Graciela Cipolletta - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y ...

La Protección Laboral y Social
ante el Empleo Informal
Graciela E. Cipolletta
Parte I
I.- El contenido de la propuesta temática
El contenido de la propuesta nos obliga, con carácter
previo al análisis de la legislación argentina sobre la cuestión, a
detenernos sobre el significado de los términos
y . Ello por cuanto ninguno de los
No implican un instituto
jurídico ni se encuentran insertos en ninguna disposición
legislativa. Se trata, como veremos, de conceptualizaciones
económicas o políticas, generalmente empleadas en documentos
internacionales, en trabajos de sociología o economía o
conceptos utilizados por los medios de comunicación masiva sin
que resulten coincidentes con ninguna categoría legal.
I.1 ¿Qué es el empleo informal
En el lenguaje vulgar se suele identificar el término
el empleo que involucra a un trabajador
, lo cual
impl
dependiente cuyo empleador no cumple con la normativa legal
en la materia.
Pero también puede que el concepto se refiera a
aquellos trabajadores que no tienen empleador alguno,

tratándose de tareas precarias, esporádicas o de bajísima
ganancia para quien las realiza.
actividad no se da necesariamente en el primero de los casos, ya
que existen trabajadores dependientes cuyo empleador no
cumple con la normativa vigente, pero que ello no les impide su
manutención y la de su familia.
No obstante, al utilizar el té(que alude
a relación o contrato de trabajo) nos inclinamos porque el
concepto empleo informal se refiere exclusivamente al supuesto
del dependiente cuyo empleador no cumple con la normativa,
categoría que, se reitera, no necesariamente esta vinculada con
bajos ingresos. Descartamos, entonces, que en el contenido
temático se incluya al trabajador autónomo (a pesar de que el
derecho de la seguridad social se aplica tanto a trabajadores
autónomos como a dependientes).
Considerando que el término se refiere a los
trabajadores dependientes de un principal veamos que dice la
Ley de Contrato de Trabajo al respecto:
Art. 22. Relación de trabajo.
Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o
preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y
mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.
Art. 23. Presunción de la existencia del contrato de trabajo.
El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato
de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo
motiven se demostrase lo contrario.
Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales,
para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado
calificar de empresario a quien presta el servicio.
Dice el maestro Vázquez Vialard:

que una relación sea laboral
(subordinada) se requiere:
a) prestación voluntaria de trabajo por parte de una persona
b) a favor de otro que lo recibe, ya para sí o para producir
bienes y servicios que se ponen a disposición de terceros
c) que lo dirige y tiene el derecho de gozar de sus frutos
d) y tiene obligación de remunerarlo..
Tomo I, pág. 204)
Como puede apreciar el lector (entendido
como trabajo a favor de otro y no como ocupación u oficio libre)
constituye un hecho que para ser tal no requiere ni
formalidades, ni registraciones ni cotizaciones.
Nos han enseñado los grandes juristas de esta rama
del derecho:
constitutivo de la relación de trabajo sea el contrato de trabajo,
el legislador no excluye la posibilidad de que se constituye
mediante otros actos, siempre que el trabajador cumpla su
prestación en forma voluntaria; de lo que se desprende de la
relación de trabajo en algunas hipótesis podría ser forzada para
el empleador pero no para el trabajador. Del carácter no forzoso
para el trabajador debe entenderse que resulta de la prohibición
constitucional de la esclavitud, entendida en forma
adecuadamente amplia como prohibición de todo trabajo
forzoso, salvo para el caso de eventual cumplimiento de una
carga pública. (Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Tomo I, Justo
LópezCenteno-Fernández Madrid, Ed. Contabilidad Moderna - Buenos
Aires, 1977, Pág. 183/202)

Ya en 1941 Despontin decía:
ha influido más poderosamente ya que la característica de
constituir la expresión del acuerdo de la libre voluntad de las
partes conforme lo dispone el Art. 1137 del Código Civil, se
orienta a un contenido social, en donde el interés individual se
encuentra supeditado y la libertad contractual desaparece y sus
cláusulas obligatorias se consideran de orden público,
.
(
Claridad, Bs. As. 1941, pág. 85)
Napoli, a su vez, expresa el concepto diciendo
n de trabajo sin contrato, pero no
contrato sin relación de trabajo, de lo que resulta que aquella es
el contenido del contrato y éste su continente o la envoltura
exterior, su estructura jurídica. Se ha dicho que el contrato de
trabajo es la figura alrededor de la cual gira todo el derecho del
trabajo, a punto que algunos tratadistas consideran que todo el
contenido de la disciplina jurídica es prácticamente el contrato
de trabajo. Sin embargo De Ferrari sostiene que no es así, sino
más bien uno de los aspectos secundarios, de tal manera que sus
problemas específicos relativos a la capacidad, forma, extinción
o suspensión de la relación contractual, etc., por su falta de
originalidad, no habría justificado nunca la creación de una
disciplina independiente. Sostiene en definitiva este autor que el
sujeto más importante de nuestro derecho es, sin duda, el
trabajador, pero no como contratante sino precisamente como
trabajador y como componente de las comunidades que
integra por razones profesionales (el remarcado es propio)
La Ley, 1969, pág. 72).

A su vez, Juan Carlos Coria puntualiza:
empleado, el concepto de trabajador -por efecto de la vocación
expansiva, ínsita del derecho del trabajo- ha ido evolucionando
hasta comprender hoy a quienes originariamente se encontraban
también quienes son considerados trabajador
-expresa
Krotoschin- definen al trabajador como la persona (física) que
en virtud de una relación jurídica (de derecho privado) está
obligada a prestar servicios bajo la dependencia de otra persona
(empleador). Este concepto concuerda con la definición legal de
(ALMANSA
Trabajo-
As. 1979, pág. 264).
El maestro Eugenio Pérez Botija nos enseña que:
Dos son las cuestiones fundamentales que, desde el punto de
vista técnicojurídico justificarían las nuevas hipótesis. Una es
que en muchos casos para que exista relación laboral no es
menester un acuerdo previo, no requiriéndose, al parecer, ese
concierto de voluntades que llamamos contrato. No hay acto
jurídico, dicen, si no una nueva situación de hecho que
determina los efectos jurídicos implicados por la relación
laboral. Notorio parece que estas consideraciones van en contra
de la doctrina jurídica tradicional española que ya desde los
contrato tácito o presunto. No es menester un acuerdo solemne,
verbal o escrito para que se produzca la existencia del vínculo

defensores de la teoría de la relación es más sólida y de aparente
realidad. En la mayor parte de los casos, al ingresar un
trabajador al servicio de una empresa, no discute condiciones, ni
estipula, ni celebra pactos, adhiere a las condiciones generales
que la ley señala o que la empresa tiene establecida. Falta así el
decisionismo contractual, porque el contenido de las
Madrid 1952, pág. 119 y 120).
Ruprecht, siguiendo a Tisssembaum, da claramente las
razones del rol del estado en la relación que nos ocupa. Así
expresa:
El contrato de trabajo, por su naturaleza, por los caracteres
especiales de los factores que intervienen, por el grado de
preponderancia económica de una de las partes sobre la otra,
por la función social que al trabajador se asigna y por el grado
de repercusión que tiene en el medio donde actúa, constituye la
figura jurídica en la que más se justifica y más se ha hecho
efectivo el dirigismo contractual, que en esencia es equivalente a
lo que postulan las escuelas intervencionistas desde que ambas
tienen como fundamento el propósito de moralizar las
vinculaciones contractuales frente a las injusticias que se
producen por el predominio de una de las partes sobre la otra
( , Ed. Bibliográfica
Argentina, Bs. As. 1960, pág 46 (el remarcado es propio).
No podemos detenernos en este trabajo en los
principios que rigen la materia de derecho del trabajo, pero
tampoco podemos omitir recordar el Principio de
irrenunciabilidad rincipio de la primacía de la realidad.

Para su comprensión basta citar la palabra autorizada
de Américo Pla Rodríguez:
Creemos que la noción de irrenunciabilidad puede
expresarse en términos mucho más generales en la siguiente
forma: la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de
una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en
La prohibición de renunciar importa excluir
la posibilidad de que pueda realizarse válida y eficazmente el
desprendimiento voluntario de los derechos en el ámbito
alcanza El significado que le
atribuimos a este principio [primacía de la realidad] es el de la
primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades o las
apariencias. Esto significa que en materia laboral importa lo que
ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en
forma más o menos solemne o expresa o lo que luzca en
(PLA
Depalma, Bs. As. 1978, pag 67,68,244 y245)
Por lo tanto a los efectos legales para el tratamiento
del empleo no existe otra clase de trabajador más que el
o su
empleador cumpla o incumpla con la normativa legal.
En consecuencia, no hay un concepto legal de empleo
formal o informal. Ambos trabajadores empleados en una u otra
circunstancia, gozan de los mismos derechos laborales y de la
seguridad social.
Ahora bien, los que no son abogados, se estarán
preguntando cómo hace el trabajador que tiene un empleador
que no cumple con la normativa, para gozar de aguinaldo o de

vacaciones, para usufructuar la obra social o computar los años
trabajados a los efectos de obtener la jubilación.
La legislación laboral y de seguridad social prevé en
cada caso los mecanismos de articulación para el cumplimiento
de la normativa y es prueba de ello la abundante jurisprudencia
del fuero laboral y del fuero de la seguridad social, especializado
en omisión de aportes y contribuciones.
Si el derecho del trabajo y de la seguridad social se
hubiera quedado en el Código de Comercio, haciendo del
empleador incumplidor un problema individual del trabajador, la
exigencia de los derechos, y por tanto del cumplimiento de las
obligaciones del empleador, sería un mero conflicto individual
bajo la responsabilidad exclusiva del dependiente.
Pero, hace mucho tiempo que se abandonó esa tesitura.
S
concierne el control sobre las obligaciones del empleador. Se
recuerda que esta intervención no es en beneficio individual de
la víctima de la irregularidad, sino en beneficio de toda la
comunidad por tratarse de cuestiones que repercuten en el bien
común.
Con lo cual, la cuestión se
reduce al rol del Estado frente al empleo (en cualquiera de
sus formas).
Raffaele de Grazia denomina al fenómeno del
empleador incumplidor de las normas que rigen la relación:
(ver Clandestine Employment. Oficina
Internacional del Trabajo. Ginebra 1984).

El empleo clandestino puede constituir un delito (ver
entre otros Ley penal tributaria), con lo cual resulta objeto de
estudio del derecho penal en su especialidad pertinente.
A nuestro juicio aceptar en la normativa del derecho
del trabajo y de la seguridad social la posibilidad que existan
(registrado y no registrado,
cotizante y no cotizante) es aceptar como constitucional el
empleo clandestino y, aún más, significa propiciar el concepto
que carece de toda capacidad de control
para la protección de la comunidad ante, precisamente, las
consecuencias negativas de ese empleo clandestino. Aún más:
propicia el empleo clandestino. Esta postura ideológica podemos
apreciarla en las elocuentes palabras del Lic. Jorge Ávila
(economista de la Universidad del CEMA), para quien la ley de
contrato de trabajo debería reemplazarse por la siguiente ley:
Art. 1: Las partes pactarán libremente las condiciones de
trabajo; Art. 2: De forma. (ver articulo publicado en el diario La
Nación el 20 de noviembre de 1995, Segunda Sección, pág. 14).
La quita de derechos a los trabajadores y sus
familiares es una de las características de la aplicación del
Consenso de Washington (1) inaugurado en la Argentina por la
flexibilización en materia laboral y el decreto 2284/91 de
desregulación económica, en materia de seguridad social. Pero,
cabe aclarar, que no sólo la legislación evolucionó
posteriormente en algún sentido contrario
sino que jamás se llegó a modificar la esencia de lo dispuesto en
los arts. 22 y 23 de la LCT. Por ello, apartarnos de dicha
normativa es, a nuestro juicio, regresar al camino del
neoliberalismo normativo.
Concluimos, entonces que
una categoría legal sino que constituye simplemente u

ilícito, cuasi que es la consecuencia racional y natural
de la ausencia del estado en la materia.
De lo hasta aquí desarrollado advertimos que la
protección laboral está garantizada, cualquiera sea la forma del
empleo.
I.2 ¿Qué es la protección social
La otra cuestión es el concepto de
. Concepto difícil de encasillar para un abogado ya que
no existe normativa alguna que lo contenga.
Lo encontramos en autores como Fitoussi-Rosanvallon
(La nueva era de las desigualdades, Ed. Manantial, 2003) que desde la
sociología adhieren de algún modo a las nuevas corrientes
flexibilizadoras de la relación laboral sosteniendo, entre otros
conceptos:
el mercado no podía
Pero en la actualidad, en cierta manera, es gracias a
la protección social que puede funcionar la regulación por el
mercado y ya no hay necesidad de una intervención discrecional
(ob. cit. pág. 225)
Igualmente encontramos el concepto en documentos
emanados de organismos internacionales tales como el de la
OIT
Director General, donde se expresa:
Fundamentalmente, la protección social implica la voluntad
de cada persona perteneciente a una comunidad de contribuir a
la atención de sus miembros menos favorecidos o que
necesitan ayuda sabiendo naturalmente que, a su vez,

ecibirá una ayuda análoga en caso de necesitarla -. Así pues,
el primer requisito previo indispensable para toda forma de
protección social es el reconocimiento popular del valor de una
ág. 93) (el remarcado es propio)
(Trabajo publicado en ocasión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, 80ma. Reunión, 1993 OIT, Director General Michel
Hansenne).
Por su parte, la OIT define la protección social como
el conjunto de medidas públicas que brinda una sociedad a sus
miembros para protegerlos de las penurias económicas y
sociales que causaría la ausencia o una reducción sustancial de
los ingresos del trabajo como resultado de diversas
contingencias (enfermedad, maternidad, accidente de trabajo,
desempleo, invalidez, vejez y muerte de quien sostiene la
familia); el suministro de asistencia médica; y, el suministro de
beneficios para las familias con hijos. Este concepto de
protección social también se refleja en las diversas normas de la
OIT (Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-
1211 Ginebra 22, Suiza correo electrónico: pubvente@ilo.orgISBN 92-
2-315681- (el remarcado es propio)
En un trabajo realizado en el año 2005 en el mismo
organismo internacional se especifica lo que los autores , dentro
del ámbito de la OIT, entienden por Protección Social. Se dice
lo siguiente:
El enfoque general de la protección social requiere identificar a los
grupos vulnerables sin cobertura y a aquellos cubiertos de forma
insuficiente para prevenir o aliviar la pobreza. En este sentido, el
concepto de vulnerabilidad alude a un estado de elevada exposición
a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una
capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer
frente a sus consecuencias negativas.

Los objetivos planteados requieren una definición de
protección social que no sólo resulte conceptualmente adecuada,
sino también operativa desde el punto de vista estadístico. Uno
de los criterios seguidos para tal propósito consiste en tomar
como referencia la definición y las clasificaciones desarrolladas
por el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección
Social (ESSPROS).
De acuerdo con el ESSPROS, la protección social se
refiere a:
Todas las intervenciones de entes públicos y privados que buscan aliviar a los
hogares y a los individuos de la carga que significa un conjunto de riesgos y
necesidades, donde no está presente ni una reciprocidad simultánea ni un acuerdo
individual.et al., 2004) (el remarcado es propio)
Adicionalmente, la d necesidades, pero no
Banco Mundial (2001) u otras agencias de financiamiento multilateral (2). El
Banco Mundial (2001) define protección social como el conjunto de intervenciones
públicas para apoyar a los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad,
y ayudar a individuos, familias y comunidad a administrar mejor sus riesgos. (el
remarcado es propio).
Continúan los autores diciendo:
de las prestaciones, su financiamiento y los costos de administración relacionados.
Las principales formas de beneficios son los pagos en efectivo a las personas
protegidas y la provisión directa de bienes del sector. En términos generales una
clasificación estándar debería incluir:
Salud: asistencia sanitaria necesaria para mantener, restaurar o mejorar la salud
de las personas, sin considerar el origen del problema; manutención y
transferencias en efectivo relacionadas con una enfermedad física o mental, sin
incluir discapacidad.
Discapacidad: manutención y transferencias en efectivo y en especie excepto
asistencia sanitaria para las personas con discapacidades físicas o mentales
relacionadas con su inhabilidad de ocuparse en actividades sociales y económicas.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: manutención y
transferencias en efectivo o en especie relacionadas con los accidentes laborales.
Vejez, invalidez y sobrevivencia: manutención y transferencias en efectivo o en
especie excepto asistencia sanitaria relacionadas con la edad adulta mayor, la
muerte o invalidez de un miembro del hogar generador de ingresos.

Familia e hijos: manutención y transferencias en efectivo o en especie excepto
asistencia sanitaria relacionadas con los costos de embarazo, nacimiento y
adopción, crianza de niños y el cuidado de otros miembros de la familia.
Protección contra el desempleo y mercado laboral: manutención y
transferencias en efectivo o en especie excepto asistencia sanitaria relacionadas
con el desempleo.
Vivienda y saneamiento: ayuda para afrontar los costos de la vivienda y obras
de saneamiento.
Exclusión social no clasificada en ninguna de las anteriores: transferencias en
efectivo o en especie -excepto asistencia sanitaria- específicamente dirigidas a
aliviar la pobreza y la exclusión social, no cubiertas por alguna de las otras áreas
mencionadas.
(Protección social en argentina. Financiamiento, cobertura y desempeño, 1990-
2003. Organización Internacional del Trabajo. 2005 Primera edición. Fabio M.
Bertranou y Damián Bonari (coords.) Protección social en Argentina.
Financiamiento, cobertura y desempeño, 1990-2003. Santiago, Oficina
Internacional del Trabajo, 2005 ISBN 92-318391-X / 978-92-2-318391-2
(impreso) ISBN 92-318392-8 / 978-92-2-318392-9 (versión web pdf). Datos de
catalogación de la OIT)
En resumen, como el lector puede apreciar, en la
definición o intentos de definición del concepto protección
social se fusionan
trabajo derechos al asistencialismo social derivados de la
pobreza y incluidos aspectos del derecho del
trabajo vasto, que excede incluso el
tradicionalmente
utilizado por muchos autores. Se mantiene en forma difusa la
establecerse a qué tipo de población va dirigido el concepto.
La indefinición del sujeto de derecho es un problema
irresoluble en la ciencia jurídica, lo mismo que lo son las
conceptualizaciones
asociados generalmente al concepto que nos ocupa.

Modernamente se ha utilizado el término en la
discusión del llamado Piso Mínimo de Protección Social. Así,
leemos en un documento de trabajo del grupo empleador en el
ámbito de la OIT:
Mundial, la OIT ha refrendado el concepto de
Piso de Protección Social. El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT (2009),
también pide que se tome en consideración este concepto:
considerar la posibilidad, según proceda, de: ... ii) instaurar una protección social
adecuada para todos, sustentada en un régimen básico de protección social («piso
social») que incluya el acceso a la atención sanitaria, la seguridad del ingreso
para los ancianos y las personas con discapacidad, las prestaciones por hijos a
cargo y la seguridad del ingreso combinada con sistemas públicos de garantía del
empleo para los desempleados y los trabajadores pobres. Este concepto será
fundamental en la discusión sobre seguridad social de la OIT en 2011. (El
Concepto de Piso de Protección Social. Nota explicativa para Empleadores.
Febrero de 2011. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES)
La Asociación Internacional de la Seguridad Social ha
usado el término con menor frecuencia. En un artículo publicado
en la Revista Internacional de Seguridad Social (Vol. 58
Numero 2-3) de abril-septiembre de 2005 puede leerse:
ás recientemente, el de protección social, han
estado sujetos a una permanente evolución que puede llevar a diversas
se ha tomado en cuenta el concepto de seguridad social que
considera a todo régimen o programa establecido por ley o por cualquier otra
disposición obligatoria que garantiza una protección, sea en prestaciones en dinero
en especie, en caso de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales,
desempleo, maternidad, enfermedad común, invalidez, vejez, jubilación,
sobrevivencia o muerte, e incluye, entre otras, prestaciones por hijos y por otros
miembros de la familia, prestaciones de salud, prevención, rehabilitación y
cuidados de larga duración. El término puede incluir al seguro social, a la
asistencia social, a los regímenes de prestaciones mutuales, a los fondos de
previsión y a otros regímenes que, de conformidad con la legislación y práctica
nacionales, formen parte del sistema de seguridad social de un país (AISS 1998).
También se ha contemplado el concepto de protección social, que puede
interpretarse como el conjunto de intervenciones de entes públicos y privados que
buscan aliviar a los hogares y a los individuos de la carga que significa una serie de

se pretende cubrir dentro del concepto general de protección social tanto a
los sistemas de seguridad social financiados mayoritariamente con contribuciones
como aquellos que son financiados básicamente con recursos impositivos de rentas
generales (pág. 1 y 2 obra citada).
En un trabajo realizado en el ámbito de la CEPAL se
expresa, a nuestro juicio con acierto, sobre el concepto de
protección social:
Se trata de un concepto que no reconoce una definición clara y precisa,
aunque es claro que la protección social no es toda la política social...
En sus orígenes, el concepto estaba vinculado a la protección del
trabajador y su familia. Si bien se mantiene esa concepción (asociada a
la seguridad social contributiva), tiende a enfocarse en la protección a la
población en situación de pobreza, las cuestiones de riesgo y/o
vulnerabilidad (La Protección Social Argentina en Perspectiva
Latinoamericana: Retos de Inclusión e Integralidad. Repetto, Fabián y
Potenza, Fernanda. Diálogos de Protección Social - Buenos Aires, 8 de
abril de 2011)
La tendencia, entonces no es otra que reemplazar el
tradicional sujeto de la seguridad social: el trabajador y su
familia (con independencia de su situación patrimonial) por el
sujeto trabajador o no trabajador, carente de recursos.
A efectos de tratar de dar una mayor aproximación
jurídica al concepto, dentro del derecho aun vigente, nos resulta
oportuno recurrir al texto del Art 25 de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre que expresa:
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su
voluntad".
De su lectura podríamos aseverar que la protección
social, en el amplio sentido que tiene el término, se encuentra
comprendida en la primera parte de la norma. Todos los
hombres tiene derecho a un sistema de política social que no
deje sectores marginados y otorgue un nivel de vida adecuado
por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, teniendo
es el primer responsable de sus medios (2)
La segunda parte de la disposición, a nuestro entender,
deja a salvo el derecho de los trabajadores de gozar de sus
propios sistemas de seguro social que le garanticen tanto al
trabajador como a su familia un nivel de subsistencia adecuado
y acorde con su actividad laboral en caso de pérdida de la
capacidad de trabajo con total independencia de su situación
patrimonial.
Como puede apreciarse, el concepto de protección
social no evolucionó hacia fórmulas claras como la disposición
citada sino que involucionó. Ello por cuanto, en general, los
conceptos
con independencia de sus recursos
vulnerable, pobre o necesitada de ayuda.
Frente a esto si no se tiene clara la diferencia entre
seguridad social y asistencia social se puede caer en el error de
trasladar las responsabilidades de los empleadores hacia los
trabajadores (sea la relación clandestina o no), a la sociedad toda
y, al mismo tiempo, disminuir los beneficios derivados del
trabajo, bajo la apariencia progresista de la universalización.

De todo ello resultaría que son los bolsillos de los
propios trabajadores de donde surjan los recursos para atender a
determinados sectores sociales. Es llamativo que en documentos
emanados de organismos que deben ocuparse de los
trabajadores, generalmente se mencione a grupos vulnerables o
necesitados de ayuda, cuando quien tiene trabajo bajo un
empleador que cumple con la legislación debería dejar de ser un
sujet
En conclusión, así como el primer concepto (empleo
informal) que hemos analizado no constituye una categoría legal
ilícito (que es el resultado del
estado mínimo), este segundo concepto tampoco constituye
ca
. Como tal aparece en los textos como poco preciso,
plagado de matices, inasible, controvertido y no necesariamente
compartido. (3)
Recordemos que las diferencias entre los institutos del
derecho de la seguridad social que nacen de la relación laboral y
los institutos asistenciales no están solo en su forma de
financiamiento (cotizaciones patronales y rentas generales
respectivamente) sino en otras cuestiones fundamentales:
a) Lo ; las
prestaciones derivadas de la relación laboral son para
inmunizar contra la pobreza. (4)
b) Lo asistencial exige probatoria de carencia de recursos;
las prestaciones derivadas de la relación laboral son ajenas a la
situación patrimonial del beneficiario. (4)
c) Lo asistencial requiere otro sistema de gestión que
implique la supervisión permanente de la mantención de la

situación de carencia que dio origen al beneficio (incluida la
contención integral para la recuperación o instauración de las
condiciones dignas de vida)
Cabanellas nos dice
e basarse en la caridad y la
beneficencia, con prestaciones gratuitas y por ello no exigibles,
tiene por objeto remediar la indigencia, en cambio el seguro
social, cuya esencia es la solidaridad y basado casi siempre en
aportes de los mismos beneficiarios, se reclama como derecho
perfecto, tutela a cuantos experimentan una necesidad, dentro de
riesgos determinados y según escalas de perjuicios resarcibles o
Recuerda Bonilla Marin que la
asistencia era un acto de altruismo y caridad y solo comprendía
al verdaderamente indigente o necesitado. En el seguro social el
asegurado contribuye con cargas no tomándose para nada en
(Cabanellas, Guillermo,
1968, pág. 772)
I.3 Conclusión de la primera parte
En orden a todo lo expuesto consideramos que el
contenido temático propuesto debe referirse, dentro del sistema
legal argentino a la problemática del trabajador a las órdenes
de un empleador evasor ante las normas del derecho del trabajo
y de la seguridad social o los problemas derivados del empleo
Entendemos, asimismo, que no necesariamente los
mismo fenómeno. Ello por cuanto el primero no necesariamente

conlleva pobreza, carencias o vulnerabilidad, mientras que el
término protección social parece referirse exclusivamente a la
temática social de la pobreza.
El trabajo clandestino es un problema que afecta al
conjunto de los trabajadores y afecta la competitividad entre
empleadores, pero no necesariamente produce trabajadores
pobres o carenciados, con lo cual no hay estricta correlación
entre ambos términos.
Por otra parte el trabajo o empleo clandestino es un
ilícito, lo cual nos pone claramente frente a la responsabilidad
que tiene el Estado, cuya obligación es combatir el flagelo para
beneficio del bien común.
En este orden de ideas y atento que
se han unido en la propuesta temática, cabría
suponer que lo que aquí cabe analizar son los problemas derivados
del empleo clandestino que genere trabajadores pobres.
Ello no puede considerarse seriamente ya que la
gravedad de la clandestinidad, como hecho antijurídico, obliga a
combatirla, ya genere trabajadores pobres o ricos o de cualquier
nivel social. Por lo que descartamos que el contenido temático
deba vincularse necesariamente a la pobreza.
Asimismo, debemos señalar que jamás en el derecho
del trabajo y de la seguridad social el sujeto protegido debe
cumplir como requisito Pensar lo
contrario nos lleva al peligroso camino de considerar, por
ejemplo, que las indemnizaciones por despido, o el aguinaldo
son derechos reservados a los trabajadores carenciados. Este
verdadero disparate haría
despertar de su tumba a más de un jurista.

NOTAS
(1) Los diez mandamientos del CONSENSO DE WASHINGTON. Los
compromisos que constituyeron las estrategias básicas de lo que posteriormente se
siguiente manera: 1) imponer la disciplina fiscal que significa fundamentalmente
una disminución drástica del déficit presupuestario; 2) como consecuencia de lo
anterior, severa disminución del gasto público, especialmente en las áreas
destinadas al gasto social; 3) mejoramiento del sistema impositivo basado en una
tributación de amplia base (impuestos indirectos que son los que gravitan en el
consumo popular como por ejemplo el IVA); 4) liberalización del sistema
financiero y de la tasa de interés; 5) mantenimiento de un tipo de cambio estable;
6) liberalización comercial externa, mediante una amplia apertura y reducción de
las tarifas arancelarias y diferentes trabas; 7) otorgar amplias facilidades a las
inversiones de capitales externos; 8) enérgica política de privatizaciones de
empresas estatales; 9) desregulación de las actividades del estado y 10) derecho a
la propiedad para salvaguardar y garantizar la propiedad privada de las empresas
públicas que se privatizaran.
Este conjunto de directrices que claramente se interrelacionan entre si, constituyó y
lamentablemente continúa constituyendo aún en la actualidad, el basamento de la
política económica que se implantaría con mayor o menor drasticidad, en los
posmenemista ¿atrapada sin salida, 2º edición, año 2003, EUDEBA, pág. 53 y
siguientes)
(2) Etala, Carlos Alberto. Derecho de la Seguridad Social. Astrea, 3 edicion
actualizada, pág 51
Chirinos, Bernabé Lino, Tratado de la Seguridad Social, Ed. La Ley, tomo I, pág.
46
(3) En todos los países avanzados, los patrones, altos funcionarios internacionales,
intelectuales mediáticos y periodistas conocidos parecen haberse puesto de
acuerdo para hablar un extraño dialecto cuyo vocabulario, surgido aparentemente
;
m
tecla difusión de esta nueva Vulgata planetaria -en la cual no escuchamos:
d,
vocablos definitivamente desalojados bajo el pretexto de que son obsoletos, de que
están fuera de lugar- es el producto de un imperialismo propiamente simbólico.
Los efectos son aun más patentes y perniciosos por el hecho de que este
imperialismo es alentado no sólo por los partidarios de la revolución neoliberal,
que bajo el manto de la modernización pretenden reconstruir el mundo anulando
las conquistas sociales y económicas que resultaron de cien años de lucha, sino

también por productores culturales -investigadores, escritores, artistas y militantes
de izquierda- el
imperialismo cultural apela a una violencia simbólica que se sostiene sobre la
relación de comunicación destinada a promover la sumisión y la universalización
de los particularismos ligados a una experiencia histórica singular, a fin de que ya
Bourdieu Pierre Pensamiento y Acción Libros
del Zorzal Bs.As 2002 pág 122)
(4) Hay que imaginarlo como un intento para asegurar la inmunidad contra la
indigencia, tomando las medidas adecuadas para que todo el mundo tenga, en todas
las épocas de su vida, en virtud de las contribuciones que aportara y como derecho,
sin someterse a una comprobación de sus recursos, los ingresos mínimos
necesarios para hacer frente a sus responsabilidades. Si cuando decimos
inmunidad contra la indigencia lo decimos de verdad y no expresamos un piadoso
deseo, tendremos que aceptar, no por necesidad mi plan, pero sí algo parecido a
este plan, algo que haga todo aquello que mi plan se propone realizar. Si puede
encontrarse otra manera de hacerlo a mi no me importa que se prefiera esa manera
a la mía. (Bases de la seguridad social Sir Williams Beveridge Fondo de Cultura
Económica, México 1944).

La Protección Laboral y Social
ante el Empleo Informal
Parte II
Graciela E. Cipolletta
II.- Ámbito de aplicación personal de la legislación de
seguridad social en la Republica Argentina
En el entendimiento de que en el punto anterior hemos
desarrollado la universalidad de la aplicación de la normativa
laboral (aplicación de los artículos 22 y 23 de la LCT), nos
dedicaremos en éste a analizar el ámbito de aplicación personal
del derecho de la seguridad social, cuyo sujeto protegido no se
limita al trabajador dependiente sino a todo tipo de trabajador y
al conjunto de su grupo familiar.
Podemos decir que, académicamente, el derecho
de la seguridad social protege a los siguientes sujetos:
1) El trabajador en relación de dependencia.
2) El trabajador autónomo.
3) El no trabajador si busca trabajo o fue trabajador.
4) El grupo familiar del trabajador dependiente.
5) El grupo familiar del trabajador autónomo.
6) El grupo familiar del trabajador que busca trabajo o fue
trabajador.

La amplitud del sujeto protegido separa al derecho de
la seguridad social del derecho del trabajo, pero no lo desvincula
en cuanto al origen de la protección que es el punto en común de
ambas disciplinas: EL TRABAJO. Así el articulo 14 bis de nuestra
C.N. reza: El trabajo, en sus diversas formas gozara de la
protecc
Reemplazar este eje fundac
pobre de demostrarse en la primera parte de este
trabajo, implica una verdadera revolución de valores morales,
religiosos, éticos y jurídicos.
Una cosa es el rol del Estado en su papel de protector
del trabajo y otra, muy diferente, el rol de protector de la
pobreza. En el primer caso implicará una fuerte intervención en
la economía para propender al pleno empleo y en el otro,
simplemente,
.
Podrá percibir el lector la abismal diferencia, que no es
más que la diferencia que puede existir entre las teorías
económicas de Lord Keynes y las de Milton Friedman. (1)
De todos modos nuestro interés está en el derecho
argentino y éste ha modificado dramáticamente su estructura
protectoria en materia de seguridad social a partir de las
reformas inauguradas con del decreto 2284/91, como veremos
en el punto correspondiente a la leyes y normas reglamentarias.
Allí advertiremos que la disminución de sujetos protegidos, de
prestaciones y de niveles económicos de beneficios ha sido la
regla tanto en las prestaciones derivadas de la seguridad social
vinculada al trabajo como en la correspondiente al régimen
asistencial.

Algunos cambios favorables que se produjeron a partir
de mediados de la primera década del siglo XXI, a nuestro
juicio, no han retrotraído la legislación al estadio anterior a las
reformas neoliberales.
II.1. Los sujetos protegidos en la Constitución Nacional
La Constitución Nacional en su propio preámbulo
contempla la protección de todos los ciudadanos frente a las
contingencias de vejez, invalidez y muerte, por cuanto impulsa
a star general....para nosotros, para nuestra
prosperidad, y para todos los hombres del mundo que quieran
que se utiliza también en
el acta constituyente de los Estados Unidos de Norte América,
se comprende con total integridad si se repara en la definición
dada por el diccionario de la lengua española. El mismo nos dice
bien; vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo
bien y con tranquilidad; estado de la persona humana, en el que
se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad
que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de
naturaleza diferente.
Nuestra Constitución ha sido muy generosa en cuanto
a los sujetos protegidos, por cuanto no sólo se refiere al pueblo
argentino y su posteridad sino a todos los hombres del mundo
que quieran habitar el suelo argentino. Por ello dentro de nuestra
legislación sólo resulta exigible el requisito de residencia pero

no el de nacionalidad de origen, como condicionante para
obtener algún tipo de beneficio de la seguridad social.
Idéntico criterio han reiterado los preámbulos de las
constituciones provinciales, que ofrecen una apertura de
protección a todos los hombres.
A modo de ejemplo el preámbulo de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires dice:
los demás hombres qu ; el preámbulo de la
Constitución de la provincia de Catamarca reza
; el de la constitución de la provincia de Córdoba expresa
dad de la persona... reafirmar... la
solidaridad... y promover una economía puesta al servicio del hombre y la justicia
social.. reámbulo de la Constitución de la provincia del Chaco dice
, el de la Constitución de Chubut establece
; el de la Constitución de
la provincia de Jujuy expresa
; el preámbulo de la Constitución de la Provincia de
La Rioja declama
, el
preámbulo de la Constitución de la provincia de Mendoza al igual que el de la
Constitución de la provincia de Neuquén reiteran la máxima
.
El texto constitucional de 1853, con excepción del
mandamiento contenido en el preámbulo, no contenía
disposiciones específicas sobre la protección del trabajo y de las
contingencias sociales que impiden dicha acción.
Es recién en la reforma constitucional de 1957 que se
incorpora el Art. 14 bis. Muchas son las razones para dicha
incorporación pero estimamos que debe recordarse sobre todo la
evolución e influencia que tuvo en la cuestión la Doctrina Social
de la Iglesia.
los que gobiernan un pueblo deben primero

ayudar en general y con todo el complejo de leyes e
. Cuarenta años después Pío XI en Cuadragésimo
Anno recoge los mismos principios. En Mater et Magistra
de seguridad social pueden contribuir eficazmente a una
redistribución de una renta total de la comunidad política, según
criterios de justicia y equidad; y pueden por lo tanto
considerarse uno de los instrumentos para reducir los
desequilibrios en el tenor de vida, entre las varias categorías de
La reforma de 1957 responde a las ideas sociales de la
posguerra y en el art. 14 bis, con el objeto de proteger el trabajo,
seguridad social en el mundo del trabajo. Su texto, ratificado por
la Convención Constituyente de 1994, dice:
rá los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá el
seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por
los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la
protección integral de la familia; la defensa del bien de familia, la
compensación económica familiar y el acceso a
En este párrafo el constituyente determinó no sólo el
derecho a la seguridad social sino el método de financiación de
la misma, la forma de administración de esos fondos, los sujetos
facultados para su administración, los caracteres de los
beneficios y las contingencias amparadas.
Cabe preguntarse ¿quién es el sujeto protegido por este
tercer párrafo del Art. 14 bis ¿el pueblo en su conjunto o el
trabajador

A nuestro juicio el Art. 14 bis debe interpretarse en su
contexto. S
trabajador asalariado como al trabajador no dependiente. La
en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador... los beneficios de la seguridad social.
En base a ello el sistema de financiación se sustenta en
remuneración integra la remuneración del trabajador y es parte
empleador como parte de la redistribución de la renta.
Este salario indirecto, al que la Corte Suprema de
(
tiene por destino un pozo común del que obtendrá el sustento el
trabajador que por vejez, invalidez, muerte, enfermedad,
maternidad, excesivas cargas de familia, desempleo, etc. no
pueda procurarse el sustento con su trabajo. Esto es el derecho
de la seguridad social propiamente dicho.
Las leyes sustentadas en el Art. 14 bis tienen como
integral
al trabajo, cualquiera sea su condición.
¿Debe inferirse que la norma fundamental no ampara a
quien no ha tenido acceso a un trabajo o a quien habiéndolo
tenido lo ha perdido desde hace mucho tiempo o a quien por sus
condiciones particulares tampoco podrá acceder a un trabajo o a

quien, además de todo esto, no pertenece a un grupo familiar de
trabajador alguno Creemos que no, pero los beneficios que la
sociedad le otorga encuentran su sustento normativo en otras
disposiciones del texto constitucional y no en el artículo de
marras.
Estos beneficiarios excluidos por razones endógenas o
exógenas de la calidad de trabajador o de perteneciente al grupo
familiar del trabajador, recibirán la protección de los sistemas de
tanto como el sujeto facultado para la administración del sistema
asistencial que se instaure.
A nuestro modo de ver estos sujetos, cuyo derecho a
ser asistidos se pudo alguna vez haber puesto en duda en el texto
constitucional de 1957, se encuentran claramente amparados en
el texto constitucional de 1994 por los artículos a los que nos
referiremos más adelante.
En el nuevo texto se incorpora dentro de las facultades
que posee el Congreso de la Nación (art. 75CN) la llamada
. El nuevo inciso 19 dice
textualmente:
Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía nacional a la
generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a
El nuevo inciso 22 expresa:
Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con
las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de
la primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo
podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional,
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de
ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la
jerarquía constitucional.
La norma es clara en el sentido de que esta
incorporación no disminuye ni altera los derechos consagrados
en la primera parte de la Constitución, por lo cual la única
interpretación posible es que los trabajadores y su grupo familiar
conservan todas las seguridades consagradas en el art. 14 bis. El
inc. 22 transcrito es el sustento normativo por el cual la sociedad
deberá, a través de sus propios recursos, atender situaciones no
contempladas en la norma de protección al trabajo citada.
El inciso 22 del art. 75 debe integrarse con lo
dispuesto en el inciso 23, que afianza mas aún la asistencia
social a aquellos grupos poblacionales que no estaban
explícitamente contemplados en el texto de 1957 y que sólo
gozaban de beneficios si integraban el grupo familiar o
conviviente de un trabajador. Dicho inciso expresa:

garanticen la igual real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección
del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia (el remarcado es propio)
Entendemos que el primer párrafo se refiere al
refuerzo de medidas protectorias y a la ratificación de los
derechos para los grupos poblaciones en general, pidiendo una
especial atención en los grupos más vulnerables ¿Puede referirse
exclusivamente a las personas no amparadas por los derechos
derivados del art. 14 bis a los cuales accederán como
trabajadores o integrantes del grupo familiar de éste o quizá
incluye también a estos en una necesidad de reafirmar la calidad
y cantidad de las prestaciones
El segundo párrafo es también de difícil interpretación
y cabe la misma reflexión que para el anterior. El niño de un
trabajador o de una trabajadora se protege a través de los
sistemas de protección que tienen quienes están a cargo ¿ha
querido la norma reforzar esta protección del grupo familiar del
trabajador y otorgar beneficios sociales a los niños con
independencia de la protección social que reciben sus padres
¿acaso refiere la norma al niño que no accede a los beneficios
por no estar sus padres o personas a cargo dentro de la categoría
de trabajadores ni recibir ningún beneficio derivado de la
asistencia social por no pertenecer a los grupos excluidos en el
art. 14 bis ¿qué es estar desamparado, ¿quién está bajo la

patria potestad está desamparado, ¿es sólo el huérfano sin
pariente, ¿cómo se esta desamparado en el vientre materno
Las nuevas normas han traído verdaderos desafíos en
la interpretación.
No obstante, es el artículo 14 bis el que sigue siendo
medular a los efectos de la seguridad social y de la distribución
de la renta en la legislación argentina.
Al respecto dijo Bidart Campos en ocasión de la
incorporación de su texto:
Quienes hasta la reforma pudieron aferrarse, con repulsión hacia el Art.
14 bis, a las pautas de un liberalismo decimonónico y de un estado
abstencionista, podrán comprender con el texto nuevo que en él se
afianza -en perfecta sincronización con el espíritu dinámicamente
actualizado de la constitución histórica- la vertiente social que supera los
formalismos de una libertad, de una igualdad y de unos derechos que en
la vigencia sociológica no son los mismos para todos, porque muchos no
logran acceder, mediante un efectivo bienestar general, a su goce y a su
(Tratado elemental de Derecho constitucional argentino, Tomo VI, Ed.
Ediar 1959)
Estimamos que ésta es la problemática central, que
aún hoy encuentra ideólogos que quieren eludir el mandato.
De todo lo expuesto cabe inferir que en la
Constitución Nacional se encuentra protegida con beneficios
contra las contingencias sociales la totalidad de la población, ya
por pertenecer al mundo del trabajo ya por ser sujetos
vulnerables, cuyas características les permite acceder al sistema
de asistencialismo social.

Sobre la cuestión del sujeto del derecho de la
seguridad social nos dice Martínez Vivot:
Si bien, como dijimos al comienzo, el sujeto habrá de ser la población
misma, en cada circunstancia, esta hipótesis de universalidad no pasa de
ser, en general, una aspiración. Depende, sin duda, de la capacidad de
respuesta que tenga cada país, según sus recursos para ello, pero muchas
veces la generalización ha originado la insuficiencia o precariedad de la
prestación y, en los hechos, existen sectores desproveídos, a pesar de ser
los que mas necesitan del amparo en su necesidad. En parte la crisis, que
en su momento señalamos, se debe a cierta extensión o generalización
de beneficios, olvidando otro de los principios de la seguridad social que
(Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad
.
II.2. Los sujetos protegidos en las normas derivadas de la
relación de trabajo
En base al texto constitucional analizado en el punto
anterior la legislación argentina proporcionó, desde mediados
del siglo XX, cobertura para la atención de las contingencias
sociales a, prácticamente, la totalidad de la población. Es a partir
de las reformas estructurales de los años noventa en que
comienzan a quedar grupos etarios sin cobertura. Al punto tal
que, entre otras cuestiones, se perdió la universalización del
derecho de los trabajadores al cobro de las asignaciones
familiares vigente hasta 1996.
Los sectores excluidos son en su mayoría producto de
la revolucionaria legislación neoliberal de los años noventa que
recorto beneficiarios y beneficios en cada una de las áreas de la
seguridad social. En muchos campos se han recuperado
derechos pero en otros, aun se mantiene la legislación
restrictiva.

En el sector asistencial, si aun quedan bolsones
poblacionales sin ciertas coberturas se debe más a la rigidez de
las disposiciones reglamentarias que a los textos legales. En este
sector con la incorporación de la pensión asistencial denominada
Asignación Universal por Hijo y Universal por Embarazo se
incorporaron beneficiarios no contemplados en el esquema
normativo anterior.
De manera muy sucinta señalaremos el ámbito de
aplicación personal de cada uno de los sistemas de seguridad
social vigentes, incluyendo tanto las disposiciones derivadas de
la relación de empleo como las normas de carácter asistencial
Ello con el objetivo de mostrar al lector como tanto en el campo
de los beneficios derivados del trabajo como en el campo
asistencial han quedado fuera de los beneficios innumerables
grupos.
Estas exclusiones agravan el tema que nos ocupa, ya
que las consecuencias sociales catastróficas del empleo
clandestino muchas veces podrían quedar solucionadas (por lo
menos para la víctima) si se volviera a los sujetos protegidos de
las leyes anteriores a la revolución neoliberal.
A. Cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte
Ley 24.241, llamada hoy Sistema Integrado
Previsional Argentino, que es de carácter general, incluye la casi
totalidad de los trabajadores dependientes públicos y privados y
a los trabajadores autónomos, todos a partir de los 18 años.
Los siguientes regímenes especiales de protección de
carácter profesional rigen a nivel nacional: docentes (ley
24016); investigadores, científicos y técnicos (leyes 22929,

23026 y 23626); magistrados y funcionarios del poder judicial
(ley 24018;) funcionarios del servicio exterior de la Nación (ley
22731) y los docentes de universidades nacionales (ley 26508).
Tienen, a su vez, su propio sistema de cobertura, por
las contingencias señaladas en el párrafo anterior, las fuerzas
armadas y de seguridad, los funcionarios públicos de los
gobiernos provinciales que no hubieren adherido a la ley 24241,
los profesionales con cajas de previsión especiales, los
sacerdotes del culto católico y los guarda parques nacionales.
Existen asimismo regímenes diferenciales para
trabajadores que se desempeñan en tareas insalubres, riesgosas o
predisponentes de vejez. Estos regímenes, a diferencia de los
especiales y de los excluidos se rigen, en lo que no sea edad y
años de servicios, por las disposiciones de la ley general. Por
ello no haremos la enumeración ya que, sus beneficiarios,
coinciden con el grupo profesional amparada en la ley general.
A.1) Cobertura de vejez e invalidez
La norma general dispone:
Incorporación obligatoria
Artículo 2º Están obligatoriamente comprendidas en el SIJP y sujetas
a las disposiciones que sobre afiliación establece esta ley y las normas
reglamentarias que se dicten, las personas físicas mayores de dieciocho
(18) años de edad que a continuación se detallan:
a) Personas que desempeñen alguna de las actividades en relación de
dependencia que se enumeran en los apartados siguientes, aunque el
contrato de trabajo o la relación de empleo público fueren a plazo fijo:
1. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o
transitoria desempeñen cargos, aunque sean de carácter electivo, en
cualquiera de los poderes del Estado nacional, sus reparticiones u
organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del

Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas
especiales y obras sociales del sector público, con exclusión del personal
militar de las fuerzas armadas y del personal militarizado o con estado
policial de las fuerzas de seguridad y policiales.
2. El personal civil de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad
y policiales.
3. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o
transitoria desempeñen cargos en organismos oficiales interprovinciales,
o integrados por la Nación y una o más provincias, cuyas
remuneraciones se atiendan con fondos de dichos organismos.
4. Los funcionarios, empleados y agentes civiles dependientes de los
gobiernos y municipalidades provinciales, a condición que previamente
las autoridades respectivas adhieran al SIJP, mediante convenio con el
Poder Ejecutivo Nacional.
5. Las personas que en cualquier lugar del territorio del país presten en
forma permanente, transitoria o eventual, servicios remunerados en
relación de dependencia en la actividad privada.
6. Las personas que en virtud de un contrato de trabajo celebrado o
relación laboral iniciada en la República, o de un traslado o comisión
dispuestos por el empleador, presten en el extranjero servicios de la
naturaleza prevista en el apartado anterior, siempre que dichas personas
tuvieran domicilio real en el país al tiempo de celebrarse el contrato,
iniciarse la relación laboral o disponerse el traslado o comisión.
7. En general, todas las personas que hasta la vigencia de la presente ley
estuvieran comprendidas en el régimen nacional de jubilaciones y
pensiones por actividades no incluidas con carácter obligatorio en el
régimen para trabajadores autónomos.
Cuando se trate de socios en relación de dependencia con sociedades, se
estará a lo dispuesto en el inciso d).
b) Personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras,
asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República alguna de las
actividades que a continuación se enumeran, siempre que éstas no
configuren una relación de dependencia:
1. Dirección, administración o conducción de cualquier empresa,
organización, establecimiento o explotación con fines de lucro, o
sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan
retribución, utilidad o ingreso alguno.

2. Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en
universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder
Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio
de profesión universitaria reglamentada.
3. Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro,
ahorro y préstamo, o similares.
4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados
precedentes.
c) Personas al servicio de las representaciones y agentes diplomáticos o
consulares acreditados en el país, como también el dependiente de
organismos internacionales que preste servicios en la República, si de
conformidad con las convenciones y tratados vigentes resultan
aplicables a dicho personal las leyes de jubilación y pensiones
argentinas. Al personal que quede excluido le será de aplicación lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4º.
d) Cuando se trate de socios o sociedades, a los fines de su inclusión
obligatoria en los incisos a) o b), o en ambos, serán de aplicación las
siguientes normas:
1. No se incluirán obligatoriamente en el inciso a):
1.1. Los socios de sociedades de cualquier tipo cuya participación en el
capital sea igual o superior al porcentual que resulte de dividir el número
cien (100) por el número total de socios.
1.2. El socio comanditado único de las sociedades en comandita simple
o por acciones. Si hubiera más de un socio comanditado se aplicará lo
dispuesto en el punto anterior, tomando en consideración solamente el
capital comanditado.
1.3. Los socios de las sociedades civiles y de las sociedades comerciales
irregulares o de hecho, aunque no se cumpla el requisito a que se refiere
el punto 1.1.
1.4. Los socios de sociedades de cualquier tipo aunque no estuvieran
comprendidos en los puntos anteriores, cuando la totalidad de los
integrantes de la sociedad estén ligados por un vínculo de parentesco de
hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad.
2. Sin perjuicio de su inclusión en el inciso b), cuando un socio quede
incluido obligatoriamente en el inciso a) la sociedad y el socio estarán
sujetos a las obligaciones de aportes y contribuciones obligatorios por la
proporción de la remuneración y participación en las utilidades que el
socio perciba y/o se le acrediten en cuenta, en la medida que exceda el

monto que le hubiera correspondido de conformidad con su
participación en el capital social.
Incorporación voluntaria
Artículo 3º La incorporación al SIJP es voluntaria para las personas
mayores de dieciocho (18) años de edad que a continuación se detallan:
a) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en
el inciso a) del artículo anterior:
1. Los directores de sociedades anónimas por las asignaciones que
perciban en la misma sociedad por actividades especialmente
remuneradas que configuren una relación de dependencia.
2. Los socios de sociedades de cualquier tipo que no resulten incluidos
obligatoriamente conforme a lo dispuesto en el inciso d) del artículo
anterior;
b) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en
el inciso b) del artículo anterior:
1. Los miembros de consejos de administración de cooperativas que no
perciban retribución alguna por esas funciones, socios no gerentes de
sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y
fiduciarios.
2. Los titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan
la dirección, administración o conducción de la explotación común.
3. Los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes
al culto católico apostólico romano, u otros inscriptos en el Registro
Nacional de Cultos.
4. Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el artículo
2º, inciso b), apartado 2, y que por ellas se encontraren obligatoriamente
afiliadas a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para
profesionales, como asimismo aquellas que ejerzan una profesión no
académica autorizada con anterioridad a la promulgación de esta ley.
Esta incorporación no modificará la obligatoriedad que dimana de los
respectivos regímenes locales.
5. Las amas de casa que decidan incorporarse voluntariamente al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones lo harán en la categoría
mínima de aportes, pudiendo optar por cualquier otra categoría superior.
(Inciso sustituido por art. 1º de la la ley 24347(B.O. 28/6/1994).
A.2.) Cobertura de la familia por muerte del titular activo o
beneficiario

Pensión por fallecimiento. Derechohabientes
La ley general estipula:
Artículo 53.- En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro
por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los
siguientes parientes del causante:
a) La viuda.
b) El viudo.
c) La conviviente.
d) El conviviente.
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, siempre que no
gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los
dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso e) no rige si los
derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha
de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que
cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando
concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o
carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un
desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de
aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el
derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante
se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando
exista descendencia reconocida por ambos convivientes.
a.3) Trabajadores que quedaron fuera de la cobertura

1.- Los trabajadores menores de 16 a 18 años de edad (art. 2 y 3,
ley 24.241);
2.-
regular o irregular con derecho (art. 95, ley 24.241);
3.- Los trabajadores que sufren una invalidez profesional del
trabajo que realizan y no tienen invalidez total para todo trabajo
(art. 27, ley 24.241);
4.- Los trabajadores que pueden probar treinta años de servicios
pero no la totalidad de treinta años con aportes devengados;
5.- Los trabajadores autónomos que no cumplen las
formalidades rituales impuestas por AFIP;
6.- Carecen de derecho a pensión los hijos casados, separados y
divorciados o hijos varones viudos, tanto si se trata de menores
como si se trata de discapacitados.
7.- Carecen de derecho a pensión los padres, los hermanos, las
hijas mayores de 55 años, los nietos.
Con respecto a la cobertura de muerte vale la pena la
transcripción del viejo artículo de la ley anterior, para que el
lector aprecie hasta qué punto se desprotegió con la nueva
legislación a la familia del trabajador.
El texto de la ley 18.037 decía:
En caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a
jubilación, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: 1) la viuda o
el viudo. Tendrá derecho a la pensión y la conviviente o el conviviente, en el
mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo, en el
supuesto que el causante se hallase separado de hecho y hubiese convivido
públicamente en aparente matrimonio durante por lo que menos cinco años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a
dos años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo,
separado legalmente o divorciado. El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera estado
contribuyendo al pago de los alimentos, que estos hubieran sido reclamados
fehacientemente en vida o que el causante fuera culpable de la separación; en éstos
tres casos el beneficio se otorgara al cónyuge y al conviviente por parte iguales. El

eneficio de pensión será gozado en concurrencia con: a) los hijos solteros, las
hijas solteras y las hijas viudas, estas últimas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente hasta los dieciocho años de edad; b) las hijas
solteras y las hijas viudas que hubieran convivido con el causante en forma
habitual y continuada durante los diez años anteriores a su deceso, que a ese
momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta años y se encontraran a su cargo
siempre que no desempeñarán actividad alguna ni gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva salvo, en éstos últimos supuestos que optaren
por la pensión que acuerda la presente; c) las hijas viudas y las hijas divorciadas o
separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no percibieran prestaciones
alimentaria de este, todas ellas incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante
a la fecha de su deceso siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la
presente; d) los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas viudas, estas últimas
siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos huérfano de
padres y madres hasta los dieciocho años de edad.(Texto según ley 23570, art. 1,
B.O. 25/07/88) Nota: Se incorporan en los incisos 1 y 3 del art. 38 de la ley 18037
y restantes arts. a continuación de la palabra "viuda", los términos "viudo y el o la
conviviente en aparente matrimonio" (Texto según ley 23570, art. 11, B.O.
25/07/88) 2) los hijos y nietos, de ambos sexos, en las condiciones del inciso
anterior. 3) la viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente, en las condiciones
del inciso 1, en concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo
del causante a la fecha de su deceso, siempre que estos no gozaran de jubilación,
pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que
acuerda la presente.(Texto según ley 23570, art. 1, B.O. 25/07/88) 4) los padres, en
las condiciones del inciso precedente. 5) los hermanos solteros, las hermanas
solteras y las hermanas viudas, todos ellos huérfanos de padre y madre y a cargo
del causante a la fecha de su deceso, siempre que no gozaran de jubilación,
pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que
acuerda la presente, hasta los dieciocho años de edad. La precedente enumeración
es taxativa. El orden establecido en el inciso 1. No excluyente, pero si el orden de
prelación establecido entre los incisos 1. A 5. A los fines de lo dispuesto en este
artículo, la autoridad de aplicación está facultada en sede administrativa para
decidir acerca de la validez y efectos jurídicos de los actos del estado civil
invocados por el beneficiario. La pensión es una prestación derivada del derecho a
jubilación del causante, que en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión.
(Actualización: agosto de 1988)
La disminución del monto de los beneficios con
respecto a las leyes anteriores, el exceso de la reglamentación, la
desmesurada demora en los trámites, la alta litigiosidad, los

cambios procedimentales etc., serían temas de otra ponencia,
imposibles de desarrollar en esta instancia.
Merece una mención especial el Art. 6 de la ley 25.994
de moratoria porque consideramos que se trata de una excelente
medida legislativa. No solo en cuanto al impacto social
beneficioso que produjo sino a la buena técnica elegida para su
implementación. No obstante no debemos olvidar que se trata de
será menor el número de personas que puedan ingresar a dicho
sistema de pago (por carecer del lapso de treinta años entre que
cumplieron 18 años de edad y el año 1993, elegido como fecha
de corte para la moratoria).
B. Cobertura de las cargas familiares
En esta materia, cuyo objeto es permitir que el
principio de igual remuneración por igual tarea, sea una
realidad, la pérdida de derechos se fue consolidando desde 1996
hasta la actualidad. Ello no solo por la disminución de los
sujetos beneficiarios y la disminución de los beneficios (en
cantidad de prestaciones y en montos) sino porque, con
posterioridad, al alterarse la forma de pago, el trabajador perdió
el cobro en tiempo y forma oportuno, el pago del primer
trimestre bajo declaración jurada, la posibilidad de darse por
despedido ente el incumplimiento del empleador, el reclamo de
las asignaciones en los tribunales labores, etc.
En cuanto a los sujetos amparados, las leyes 24.714 y
24.716, rigen para los trabajadores dependientes públicos
nacionales y privados. Se incluyen los jubilados y pensionados,
los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, los
beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo y los beneficiarios

del seguro de desempleo. Por decreto 1357/2004 se incorporaron
como beneficiarios a los ex combatientes de Malvinas.
Tienen su propio sistema de asignaciones familiares
los empleados públicos de los gobiernos provinciales, las
fuerzas armadas y de seguridad y los docentes del ámbito
privado. No tienen esta cobertura los trabajadores del servicio
doméstico ni los trabajadores autónomos (siendo las
asignaciones pagos hechos por los empleadores, en el primer
caso el empleador no encuadra en el concepto de empleador de
la LCT y en el segundo no hay empleador por lo cual la
exclusión es, en este caso, lógica)
No incluyo en este punto las denominadas
Asignaciones Universales por cuanto no se trata de derechos
complementarios del salario, de un beneficio previsional o de
una pensión contributiva o no contributiva, sino de una pensión
asistencial no complementaria focalizada en personas de bajos
recursos. Se incluyen en el punto de pensiones asistenciales.
La ley 24.714 dispone textualmente:
ARTÍCULO 1°- Se instituye con alcance nacional y obligatorio, y sujeto
a las disposiciones de la presente ley, un Régimen de Asignaciones
Familiares basado en:
a) Un subsistema contributivo fundado en los principios de reparto de
aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en
relación de dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la Ley sobre Riesgos
de Trabajo y beneficiarios del Seguro de Desempleo, el que se financiará
con los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley.
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios del
régimen de pensiones no contributivas por invalidez, el que se financiará

con los recursos del régimen previsional previstos en el artículo 18º de la
Ley N° 24.241.
ARTICULO 24.- Las asignaciones familiares correspondientes a los
trabajadores del sector público y a los beneficiarios de pensiones no
contributivas se regirán, en cuanto a las prestaciones monto y topes, por
lo establecido en el presente régimen.
Quedan excluidos de las asignaciones familiares:
1.- El personal doméstico (art. 2, ley 24.714)
2.-Todos los trabajadores que tuvieren un salario menor a
pesos cien y superior a cinco mil doscientos (art. 3, ley
24.714)
El sistema legal de la ley 18.017, derogada en 1996,
incluía a la totalidad del personal comprendido en el ámbito de
la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio,
Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria,
Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Estiba.
El lector podrá apreciar a simple vista la brutal reducción de
beneficiarios que sufrió este sistema.
C. Cobertura de la contingencia de desempleo
Conforme la ley 24.013 resultan beneficiarios de esta
cobertura los trabajadores del ámbito privado con exclusión del
servicio doméstico.
El texto dice:
ARTICULO 112. Las disposiciones de este título serán de aplicación
a todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley de
Contrato de Trabajo (t.o. 1976). No será aplicable a los trabajadores
comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, a los

trabajadores del servicio doméstico y a quienes hayan dejado de prestar
servicios en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal
afectados por medidas de racionalización administrativa.
Para los trabajadores rurales se estableció un sistema
similar mediante Resolución 543/2004 (que aprueba, en forma
transitoria, la reglamentación del mencionado Sistema para los
trabajadores rurales, instituido por la Ley Nº 25.191.)
Cabe aclarar que con la sanción de la Ley 26.727 el
sistema puede sufrir modificaciones ya que el organismo gestor
ha sido remplazado por esta última norma.
Para la industria de la construcción la Ley 25.371 creó
el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los
Trabajadores Comprendidos en el Régimen Nacional de la
Industria de la Construcción muy similar al establecido en la ley
24.013.
El subsidio por desempleo presenta particularidades
que trataremos en un punto posterior.
Quedan excluidos de este beneficio
1. Los trabajadores que no se rigen por la ley de contrato de
trabajo o cuyo empleador es el Estado (Res. 490/10
MTEySS)
2. Los trabajadores cuyo empleador no efectúo las
contribuciones por los periodos que indica la norma.
En esta materia se ha operado un enorme retroceso con
relación a la legislación anterior a la ley 24.013 que
contemplaba a la totalidad de los trabajadores dependientes
estuvieren o no registrados.

La ley 22.752 del proceso militar, aun más amplia que
la ley 24.013, establecía el requisito de mínimo de ganancia en
la actividad que se desempeñaba estando desocupado. Su texto
decía:
Art. 2º-- El beneficio social temporario se otorgará mientras el
trabajador se encuentre desocupado y hasta un período máximo de seis
(6) meses a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación
de la presente ley.
Se entiende que el trabajador se encuentra desocupado si no desempeña
trabajo en relación de dependencia, o una actividad autónoma que
presumiblemente le reporte, por lo menos, un ingreso mensual promedio
equivalente a un salario mínimo vital.
Más flexible aún y reconociendo el derecho a todo
decretos que se dictan a partir de 1985.
Sus textos dicen:
Decreto 2485/1985
Los trabajadores comprendidos en el término de las cajas de
asignaciones y subsidios familiares, que por causas ajenas a su voluntad
cesaren en la actividad en relación de dependencia hasta el 31 de
diciembre de 1986, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el
presente decreto, por los plazos y con las modalidades previstos en el
mismo.
Decreto 2533/1986
Artículo 1º - Extiéndese los beneficios establecidos en el Decreto N°
2.485/85 a los trabajadores comprendidos en el ámbito de las Cajas de
Asignaciones y Subsidios Familiares, que por causas ajenas a su
voluntad cesaren en relación de dependencia durante el año 1987.
Decreto Nacional 2.228/87
Extiéndense los beneficios establecidos en el Decreto N° 2.485/85 a los
trabajadores comprendidos en el ámbito de las Cajas de Asignaciones y

Subsidios Familiares, que por causas ajenas a su voluntad cesaren en
relación de dependencia durante el año 1988.
Debe tenerse en cuenta que al tiempo del dictado de la
ley 22.752 y los decretos que le sucedieron contábamos con un
sistema administrativo de control y supervisión de la actividad
laboral donde intervenía el estado nacional, los organismos
públicos no estatales, los sindicatos y las obras sociales
cualquiera fuere su naturaleza jurídica. Todo ello con total
independencia de lo que hoy es la Administración Federal de
Ingresos Públicos, cuya materia, el derecho financiero, es
completamente ajena al derecho del trabajo y de la seguridad
social. Esa ajenidad complica mucho la aplicación de la
normativa en la materia.
Por lo tanto, la cobertura introducida por la ley 24.013
ha significado un retroceso en relación a la legislación anterior.
D. Cobertura de la enfermedad y el accidente inculpable
Las leyes 23.660, 23.661 y 19.032 se aplican a la
totalidad de los trabajadores dependientes del ámbito privado, a
los trabajadores públicos del Poder Ejecutivo, a los jubilados y
pensionados, a los beneficiarios de pensiones no contributivos y
a algunas categorías de trabajadores autónomos. (Ley 25.239)
Tienen un sistema especial los agentes activos de las
administraciones públicas de los gobiernos provinciales, las
fuerzas armadas y de seguridad, las universidades nacionales,
los funcionarios y empleados del Poder Judicial y los
funcionarios y empleados del Poder Legislativo Nacional.

Los jubilados y pensionados poseen su propio sistema
establecido en la ley 19.032, cuya población beneficiaria se
encuentra definida en el art. 2°, del siguiente modo:
El Instituto tendrá como objeto otorgar por sí o por terceros a los
jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las
prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas,
tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se
base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al
mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del
Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.
Por su parte, la ley 23.660 reconoce los siguientes
beneficiarios:
Beneficiarios Titulares
a) Los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea
en el ámbito privado o en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus
organismos autárquicos y descentralizados; en empresas y sociedades
del estado, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Los jubilados y pensionados nacionales y los de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.
c) Los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales.
Beneficiarios No Titulares
a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el
artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado
por el cónyuge del afiliado titular; los hijos solteros, hasta los veintiún
(21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de
actividad profesional, comercial o laboral; los hijos solteros mayores de
veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que estén
a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares
oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente; los hijos
discapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de 21 años; los

hijos del cónyuge; los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada
por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos
establecidos en este inciso.
b) Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo
ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la
reglamentación.
Beneficiarios Adherentes
La autoridad de aplicación podrá autorizar la inclusión de ascendentes o
descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se
encuentre a su cargo, mediante un aporte adicional del uno y medio por
ciento (1,5 %) del total de la remuneración por cada una de las personas
que se incluyan.
Sistema Nacional del Seguro de Salud. Ley 23.661
Beneficiarios:
a) Todos los beneficiarios comprendidos en la ley de obras
sociales.
b) Los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen
nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones,
modalidades y aportes que fije la reglamentación y el respectivo
régimen legal complementario en lo referente a la inclusión de
productores agropecuarios.
c) Las personas que, con residencia permanente en el país, se
encuentren sin cobertura médico asistencial por carecer de tareas
remuneradas o beneficios previsionales, en las condiciones y
modalidades que fije la reglamentación.
En la materia las transformaciones operadas desde el
dictado del decreto 9/93 no disminuyeron los sujetos protegidos.
Se disminuyó, en cambio, el nivel de protección al introducir el

equisito de una sola obra social por persona y por matrimonio y
las prestaciones se limitaron en el llamado Programa Médico
Obligatorio.
La reglamentación del Art. 5 de la ley 23.660 puso en
vigencia la cobertura a determinada categoría de autónomos,
situación prevista desde la sanción de la norma.
E. Cobertura de los accidentes y enfermedades profesionales
Está normada por la Ley 24.557 y se aplica a la
totalidad de los trabajadores dependientes públicos y privados.
Esta cobertura no resulta aplicable a los trabajadores
del servicio doméstico. Tampoco tienen esta cobertura los
trabajadores autónomos.
Su texto dice:
Artículo 2°- Ámbito de aplicación.
1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:
a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las
provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.
2. E1 Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:
a) Los trabajadores domésticos;
b) Los trabajadores autónomos;
c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales;
d) Los bomberos voluntarios.

II. 3. Los sujetos amparados por las pensiones no contributivas
La denominación de sistema no contributivo establece
la diferencia de financiamiento de estas prestaciones con
relación a los regímenes previsionales contributivos en los que
el financiamiento está dado por las cotizaciones provenientes de
las aportaciones del trabajador y/o el empleador. En general, por
pensiones no contributivas se entiende aquellas prestaciones,
propias del asistencialismo, destinadas a cubrir las necesidades
mínimas de subsistencia de personas carecientes o con escasez
de recursos, o pertenecientes a grupos vulnerables de población.
Sin embargo, también encuadran jurídicamente en esta
calificación, aquellos beneficios otorgados a personas en razón
de mérito, por haberse destacado en determinada actividad, o
haber prestado importantes servicios al país. En ambos casos, se
trata de prestaciones financiadas a través de recursos
provenientes de las Rentas Generales de la Nación. (Los nuevos
sujetos de derecho en la seguridad social argentina. Sistemas contributivo y no
contributivo. Las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia. Equipo de
investigación: Dra. Graciela E. Cipolletta-Dra. Lilia M. Archaga. INAP, Serie III.
Políticas Públicas. Documento Nro. 39. Dirección Nacional de Estudios y
Documentación. Dirección de Estudios e Investigación. Buenos Aires, 1997)
Existen otras prestaciones, no contributivas,
que se instrumentan
mediante la decisión política del Poder Legislativo, que en uso
de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional,
otorga este tipo de beneficios en ocasión de la aprobación anual
del Presupuesto de la Nación, destinando partidas específicas
para el cumplimiento de esta finalidad (pensiones graciables en
sentido propio).
Nos ha parecido oportuno efectuar una enumeración
de la pensiones no contributivas vigentes, listado que incluye
tanto las pensiones asistenciales como las honoríficas.

Ley 4.235 - Miembros de la fuerzas de seguridad incapacitados en actos de
servicio.
Ley 11.412 - Descendientes de guerreros de la independencia.
Ley 11.417 - Obreras y costureras del Estado.
Ley 12.821 - Deudos de ex-legisladores y convencionales constituyentes .
Decreto-Ley Nº 28.803 - Ex combatientes de las fuerzas aliadas en la segunda
guerra mundial.
Ley 13.337 - Para quienes hayan prestado servicios extraordinarios a la Nación y
tuvieren mas de 60 años de edad o se encontraren incapacitados y sus deudos, excombatientes
de guerras internacionales anteriores a 1870 y sus deudos, o en la
conquista del desierto y sus deudos, los militares o civiles que hubieren prestado
servicios en reparticiones del estado y tuvieren mas de 60 años de edad, los
ciudadanos bajo bandera que se incapaciten para el trabajo por accidente o
enfermedad en actos de servicio, los ciudadanos inválidos de guerras
internacionales en que la Nación hubiere sido parte y los deudos de los fallecidos
en actos de servicios.
Debía acreditarse la carencia de medios para vivir y la inexistencia de parientes
para suministrar alimentos.
Ley 13.478 - Personas de edad avanzada.
Ley 14.125 - Miembros de la primera conscripción del Ejército y de la Marina.
Ley 15.705 - Personas con discapacidad y de edad avanzada.
Ley 16.516 - Ciudadanos premiados con el Primer Premio en Ciencias y Letras.
Ley 16.989 - Ex-Presidentes y Ex-Vicepresidentes de la Nación.
Ley 17.221 - Fundadores de la Aeronáutica Argentina.
Ley 18.910 - Personas de edad avanzada o imposibilitadas para el trabajo.
Ley 19.211 - Ciu
Ley 19.472 - Para pioneros de la Antártida Argentina.
Ley 19.562 - Enfermos del mal de Hansen.
Ley 19.939 - Ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ley 20.007 - Víctimas de actos terroristas.
Ley 20.733 - Premios Nacionales en artes plásticas y arquitectura.
Ley 21.348 - Esta Ley establece que las pensiones mínimas no contributivas
tendrán los incrementos de carácter general de las remuneraciones.
Ley 21.540 - Arzobispos, Obispos y Vicarios castrenses .
Ley 22.430 - Sacerdotes seculares mayores de 65 años o incapacitados.
Ley 23.248 - Derechohabientes de las victimas del accidente aéreo del 15.5.84 en
el Canal de Beagle.
Ley 23.466 - Familiares de desaparecidos. modif.. leyes 23552 23793 y 26267.
Decreto reglamentario 1228/87
Ley 23.746 - Madres de más de siete hijos. Decreto reglamentario 2360/90
Ley 23.848 - Excombatientes de Malvinas. Ley 24310, Ley 24.892, Decreto
reglamentario 886/2005
Ley 23.891 - Ciudadanos que obtuvieran títulos olímpicos. Modificado por ley
25.962

Ley 24.276 - Otorga a D. Raúl SOLDI (L. E. N° 590.413) una pensión graciable
vitalicia de un monto mensual equivalente a cuatro (4) veces el haber mínimo de
jubilación ordinaria que perciben los beneficiarios del Régimen Nacional de
Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia, sin
perjuicio de lo que le correspondiere por otros conceptos
Ley 24.387 - Otorgase una pensión vitalicia al Dr. Esteban Laureano Maradona.
Decreto 2.038/94 (B.O. 22.11.94)
Ley 24.440 - Otorga pensión graciable vitalicia al Dr. Enrique Wedovoy
Ley 24973 - Concédase a los familiares de los ciudadanos muertos, a los
ciudadanos heridos de gravedad que lo fueron en cumplimiento de sus tareas
habituales durante los hechos del 3 de diciembre de 1990, una pensión mensual y
vitalicia equivalente a tres veces el haber mínimo de jubilación ordinaria del
régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de
dependencia. La determinación de los beneficiarios a quienes correspondiese la
pensión otorgada a los familiares de los ciudadanos muertos, quedará a cargo del
Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación de la presente ley, de acuerdo a lo
establecido en el régimen previsional mencionado en el párrafo precedente.
Ley 26.008 - Otorgase una pensión cuyo monto será equivalente al setenta por
ciento (70%) del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido
por el artículo 2º, inciso c) de la Ley Nº 23.547 a aquellos hombres integrantes de
la primera expedición terrestre argentina que alcanzó el Polo Sur el 10 de
diciembre de 1965. También otórgase dicho beneficio y los de la Ley Nº 19.659 a
los doce (12) integrantes que participaron como tripulantes de los aviones CTA 12
y CTA 15 de la Armada Argentina (Aviación Naval Argentina), que con fecha 6 de
enero de 1962 aterrizaron en el Polo Sur y a los doce (12) integrantes de la Primera
Escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina que alcanzó el Polo Sur geográfico el 3
de noviembre de 1965, realizando el 11 de noviembre del mismo año el primer
doble vuelo transpolar y a los veintiun (21) integrantes de la Patrulla Soberanía,
que dio origen a la fundación de la Base Marambio, el 29 de octubre de 1969.
Decreto 1.273/2005 - Créase un subsidio complementario, que se abonará
juntamente con las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a otorgar por la Ley Nº
24.241 y sus modificatorias, por los anteriores regímenes generales nacionales y
por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión que fueron
transferidos al ESTADO NACIONAL, con excepción de las pertenecientes a los
regímenes de Policía y Penitenciaría de las Provincias de SANTIAGO DEL
ESTERO, CATAMARCA, SAN JUAN, LA RIOJA, RIO NEGRO, MENDOZA,
JUJUY, TUCUMAN y SAN LUIS.
Decreto 1.450/2005 - Establécese que en caso de fallecimiento del titular de una
pensión no contributiva a la vejez, tendrá derecho a una pensión en los términos
del artículo 9º de la Ley Nº 13.478 y modificatorias el cónyuge supérstite no
divorciado ni separado legalmente o de hecho o concubino/a con una
convivencia pública y continua durante por lo menos cinco años inmediatamente

anteriores al fallecimiento, de setenta años de edad o que estuviese incapacitado/a
para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso.
La problemática de la reglamentación de las pensiones por
vejez e invalidez
De todos los beneficios asistenciales mencionados, sin
duda alguna los más tradicionales en la legislación argentina
corresponden a las contingencias de vejez e invalidez. El
régimen se inaugura con la Ley 13.478, sus exigencias se
fueron modificando según las tendencias y la política social en
cada época.
La Ley 13.478 estableció como beneficiarios a
aquellas personas que no estando amparadas por ningún régimen
de previsión social se encontraran en alguna de las siguientes
circunstancias:
a) varón o mujer soltero o viudo, con más de sesenta años de
edad.
b) varón casado, con más de sesenta años de edad.
c) varón o mujer viudo, con hijos menores de 18 años.
La Ley 15.705 modifica los requisitos, manteniendo la exigencia
en cuanto a que se trate de personas no amparadas por un
régimen previsional, instituye el beneficio para todo varón o
mujer mayor de sesenta años o incapacitado.
La Ley 16.472 estableció el monto de la prestación fijándolo en
el 70% de la pensión mínima.
La Ley 18.910 estableció:
otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, una pensión
inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no
amparada por un régimen de previsión, de 60 o más años de edad o

La fórmula que
, no es muy feliz.
De esta concentración de facultades, el otorgamiento
de este tipo de beneficios queda a criterio del poder
administrador quien ampliará o restringirá los requisitos
conforme lo aconseje la política económica.
La Ley 20.267 repite idéntica fórmula aumentando la
edad a 65 años o más. La Ley 24.241, sin modificar las
facultades del Poder Ejecutivo, ni alterar los términos de la ley
establece la edad en 70 ó más años.
La disposición se ve restringida por la reglamentación:
El decreto 582/2003 entre otras cuestiones exige:
1) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un
régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
2) No tener parientes que estén obligados legalmente a
proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren
impedidos para poder hacerlo.
3) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su
subsistencia.
La focalización en la pobreza extrema, estigmatizando
a sus beneficiarios, es lo que caracteriza a estos beneficios.
El novedoso caso del Régimen asistencial para madres y
con o sin trabajo clandestino (2)
Hemos decidido acompañar como nota toda la
normativa referida a lo que se ha dado en llam

Se trata de un complejo sistema incorporado a la ley
24.714, a nuestro juicio, de modo incorrecto, pues no se trata de
un complemento a la remuneración del trabajador con el objeto
de equilibrar entre solteros y casados el peso de las cargas
familiares, sino de una pensión asistencial claramente dirigida a
personas de bajos recursos (concepto ajeno al derecho del
trabajo). Asimismo, la norma admite que un trabajador en
situación clandestina perciba el beneficio, siempre que la
clandestinidad sea acompañada de la pobreza y por tanto perciba
un salario menor al mínimo. Este tema nos introduce en la
problemática del incentivo del empleo clandestino cuando se
otorgan beneficios en estas condiciones. (3)
Resulta sumamente difícil interpretar quién o quiénes
son los sujetos de derecho en este novedoso sistema asistencial.
En la Resolución 393/09 de la ANSES puede leerse:
Art. 2º La Asignación Universal por Hijo para Protección
Social será percibida por quien resulte titular y Art. 14 el
pariente hasta tercer grado por consanguinidad que se
encuentre a su cargo; y que no exista guardador, tutor o
curador designado judicialmente.
Es evidente que se ha confundido la carga familiar
implicaría poner en funcionamiento todas las disposiciones de
los artículos sobre minoridad del Código Civil con su
correspondiente rendición de cuentas e intervención del asesor
del menores.
A nuestro juicio el origen de semejante confusión que
presenta la normativa se encuentra en el propio texto del artículo

75, inciso 22, de la Constitución Nacional, producto de la
reforma de 1994 que dice:
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde el
embarazo hasta la finalización del período de enseñanza
elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.
pobreza. Quien esta bajo la patria potestad de sus padres no
p .
necesariamente esta desamparado y viceversa.
El sentido común indica que lo que se pretendía era
establecer ayudas económicas a padres pobres y embarazadas
pobres. A nuestro juicio elemento de competencia innecesaria ya
que sin este articulo el Congreso Nacional ya gozaba de dicha
facultad.
Tampoco se entiende la mención a un sistema de
seguridad social ya que este ya existía en 1994 para los
trabajadores en el viejo articulo 14 bis y la facultad de otorgar
pensiones se mantiene en la nueva norma tanto para el Poder
Legislativo como par el Poder Ejecutivo. Muestra de ello es la
enumeración efectuada en el punto anterior.
Con esta gran imprecisión se dicta la ley 26.061 sobre
Derechos de los menores que en su artículo 26 dice:
Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de
inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los
recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean
responsables de su mantenimiento (el remarcado es propio)
La norma nos introduce en la problemática del menor
rá acreedor
del beneficio. Por lo tanto debe tratarse de un sujeto conjunto
Obsérvese que no se hace mención alguna al carácter
Con lo cual el sujeto beneficiario (que en realidad parece ser un
conjunto de sujetos) no requiere ninguna condición o requisito
vinculado al mundo del trabajo.
Por lo tanto podemos concluir que lo establecido en la
Constitución y en la ley 26.061 no guarda relación alguna ni por
su naturaleza ni por su objeto ni por su financiamiento con el
Régimen de asignaciones familiares. Por ello, aunque
incorporado a la ley 24714 los beneficios del decreto 1602/ 09
difieren jurídicamente absolutamente en todo con respecto a las
asignaciones familiares.
Se trata de beneficios disímiles, con montos diferentes,
requisitos de percepción diferentes, modalidad de pago
diferente. Lo que nos obliga a que su estudio y análisis no
guarde ningún punto en común con las asignaciones familiares.
No obstante ideológicamente se trata de idéntico modelo de
pensamiento con el que se opero la gran transformación en
materia de asignaciones familiares en los años 90.

Como se pudo observar precedentemente la ley 24.714
ó el gasto en el trabajador pobre, siguiendo la misma
línea ideológica que el nuevo beneficio asistencial.
II.3 El curioso caso de la protección frente a la contingencia
de desempleo
Para concluir esta segunda parte hemos de detenernos
en la ley 24.013, específicamente en la redacción del concepto
Este instituto fue
posteriormente imitado por el régimen establecido para el
personal de la construcción y para los trabajadores agrarios.
Se define como:
ARTICULO 114. Se encontrarán bajo situación legal de desempleo
los trabajadores comprendidos en los siguientes supuestos:
a) Despido sin justa causa (artículo 245, Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976));
b) Despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no
imputable al empleador (artículo 247, Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976));
c) Resolución del contrato por denuncia del trabajador fundada en justa
causa (artículos 242 y 246, Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976);
d) Extinción colectiva total por motivo económico o tecnológico de los
contratos de trabajo;
e) Extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador (artículo
251, Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976));
f) Expiración del tiempo convenido, realización de la obra, tarea
asignada, o del servicio objeto del contrato;
g) Muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando éstas
determinen la extinción del contrato;
h) No reiniciación o interrupción del contrato de trabajo de temporada
por causas ajenas al trabajador.
Si hubiere duda sobre la existencia de relación laboral o la justa causa
del despido se requerirá actuación administrativa del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de los organismos provinciales
o municipales del trabajo para que determinen sumariamente la
verosimilitud de la situación invocada. Dicha actuación no podrá hacerse
valer en juicio laboral.
Es decir se carece de derecho al cobro cuando la
relación se extingue:
a) Por justa causa de despido no discutida
b) Por renuncia
c) Por mutuo acuerdo
Es evidente que el legislador ha dejado fuera de la
cobertura justamente a aquellas situaciones donde no debe
pagarse ninguna indemnización ni del art. 245 ni la del 247 de la
LCT.
Debemos preguntarnos ¿cuál ha sido el criterio Se
castiga, dejando fuera del beneficio a quien se considera
quien renuncia, que quien fue despido por mal comportamiento,
que quien negocio la extinción Es esto justo a la luz de las
múltiples facetas de la relación laboral ¿No se contempla quien
fue obligado a renunciar o quien es despedido por un hecho
falso
Resulta, por lo menos extraño, que no solo nunca se
haya puesto en duda la legitimidad del sistema sino que su
método
A nuestro juicio la redacción de la norma no solo
resulta de manifiesta ilegitimidad en muchos casos ya que
desprotege situaciones donde no hay responsabilidad alguna de
la desgracia del trabajador sino porque ha quedado preparada
derogar los artículos 245 y 247 de la

LCT , reemplazándolo
muy conveniente para los sectores empleadores y muy afin a la
ideología de la época en que se dictó la norma.
Por ello en materia de trabajo clandestino, el beneficio
de la ley 24013 no excluyó a los trabajadores en estas
condiciones, solamente, sino que preparó el terreno para la
flexibilidad laboral casi total.
Conclusión de la segunda parte
La Republica Argentina, a partir de mediados del siglo
XX, instauró
Trabajo y de la Seguridad Social, no dejando fuera de la
cobertura a ningún sector social. Se articuló una sociedad
eje central de todos los beneficios sociales. Un Estado presente y
una participación activa de los sectores del trabajo hacían
posible la cobertura de las contingencias con mayor eficacia y
eficiencia que en el presente.
La pérdida del tripartismo en los organismos de
seguridad social, la eliminación de toda forma pública no estatal
en el campo laboral, la desregulación y la flexibilización laboral,
la baja de las cotizaciones patronales, la focalización de
social
conquistas sociales obtenidas.
A nuestro juicio el desafío no es ni el trabajo
clandestino ni la atención social de los carecientes, sino
encontrar las antiguas formas de seguridad en el trabajo que
tivamente
no vuelva a ser (4)

Notas
(1)
un impuesto negativo sobre la renta con una reducción de las actividades de
aquella, si bien satisfaciendo sus necesidades actuales. El modo para llegar a esta
solución sería;
1.- Supresión inmediata del impuesto de la seguridad social sobre los salarios.
2.- Continuar pagando a todos los beneficiarios actuales de la seguridad social los
importes a que tienen derecho según las leyes vigentes.
3.- Dar a cada trabajador que ya tiene una cobertura, un derecho a esos beneficios
de jubilación, de incapacidad y de orfandad a que los pagos de impuestos
realizados y los ingresos alcanzados hasta la fecha le darían derecho según la
legislación en vigor, disminuido en el valor actual de la reducción en sus impuestos
futuros como consecuencia de la eliminación del impuesto de la seguridad social
sobre los salarios. El trabajador podría escoger la percepción de estas ayudas bajo
la forma de una anualidad futura o mediante bonos gubernamentales por un
importe equivalente al valor actual de los beneficios a que tendría derecho.
4.- Dar a cada trabajador que no tiene todavía una cobertura, una suma de capital
(también en forma de bonos) igual al valor acumulado de los impuestos que su
empresario ha pagado a su favor.
5.- Acabar cualquier acumulación posterior de beneficios, dejando que los
individuos se encarguen de su propio retiro del modo que deseen.
6.- Financiar los pagos de los apartados 2, 3 y 4 con fondos procedentes de los
impuestos generales, emitiendo además bonos gubernamentales.
Este programa de transición no aumenta de ningún modo la deuda real del
gobierno de los Estados Unidos. Por el contrario, la reduce al cancelar promesas a
futuros beneficiarios. Simplemente, pone al descubierto obligaciones antes
escondidas. Financia lo que antes carecía de fondos. Estos pasos permitirían
desmantelar de una vez la mayor parte del aparato administrativo de la seguridad social.
La disminución de las prestaciones de la seguridad social eliminaría el efecto
actual consistente en desanimar a los futuros trabajadores y esto significaría una
renta nacional mayor. Aumentaría el ahorro personal y conduciría a una tasa más
alta de forma
, Milton y Rose
Friedman, páginas 175 y 176, Ed. Planeta. Agostini, Impreso en España, 1993.
(2) VER ANEXO NORMATIVO
(3) Los programas no contributivos, incentivos e informalidad
En el marco de estos sistemas de protección social truncos, la presencia de
programas y beneficios sociales de base no contributiva reducen los incentivos a la
formalidad, tanto para trabajadores como para empleadores. Existe amplia

evidencia empírica sobre cómo operan estos mecanismos y sobre sus resultados en
el mercado de trabajo comento acá sólo algunos ejemplos. Galiani y
Weinschelbaum (2007) muestran que los trabajadores secundarios en América
Latina tienen una mayor propensión a la informalidad si los trabajadores primarios
en el mismo hogar están cubiertos. Investigaciones recientes sobre el Seguro
Popular de Salud en México (básicamente, cobertura de salud subsidiada para
trabajadores informales) encuentran que éste incrementó la informalidad, y que
un trabajo en elaboración que estoy realizando con Marcelo Bérgolo del CEDLAS
encontramos que en Uruguay una ampliación de las prestaciones de salud resultó
en un aumento de la formalidad entre los trabajadores beneficiados. Gasparini et al.
(2007) también encuentran que el plan Jefes en Argentina tuvo un impacto
significativo en la informalidad, que hubiera caído más en su ausencia (o con un
diseño diferente) en el período de recuperación post-crisis. Finalmente, en cuanto a
la relación entre formalidad, tamaño y productividad, Matías Busso (BID), Andrés
Neumeyer (UTDT) y Santiago Levy analizan datos del censo económico de
México y encuentran una clara relación positiva entre formalidad y productividad.
Bismarck en Macondo. Sistemas de protección social e incentivos en América
Latina.
(4) Pues la competencia con los sistemas del socialismo estatal no la ganó el
capitalismo, sino que la ganó un capitalismo domesticado en términos de estado
social en las circunstancias favorables de la época de la posguerra ;y es este
capitalismo el que está hoy en disolución . Esta situación objetivamente difícil
exige nuevas soluciones, para las que no basta la fantasía desarrollada hasta ahora
mantener la competitividad internacional de las respectivas economías a asumir
una permanente alta tasa de desempleo y no solo a reestructurar , sino a pensar
seriamente en desmontar el estado social. Hoy se habla ya de acabar con el sistema
público de pensiones y de seguro de enfermedad .Pero quien hace esto ha de estar
dispuesto a vivir con una subclase en el propio país .(pág. 194)
Habermas, Jürgen, Fondo de Cultura Económica,
México, 1999.

La Protección Laboral y Social
ante el Empleo Informal
A N E X O N O R M A T I V O
PENSIÓN ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVA POR HIJO (AUH)
PENSIÓN ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVA POR EMBARAZO (AUE)
ASIGNACIONES FAMILIARES
Decreto 1602/2009
Incorpórase el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para Protección Social.
Bs. As., 29/10/2009
VISTO las Leyes Nros. 24.714 y 26.061 y el Decreto Nº 897 del 12 de julio de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que los más diversos sectores políticos y sociales han expresado su predisposición favorable a la adopción de
políticas públicas que permitan mejorar la situación de los menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad
social.
Que a través de la Ley Nº 24.714 se instituyó con alcance nacional y obligatorio un Régimen de Asignaciones
Familiares.
Que dicha norma abarca a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la
actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y a los beneficiarios tanto del Sistema
Integrado Previsional Argentino como de regímenes de pensiones no contributivas por invalidez.
Que, en el régimen establecido por la ley citada se encuentran previstas, entre otras, la asignación por hijo
consistente en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años que estuviere a cargo del beneficiario,
así como la asignación por hijo con discapacidad.
Que en el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares no se incluye a los grupos familiares que se encuentren
desocupados o que se desempeñen en la economía informal.
Que la Ley Nº 26.061 tiene por objeto la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquéllos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los Tratados Internacionales en los
que la Nación sea parte.
Que por el artículo 3º de dicha norma se entiende por interés superior de aquéllos a quienes protege la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos se les reconoce, entre los que se
encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la
Seguridad Social.
Que cabe agregar que el artículo 26 de la Ley Nº 26.061 dispone que los organismos del Estado deberán establecer
políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, que consideren la situación de los mismos,
así como de las personas que sean responsables de su mantenimiento.
Que, si bien las políticas de estado llevadas a cabo han producido una mejora en la situación económica y financiera
del país reduciendo los niveles de pobreza y de marginalidad alcanzándose, asimismo, un importante incremento del
nivel ocupacional, subsisten situaciones de exclusión de diversos sectores de la población que resulta necesario
atender.
Que, en virtud de ello, se torna necesario contemplar la situación de aquellos menores pertenecientes a grupos
familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley
Nº 24.714 creándose, a tal fin, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Que la referida Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una prestación monetaria no
retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por

consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin
límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado.
Que, como el resto de los beneficios de la Ley Nº 24.714, la asignación que se crea será financiada con los recursos
previstos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241.
Que estos recursos se han fortalecido a partir de las inversiones que se han efectuado de los fondos que constituyen
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino creado por el Decreto Nº
897/07 y de la rentabilidad anual obtenida, resultando posible dar sustento al financiamiento de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, que por el presente se instituye.
Que el otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que deberán acreditarse para garantizar la universalidad y a
la vez preservar la transparencia, condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para
menores y a la concurrencia al sistema público de enseñanza.
Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), como organismo autónomo
sujeto a la supervisión de la COMISION BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL creada por el artículo 11 de la Ley Nº 26.425, deberá dictar las normas complementarias pertinentes para la
implementación operativa, la supervisión, el control y el pago de las prestaciones.
Que, forzoso es decirlo, esta medida por sí no puede garantizar la salida de la pobreza de sus beneficiarios y no
puede ubicarse allí toda la expectativa social, aunque resultará, confiamos, un paliativo importante. Queremos evitar
entonces el riesgo de depositar la ilusión de que con una sola medida se puede terminar con la pobreza.
Que, como se ha destacado, una medida de tal naturaleza tiene sin embargo una indudable relevancia en cuanto
significa más dinero en los bolsillos de los sectores más postergados. No implica necesariamente el fin de la
pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas
económicas de corte neoliberal.
Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la
creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de la familia y de
la sociedad, que permite el desarrollo de la persona.
Que la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo que, sumado a la educación, la
salud, la modernización o creación de infraestructura, servicios básicos y viviendas, permitirá mejorar las
condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza, consolidando progresivamente un desarrollo
humano integral, sostenible e incluyente.
Que existe consenso entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en implementar medidas que permitan
combatir la pobreza así como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo de contención natural y
bienestar de la sociedad, mediante la adopción de medidas de alcance universal.
Que la particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución, dificultan seguir los
trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el
PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional.
Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO DE LA NACION
respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que la citada ley determina, que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé incluso que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente no
eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas
resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo
82 de la Carta Magna.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de los artículos 2º, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º Incorpórase como inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente
texto:
"c) Un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos
niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por
la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía
informal."
Art. 2º Incorpórase al artículo 3º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente párrafo:
"Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1º inciso c) de la presente los trabajadores que se
desempeñen en la economía informal, percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil."
Art. 3º Incorpórase como inciso c) del artículo 5º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:

"c) Las que correspondan al inciso c) del artículo 1º de esta ley con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias;
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino
creado por el Decreto Nº 897/07 y modificatorios."
Art. 4º Incorpórase como inciso i) del Artículo 6º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
" i) Asignación Universal por Hijo para Protección Social."
Art. 5º Incorpórase como artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
"ARTICULO 14 bis.- La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por
consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin
límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado
o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y complementarias.
Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe
equivalente a CINCO (5) menores."
Art. 6º Incorpórase como artículo 14 ter de la Ley Nº 24.714 y modificatorios, el siguiente:
"ARTICULO 14 ter.- Para acceder a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, se requerirá:
a)Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal
en el país no inferior a TRES (3) años previos a la solicitud.
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante Documento Nacional de Identidad.
c) Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante la presentación de las
partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas y curatelas los testimonios judiciales pertinentes.
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del artículo 2º de la Ley Nº
22.431, certificada por autoridad competente.
e) Hasta los CUATRO (4) años de edad inclusive, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles
sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los CINCO (5) años de edad y hasta los DIECIOCHO (18)
años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos
públicos.
f) El titular del beneficio deberá presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos
por la presente y a las calidades invocadas, de comprobarse la falsedad de algunos de estos datos, se producirá la
pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Art. 7º Incorpórase como inciso k) del artículo 18 de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios:
"inciso k) Asignación Universal por Hijo para Protección Social: la mayor suma fijada en los incisos a) o b), según
corresponda.
El OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto previsto en el primer párrafo se abonará mensualmente a los
titulares de las mismas a través del sistema de pagos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES).
El restante VEINTE POR CIENTO (20%) será reservado en una Caja de Ahorro a nombre del titular en el BANCO
DE LA NACION ARGENTINA percibido a través de tarjetas magnéticas emitidas por el banco, sin costo para los
beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite, para los menores de CINCO (5) años, el cumplimiento de los
controles sanitarios y el plan de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el
cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio.
Art. 8º Los monotributistas sociales se encuentran alcanzados por las previsiones de la presente medida.
Art. 9º La percepción de las prestaciones previstas en el presente decreto resultan incompatibles con el cobro de
cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o No Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones de las Leyes Nros. 24.013, 24.241 y 24.714 y
sus respectivas modificatorias y complementarias.
Art. 10. Facúltase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a dictar las
normas complementarias pertinentes para la implementación operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Art. 11. El presente decreto comenzará a regir a partir del 1º de noviembre de 2009.
Art. 12. Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 13. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNANDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández. Aníbal F. Randazzo. Jorge E. Taiana. Nilda
C. Garré. Amado Boudou. Débora A. Giorgi. Julián A. Dominguez. Julio M. De Vido. Julio C Alak.
Carlos A. Tomada. Alicia M. Kirchner. Juan L. Manzur. Alberto E. Sileoni. José L. S. Barañao.
Administración Nacional de la Seguridad Social
ASIGNACIONES FAMILIARES
Resolución 393/2009
Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Reglamentación.
Bs. As., 18/11/2009

VISTO las Leyes Nº 24.714 y Nº 26.061 y los Decretos Nº 1245 de fecha 1º de noviembre de 1996, Nº 368 de fecha
31 de marzo de 2004, Nº 897 del 12 de julio de 2007 y Nº 1602 del 29 de octubre de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.714, en su artículo 1º, instituyó un Régimen de Asignaciones Familiares con alcance nacional y
obligatorio, otorgando distintas prestaciones destinadas a la protección del grupo familiar.
Que los beneficios dispuestos por la citada ley, alcanzaban exclusivamente a los trabajadores en relación de
dependencia que no fueran expresamente excluidos cualquiera fuera la modalidad de contratación laboral, así como
a los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, de la Prestación por Desempleo, del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y a los de regímenes de pensiones no contributivas por invalidez.
Que, en el régimen establecido por la ley citada se encuentra prevista, entre otras, la Asignación por Hijo consistente
en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años que estuviere a cargo del beneficiario, cuyo importe
se incrementa cuando el hijo, sin límite de edad, fuere discapacitado.
Que conforme se desprende de lo expuesto, el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares no comprendía a
quienes se encontraran desocupados con la excepción mencionada de los beneficiarios de la Prestación por
Desempleo estatuida por la Ley Nº 24.013 ni a aquellos empleados cuya relación laboral no se encuentra
registrada.
Que en cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Ley Nº 26.061, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el
Decreto Nº 1602/09, por el que crea la Asignación Universal por Hijo para Protección Social destinada a cubrir las
contingencias no previstas en el texto original de la Ley Nº 24.714 que se mencionan en el Considerando que
precede.
Que, asimismo corresponde destacar que, el personal del servicio doméstico requiere la protección de su grupo
familiar por parte del Estado Nacional.
Que razones operativas aconsejan que la liquidación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social se
realice considerando toda la información registrada que obra en las bases de datos de esta Administración Nacional.
Que en un mismo sentido y con el fin de brindarle a los beneficiarios la información relativa a sus relaciones
familiares, datos personales y de la prestación en sí misma, esta Administración permitirá el acceso de los
beneficiarios de la asignación a las consultas que resulten necesarias, por medio de su Clave Unica de Identificación
Laboral y a través de la página de Internet de ANSES.
Que a los fines de facilitar la implementación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, la
ANSES y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL suscribieron el Convenio Nº 063, con fecha 13 de
noviembre de 2009, con la finalidad de establecer un esquema de trabajo coordinado.
Que asimismo, resulta necesario definir las condiciones de aplicabilidad del Artículo 3º inciso c) apartado 2 del
Decreto Nº 1602/09 relativo al financiamiento del Régimen.
Que a efectos de poner en ejecución el referido Decreto, resulta indispensable dictar las normas complementarias y
reglamentarias respectivas, de acuerdo con las facultades que dicha norma reconoce a esta Administración Nacional.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de esta Administración Nacional,
sin objeciones que realizar al respecto.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el Decreto Nº 1602/09 y
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º Entiéndese por grupo familiar a los fines del artículo 1º del Decreto Nº 1602/09, al niño, adolescente
y/o persona discapacitada que genera la asignación y a la persona o personas relacionadas que tienen al mismo a su
cargo, dentro del marco establecido en el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714, incorporado por el artículo 5º del
Decreto Nº 1602/09.
Art. 2º La Asignación Universal por Hijo para Protección Social será percibida por quien resulte titular, cuando
las personas a cargo del grupo familiar sean monotributistas sociales, se encuentren desocupados o desempeñándose
en la economía informal con un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil y siempre que no se encuentren
alcanzados por alguna de las incompatibilidades mencionadas en el articulo 9º del Decreto Nº 1602/09.
Art. 3º La existencia de niños, adolescentes y discapacitados que no cumplan las condiciones para generar el
derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, cualquiera fuese el motivo, no
impedirá el cobro de la prestación a las personas que lo tienen a su cargo por el resto de los integrantes del grupo
familiar en condiciones de percibirlo.
Art. 4º Los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio
Doméstico, previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 25.239, que perciban un ingreso menor al salario mínimo, vital y
móvil, se encuentran incluidos en las previsiones del Decreto Nº 1602/09.
Art. 5º Para acceder a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social el titular y el niño, adolescente
y/o persona discapacitada deberán residir en la República Argentina, ser argentinos, nativos o naturalizados, o con
residencia legal en el país no inferior a tres (3) años previos a la solicitud.
Art. 6º La liquidación y pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social se realizará con la
información que se encuentra registrada en las bases de datos de ANSES y con la información que a partir de la
vigencia de la presente se recepte por los diversos mecanismos que se determinen a través de la formalización de
convenios con Provincias, Municipios y Organismos Públicos. Asimismo, se considerarán los informes sociales que

los profesionales del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL generen, a los efectos y en las condiciones que
oportunamente acuerden ANSES y dicho Ministerio.
Art. 7º La Asignación Universal por Hijo para Protección Social se abonará desde la fecha en que se cuente con
la información necesaria en las Bases de Datos de esta ANSES, que dé cuenta de la acreditación del cumplimiento
de los requisitos previstos para esta prestación.
Art. 8º A los efectos del artículo 9º del Decreto Nº 1602/09 y hasta tanto ANSES celebre convenios de
colaboración mutua con las Provincias, el solicitante de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social,
deberá presentar ante las UDAI u Oficinas de ANSES, certificación firmada por funcionario público provincial
competente de la que surja si él, o los integrantes de su grupo familiar, resultan beneficiarios o no de planes sociales,
de empleo y/o capacitación de carácter provincial. Como Anexo I de la presente resolución obra modelo de
certificación de autoridad provincial.
Art. 9º Cuando el grupo familiar se encuentre integrado por más de cinco (5) niños, adolescentes o
discapacitados, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social será abonada considerando en primer
término a los discapacitados y luego a los demás niños y adolescentes de más baja edad hasta llegar al tope de
cargas familiares permitidas por el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714, incorporado por el artículo 5º del Decreto Nº
1602/09. Asimismo, la totalidad de los niños, adolescentes y/o discapacitados que conforman el grupo familiar
deberán cumplir con los requisitos de sanidad, vacunación y escolaridad exigidos por la presente reglamentación
independientemente que los mismos generen derecho a la prestación.
Art. 10. Cuando la tenencia del niño, adolescente o persona discapacitada sea compartida por ambos padres, la
madre tendrá prelación sobre el padre en la titularidad de la prestación.
Art. 11. En caso de separaciones de hecho, separaciones legales y divorcios vinculares el beneficio establecido
en el Decreto Nº 1602/09 será percibido por el padre que ejerza la tenencia del niño, adolescente o de la persona
discapacitada, la que podrá acreditarse con sentencia o acuerdo judicial, o en su defecto, con Información Sumaria
Judicial o con informe de profesional competente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y declaración
jurada del peticionante de la Asignación Universal, en los términos que se acuerden con el precitado Ministerio.
Art. 12. Los padres de los niños, adolescentes o personas discapacitadas no tendrán derecho al cobro de la
Asignación Universal para la Protección Social en la medida que se acrediten las condiciones de los artículos 13 y
14 de la presente resolución.
Art. 13. Las Tutelas, Curatelas o Guardas que confieren derecho a percibir la prestación establecida en el inciso
i) del artículo 6º de la Ley Nº 24.714, son aquellas otorgadas por medio de sentencias dictadas por juez competente.
En el caso de guardas, se considerarán válidas a los efectos del presente beneficio aquéllas otorgadas con carácter
asistencial, o al solo efecto de percibir asignaciones familiares.
Art. 14. Para permitir el cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, el pariente hasta
tercer grado por consanguinidad debe presentar obligatoriamente Información Sumaria Judicial, o en su defecto,
informe de profesional competente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, que acredite a la vez las
siguientes condiciones: parentesco, convivencia con el niño, adolescente o persona discapacitada, que se encuentre a
su cargo; y que no exista guardador, tutor o curador designado judicialmente.
Art. 15. En el supuesto que alguno de los padres de los niños, adolescentes o discapacitados manifieste
desconocer el paradero del otro padre, se requerirá la firma de una Declaración Jurada que se realizará en las
Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES o en las oficinas del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL habilitadas al efecto, de conformidad con las pautas que establezca la normativa correspondiente.
Art. 16. Para el pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social en el caso de hijo con
discapacidad, será necesaria la Autorización previa de la Administración Nacional de la Seguridad Social que
procederá a la verificación médica pertinente.
Cuando el hijo discapacitado contare con un Certificado de Discapacidad vigente extendido de conformidad con la
Ley Nº 22.431 y modificatorias, o sus similares provinciales o con una declaración judicial de insania mediante
sentencia firme, o bien con informe de profesional médico producido en el marco de acciones de relevamiento de
potenciales destinatarios realizadas por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, no será necesario que
ANSES realice la verificación médica correspondiente, independientemente que el beneficiario gestione la
Autorización por Discapacidad requerida.
Art. 17. La Asignación Universal por Hijo para Protección Social podrá percibirse en forma provisoria a través
de apoderado, cuando:
a) El titular de la asignación se encuentre imposibilitado para movilizarse, circunstancia que deberá estar acreditada
con certificado médico del que surja la causa del impedimento y la fecha estimada de finalización del mismo.
b) El titular de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social se encuentre privado de su libertad, en cuyo
caso deberá presentarse certificado oficial extendido por el Responsable de la Unidad Penitenciaria donde se
encuentre detenido.
Art. 18. Las personas que cumplan con los requisitos establecidos para el cobro de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social podrán consultar en la página Web de ANSES, por su número de Clave Unica de
Identificación Laboral (CUIL) o Documento Nacional de Identidad (DNI), los datos que se encuentran registrados
en las bases de esta Administración Nacional relativos a:
a) Sus datos personales y relaciones familiares;
b) Lugar de cobro de su Asignación Universal.

Art. 19. La conformación del comprobante de pago con la firma del titular de la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social, como así también el retiro de los fondos depositados en cuenta bancaria, tendrán los alcances
de declaración jurada acerca del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el pago del beneficio previsto en
el artículo 6º inciso f) del Decreto Nº 1602/09.
Esta Administración Nacional efectuará controles o inspecciones tendientes a verificar el cumplimiento de las
condiciones de pago previstas en la normativa vigente. Si se comprobare el incumplimiento de alguno de los
requisitos previstos en el artículo 6º del Decreto Nº 1602/09, el titular perderá el derecho al beneficio y estará sujeto
a las penalidades que le correspondan por falseamiento de declaración jurada, sin perjuicio de las sumas que
pudieran serle reclamadas por cobro indebido.
Art. 20. La Gerencia Diseño de Normas y Procesos dependiente de la Subdirección de Administración y la
Gerencia Control Prestacional dependiente de la Subdirección de Prestaciones coordinarán los cruces de
información que resulten pertinentes a través de la colaboración que pueda brindar la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Asimismo coordinarán el relevamiento y evaluación de la información
remitida por los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales que colaboren en el marco de la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Art. 21. Para el caso de la liquidación de los devengados correspondientes a los meses noviembre y diciembre de
2009, deberá preverse que se efectúen los descuentos que fueren pertinentes para evitar la doble percepción del
"Programa Familias" perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, del "Programa Jefes de Hogar" y del
"Programa de Empleo Comunitario" del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con la prestación que se
reglamenta en la presente Resolución. A tales efectos deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar el
pago sólo de las diferencias que correspondan en base a la información remitida por ambos Organismos.
Art. 22. La Gerencia Finanzas dependiente de la Subdirección de Administración deberá elaborar el calendario
de pago correspondiente a la liquidación y puesta al pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección
Social, estableciendo como fecha de inicio de pago de esta prestación el primer día hábil de cada mes. Para el caso
de la liquidación del mes de noviembre, el pago deberá comenzar el día 1º de diciembre de 2009.
Art. 23. Para el pago de esta Asignación Universal, se utilizará la red de agentes pagadores de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
Art. 24. Para la percepción del VEINTE POR CIENTO (20%) de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social que fuera reservado mensualmente, en virtud de las previsiones del inciso k) del artículo 18 de la
Ley Nº 24.714, el titular del beneficio deberá acreditar para los niños menores de CINCO (5) años, el cumplimiento
de los controles sanitarios y el plan de vacunación. Para aquellos niños de CINCO (5) años o más deberá presentar
además, la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos.
Oportunamente, y a los fines indicados, ANSES remitirá a cada titular del beneficio una libreta que contendrá datos
relativos a sanidad, vacunación, educación y condición laboral, la que deberá ser presentada ante esta
Administración Nacional en las condiciones y plazos que fije a tal efecto la Gerencia Diseño de Normas y Procesos
dependiente de la Subdirección de Administración.
Art. 25. Las personas que accedan a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en virtud de ser
beneficiarios del "Programa Familias" otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social, y los beneficiarios del
"Programa Jefes de Hogar" y del "Programa de Empleo Comunitario" del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, cobrarán la citada Asignación Familiar a través del mismo medio de pago por el que percibían los
referidos planes.
Art. 26. Invítase al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al
Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y al Ministerio del Interior y a otros organismos con competencia
en la materia, a conformar un Comité de Asesoramiento como unidad "ad hoc" dependiente de la Gerencia
Secretaría General de la ANSES. Dicho Comité tendrá funciones de asesoramiento en los aspectos operativos de la
implementación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y entenderá en el análisis de la
casuística que requiera evaluación interdisciplinaria, pudiendo asimismo formular recomendaciones al respecto al
Director Ejecutivo.
Art. 27. Entiéndese como rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) creado por el Decreto Nº 897/07 y sus modificatorios, en los términos del
Artículo 5º inciso c) de la Ley 24.714, incorporado por el Artículo 3º del Decreto 1602/09, los intereses y
dividendos efectivamente realizados y percibidos de la totalidad de las inversiones del FGS, sin que se puedan
considerar las diferencias de precios producto del cambio en las cotizaciones o ajustes de capital. La determinación
de los intereses y dividendos en efectivo realizados y percibidos se establecerá en el mes calendario siguiente al de
su efectiva percepción.
Art. 28. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Diego L.
Bossio.
RESOLUCION 113/2011
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.Se.S.)
Asignaciones familiares -- Asignación Universal por Hijo para Protección Social -- Modificación de la res. 132/2010
(A.N.Se.S.) -- Derogación de la res. 738/2010 (A.N.Se.S.).

Fecha de Emisión: 25/02/2011
Publicado en: BOLETIN OFICIAL 17/03/2011
VISTO el Expediente Nº 02-4-99-812961515-790 del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nros. 24.714 y 26.061, los Decretos Nros. 1245 del 1º de noviembre
de 1996 y 1602 del 29 de octubre de 2009 y las Resoluciones D.E.-N Nº 393 del 18 de noviembre de 2009, Nº 132
del 25 de febrero de 2010, Nº 738 del 1º de septiembre de 2010, 961 del 1º de diciembre de 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1602/09 incorporó a la Ley Nº 24.714 de Asignaciones Familiares, la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social, destinada a cubrir las necesidades de los menores pertenecientes a grupos familiares
desempleados o que se desempeñan en la economía informal.
Que como condición para la liquidación de la referida asignación y para garantizar el logro del objetivo de la
norma de atender las necesidades de menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, la propia
normativa incorporó algunas condicionalidades relacionadas con la salud y educación de los mismos como
mecanismo de superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Que así, se exige la acreditación de la efectiva escolaridad de los menores, como también que se haya cumplido
a su respecto con el plan anual de vacunación y control sanitario, reteniéndose mensualmente el veinte por ciento
(20%) de la prestación, hasta tanto ello ocurra.
Que para certificar el cumplimiento de tales exigencias, se creó un documento específico, la Libreta Nacional de
Seguridad Social, Salud y Educación, en la que deben asentarse las constancias respectivas referidas a dichos
tópicos.
Que la Resolución D.E-N Nº 132/10 determinó las oportunidades en que dicha Libreta debía ser presentada a fin
de posibilitar la liquidación de las sumas retenidas y la continuidad del pago de la propia asignación.
Que la presentación masiva de los beneficiarios durante el año 2010 para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de la Asignación por Hijo para Protección Social generó la necesidad de extender los plazos de forma tal
de brindar una mejor calidad de servicio a los mismos, evitando largas colas en las dependencias de esta
Administración.
Que en consecuencia resulta necesario adaptar el procedimiento y los plazos para la presentación de la Libreta
Nacional de la Seguridad Social de manera coordinada, evitándose todo tipo de retraso relacionado con la atención
al público en general.
Que en base a la experiencia recogida desde el inicio de la gestión de la Asignación Universal por Hijo, y con el
objeto de dar un mejor servicio sin generar demoras y esperas injustificadas, se establecerá un cronograma de
recepción de la Libreta Nacional de la Seguridad Social lo que permitirá una mejora sustancial en la calidad de
atención a los beneficiarios.
Que abocarse a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos e) y f) del artículo 14 ter de
la Ley Nº 24.714 y determinar las pautas que generen la percepción de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social es una obligación ineludible del Estado.
Que la falta de cumplimiento de las exigencias referidas a salud, educación pública y condiciones laborales del
adulto responsable, tendrá efectos sobre el pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por
cuanto las mismas se encuentran revestidas de un sentido de protección social circunscriptas a las facultades del
Estado para poner en práctica su obligación de velar por los citados intereses. Que las condiciones del adulto
responsable de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social pueden alterarse y consecuentemente variar
la situación de los mismos respecto del acceso a la citada prestación.
Que dicha situación debe ser receptada por esta Administración, a fin de propender a una distribución equitativa
de los recursos de la seguridad social.
Que es obligación del adulto responsable de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social informar
toda modificación respecto de su situación laboral que pueda alterar las condiciones para el pago de la citada
asignación.
Que resulta imperioso establecer las pautas para el cumplimiento de la presentación ante ANSES de la
declaración jurada receptada por el inciso f) del artículo 14 ter de la Ley Nº 24.714.
Que los adultos responsables de Asignación Universal por Hijo para Protección Social deben tener los canales y
las herramientas necesarias para informar las novedades correspondientes y realizar los requerimientos relacionados
con la citada prestación.
Que por otra parte la Resolución D.E-N Nº 961/10 ha declarado la emergencia edilicia operativa en la atención
al público por un periodo de QUINCE (15) meses o hasta alcanzar la infraestructura adecuada a las necesidades
actuales que permitan otorgar el mejor nivel de servicio.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del organismo sin objeciones
que realizar al respecto.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el Decreto Nº 1602/09.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVODE LA ADMINISTRACION NACIONALDE LA SEGURIDAD
SOCIALRESUELVE:
Artículo 1º Sustitúyese el artículo 4º de la Resolución D.E.-N Nº 132/10, el que quedará redactado de la

siguiente manera:
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), desde el primer día hábil de enero y hasta el último día hábil de di-ciembre de
cada año, conforme los procedimientos, cronogramas y plazos que fijen la Gerencia Diseño de Normas y Procesos
dependiente de la Subdirección de Administración y la Gerencia Prestaciones Descentralizadas dependiente de la
Subdirección de Prestaciones. La Gerencia Diseño de Normas y Proceses deberá establecer los procedimientos y
Art. 2º Sustitúyese el artículo 11 de la Resolución D.E.-N Nº 132/10, el que quedará redactado de la
de acreditación del cumplimiento en tiempo y en forma, de los controles sanitarios o del
plan de vacunación obligatorio o de educación, generará la suspensión del pago de la Asignación Universal por Hijo
Art. 3º Sustitúyese el artículo 12 de la Resolución D.E.-N Nº 132/10, el que quedará redactado de la
deberá formalizarse conjuntamente con la Libreta reflejando la condición laboral del adulto responsable
correspondiente a la fecha de su presentación. Si de la declaración jurada surge la falta de cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder al cobro de la prestación y/o se registrara alguna de las incompatibilidades
establecidas en el Decreto Nº 1602/09, se generará la suspensión del pago del OCHENTA POR CIENTO (80%) del
monto de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social a partir de la primera liquidación que se efectúe
con posterioridad a dicha presentación, pero no impedirá el pago del VEINTE POR CIENTO (20%) acumulado del
año anterior, siempre y cuando haya cumplido con los restantes requisitos establecidos en el inciso e) del artículo 14
Art. 4º Cuando se produzcan hechos que modifiquen la situación oportunamente declarada ante la ANSES, el
adulto responsable de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social deberá presentar una declaración
jurada a través de un formulario que a tal efecto fije la Gerencia Diseño de Normas y Procesos, con el objetivo de
generar la suspensión o rehabilitación del OCHENTA POR CIENTO (80%) de su monto, a partir de la primera
liquidación que se efectúe con posterioridad a dicha presentación, sin derecho a retroactividad. Asimismo el
formulario citado precedentemente deberá ser presentado por el adulto responsable en las Unidades de Atención
Integral (UDAI) ante cualquier solicitud o requerimiento relacionado con la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social.
Art. 5º Agrégase como segundo párrafo del artículo 14 de la Resolución D.E.-
Cuando corresponda el recupero de asignaciones universales percibidas indebidamente, se procederá a descontar los
importes respectivos en forma mensual compensándolos automáticamente con las restantes asignaciones
universales/familiares que le corresponda percibir al beneficiario hasta el límite de las mismas y hasta cubrir el total
Deróguese la Resolución D.E.-N Nº 738 de fecha 1 de septiembre de 2010.
Art. 7º Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Diego L.
Bossio.
Administración Nacional de la Seguridad Social
ASIGNACIONES FAMILIARES
Resolución 320/2010
Apruébase el "Procedimiento de Pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social".
Bs. As., 23/4/2010
VISTO el Expediente Nro. 024-99-80840589-6-796 del Registro de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), el Decreto Nº 1602 de fecha 29 de octubre de 2009, Resolución D.E.-N Nº 349
de fecha 11 de noviembre de 2009, y la Resolución E.-N Nº 352 de fecha 12 de noviembre de 2009.
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por el del Decreto Nº 1602 de fecha 29 de octubre de 2009, se incorpora al Régimen de
Asignaciones Familiares, un Subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social,
facultando por el artículo 10º, a esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES),
para dictar las normas complementarias a los efectos de la implementación operativa, supervisión, control y pago de
las prestaciones alcanzadas.
Que la Resolución D.E.-N Nº 349 de fecha 11 de noviembre de 2009, aprueba el procedimiento de pago de
prestaciones de la Seguridad Social y el Convenio de Pago de Prestaciones de la Seguridad Social.
Que la Resolución D.E.-N Nº 352 de fecha 12 de noviembre de 2009 incorpora la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social como una prestación más a cargo de ANSES y establece que el pago de la mencionada
prestación se efectivizará a través de su acreditación en una cuenta nominativa y el beneficiario podrá extraer los
fondos mediante tarjeta de débito.
Que en concordancia a lo mencionado en el considerando que antecede es necesario definir un procedimiento de
pago que contemple la modalidad aprobada por la Resolución D.E.-N Nº 352/2009.

Que el pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, mediante acreditación en cuenta, requiere
de un procedimiento que estará alcanzado en lo general por lo dispuesto en la Resolución D.E-N Nº 349/2009 y en
lo particular por lo que se determine mediante el presente acto administrativo.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 44.169,
obrante a fojas 63.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 2741/91 y el
artículo 36 de la Ley Nº 24.241.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º Apruébase el "PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO
PARA PROTECCION SOCIAL" contenido en el ANEXO I, que forma parte de la presente resolución.
Art. 2º Establécese que todas las cuestiones que no se encuentren comprendidas en el procedimiento de pago
aprobado en el artículo 1º se regirán por lo establecido en la Resolución D.E.-N Nº 349 de fecha 11 de noviembre de
2009.
Art. 3º Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y oportunamente, archívese.
Diego L. Bossio.
ANEXO I
Procedimiento de Pago de Asignación Universal por Hijo para Protección Social
Consideraciones Generales
Cuando el agente pagador asignado sea una entidad bancaria, el pago se efectuará mediante la acreditación de los
fondos en una caja de ahorro abierta a nombre del titular del beneficio en el marco de la Comunicación A 5007 del
Banco Central de la República Argentina.
En el caso que el agente pagador fuera el Correo Oficial, el pago se efectuará en el marco de lo acordado con dicho
organismo en el Convenio de Pago de Beneficios de la Seguridad de fecha 1 de julio de 2005 y todas sus
modificaciones.
Apertura de las cuentas
La información para la apertura de las cajas de ahorro será enviada por ANSES a cada Entidad a través del "Sistema
Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de la Información" (SITACI) cuyos procedimientos están
establecidos en la Resolución ANSES DE-N Nº 1022 de fecha 11 de diciembre de 2006.
ANSES enviará dicha información a través de un archivo cuyo diseño de Registro se acompaña en Adjunto I, el
mismo contendrá como datos mínimos el apellido y nombres del titular, su número de Documento Nacional de
Identidad y CUIL, y el código de agente pagador en el cual se deberá radicar la cuenta.
La entidad deberá emitir y entregar a cada titular, una tarjeta de débito con la imagen que ANSES defina.
El envío de esta información, se realizará con una antelación mínima de 72 horas al envío de la liquidación de pago
que corresponda.
Liquidación de pago
El procedimiento a través del cual se generará la información y la remisión de la misma a las entidades será el
mismo que se utiliza para el pago de cualquier otra prestación y está estipulado en la Resolución ANSES DE N Nº
349/09.
El producto Asignación Universal será denominado UVHI y por el mismo se remitirá mensualmente una liquidación
principal, a la cual podrán sumarse una o más complementarias.
Procedimiento de Pago
La entidad procederá a acreditar los fondos correspondientes a la liquidación de cada beneficiario en la cuenta de su
titularidad.
Los fondos deberán estar disponibles en las respectivas cuentas en la fecha de pago que se indica en el archivo de
liquidación, para cada beneficiario.
Los titulares dispondrán de los fondos acreditados a través de las tarjetas de débito mediante extracción en los
cajeros automáticos, no obstante la entidad deberá abonarle por ventanilla en aquellos casos en que surjan
inconvenientes en la operatividad de la tarjeta o porque el titular no cuente con la misma, ya sea por demoras en la
entrega o porque haya extraviado la misma y se esté gestionando su reposición.
Documentación requerida para efectuar los pagos
Los beneficiarios deberán acreditar su identidad mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad,
ya sea para formalizar la apertura de la caja de ahorro y la entrega de la tarjeta de débito, como para realizar
extracciones por ventanilla en las situaciones que así lo justifiquen.
Aquellos beneficiarios que no cuenten con su Documento Nacional de Identidad por haberlo extraviado o haberle
sido robado, sólo podrán formalizar la apertura de la cuenta en la cual ANSES les depositó el monto de la
Asignación Universal, presentándose ante la entidad con la siguiente documentación supletoria:
Constancia de DNI en trámite emitida por el Registro Nacional de las Personas donde conste Nombre y Apellido y
número de Documento de Identidad, junto con Pasaporte o Cédula de Identidad o Registro de Conductor vigente,
del que surja el mismo número de Documento de Identidad y el mismo Nombre y Apellido que los registrados en la
Constancia citada.
En estas situaciones de excepción la entidad deberá conservar copia de la documentación presentada.

Pagos a Apoderados o Representantes
La Asignación Universal sólo podrá percibirse en forma transitoria a través de un apoderado cuando:
a) El Titular se encuentre imposibilitado de movilizarse por padecer algún problema físico o de salud que lo obliga a
estar internado o con prescripción médica de reposo por un tiempo determinado.
b) El Titular se encuentre privado de su libertad.
En estos casos particulares, los interesados efectuarán la tramitación correspondiente ante las oficinas de ANSES y
en caso que corresponda se emitirá un comprobante con los datos del titular de la Asignación y los datos del
apoderado que podrá percibir la misma.
El comprobante especificará el período de liquidación que el apoderado está autorizado a percibir.
El modelo de formulario que se extenderá como constancia, se acompaña como Adjunto II.
En caso que se presente un apoderado quien acredite su condición de tal, mediante dicho formulario y su
Documento Nacional de Identidad, la entidad procederá de la siguiente manera:
la Asignación Universal y revertirá el
crédito efectuado correspondiente al período de liquidación informado en el comprobante.
Dicho comprobante de pago deberá contener como mínimo el apellido y nombre, número de Documento Nacional
de Identidad del titular del beneficio, y el importe de la liquidación.
fotocopia del Documento del mismo, como documentación de respaldo del pago efectuado.
Aquellos casos especiales en los que el apoderado sea permanente, se informará sus datos en el archivo de
liquidación correspondiente.
La entidad deberá identificar estos casos, en los cuales no deberá efectuar la acreditación de los fondos en la cuenta
del titular, sino disponer el pago a través del procedimiento por ventanilla, en el marco de la Resolución ANSES
DE-N Nº 349/09.
Rendición de cuentas
Al finalizar el período de vigencia de la liquidación de pago, la entidad deberá realizar la rendición de cuentas ante
el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), de acuerdo a los procedimientos detallados en la
Comunicación A 4471 del B.C.R.A.
Se trata de una prestación a cargo de ANSES, por tanto se efectuará conjuntamente con los Pagos Previsionales.
La entidad deberá informar como PAGADAS las liquidaciones de aquellos titulares que en el transcurso de la
vigencia del período de pago se hayan presentado en la entidad, habiendo formalizado la apertura de la cuenta, y el
importe de la liquidación haya sido acreditado en la misma. El hecho que el mismo se haya presentado y la cuenta se
haya activado es suficiente para ser informado PAGADA, aunque el titular no haya realizado extracciones.
Asimismo también deberán ser informados como PAGADAS las liquidaciones que por inconvenientes en la
apertura de la cuenta, o por haber sido abonados a un apoderado o representante especial autorizado por ANSES,
hayan sido abonadas por ventanilla.
Deberán ser informados como IMPAGAS las liquidaciones de aquellos titulares que cumplida la fecha de vigencia
NO se hayan presentado a formalizar la apertura de la cuenta, por tanto se deberá revertir el crédito oportunamente
efectuado en la misma y los fondos devueltos a ANSES.
Cabe destacar que aquellas acreditaciones que se realicen en una cuenta cuya apertura se encontrara formalizada con
anterioridad, se deberán informar como PAGADAS.
La documentación que prueba el pago será el extracto bancario de la cuenta del cual surja la acreditación de los
fondos en la fecha prevista por ANSES, y los movimientos de la misma hasta la fecha de su solicitud (del extracto) y
la entidad deberá presentar dicha documentación ante el requerimiento de la Gerencia Pago de Beneficios, debiendo
el mismo estar firmado por autoridad competente.
Para aquellas liquidaciones que se abonen por ventanilla, la documentación será el comprobante de pago firmado
por el titular del beneficio.
En aquellos casos que el cobro lo hubiera efectuado un Apoderado transitorio, la documentación que pruebe el pago,
será el comprobante de pago firmado por el mismo, el formulario de apoderamiento en original, y una fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.
Cuando se trate de un apoderado permanente, la documentación que pruebe el pago, será el comprobante de pago
firmado por el mismo.
Para todos los casos ANSES será responsable del control de supervivencia de los titulares de la Asignación
Universal por hijo."
Instrucción de no pago
ANSES podrá requerir a la entidad la no acreditación de una o más liquidaciones, notificando ello a la entidad con
una anticipación de 72 hs. a la fecha de pago consignada.
El mecanismo a través del cual se indicarán estas solicitudes serán los mismos que se aplican para las retenciones, y
están estipulados en la Resolución DEN Nº 349/09.
Información a ANSES de números de CBU y movimientos de la cuenta
La entidad deberá informar a ANSES cuando así se lo requiera, datos referidos a la existencia o no, de extracciones
o débitos de una o más cajas de ahorro hasta una fecha determinada.

Dicha información será solicitada por la Gerencia Pago de Beneficios, y la entidad deberá remitirla a través de un
archivo donde indicará el número de CBU que corresponda a cada cuenta de la cual se requiera información.
El diseño del archivo que se utilizará para esta operatoria se consigna en el Adjunto III.
Baja de Cuentas y tarjetas
La entidad deberá proceder al cierre de las cuentas y baja de las respectivas tarjetas por no verificarse movimientos
de débitos ni créditos durante un período de 180 (ciento ochenta) días corridos.
No obstante ello, ANSES podrá instruir el cierre de una o más cuentas y la baja de las respectivas tarjetas, en
cualquier momento.
Toda cuenta que la entidad haya abierto y generado una tarjeta de débito por instrucción de ANSES, será mantenida
en resguardo de la entidad hasta tanto se produzca cualquiera de las situaciones mencionada precedentemente.
Adjunto I
Diseño Registro Apertura de Cuentas
Adjunto II
Modelo Poder Extraordinario
Adjunto III
Diseño Registro CBU y movimiento de cuentas
DECRETO 446/2011
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Régimen de asignaciones familiares -- Asignación Universal por hijo para protección social y Asignación por
Embarazo para Protección Social - Requisitos para el cobro -- Modificación de la ley 24.714.
Fecha de Emisión: 18/04/2011
Publicado en: BOLETIN OFICIAL 19/04/2011
VISTO las Leyes Nº 24.714 y Nº 26.061 y el Decreto Nº 1602 del 29 de octubre de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que es obligación del Estado Nacional adoptar políticas públicas que permitan mejorar la situación de los grupos
familiares en situación de vulnerabilidad social.
Que la Ley Nº 24.714 instituyó con alcance nacional y obligatorio un Régimen de Asignaciones Familiares
otorgando distintas prestaciones destinadas a la protección del grupo familiar.
Que el Decreto Nº 1602/09 creó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, incluyendo en el
Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley Nº 24.714 a los grupos familiares no alcanzados por las
mismas, previstas en el mencionado régimen, en la medida que se encuentren desocupados o se desempeñen en la
economía informal.
Que el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714 define la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y su
alcance, y el artículo 14 ter de la mencionada ley establece los requisitos que deben cum-plirse para su percepción.
Que en el marco de la política social que está llevando a cabo el gobierno y considerando los resultados
positivos que ha generado la incorporación de la citada Asignación Universal por Hijo para Pro-tección Social en lo
concerniente a la reducción de la pobreza, resulta conveniente continuar ampliando la cobertura de las asignaciones
familiares, optimizando progresivamente los beneficios que brinda el Sistema de Seguridad Social.
Que la mortalidad materna es un indicador de la injusticia social, la inequidad de género y la pobreza, ya que el
problema se vincula estrechamente con las dificultades de acceso a la educación y a los servicios de atención médica
especializados.
Que entendemos que la cobertura en el ámbito de la seguridad social debe ser atendida desde el estado de
gestación, de forma tal de brindar a la madre embarazada programas públicos de atención de diagnóstico y
tratamiento oportuno, disminuyendo de esta forma los índices de mortalidad maternal, perinatal, neonatal e infantil
que se encuentran asociados a problemas en el acceso a los servi-cios de salud.
Que el hecho de que la mortalidad maternal, perinatal y neonatal sea superior en los estratos de ingresos más
bajos, indica que hacer universales los programas públicos, es una cuestión de equidad y justicia social.
Que a los efectos de darle protección a la madre embarazada resulta necesario establecer una prestación que dé
cobertura a la contingencia del estado de embarazo de aquellas mujeres que se en-cuentran en similares condiciones
que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Que como requisito obligatorio para el cobro del CIEN POR CIENTO (100%) de la Asignación creada por el
presente, para la cobertura del estado de embarazo, resulta imprescindible exigir el cumplimiento de los controles
IO DE SALUD o la certificación médica expedida de
conformidad con dicho plan, para los casos que cuenten con cobertura de obra social.
Que la necesidad de brindar ayuda inmediata a las situaciones descriptas dificulta seguir los trámites ordinarios
previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional.

Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE
LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL. Que la citada Ley
determina, que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o
invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente no
eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocaran al expreso e inmediato trata-miento del decreto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas
resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo
82 de la Carta Magna.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, de la
CONSTITUCION NACIONAL y los artículos 2º, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.
Por ello,
LA PRESIDENTADE LA NACION ARGENTINAEN ACUERDO GENERAL DE MINISTROSDECRETA:
Artículo 1º Sustitúyese el inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 24.714 incorporado por el Decreto Nº
1602/09, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado, respectivamente, a las mujeres embarazadas y a
aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la REPUBLICA ARGENTINA; que pertenezcan a grupos
Art. 2º Incorpórase como inciso j) del ar-tículo 6º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
Art. 3º Incorpórase como artículo 14 quater de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
- La Asignación por Embarazo para Protección Social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva mensual que se abonará a la mujer embarazada desde la DECIMO SE-GUNDA semana de
gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
Sólo corresponderá la percepción del importe equivalente a UNA (1) Asignación por Embarazo para Protección
Social, aún cuando se trate de embarazo múltiple. La percepción de esta asignación no se-rá incompatible con la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social por cada menor de DIECIOCHO (18) años, o sin límite de
edad cuando se trate de un discapacitado, a cargo de la mujer embara-zada.
Art. 4º Incorpórase como artículo 14 quinquies de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
- Para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social, se requerirá:
a) Que la embarazada sea argentina nativa o por opción, naturalizada o residente, con residencia legal en el país
no inferior a TRES (3) años previos a la solicitud de la asignación.
b) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad.
SALUD. En aquellos casos que prevea la reglamentación, en que la embarazada cuente con co-bertura de obra
social, la acreditación del estado de embarazo será mediante certificado médico expedido de conformidad con lo
previsto en dicho plan para su acreditación.
Si el requisito se acredita con posterioridad al nacimiento o interrupción del embarazo, no corresponde el pago
de la asignación por el período correspondiente al de gestación.
d) La presentación por parte del titular del beneficio de una declaración jurada relativa al cumplimiento de los
requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas. De comprobarse la falsedad de alguno de estos datos,
se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Art. 5º Incorpórase como inciso I) del ar-tículo 18 de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
arazo para Protección Social: la mayor suma fijada en el inciso a).
Durante el período correspondiente entre la DECIMO SEGUNDA y la última semana de gestación, se liquidará
una suma igual al OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto previsto en el primer párrafo, la que se abonará
mensualmente a las titulares a través del sistema de pago de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). El VEINTE POR CIENTO (20%) restante será abonado una vez finalizado el
embarazo y en un solo pago, a través del mismo sistema que se utilice para la liquidación mensual de esta
La falta de acreditación producirá la pérdida del derecho al cobro del VEINTE POR CIENTO (20%) reservado.
Art. 6º La Asignación por Embarazo para Protección Social se encuentra alcanzada por las previsiones de los
artículos 8º y 9º del Decreto Nº 1602/09.
Art. 7º Facúltase al titular de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES), para el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias para la
implementación del presente.
Art. 8º Encomiéndase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la

adopción de las medidas conducentes para la aplicación del presente régimen en un plazo máximo que no podrá
superar el 1º de mayo del año 2011.
Art. 9º Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION.
Art. 10. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
FERNANDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández. Aníbal F. Randazzo. Nilda C. Garré. Amado
Boudou. Débora A. Giorgi. Julián A. Domínguez. Julio M. De Vido. Julio C. Alak. Carlos A.
Tomada. Alicia M. Kirchner. Juan L. Manzur. Alberto E. Sileoni. José L. S. Bara-ñao. Carlos E.
Meyer. Arturo A. Puricelli.
RESOLUCION 235/2011
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.Se.S.)
Régimen de asignaciones familiares -- Asignación por Embarazo para Protección Social -- Norma complementaria
de la ley 24.714.
Fecha de Emisión: 28/04/2011
Publicado en: BOLETIN OFICIAL 09/05/2011
VISTO el Expediente Nº 024-99-81307257-9-790 del Registro de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nº 24.714 y Nº 26.061 y los Decretos Nº 1602 del 29 de octubre de
2009 y Nº 446 del 18 de abril de 2011; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.714 regula a nivel nacional el Régimen de Asignaciones Familiares con que el Estado hace
extensivo a la familia los beneficios de la Seguridad Social en cumplimiento del claro mandato que se desprende del
art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Que los beneficios reconocidos por dicho régimen han sido ampliados en el pasado más reciente como
consecuencia de las políticas de inclusión de los sectores más relegados y vulnerables de la sociedad que lleva
adelante el Poder Ejecutivo Nacional.
Que entre las referidas disposiciones cabe recordar el Decreto Nº 1602/09 que creó la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social de indudables beneficios para la sociedad en su conjunto en cuanto ha provocado el
aumento de la matrícula escolar y el estricto cumplimiento de los controles sanitarios y planes de vacunación
establecidos en favor de la niñez y adolescencia.
Que el logro de los resultados referidos es consecuencia, entre otras cosas, de la forma en que la implementación
del sistema se ha llevado a cabo, circunstancia que invita a seguir el modelo e incorporar nuevas propuestas como la
prevista en el Decreto Nº 446/11 que propicia la cobertura de las mujeres embarazadas carentes de cobertura médica
por encontrarse desocupadas o trabajando en la economía informal.
Que la Asignación Familiar por Embarazo para Protección Social, implica un avance importante en la política de
inclusión social aludida, destinado en este caso a proteger tanto a las mujeres embarazadas como a los hijos por
nacer, de forma tal de brindar programas públicos de atención de diagnostico oportuno, disminuyendo de esta forma
los índices de mortalidad maternal, perinatal, neonatal e infantil.
Que conforme señala el Decreto de su creación, la Asignación Familiar creada tiene por beneficiarias a aquellas
mujeres que carecen de cobertura de Obra Social, con las excepciones previstas en la presente resolución y
embarazadas y puérperas, niños y niñas de hasta seis años; épocas para unas y otros donde los cuidados médicos
adquieren mayor relevancia e importancia tanto para la salud maternal como para el desarrollo de las personas por
nacer, todo lo cual justifica plenamente los medios que se puedan utilizar como herramientas e instrumentos a fin de
permitir que se hagan realidad.
Que con el objeto de hacer operativas estas políticas, resulta necesario dictar las disposiciones que permitan su
implementación y establezca la forma y los plazos dentro de los cuales las obligaciones impuestas deben ser
cumplidas, así como las consecuencias derivadas de su inobservancia.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente, sin objeciones que realizar al
respecto.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241 y el artículo
7º del Decreto Nº 446/11.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIALRESUELVE:
Artículo 1º - La Asignación por Embarazo para Protección Social prevista en el artículo 6º, inciso j) de la Ley Nº
24.714, se abonará desde la decimosegunda (12) semana de gestación hasta el naci-miento o interrupción del
embarazo, siempre que no exceda de seis (6) mensualidades.
Art. 2º - En relación con los requisitos previstos en el artículo 14 quinquies de la Ley Nº 24.714 y sus
modificatorias, la beneficiaria deberá:

a) presentar la solicitud respectiva dentro del período indicado en el artículo que antecede a través del
Formulario que a tal fin diseñe la Gerencia Diseño de Normas y Procesos.
b) acreditar el estado de embarazo mediante la inscripción en el Plan Nacer del Ministerio de Salud.
c) acreditar que tanto ella como su cónyuge o concubino son desocupados, o monotributistas sociales o se
desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico percibiendo una remuneración igual o
inferior al salario mínimo, vital y móvil.
d) no encontrarse alcanzada por alguna de las incompatibilidades mencionadas en el artículo 9º del Decreto Nº
1602/09, ni ser beneficiarios de ninguna otra asignación familiar, excepción hecha de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social.
e) no tener cobertura de Obra Social, a menos que la embarazada, su cónyuge o concubino sean
monotributistas sociales, personal del servicio doméstico o trabajadores de temporada declarados con reserva
de puesto de trabajo.
f) cumplir con las demás exigencias que se establecen en la presente reglamentación.
Art. 3º - El requisito establecido en el inciso a) del art. 14 quinquies de la Ley Nº 24.714 condiciona el pago de
la Asignación por Embarazo para Protección Social pero no impide la percepción de las mensualidades que se
devenguen con posterioridad al cumplimiento del tiempo mínimo de residencia allí exigido.
Art. 4º - La percepción de la Asignación por Embarazo para Protección Social es compatible con el cobro de la
Asignación Universal por Hijo contemplada en el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714.
Art. 5º - El VEINTE POR CIENTO (20%) del monto acumulado de la Asignación por Embarazo para
Protección Social será liquidado a la beneficiaria cuando lo solicite a través del Formulario que a tal efecto diseñe la
Gerencia Diseño de Normas y Procesos, acompañando, según corresponda, la Partida o Certificado de Nacimiento,
la Partida o Certificado de Defunción o el certificado médico de interrupción del embarazo y la inscripción del
menor en el Plan Nacer del Ministerio de Salud.
El derecho al cobro del VEINTE POR CIENTO (20%) aludido en el presente artículo, caducará
automáticamente si la solicitud respectiva con la documentación mencionada no fuere presentada dentro de los
DOCE (12) meses de ocurrido el nacimiento, la defunción o la interrupción del embarazo.
Art. 6º - Para la liquidación de la Asignación por Embarazo para Protección Social, se computarán meses
completos, cualquiera sea el momento del mes en que se formalice el pedido o se acredite en debida forma la
gestación, el nacimiento o la interrupción del embarazo.
Art. 7º - La presentación y firma, por parte de la beneficiaria, de los formularios para la solicitud de la
Asignación y la acreditación de los requisitos para el cobro del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto
acumulado, implicará asumir la responsabilidad con relación a la veracidad de los datos volcados en ellos y a la
autenticidad de la documental acompañada. La falsedad en cualquiera de tales elementos, producirá la pérdida
automática del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan y las acciones legales a que pudiere dar
lugar.
Art. 8º - La Asignación por Embarazo para Protección Social, se abonará a las titulares en forma mensual a
través del sistema de pagos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-CIAL (ANSES) en
las oportunidades y con las modalidades que surjan del cronograma que oportunamente se aprueben.
Art. 9º - La Asignación por Embarazo para Protección Social, se abonará a partir del 1º de mayo de 2011, sin
generar derecho a retroactividad alguna por los meses de gestación previos a dicha fecha.
Art. 10. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. -
Diego Bossio.