximo para la
implementación de lo dispuesto hasta el primero de septiembre de
2009, el cual fue igualmente prorrogado mediante la Resolución CRT
2127 para el primero de noviembre de 2009.
Más información en: http://www.crt.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002127.pdf.
7. RESOLUCIÓN 2108 de 2009. “Por la cual se suspende el
plazo previsto para la implementación del sistema de
presuscripción para el acceso al servicio de Telefonía
Pública Básica Conmutada de Larga Distancia – TPBCLD”
Mediante las resoluciones CRT 1813, 1815, 1871 y 1971 de 2008, la
Comisión regulo las obligaciones y el plazo de implementación que
tienen los operadores con relación a la presuscripción para le acceso
al servicio de TPBCLD.
Los operadores de TPBCLD en cumplimiento de las obligaciones
dispuestas, constituyeron en abril de 2008 el Comité de Operadores
para la Implementación del Sistema de Presuscripción para el
Servicio Telefónico de Larga Distancia (COLD). Con base en los
acuerdos logrados al interior de este Consejo, así como los resultados
de las consultas efectuadas con proveedores de tecnología, la CRT
Profiere la Resolución 18721 de 2008 con la que se establecen las
condiciones operativas del sistema de presuscripción para el acceso al
servicio de Telefonía pública Básica conmutada de Larga Distancia.
25

El 10 de marzo de 2009 el COLD informa a la CRT, sus inquietudes
relacionadas con la necesidad de replantear diversos aspectos para la
efectiva implementación de la presuscripción. El 2 de abril de 2009
remiten a la CRT un solicitud aprobada por la mayoría de sus
miembros, en la que proponen revocar la medida que crea la
obligatoriedad de implementación del sistema de presuscripción para
el acceso al servicio TPBCLD, argumentando que el comportamiento
del marcado de larga distancia es competitivo, que las inversiones
requeridas para cumplir la obligación de implementación de la
presuscripción constituyente una barrera de entrada a los nuevos
operadores del servicio y que existirá incertidumbre para el
administrador de la base de datos respecto del número de operadores
de larga distancia, hasta tanto se resuelva la problemática de
interconexión y se estabilice el mercado en mención.
La CRT realiza un estudio y análisis detallado al respecto con el
concluye que si existe una necesidad de suspender el plazo y las
obligaciones que al respeto tienen los operadores, para la
implementación de la presuscripción para el acceso al servicio de
TPBCLD, hasta tanto las condiciones del mercado permitan su
implementación efectiva en las condiciones técnica y operativas.
Más información en: http://www.crt.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002108.pdf.
26

1. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA LEY 1341 DE 2009.
Andrea del Pilar Camacho Gutierrez 1
A continuación se presentan algunos comentarios relativos a las
disposiciones contenidas en la Ley:
I. Un punto fundamental, tiene que ver con la reorganización de las
funciones de inspección, control y vigilancia de los servicios de
telecomunicaciones. Al respecto, la Ley deroga las normas pertinentes
de la Ley 142 de 1994 que asignaban la competencia de inspección,
control y vigilancia de los servicios no domiciliarios de
telecomunicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios- SSPD, cambio éste que implica que el ejercicio de estas
funciones corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio
– SIC, en las siguientes materias: protección a los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones, y defensa de la competencia.
En cuanto al primer tema, el pasado 20 de julio de 2009, la Ministra
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la
Circular 003 de 2009, en virtud de la cual informa que la autoridad
competente para la protección de los usuarios y suscriptores de los
servicios de telecomunicaciones es la Superintendencia de Industria y
Comercio; en cuanto a la competencia en materia de protección a la
competencia, cabe mencionar que ante la pérdida de competencia en
el tema de la SSPD, y conforme lo establecido en la recientemente
aprobada Ley 1340 de 2009, también corresponde el ejercicio de estas
1 Andrea del Pilar Camacho. Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en
Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y nuevas Tecnologías de esa misma Universidad, y
Magíster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Universidad
Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como coordinadora del Departamento en Derecho de
las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Docente de la Especialización en
Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, y de la
Maestría en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones que se realiza en la ciudad de Quito
(Ecuador) en el marco del convenio de la UEC, ASETA y la Universidad Andina Simón Bolívar.
28

funciones a la SIC, entidad que se estrena como una verdadera
autoridad general de la competencia para los servicios de
telecomunicaciones en Colombia (salvo, en materia de los servicios de
televisión).
Cuestión que al parecer queda por definir, es cuál será la entidad
encargada de realizar el control y la vigilancia del cumplimiento de la
regulación general expedida por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones- CRC (nueva denominación que recibe la CRT, en
virtud de lo establecido en la Ley 1341 de 2009), especialmente el
cumplimiento de la regulación relativa al acceso, uso e interconexión,
materia en la cual la línea divisoria entre las denominadas regulación
ex ante y regulación ex post suele ser muy difícil de dilucidar, dado
que en muchos casos, el incumplimiento de los principios y
disposiciones relativas a la interconexión puede constituirse en un
comportamiento contrario la libre y leal competencia. A lo cual habrá
se sumarse como ingrediente adicional, que conforme lo establecido
en el artículo 18 de la nueva Ley al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, le corresponde, entre otras, la
función de “Regir en correspondencia con la Ley las funciones de
vigilancia y control en el sector de las Tecnologías de la Información y
las comunicaciones.”, y de acuerdo con el artículo 64 de la Ley,
constituye una infracción “Incumplir el régimen de acceso, uso,
homologación e interconexión de redes”.
II. Otro asunto de suma importancia, es que la Ley mantiene la
titularidad del Estado, en materia de provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones, y por ende, su carácter de servicio público.
Aspecto éste que juega con el establecimiento de una habilitación
general para la prestación de estos servicios, y para la instalación,
ampliación, modificación, operación y explotación de las redes de
telecomunicaciones, salvo para el uso del espectro radioeléctrico.
Muy al estilo de la regulación europea, se establece que sin perjuicio
de la habilitación general, es necesario que los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones, deban inscribirse en el Registro de
TIC, con el cual se entenderá surtida la mencionada habilitación. Es
obligación de todo operador inscribirse dentro de los noventa (90) días
29

hábiles siguientes a la expedición de la reglamentación de este
registro, pero en todo caso, de tratarse de los nuevos proveedores y
titulares, esta inscripción deberá realizarse de forma previa al inicio
de operaciones. En relación con este punto, cabe indicar que
conforme el régimen de sanciones e infracciones estipulado en la Ley
(artículo 64), constituye infracción proveer redes y servicios o realizar
telecomunicaciones en forma distinta a lo previsto en dicha ley, con lo
cual, podría interpretarse que realizar operaciones de provisión de
redes y prestación de servicios de telecomunicaciones, sin la previa
inscripción en el Registro de TIC, corresponde una infracción y por lo
tanto, cabe la imposición de las sanciones que resulten aplicables, en
los términos estipulados en la Ley.
III. Entre las funciones asignadas a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones- CRC, se destaca la facultad de requerirles a todos
los proveedores de redes y servicios de comunicaciones información
amplia, veraz y oportuna, y en consecuencia éstos tienen la obligación
de atender tal requerimiento, so pena, de la imposición como sanción
de multas diarias hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, la cual será impuesta por la CRC, con lo cual
implícitamente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que
anteriormente no tenía asignada ninguna función sancionatoria,
podría imponer multas directamente a los operadores, con lo cual, se
da un salto en el ejercicio de las funciones propiamente dichas de
regulación asignadas a las comisiones de regulación.
IV. En materia de gestión y administración del espectro radioeléctrico,
ésta función que originariamente es asignada al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es ejercida a
través de una nueva agencia, la Agencia Nacional del Espectro, creada
como una unidad administrativa especial, adscrita a dicho Ministerio,
sin personería jurídica, con autonomía técnica, administrativa y
financiera. No obstante, la asignación de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación de servicios de televisión, continúan
30

en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión, en virtud de que el
ámbito de aplicación de la Ley exceptúa estos servicios.
V. Por otra parte, el antiguo concepto de sector de
telecomunicaciones, se amplia para convertirse en el sector de las
Tecnologías de la Información y las comunicaciones, compuesto así
no solo por los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, sino también por las industrias manufactureras,
comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean,
transmiten o muestran datos e información electrónicamente. Sin
perjuicio de esto, cabe indicar que la Ley establece cuáles son las
contraprestaciones y contribuciones a cuyo pago están obligados los
proveedores de redes y servicios de comunicaciones, entre éstas, la
correspondiente a la utilización del espectro radioeléctrico, así como
la contribución a la CRC, ésta última a cargo de todos los proveedores
sometidos a la regulación de esta Comisión, es decir, a los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. De igual
forma, el artículo 36 de la Ley establece que corresponde a todos los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones realizar el
pago de una contraprestación periódica al Fondo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Ahora bien, el interrogante a
realizar es si esta contraprestación periódica corresponderá realizarla
solo a los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones, y
no al resto de las industrias que han sido incluidas en el sector de las
TIC.
VI. Por otra parte, cabe indicar que la Ley estipula un catalogo de
infracciones y sanciones, y además, señala unos criterios de
graduación, así como un procedimiento general para la determinación
de la infracción e imposición de las sanciones que correspondan. De
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley la imposición de
estas sanciones corresponderá al Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, salvo cuando dicha facultad
sancionatoria esté asignada por la Ley o el reglamento a otra entidad
pública. Cabe preguntarse entonces, si este es el caso, de la
31

Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de protección a
los usuarios, dado que el catálogo de infracciones establecido en la
Ley es abierto, e incluye la siguiente cláusula general “Cualquier otra
forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales,
reglamentarias, o contractuales o regulatorias en materia de
telecomunicaciones” (numeral 12, artículo 54).
VII. En materia de régimen de precios, es de resaltar que esta Ley
estipula una libertad tarifaria aplicable a todos los proveedores de
redes y de servicios de telecomunicaciones. No obstante, estos precios
podrán ser regulados por la CRC, en los siguientes casos: cuando no
haya suficiente competencia, se presenten fallas en el mercado, o
cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles
exigidos.
VIII. Ahora bien, cabe hacer algunas apreciaciones en relación con el
régimen de transición y derogatorias establecidos en la Ley:
a. El artículo 69, establece que los operadores establecidos para
TPCBL y LE, destinarán durante los primeros cinco años de
vigencia de la Ley, la contraprestación periódica que debe
pagarse al Fondo de las TIC, de forma directa a los usuarios de
estratos 1 y 2, aplicando el esquema de subsidios establecido
en la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, la nación debe
presupuestar los recursos necesarios para el pago del déficit
entre subsidios y contribuciones derivados de la aplicación de
la Ley 812 de 2003, este valor será pagado en un 100% a los
respectivos operadores.
b. Se derogan expresamente las diferentes leyes que regulaban
los servicios de telecomunicaciones no domiciliarios, esto es, la
Ley 37 de 1993, Lay 555 de 2000, el Decreto Ley 1900 de 1990,
entre otras. Y en cuanto a la Ley 142 de 1994, establece que
sus normas, no serán aplicables a los anteriormente
denominados servicios domiciliarios de telecomunicaciones
(TPBC), salvo lo relativo a las siguientes materias:
32

- Carácter esencial de las empresas de servicios públicos.
- Naturaleza jurídica de las ESP
- Régimen tributario
- Régimen Laboral.
2. Unión Internacional de Telecomunicaciones- UIT
Estandarización para Redes de Nueva Generación (NGN).
La UIT interesada por el desarrollo de las redes y servicios de última
generación, actualmente desarrolla una iniciativa global para la
estandarización de las Redes de Nueva Generación
(http://www.itu.int/ITU-T/ngn/index.html). El objetivo de esta
iniciativa, es implementar los estándares necesarios para el
despliegue de NGN, con el fin de proporcionar a los proveedores de
Internet los medios para ofrecer, la gran variedad de servicios que se
pretende ofrecer en un ambiente de NGN.
Dentro de este marco, la UIT en mayo de 2008, ha publicado tres
Recomendaciones Draft Recommendation Q.HCF y Draft
Recommendation Q.LMF. y Draft Recommendation Q.MMF) La
primera titulada “Framework of Handover Control for Next Generation
Networks”(http://www.itu.int/dms_pub/itut/oth/25/01/T25010000
070002PDFE.pdf), en la que se presenta la estructura de gestión de
movilidad (MM) para las Redes de Nueva Generación (NGN), motivado
por el análisis de la convergencia fijo-móvil que se prevé con la
evolución de estas redes; la segunda, titulada “Framework of Location
Management for NGN”
(http://www.itu.int/dms_pub/itut/oth/25/01/T25010000070003PD
FE.pdf), en la que describe la estructura de referencia para la gestión
de la movilidad en redes de nueva generación; y la tercera titulada
“Generic Framework of Mobility Management for NGN”.
Más recientemente, en mayo de 2009, la UIT aprobó dos nuevos
estándares en la convergencia de fijo-móvil (FMC), en virtud de los
33

cuales los operadores que ofrecen convergencia fijo-móvil podrán
proporcionar ambos servicios con un solo teléfono. Según se anuncia
en la página web de la UIT, estos estándares son un importante paso
en el análisis y desarrollo de las Redes de Nueva Generación, hacia la
movilidad y mejoras en las capacidades de servicio y red.
Adicionalmente, se han vislumbrado avances importantes en el
trabajo de la ITU-T en materia de estándares de IPTV, a través de la
publicación de varios documentos básicos que contienen las
arquitecturas y estructuras de alto nivel con especificaciones más
detalladas. Entre estos documentos se encuentra la Recomendación
UIT-T H. 720 que una visión general de la arquitectura y
componentes funcionales de un dispositivo terminal para IPTV y
proporciona una descripción de alto nivel de funcionalidad necesaria
para el soporte de estos servicios. El conjunto de recomendaciones de
la UIT relativas a los estándares para IPTV son las siguientes:
Rec. H.701 - Content Delivery Error Recovery for IPTV
services
Rec. H.721 - IPTV Terminal Device: Basic Model
Rec. H.760 - Overview of Multimedia Application
Frameworks for IPTV
Rec. H.761 - Nested Context Language (NCL) and Ginga-NCL
for IPTV
Rec. H.720 - Overview of IPTV terminal devices and end
systems
Rec. H.750 - High-level specification of metadata for IPTV
services
Rec. H.622.1 - Architecture and functional requirements for
home networks supporting IPTV service
34

3. NEXT GENERATION MARKET STUDY
El Information Gatekeepers Group (IGGhttp://www.igigroup.com/aboutigi.html)
en junio de este año publicó
un reporte denominado “Next GeneratioCarrier's Network:
Planning for Business Transformation”. En este reporte se explora el
proceso de planificación del proceso de transformación de la industria
de las telecomunicaciones, y pronostica los posibles resultados de
este proceso, todo en función del desarrollo de las Redes de Nueva
Generación.
Este reporte se puede adquirir en la siguiente página Web:
http://igigroup.com/st/pages/TBTS09_Carriers.html
4. ESPAÑA –COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Fue publicado un estudio sobre la viabilidad de los despliegues de
redes de nueva generación en España. En este estudio, la CMT estimó
que en un periodo de 15 años (2008, año en que comenzaron las
inversiones en fibra, y 2023) entre el 43% y el 46% de las viviendas
españolas podrían disponer de un acceso de fibra óptica hasta el
hogar (FTTH, siglas en ingles de Fiber to the Home) ya sea
proporcionado por el operador establecido, esto es, Telefónica, o bien
por alguno de los operadores alternativos.
Adicionalmente, se reconoce que en las zonas menos pobladas es
probable que la demanda no sea suficiente como para incentivar la
35

presencia de más de un operador alternativo, y para estos casos, el
estudio destaca que es deseable la actuación de los poderes públicos
para que los nuevos servicios basados en redes de nueva generación
también puedan ser disfrutados por los residentes de las áreas menos
atractivas para la inversión.
Ahora bien, como quiera que las inversiones que se requieren para el
despliegue de redes de acceso FTTH se realizará de forma paulatina,
tanto en el ámbito temporal como en el ámbito geográfico, y los
operadores irán realizando inversiones selectivas por áreas,
comenzando en aquellas zonas donde los costes de despliegue sean
menores y los ingresos esperados sean mayores, en donde las
ventajas de recuperación de la inversión son mejores.
5. REINO UNIDO (Fuente: www.telecompaper.com de 17 de
junio de 2009)
El gobierno del Reino Unido, revela cuáles son sus planes de servicio
universal para la banda ancha.
Este plan es presentado por el gobierno británico, en el informe sobre
la estrategia del país para el desarrollo de los servicios y los medios de
comunicación del sector. El informe final establece una serie de
políticas públicas sobre el aumento de uso de Internet, la ampliación
del acceso servicios de banda ancha fija y móvil actuales y de próxima
generación, así como para el desarrollo ulterior de radiodifusión
digital, con el fin de ampliar el uso de la licencia a otros además de la
BBC, en relación con la protección de los derechos de autor en medios
digitales.
En cuanto a la garantía del acceso universal a la banda ancha, se
propone alcanzar como velocidad mínima 2 Mbps para el año 2012,
utilizando una combinación de DSL, FTTC, tecnologías inalámbricas y
satelitales. Además de una financiación pública de 200 millones de
libras, disponibles para la promoción de televisión digital, el gobierno
espera un apoyo de estas medidas de parte del sector privado y otros
36

organismos públicos, pues además propone reforzar los
requerimientos de cobertura de los operadores móviles, mediante la
renovación del régimen de licencias. Una Red de Diseño del Grupo de
Adquisiciones y se creará en el otoño para llevar la iniciativa.
Para la promoción del acceso a servicios de banda ancha de próxima
generación, el gobierno propone un sistema de impuesto equivalente a
50 centavos por cada línea fija que deberán pagar los operadores para
la financiación de este plan de servicio de universal. Este dinero se
destinará a un fondo, con el fin de que los operadores de servicios
liciten por las subvenciones para prestar servicios a las zonas al
descubierto. Antes de adoptar esta medida, se iniciará una consulta
pública sobre la propuesta que se iniciará a principios de septiembre.
El regulador del mercado de telecomunicaciones en el Reino Unido,
OFCOM tendrá mayores responsabilidades en orden a garantizar la
cobertura de la banda ancha, a través del establecimiento expreso de
una obligación de fomentar la inversión como medio de promover los
intereses de los consumidores, además de su deber de promover la
competencia. Adicionalmente, el regulador, deberá informar gobierno
cada dos años sobre el estado de la infraestructura de
telecomunicaciones del país.
OFCOM también tendría bajo su responsabilidad realizar nuevos
esfuerzos para luchar contra el intercambio ilegal en línea de archivos
en medios digitales. En tal sentido, los titulares de derechos de autor
podrán notificar al regulador cualquier sospecha de actividades
ilícitas y, en caso de reincidencia, por parte de los infractores, iniciar
un proceso judicial para obtener la identidad del delincuente y
proseguir la acción civil. Si estas medidas fallan, los proveedores de
servicios de Internet den paso al establecimiento de medidas técnicas
como la reducción del ancho de banda o el protocolo de bloqueo.
También se anunció la publicación de un Plan Nacional de
Participación digital, y en el ámbito de la radiodifusión, el gobierno
propone adelantar una orden con el fin de que 3,5 por ciento del
canon destinado a la conversión al sistema digital sea destinado a un
37

Fondo de apoyo a los servicios públicos de contenido diferentes de la
BBC.
38