En Cuba antes del triunfo revolucionario de Enero de 1959, la ... - IIDH

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El delito de corrupción de menores fue modificado y aumentado el marco
sancionador, incluso hasta la pena de muerte, primero por el Decreto Ley 175
y posteriormente por la Ley 87 y esta última introdujo el delito de venta y
tráfico de menores a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas, con el
propósito de prevenir y sancionar severamente hechos tan denigrantes como
estos y que solo pueden darse excepcionalmente en nuestro país.
Fue nuestra Organización también la que propuso a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y así fue aprobado y plasmado en la Ley 87 del 99 que se
incluyera como una de las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal
el “ser cónyuge y el parentesco entre el ofensor y la víctima hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta agravante sólo se tiene
en cuenta en los delitos contra la vida y la integridad corporal y contra el
normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la
juventud” (Artículo 53 inc. j Código Penal). Modificación que consideramos de
una gran importancia al margen de las limitaciones que pueda tener, pues debe
ser principio que las acciones de tipo violento contra un miembro de la familia,
por las implicaciones que tiene para el normal y adecuado desenvolvimiento de
la misma, sean agravantes de la responsabilidad penal para el que las comete.
Debemos destacar que Cuba es Estado parte en numerosos instrumentos
internacionales para la represión de la trata de mujeres y niños/as.
PROTECCIÓN JURÍDICA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA
MUJER
El sistema jurídico cubano está estructurado de una forma integral que
garantiza el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y dentro de ellos,
de la mujer en un plano de igualdad.
La Constitución de la República de 1976 sentó las bases para este tipo de
protección, al establecer en su Artículo 63 “Todo ciudadano tiene derecho a
dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta
pertinente y en el plazo adecuado conforme a la ley”.
A estos efectos se dictó la Ley 1323 del 30 de Noviembre de 1976, Ley de
Organización de la Administración Central del Estado, que en su articulado
dispuso entre las facultades y atribuciones comunes de dichos organismos,
prestar atención y dar respuestas pertinentes dentro de un término de 60 días a
las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzándose por resolver
correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para
eliminar las deficiencias señaladas. Este mismo Artículo se reproduce en el
Decreto Ley No.67 del 19 de Abril de 1983, que derogó la citada Ley.
La Ley 83 del 11 de Julio de 1997 “Ley de la Fiscalía” viene a perfeccionar y
consolidar en la actualidad los mecanismos de protección jurídica de los
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