En Cuba antes del triunfo revolucionario de Enero de 1959, la ... - IIDH

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posibilidades de acceso de la mujer al empleo garantizando todos sus derechos,
así como la eliminación de trabas legales que en la práctica impedían este
objetivo. Entre otras que analizaremos posteriormente referidas a estas u otras
materias.
Por otra parte, bajo este enfoque de género todavía nos falta en la legislación
por ejemplo plasmar el derecho del hombre a la licencia de paternidad como se
establece para la mujer y que permitirá que ambos miembros de la pareja
compartan la hermosa tarea del cuidado del bebé en el primer año de vida. El
hecho de que aún no existan Tribunales o salas de familia con un
procedimiento específico para dirimir los conflictos que se presentan en este
orden, es también un ejemplo palpable de lo aún nos falta por hacer.
Por esos análisis transitaban nuestras consideraciones con respecto a la
incorporación de valores en el derecho positivo y en especial en el orden
jurídico- social de la situación de la mujer en Cuba, pues resulta evidente la
importancia que las revoluciones tienen como fuente de derecho, y en nuestro
país esta ha sido decisiva.
En este sentido, no es nuestra intención profundizar al respecto, ni abordar las
posiciones doctrinales sobre el particular; lo que quedaría para un estudio
posterior. A lo que aspiramos con este trabajo es a realizar una exposición lo
más general posible de nuestro derecho positivo con relación a los derechos de
la mujer, desde un enfoque de género; destacando los valores ético-morales
que lo sustentan, pues están inspirados en el principio de justicia social
mantenidas en las diferentes ramas del derecho; por las que ahora
incursionaremos.
CONSTITUCIONAL
La Constitución proclamada mediante referendo, el 24 de Febrero de 1976
recoge las aspiraciones por las que lucharon las mujeres cubanas desde la
gesta independentista. La Reforma Constitucional aprobada en Julio de 1992,
perfecciona el concepto de igualdad con las modificaciones que se le
incorporan.
Los principios que en este sentido plasma nuestra Ley fundamental no son
simples pronunciamientos formales. Se apoyan en la necesaria legislación
especial y están garantizados por la expresa voluntad política de nuestro
Estado.
En el Capítulo VI, Igualdad, artículo 41, se señala que “todos los ciudadanos
gozan de iguales deberes” y en el artículo 42 se dispone que “la discriminación
por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y
cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y sancionada por la
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