En Cuba antes del triunfo revolucionario de Enero de 1959, la ... - IIDH

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MUJERES CON DERECHOS. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA
LEGISLACIÓN CUBANA.
(Publicado en la Revista Cubana de Derecho Nro 18 Julio- Diciembre de 2001. Unión
Nacional de Juristas de Cuba)
Autoras:
Dra. en Derecho Mercedes Garrudo Marañón, Lic. En Derecho Diplomático y Consular.
Asesora jurídica. Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas.
MsC. en Ciencias Jurídicas Yamila González Ferrer.
Especialista en asuntos jurídicos. Dirección Nacional de la Federación de Mujeres
Cubanas.
Una versión de este trabajo de las autoras fue publicada en el Libro “Situación de la
niñez, la adolescencia, la mujer y la familia en Cuba. Dra. Mayda Álvarez Suárez y otras
autoras. Centro de Estudios de la Mujer de la FMC. UNICEF. La Habana. Diciembre de
2000.
En Cuba antes del triunfo revolucionario de Enero de 1959, la mujer estuvo
sometida a una humillante discriminación por razón de su sexo y aún más si el
color de su piel era mestiza o negra y su condición económico-social pobre.
Vivía en condiciones de subordinación, de dependencia respecto al hombre y
eran burlados sus más elementales derechos, establecidos la mayoría de ellos
sólo de manera formal.
Aunque en algunas leyes de la pseudorepública se habían tenido en cuenta sus
derechos, en la práctica la casi totalidad de ellos se incumplían o eran
ignorados o aplicados de forma selectiva o discriminatoria. Además porque
institucional o intencionalmente se impedía su cumplimiento, al no crearse las
condiciones materiales y objetivas que hicieran posible su aplicación.
Baste recordar la Constitución de 1940, progresista para su época, aunque
burguesa en su esencia. Ella disponía la igualdad de todos los cubanos ante la
Ley (Art.20), declaraba ilegal y punible toda discriminación por razón de sexo,
raza, color o clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana y establecía el
sufragio universal, igualitario y secreto para todos los cubanos (Art.97).
Proclamaba la igualdad de derechos entre los cónyuges en el matrimonio y la
plenitud de la capacidad civil de la mujer casada sin que necesitara licencia o
autorización marital para regir sus bienes, ejercer libremente el comercio, la
industria, profesión, oficio o arte y disponer del producto de su labor (Art.43).
También reconocía el derecho de la mujer al empleo y a recibir igual salario
por igual trabajo, independientemente de quienes lo realizaran (Art.62).
Igualmente proscribía el latifundio (Art. 90). Estos y otros muchos postulados
más que se proclamaron, no se materializaron e hicieron realidad en la vida
cotidiana del pueblo y en especial de la mujer.
La Constitución de 1940 requería de una legislación complementaria que hiciera
posible su aplicación y de la cual mayoritariamente careció; por lo que sus
preceptos quedaron reducidos a meras formulaciones teóricas, letra muerta,
que aunque en el papel fueron muy avanzadas en la realidad resultaron
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inoperantes. Los gobiernos corruptos, dependientes y dictatoriales que se
sucedieron no estaban interesados en aplicarlos. No existió nunca voluntad
política verdadera para que se produjera cambio alguno.
En ese contexto, la pobreza, discriminación, desesperanzas y frustraciones
políticas y sociales en que aquellos gobiernos de turno de la pseudorepública
habían hundido a la ciudadanía, no lograron exterminar las ideas ético-morales
y de profundo patriotismo del pueblo honesto de Cuba. Ellas emergieron en las
luchas de las décadas de los años veinte y treinta. Pero sobre todo a mediados
del siglo pasado; basadas en las poderosas fuerzas de la razón y la justicia,
como continuadoras que eran de las batallas independentistas y forjadoras de
nuestra nacionalidad.
Su presencia histórica y en el orden jurídico, se manifestó vigorosamente en la
vocación constitucionalista y de respeto a la legalidad que trascendió al derecho
insurgente cubano; desde las Constituciones mambisas hasta las leyes
revolucionarias promulgadas por el Alto Mando del Ejército Rebelde en la Sierra
Maestra, durante nuestra última Guerra de Liberación Nacional.
A esas leyes se les reconoció su vigencia por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Fundamental de la República de 7 de Febrero de 1959; la que ratificó
la mayoría de los preceptos de la Constitución de 1940 y rigió hasta la
promulgación de la actual. Pero con una profunda y dinámica legislación
promulgada en un marco jurídico de una verdadera proyección social, que
pronto se convertiría en socialista, y donde primaron además otros principios de
orden moral.
En estas tradiciones legales del pueblo cubano, no puede olvidarse que las
mujeres también han estado presentes. En los anales de nuestro
constitucionalismo una voz femenina se alzó en la Asamblea de Guaimaro,
celebrada el 10 de abril de 1869. Ese gesto ha quedado para siempre insertado
en la historia de las luchas de las cubanas por sus derechos. De la patriota Ana
Betancourt de Mora, el Presidente de la República en Armas, Carlos Manuel de
Céspedes dijo: “La historia reconocerá que una mujer en Cuba se ha anticipado
al siglo pidiendo su emancipación”.
Las ideas martianas y aquellas tradiciones jurídicas, tuvieron plena vigencia en
el movimiento insurreccional y liberador que precedió con su lucha al triunfo
revolucionario. El mismo tuvo desde sus inicios el respeto y la admiración de la
población, que cifró en él sus esperanzas de una vida nueva, y lo asumió como
el legítimo representante de lo que habría de ser años después el gobierno del
pueblo; hoy, Poder Popular.
Respaldaba a esa convicción ciudadana, no sólo el heroísmo y proyección
política de los que protagonizaron esa gesta, sino también que ella estaba
fundamentada en un manifiesto, el “Programa del Moncada”. En dicho
documento de amplia y profunda dimensión política y social, no sólo se
caracterizaba la situación objetiva existente en la época, desde todos sus
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aspectos, con sus profundas raíces en los problemas económicos y su
repercusión en la Sociedad; sino también la incidencia que en ellos tuvieron los
sistemas de gobierno que los originaron y aumentaron.
Ya en él, se apreciaban las radicales medidas de transformaciones estructurales
que habrían de producirse en el país para lograr la plena independencia y
soberanía y alcanzar la justicia social; lo que habría de conducir necesariamente
a la promulgación de leyes que rescataran las riquezas del país y se pusieran al
servicio general de todo el pueblo: hombres, mujeres niños(as), ancianos(as),
sin distinción ni discriminación por ningún motivo.
En aquel Programa está el origen de la perspectiva socialista de nuestra
legislación actual. De él parte la concepción integral de nuestros derechos
humanos: mujeres y hombres libres en igualdad de condiciones y posibilidades.
Es con el triunfo de la Revolución el 1ro de Enero de 1959, al tomar el pueblo
el poder, que se transforman radicalmente las estructuras económicas, políticas
y sociales del país. A partir de ese momento se hizo realidad la dignidad plena
de cada cubano(a) y se respetan y ejercen los derechos humanos que
defendemos.
La mujer ha sido desde entonces sujeto activo y principal beneficiaria de las
conquistas revolucionarias. Como parte de la lucha por la justicia social se
inició la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de derechos y
oportunidades con los hombres en todos los ámbitos y a todos los niveles de la
vida nacional.
El Gobierno Revolucionario desde 1959 adoptó una serie de medidas
legislativas, judiciales y administrativas que garantizaron de inmediato el
cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales de todo el pueblo y en
particular de las mujeres, niños(as) y ancianos(as); creando con esto las bases
necesarias para la implementación posterior de una legislación que proclamara
y sustentara estos principios; entre los cuales ocupó un lugar prioritario luchar
por erradicar cualquier tipo de desigualdad o discriminación, entre ellas la
originada por motivo de sexo.
Es preciso subrayar que la Ley de Reforma Agraria, una de las primeras- que
aprobara el Gobierno revolucionario el 17 de Mayo de 1959, otorgó el derecho
a la propiedad de la tierra a mujeres y a hombres y que como demostración
del respeto a esa igualdad, el primer título se entregó a una campesina negra,
descendiente de inmigrantes haitianos asentados en la zona más oriental del
país, la más pobre.
Desde entonces se ha ido desarrollando y perfeccionando una legislación que
proscribe y ha fortalecido la lucha contra la discriminación por cualquier
motivo; haciendo de la igualdad de mujeres y hombres uno de los principios
fundamentales de nuestra sociedad.
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En todo este proceso ha jugado un papel fundamental la Federación de
Mujeres Cubanas; Organización No Gubernamental creada por voluntad de las
propias mujeres y constituida oficialmente el 23 de Agosto de 1960.
Esta organización de masas agrupa en sus filas a mujeres procedentes de
todos los sectores sociales, con independencia del color de la piel o creencias
religiosas. Representa la voluntad y los intereses de la inmensa mayoría de las
cubanas (82,9 % de las mujeres mayores de 14 años), por lo que constituye el
Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer y el logro de su plena
igualdad de oportunidades y posibilidades con el hombre en todos los ámbitos
y niveles de la vida económica, política, social, cultural en general. En mayo de
1997 el Consejo Económico y social de la Organización de Naciones Unidas
(ECOSOC), le confirió a la Federación de Mujeres Cubanas, el status consultivo
con categoría especial.
La FMC ha sido y es un factor decisivo en la iniciativa, proposición y
materialización de las leyes en beneficio de la mujer y la familia a lo largo de
estas cuatro décadas.
Fue en la década de los 70’, después de largos años de lucha, cuando por su
gravedad, la discriminación femenina se contempló como una violación de los
derechos humanos en un instrumento de Naciones Unidas: “ La Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. La
misma fue aprobada el 8 de Diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de
Diciembre de 1981, siendo Cuba el primer país en firmarla y el segundo en
ratificarla.
Sin embargo nuestro país no esperó por Convenciones o Cumbres Mundiales,
para desde dos décadas antes comenzar a poner en vigor una legislación
proyectada con una perspectiva diferente de las relaciones hombre-mujer en la
sociedad, dándole el justo valor a la mujer al no solo contemplar una
perspectiva de igualdad de derechos, sino también de oportunidades como el
derecho a la educación, la salud, la seguridad y asistencia social, las cuales,
muchas veces fueron aseguradas con las llamadas medidas de “discriminación
positiva”, las que han permitido visualizar claramente y defender las
necesidades, intereses y aspiraciones de la mujer cubana. Como por ejemplo: el
derecho a la licencia de maternidad, los círculos infantiles y seminternados para
los(as) hijos(as) de las madres trabajadoras, entre otros.
El “Comité de Expertas”para la eliminación de la discriminación contra la mujer
de Naciones Unidas, consideró en su 15 periodo de sesiones al valorar el
informe presentado por Cuba que “la legislación relativa a la igualdad entre
hombres y mujeres es una de las más adelantadas en América Latina y que la
discriminación está tipificada como delito” 1
1 Informe del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en su 15 periodo de
sesiones. CEDAW. 31 de Enero de 1996.
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Sin embargo, pudiéramos preguntarnos ¿por qué si nuestra legislación es tan
avanzada debemos profundizar en lo que en la actualidad se denomina
perspectiva de género
El derecho como superestructura responde a los intereses de las sociedades.
Basta un simple recorrido y análisis- desde el Derecho Romano y aún desde
antes- por conceptos legales existentes desde las épocas feudal, moderna,
contemporánea y aún desde lo que hoy se denomina postmodernidad, para
comprobarlo.
Nuestro derecho, por supuesto, no estuvo ajeno a ello, a esa mirada desde lo
masculino que ha impuesto la tradición y la cultura sexista de siglos de
existencia; que fue diseñando estereotipos sexuales, patrones de conducta que,
conformados a partir de prejuicios, costumbres y tradiciones “machistas”
trasmitidas generacionalmente en las diferentes civilizaciones, se instalaron en
todos los ámbitos de poder: político, económico, social, cultural y en múltiples
religiones.
En este contexto, es indudable que el derecho y la preeminencia de las leyes a
través de la historia, ha desempeñado un determinado rol, convalidando o
regulando las relaciones a las cuales se dirige; y en muchos casos previéndolas.
Su carácter coercitivo es, inherente a ellas en casi todos sus aspectos, pero
cada vez se visualiza más la necesidad de que el derecho y la norma jurídica se
conceptualicen con una perspectiva de valores en el que incluimos la equidad
de género : así ya se contempla en nuestro derecho de familia.
Esto se vincula o trasciende, a lo que nos ocupa: el adecuado enfoque de
género en la legislación. 2
Y pudiéramos agregar: ¿ Qué esperar del derecho desde una perspectiva de
género, desde las diferentes necesidades, intereses, problemáticas del ser
hombre y el ser mujer
Desde esa mirada podemos mencionar que hemos avanzado al tener una
legislación en materia de familia que establece como principio la igualdad de
derechos y deberes entre el hombre y la mujer en el matrimonio, las relaciones
paterno filiales, la igualdad entre los hijos(as) sean habidos dentro o fuera del
matrimonio. En materia penal el contemplar la discriminación por cualquier
motivo como un delito, el incluir el proxenetismo como delito, eliminar la
concepción que del homosexualismo tenía el Código penal. En materia laboral
las medidas de “discriminación positiva” que se han tomado para dar realmente
2 El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales y al mismo tiempo un ordenador social,
que pauta la sexualidad, la división social del trabajo y todas las relaciones sociales( Joan Scott)
El género se construye social e históricamente, no de manera aislada, sino que va configurándose en
articulación con otras relaciones sociales como la clase, la raza, la etnia, que operan en todos los ámbitos
de la vida de las personas.( Carolina Aguilar. 2001)
Adecuado Enfoque de Género: Cuando al proyectar las leyes, llevarlas a la práctica e interpretarlas se
tiene en cuenta a hombres y mujeres en sus diferencias y necesidades.
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posibilidades de acceso de la mujer al empleo garantizando todos sus derechos,
así como la eliminación de trabas legales que en la práctica impedían este
objetivo. Entre otras que analizaremos posteriormente referidas a estas u otras
materias.
Por otra parte, bajo este enfoque de género todavía nos falta en la legislación
por ejemplo plasmar el derecho del hombre a la licencia de paternidad como se
establece para la mujer y que permitirá que ambos miembros de la pareja
compartan la hermosa tarea del cuidado del bebé en el primer año de vida. El
hecho de que aún no existan Tribunales o salas de familia con un
procedimiento específico para dirimir los conflictos que se presentan en este
orden, es también un ejemplo palpable de lo aún nos falta por hacer.
Por esos análisis transitaban nuestras consideraciones con respecto a la
incorporación de valores en el derecho positivo y en especial en el orden
jurídico- social de la situación de la mujer en Cuba, pues resulta evidente la
importancia que las revoluciones tienen como fuente de derecho, y en nuestro
país esta ha sido decisiva.
En este sentido, no es nuestra intención profundizar al respecto, ni abordar las
posiciones doctrinales sobre el particular; lo que quedaría para un estudio
posterior. A lo que aspiramos con este trabajo es a realizar una exposición lo
más general posible de nuestro derecho positivo con relación a los derechos de
la mujer, desde un enfoque de género; destacando los valores ético-morales
que lo sustentan, pues están inspirados en el principio de justicia social
mantenidas en las diferentes ramas del derecho; por las que ahora
incursionaremos.
CONSTITUCIONAL
La Constitución proclamada mediante referendo, el 24 de Febrero de 1976
recoge las aspiraciones por las que lucharon las mujeres cubanas desde la
gesta independentista. La Reforma Constitucional aprobada en Julio de 1992,
perfecciona el concepto de igualdad con las modificaciones que se le
incorporan.
Los principios que en este sentido plasma nuestra Ley fundamental no son
simples pronunciamientos formales. Se apoyan en la necesaria legislación
especial y están garantizados por la expresa voluntad política de nuestro
Estado.
En el Capítulo VI, Igualdad, artículo 41, se señala que “todos los ciudadanos
gozan de iguales deberes” y en el artículo 42 se dispone que “la discriminación
por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y
cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y sancionada por la
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ley”. Se manifiesta a su vez, que “las instituciones del Estado educan a todos,
desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de todos los seres
humanos”. En el artículo 43 se consagran los derechos conquistados por la
Revolución y de que son beneficiarios todos los ciudadanos y ciudadanas sin
distinción; entre los que se destacan el acceso a cargos y empleos de acuerdo a
méritos y capacidades, el percibir salario igual por trabajo igual, entre otros.
El artículo 44 expresa que: “la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en
lo económico, político, cultural, social y familiar.
El Estado garantiza que se ofrezca a la mujer las mismas oportunidades y
posibilidades que al hombre, a fin de lograr su plena participación en el
desarrollo del país.
El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e
internados escolares, casas de atención a ancianos/as y servicios que facilitan a
la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades.
Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la
mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto,
y opciones laborales temporales compatibles con su función materna.
El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la
realización del principio de igualdad”. 3
En el artículo 9 se señala que el Estado garantiza que todo hombre o mujer en
condiciones de trabajar tenga oportunidad de obtener un empleo para
contribuir a los fines sociales y a las necesidades particulares.
En el Capítulo IV referido a la Familia se expresa en el artículo 35 que el Estado
protege la familia, la maternidad y el matrimonio y reconoce en la familia la
célula fundamental de la sociedad.
El artículo 36 dispone que “El matrimonio es la unión voluntariamente
concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de
hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes
de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la
formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común de modo que éste
resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos”.
El artículo 37 consagra el principio medular de que “todos los hijos tienen
iguales derechos, sean habidos fuera o dentro del matrimonio”.
En el capítulo VII se patentizan derechos, deberes y garantías fundamentales
que alcanzan a todos/as los/as ciudadanos/as. Estos son: el trabajo; el
descanso; la seguridad social al trabajador/a y su familia; la asistencia social; la
protección, seguridad e higiene del trabajo; la salud; la educación física, el
deporte y la recreación, entre otros.
3 Antes de la Reforma Constitucional de 1992, el Artículo 43 expresaba: “La mujer goza de iguales
derechos que el hombre...”
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El Capítulo XIV destinado al “Sistema Electoral” señala que todos los
ciudadanos, con capacidad legal para ello tienen derecho a intervenir en la
dirección del Estado (art. 131) y tienen derecho al voto todos los ciudadanos
hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, salvo las excepciones
establecidas en la ley (art. 132). Se señala además, que tienen derecho a ser
elegidos los ciudadanos cubanos, hombres y mujeres que se hallen en el pleno
goce de sus derechos políticos (art.133).
Estos preceptos están sustentados en la ley No. 72 de 29 de Octubre de 1992
“Ley Electoral” que en su primer título regula el derecho al sufragio activo y
pasivo.
Un elemento fundamental de nuestra Constitución es el relativo a la iniciativa
legislativa, contemplado en el artículo 88 que establece que compete este
derecho entre otros a las Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular; las organizaciones sociales y de masas y a los ciudadanos, siempre
que en este último caso sea ejercitada por diez mil con la condición de
electores. La Federación de Mujeres Cubanas en su condición de organización
de masas, en varias ocasiones a hecho uso de éste derecho constitucional.
Las Comisiones, constituidas en la Asamblea Nacional del Poder Popular se
integran por diputados y conforman grupos de trabajo multisectoriales e
interdisciplinarios que asumen diversas tareas. Entre estas se encuentra la
Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de
Derechos de la Mujer la cual, entre otras funciones, vela por el cumplimiento
eficaz de la legislación relativa a la mujer y por su conducto se han estudiado y
propuesto diversas leyes y disposiciones jurídicas, así como se han adoptado
medidas para garantizar su efectividad.
FAMILIA
La construcción de la nueva sociedad y las transformaciones ocurridas en el
seno de la familia hicieron inoperantes las normas de Derecho de Familia
contenidas en el Código Civil Español vigente en Cuba en aquellos años, siendo
necesario dotar al país de una legislación que plasmara las nuevas realidades,
por lo que fue promulgado el Código de Familia mediante la Ley No. 1289 de 14
de Febrero de 1975.
Este cuerpo legal, ha contribuido a lo largo de sus 25 años de existencia al
fortalecimiento de la familia como célula fundamental de la sociedad, a la
creciente participación de la mujer en todas las esferas de la vida y a la
igualdad de derechos entre los hijos e hijas.
En este se regulan las instituciones de la familia: matrimonio, divorcio,
relaciones paterno-filiales, obligación de dar alimentos, adopción y tutela.
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En el capítulo destinado a las relaciones conyugales en la sección primera “De
los derechos y deberes entre cónyuges” se pone de manifiesto el principio
expuesto en la Constitución acerca de que el matrimonio descansa en la
igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges (art.24).
Los principios de consideración, lealtad, respeto y ayuda mutua entre los
esposos y aplicados recíprocamente tanto en el hombre como en la mujer se
plasman en el Artículo 25. Ambos esposos tienen la obligación de cuidar a la
familia que han creado y cooperar el uno con el otro en la educación, formación
y guía de los hijos y en la medida de las capacidades y posibilidades de cada
uno deben participar en el gobierno del hogar y mejor desenvolvimiento del
mismo (art. 26). En el artículo 27, por primera vez en nuestra legislación, se
valoriza con sentido económico el trabajo en el hogar al expresar que “los
cónyuges están obligados a contribuir a la satisfacción de las necesidades de la
familia que han creado con su matrimonio, cada uno según sus facultades y
capacidad económica. No obstante, si alguno de ellos sólo contribuyera a esa
subsistencia con su trabajo en el hogar y en el cuidado de los hijos, el otro
cónyuge deberá contribuir por sí solo a la expresada subsistencia, sin perjuicio
del deber de cooperar a dichos trabajo y cuidado.
En lo que respecta al ejercicio de la patria potestad, el artículo 83 dispone que
corresponde a ambos padres conjuntamente, los cuales tendrán determinados
derechos y deberes de acuerdo con lo que estipula el artículo 85.
El Artículo 28 les confiere el derecho a ambos cónyuges de ejercer profesiones
u oficios y emprender estudios o perfeccionar sus conocimientos, cuidando en
todo caso de organizar la vida en el hogar, de modo que tales actividades se
coordinan con el cumplimiento de las obligaciones que el propio Código les
impone.
Estos artículos tienen un marcado enfoque de género y puede considerarse que
se dirige a poner fin a la división sexual del trabajo en el seno del hogar, uno
de los aspectos de mayor peso en la cultura y que reporta mayores
afectaciones a la mujer por la carga de trabajo doméstico que genera.
El régimen económico del matrimonio será únicamente el de la comunidad
matrimonial de bienes (art. 29) el que existirá desde que se formalice el
matrimonio o desde el momento en que se le reconozca efecto a la unión
matrimonial (art. 19 y 20).
Las cargas o gastos del matrimonio, según el principio de igualdad establecido
serán abonados con cargo a la comunidad matrimonial de bienes (Art.33)
Asimismo se dispone en el artículo 35 que los cónyuges son los administradores
de los bienes de la comunidad matrimonial y cualquiera de ellos podrá realizar
indistintamente los actos de administración y adquirir los bienes que por su
naturaleza estén destinados al uso o al consumo ordinario de la familia.
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En cuanto al divorcio el Código establece en su artículo 51, que el mismo
procede por mutuo acuerdo de los cónyuges o cuando el Tribunal compruebe
que existen causas de las que resulta que el matrimonio ha perdido su sentido
para los esposos y para los hijos y con ello también para la sociedad. Según el
artículo 52 del citado Código estas causas deben haber creado una situación
objetiva en la que el matrimonio haya dejado de ser la unión de un hombre y
una mujer en que de modo adecuado se puedan ejercer los derechos, cumplir
las obligaciones y lograrse los fines de lealtad, consideración, respeto y ayuda
mutua.
En el año 1994 se estableció mediante el Decreto Ley No. 154 el Divorcio
Notarial. Esta norma jurídica modifica lo regulado al respecto en el Código de
Familia introduciendo una nueva vía para obtener la disolución del vínculo
matrimonial, además de por los procedimientos judiciales, por la vía notarial
cuando el divorcio se produce con el común acuerdo de la pareja. El objetivo
de esta modificación fue trasladar la tramitación de un determinado número de
divorcios a la vía extrajudicial, sin que disminuyera por ello su trascendencia
jurídica e importancia social.
En la escritura de divorcio notarial o en la sentencia de divorcio, se establecerán
los pronunciamientos respecto a la patria potestad, donde como regla se
otorga a ambos padres sobre sus hijos menores, así como sobre guarda y
cuidado, régimen de comunicación y pensión alimentaria.
El artículo 53 del Código señala que la acción del divorcio podrá ejercitarse
indistintamente por cualquiera de los cónyuges y el artículo 55 establece entre
sus efectos la separación de los bienes de los cónyuges previa liquidación de la
comunidad matrimonial de bienes.
Por su parte el artículo 56 regula que para los cónyuges que hubieren convivido
por más de un año o hubieren procreado durante el matrimonio, el tribunal al
fallar el divorcio concederá pensión para aquel que se encuentre en los casos
siguientes: que no tenga trabajo remunerado y carezca de medios de
subsistencia, la que tendrá carácter provisional, hasta seis meses o un año,
según corresponda; o que por causa de incapacidad, edad, enfermedad u otro
impedimento insuperable esté imposibilitado de trabajar y carezca de otros
medios de subsistencia, la que se mantendrá mientras persista el impedimento.
Los artículos 88,89 y 90 del Código de Familia se refieren a la guarda y cuidado
de los hijos(as). En el artículo 89 se recoge que “de no mediar acuerdo de los
padres o de ser el mismo atentatorio a los intereses materiales o morales de los
hijos, la cuestión se decidirá por el Tribunal competente que se guiará para
resolverla, únicamente por lo que resulte más beneficioso para los menores. En
igualdad de condiciones, se atenderá como regla general, a que los hijos
queden al cuidado del padre en cuya compañía se hayan encontrado hasta el
momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en
compañía de ambos y salvo, en todo caso, que razones especiales aconsejen
cualquier otra solución”.
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Sobre la cuantía de las pensiones alimentarias para los hijos(as) menores de
edad, estas se fijarán de acuerdo a los gastos habituales de los mismos, así
como atendiendo a los ingresos de los padres; persiguiendo con esto que se
logre una proporcionalidad en la responsabilidad de ambos.
El Código de Familia desde su promulgación ha sido modificado en algunos
artículos con el objetivo de perfeccionarlo y de lograr que sea un texto legal
eminentemente sustantivo, modificaciones tales como las de la Ley No.9 de 22
de Agosto de 1977, las del Decreto Ley No.76 de 1984 “Sobre la Adopción, los
Hogares de Menores y las Familias Sustitutas; la puesta en vigor de la Ley
No.51 de 1985, Ley del Registro del Estado Civil que recoge los aspectos
procesales de la formalización del matrimonio, la inscripción de los hijos(as),
etc., son ejemplo de ello.
En la actualidad, las nuevas situaciones que el propio desarrollo social ha ido
generando, la complejidad de las relaciones sociales y la concurrencia de otras
regulaciones que de un modo u otro inciden en esta materia, hacen necesarias
nuevas modificaciones a este Código para la mejor implementación de algunas
de sus instituciones, manteniendo la esencia que lo inspiró. Por esta razón
desde hace unos años se está trabajando en el perfeccionamiento de tan
importante cuerpo legal.
Es indudable además la necesidad impostergable de la implementación de salas
de familia y de un procedimiento específico familiar para dirimir los conflictos
que en este ámbito se operen con la celeridad, agilidad, multidisciplinariedad y
sensibilidad, que garanticen la calidad y seguridad imprescindibles.
“Los Tribunales de Familia bien concebidos en su interrelación con la
comunidad y en especial con la familia, con comisiones u otras estructuras
próximas a la familia, que tengan autoridad para alertar, aconsejar, advertir,
multar, hacer trabajo psicológico, sociológico y de prevención...” 4 serían de una
gran utilidad y ayudarían a resolver infinidad de casos.
CIVIL
La Ley No. 59 del 16 de julio de 1987, Código Civil, en sus artículos del 28 al 31
regula la capacidad jurídica de las personas naturales como sujetos de la
relación jurídica. La discriminación por razón del sexo u otra lesiva a la dignidad
humana fue eliminada.
Por otra parte, en el libro cuarto (a partir del artículo 466) del propio Código se
regula todo lo relativo al Derecho de Sucesiones en el cual la mujer no tiene
limitación alguna. La sucesión tiene lugar por testamento o por ley y se
elimina la injusta cuota viudal usufructuaria, del anterior Código,
4 Mcs Luis Lorenzo Palenzuela Páez. Criterio de Experto. Informe al Secretariado Nacional de la FMC
sobre violencia intrafamiliar.
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estableciéndose iguales derechos para la viuda y demás herederos en cuanto a
la parte que le corresponde del caudal hereditario del causante.
En el Artículo 480 se dispone que “Puede ser instituida heredera o legataria
cualquier persona natural o jurídica”.
En cuanto a la sucesión testamentaria la mujer tiene plena capacidad para
heredar. Dentro del Capítulo II “incapacidad para heredar” no hay ningún
impedimento por razón del sexo, edad o color de la piel ni cualquier otro de los
anteriormente mencionados. (Artículos 469 y 470).
Así mismo en el Capítulo destinado a los “herederos especialmente protegidos”
se incluye entre éstos al cónyuge sobreviviente, siempre que no estén aptos
para trabajar y dependan económicamente del causante (Artículo 493).
En este caso, la libertad de testar se limita a la mitad de la herencia y el
testador no puede imponer gravamen alguno a la porción de la herencia que
corresponde a los herederos especialmente protegidos.
En el caso de sucesión intestada el orden de suceder es en línea recta
descendente, es decir, los hijos y demás descendientes. La herencia se divide
entre ellos a partes iguales, sin perjuicio del derecho del cónyuge y de los
padres no aptos para trabajar y dependientes económicamente del causante.
El cónyuge sobreviviente tiene el derecho a igual porción que el resto de los
herederos con quienes concurre. Además la no existencia de descendientes ni
padres del causante, hace que corresponda al cónyuge la totalidad de la
herencia.
Con independencia de haberse iniciado el proceso de divorcio, al suceder el
fallecimiento de uno de los cónyuges, en cualquier instancia el cónyuge
sobreviviente conserva su derecho hereditario. Con estas disposiciones se
elimina el hecho de que, anteriormente, al cónyuge sobreviviente sólo le
correspondía la cuota viudal en usufructo como participación hereditaria.
Debemos señalar también en el caso de la Ley General de la Vivienda, Ley No
65 del 23 de Diciembre de 1988, la protección que se le brinda a la mujer. El
artículo 64 establece la libertad del propietario de la vivienda de decidir quiénes
pueden vivir en la misma, y el Artículo 65 establece que esta facultad no podrá
ejercerse entre otros contra la madre con uno o más hijos habidos en el
matrimonio formalizado o no, con el propietario siempre que ella tenga la
guarda y cuidado de los hijos y no tuviese otro lugar de residencia; o con la
madre con uno o más hijos menores que lleven tres o más años ocupando la
vivienda y no tuviere otro lugar de residencia.
LABORAL, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
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Existen diferentes disposiciones jurídicas vigentes en materia laboral que
garantizan la efectividad de los derechos que en ese sentido reconoce nuestra
Constitución: derecho al trabajo, al descanso, a la seguridad social, a la
asistencia social y a la protección, seguridad e higiene del trabajo, capacitación
laboral, aprendizaje y otros.
Una de las primeras leyes promulgadas especialmente a favor de la mujer fue la
Ley de Creación de los Círculos Infantiles en 1962, la cual garantizó la
satisfacción de una necesidad tan importante como la atención y la educación
de los hijos(as) en los primeros años de vida, propiciando así el acceso de la
mujer al trabajo y al estudio.
La Ley No. 49 de 28 de Diciembre de 1984 Código del Trabajo recoge y
reunifica en su artículo 3 los principios que rigen el Derecho Laboral Cubano.
Ratifica que el trabajo es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada
cubano y que todo cubano en condiciones de trabajar tiene la oportunidad de
obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la
satisfacción de sus necesidades, sin distinción de raza, color, sexo, religión,
opinión política u origen nacional o social.
Por otra parte establece normas especiales para el trabajo de la mujer. El
Capítulo VIII regula el trabajo de la mujer dividiéndose sus secciones en: plazas
preferentes para mujeres; condiciones de trabajo para la mujer, protección
especial a la mujer y protección a la maternidad. La Ley manifiesta y reconoce
la importancia de la participación de la mujer en el trabajo, asi como la elevada
función social de ser madre.
La edad laboral para hombres y mujeres comienza a los diecisiete años
cumplidos aunque, excepcionalmente, se pueden concertar contratos de trabajo
con adolescentes de quince y dieciséis años. Se establecen reglas especiales de
protección y vigilancia del cumplimiento de la labor específica autorizada a los
adolescentes y para la mujer grávida.
Debemos mencionar que años antes al surgimiento del Código de Trabajo se
establece la Ley No.1263 de 16 de Enero de 1974, Ley de la Maternidad de la
Mujer Trabajadora en la que se valoran las distintas fases de la maternidad y la
protección que en el orden médico laboral debe tener la mujer y el hijo(a), así
como la responsabilidad de la entidad laboral para que esto se cumpla.
La Ley dispone que la grávida reciba atención médica periódica durante el
embarazo concediéndosele licencia retribuida desde las 6 semanas anteriores al
parto hasta las 12 posteriores al mismo. En caso de embarazo múltiple la
licencia retribuida anterior al parto se extiende a 8 semanas y el receso es
desde las 32 semanas. Tiene derecho también a licencias retribuidas
complementarias para facilitar la atención médica de su hijo(a) y se autoriza a
la madre que un día al mes concurra a la consulta de puericultura con su hijo(a)
sin pérdida de salario. La licencia retribuida a que nos referimos consiste en
una prestación económica en cuantía igual al promedio de ingresos semanales
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que por concepto de salario y subsidios haya recibido la trabajadora en los doce
meses inmediatos anteriores al inicio de su disfrute.
En el año 1991 por Resolución No.10 del Ministro Presidente del Comité del
Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Trabajo, se estableció que la
madre trabajadora que por razón del cuidado de su hijo(a) no le fuera posible
incorporarse al trabajo, una vez vencido el período de Licencia de Maternidad,
pudiera acogerse opcionalmente a recibir una prestación social ascendente al
60% de su salario. Si el niño(a) arribare a los 6 meses de nacido y la
trabajadora no pudiera incorporarse al trabajo, tendría derecho a una Licencia
no retribuida, conservando el derecho a ocupar su puesto de trabajo hasta
arribar el hijo(a) a un año de edad.
10 años más tarde, por un planteamiento del movimiento obrero en su XVIII
Congreso, se dicta la Resolución Nro 11 de 30 de abril de 2001 que deroga la
anterior y dispone una extensión del otorgamiento opcional de la prestación
social ascendente al 60% del salario a partir del vencimiento de la licencia
postnatal y hasta que el niño(a) arribe al primer año de vida, o antes de esa
fecha, si la madre se incorpora al trabajo.
Por la Ley de Maternidad de la trabajadora se faculta a la entidad laboral para
conceder licencias no retribuidas a aquellas trabajadoras que lo requieran para
la atención de sus hijos(as) menores de edad, la que puede abarcar hasta 9
meses cuando el hijo(a) es menor de un año de edad y hasta 6 meses cuando
es mayor de 1 año y menor 16 años.
La Ley de Maternidad de la Mujer Trabajadora y todo el articulado que tanto el
Código de Trabajo como otras legislaciones laborales tienen con relación a la
protección a la maternidad es un ejemplo de las medidas de discriminación
positiva que han servido a lo largo de los años para proteger los derechos que
en el orden laboral deben garantizárseles a las mujeres. Pero se impone que
también se tengan en cuenta los derechos del padre al cuidado de sus hijos(as)
en esta primera etapa y en otras posteriores, sin afectar sus derechos como
trabajador. En este sentido la Federación de Mujeres Cubanas ha hecho una
propuesta para incluir en las modificaciones que se estudian para dicha Ley, el
derecho a la licencia de paternidad.
En cuanto al Derecho a la Protección, Seguridad e Higiene del Trabajo la Ley
No.13 de 27 de Febrero de 1977 y su Reglamento establecen una protección
especial para el trabajo de la mujer; exonerándola de ocupar puestos de
trabajo que puedan ser perjudiciales al aparato ginecológico, la función
reproductora o el normal desarrollo del embarazo, estableciendo el deber de las
administraciones de crear condiciones adecuadas de trabajo que beneficien la
participación de la mujer en el proceso laboral.
La Ley dispone además, que las embarazadas o mujeres con hijos hasta 1 año,
están exentas de la realización de horas extras, turnos dobles o comisión de
servicios fuera de la localidad en que se encuentre su centro de trabajo y si por
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causa de su estado se ve impedida de desempeñar el cargo que ocupa, debe
ser trasladada provisionalmente, previo dictamen médico, a otro adecuado a
sus posibilidades físicas.
Estos principios no excluyen el derecho de la mujer de probar su aptitud y
capacidad de ocupar puestos laborales complejos. Durante un tiempo hubo un
exceso de “proteccionismo”, excluyendo a la mujer de opciones laborales que
podía desempeñar, lo que impedía el ejercicio pleno de sus derechos. La
Federación de Mujeres Cubanas jugó un papel importante en que se
modificaran estos conceptos y las normas establecidas al respecto; sobre la
base de que sólo la protección de la maternidad constituye un límite laboral y
no la tendencia sexista de prohibírsele ejecutar determinadas labores sólo por
ser mujer. En la actualidad mediante la investigación científica y las
experiencias y resultados prácticos de la actividad laboral femenina se
perfeccionan y enriquecen estos conceptos a fin de evitar que con un falso
proteccionismo se enmascaren conductas discriminatorias.
Con el objetivo de contribuir a fomentar los niveles alcanzados en el empleo
femenino, se crearon las “ Comisiones Coordinadoras de Empleo Femenino”,
por Resolución No. 605 de enero de 1981. Estas Comisiones, constituidas a
nivel municipal, provincial y nacional, constituyen una garantía para proteger
las prioridades de empleo a la mujer. Están integradas por representantes del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de la Central de Trabajadores de
Cuba y de la Federación de Mujeres Cubanas.
Además existe la Resolución No. 51 de 1988 que puso en vigor el “Reglamento
para la Aplicación de la Política de Empleo” que reguló la selección de puestos
preferentes para mujeres.
Por otra parte Cuba tiene ratificado los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) No. 11 Discriminación (empleo y ocupación) y
el No. 100, Igualdad de Remuneración.
En materia de Seguridad y Asistencia Social, en 1963 se dicta la Ley No. 1100
de Seguridad Social donde se plasman principios encaminados a proteger a la
mujer y en 1979 ésta se sustituye por la Ley No. 24, que ratifica y amplia los
beneficios sociales a favor de los trabajadores en general y en especial a favor
de la mujer.
La Ley No.24 de Seguridad Social de 28 de Agosto de 1979 regula tanto el
régimen de seguridad social como el de asistencia social, garantizando la
protección adecuada a la mujer y su familia. La misma recoge como tiempo de
servicio activo la licencia retribuida de maternidad, tiempo que la mujer
trabajadora computa a la hora de sumar su tiempo de trabajo.
En los casos de pensión por edad se recoge el beneficio de la pensión ordinaria
al arribar la mujer a los 55 años de edad o más y haber prestado no menos de
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25 años de servicio, y la pensión extraordinaria cuando llega a la edad de 60
años o más y si ha prestado no menos de 15 años de servicio.
En la pensión por causa de muerte entre los parientes con derecho a la misma,
está la viuda de matrimonio formalizado o de matrimonio reconocido
judicialmente que participara en la unidad económica del núcleo familiar del
causante o dependiere de ella, siempre que el matrimonio tuviera no menos de
un año de constituido, o cualquier tiempo si existen hijos(as) comunes o el
fallecimiento del causante se origina por accidente común o del trabajo.
En la pensión además, por causa de muerte del trabajador se regula que la
mujer trabajadora que quede viuda tiene derecho a simultanear el cobro de la
pensión que corresponda con el salario que perciba por el desempeño de su
trabajo, facilitando de esta forma que la viuda trabajadora no pierda su vínculo
laboral. Para esto se tuvo en cuenta la creciente incorporación de la mujer al
empleo y su participación en la economía familiar, por lo que se trató de
compensar en parte la pérdida del ingreso que aportaba el fallecido.
En el caso de viudas menores de 40 años de edad y que no tienen la condición
de trabajadora habitual estando aptas para el trabajo y sin hijos(as) o padres
que requieran cuidado permanente al no poder valerse por sí mismo si tienen
su derecho a la pensión hasta el término de dos años, con el fin de que en ese
tiempo se vinculen laboralmente.
Por otra parte el Régimen de Asistencia Social recoge entre sus protegidos a las
madres solteras con dificultades económicas para la atención y cuidado de su
prole; a las madres trabajadoras en el período que disfruten de licencia no
retribuida para el cuidado y atención de hijos enfermos y que por tal situación
carezcan de ingresos económicos y a las viudas pensionadas a las cuales se les
extinga las pensiones que percibían temporalmente.
RURAL:
La mujer campesina goza en nuestra Sociedad de los mismos derechos y
deberes que el resto de las mujeres en lo político, civil, laboral, familiar, entre
otros. Solo nuestra legislación particulariza en aquellos aspectos específicos con
incidencia directa en el ámbito rural.
Desde el propio inicio de la Revolución, como referimos en la introducción, esta
hizo realidad sus sueños. La primera Ley de Reforma Agraria de 17 de Mayo de
1959, entregó la propiedad de la tierra a mujeres y hombres sin distinción. Ya
desde el 10 de Octubre de 1958 el Alto Mando del Ejército Rebelde promulgó
desde las montañas de la Sierra Maestra la Ley No 3 “Sobre el derecho de los
campesinos a la tierra”. En ella se concedió la propiedad de la tierra que
cultivaren a los poseedores de las tierras del Estado, así como a los que con
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otros conceptos, ocuparan lotes de cinco caballerías o menos de tierra
particular, a los cuales se disponía que se les extendiera su título de propiedad,
de acuerdo a la Ley. En la misma no se establecía ninguna discriminación, por
cualquier motivo.
Nuestra Constitución reconoce en su artículo 19 la propiedad de los agricultores
pequeños y en el artículo 20, el derecho de estos a asociarse entre sí, tanto a
los fines de la producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y
servicios estatales.
La mujer tiene acceso a la tierra, al crédito, a los medios e instrumentos de
trabajo, en igualdad de condiciones que el hombre. Nuestra amplia legislación
agraria no establece diferencias.
La Ley 36 de Cooperativas Agropecuarias de 22 de julio de 1982 en su artículo
15 regula que “pueden ser miembros de la cooperativa los aportadores de tierra
y también el cónyuge, hijos y demás familiares del cooperativista; la viuda del
cooperativista o pequeño agricultor fallecido, haya estado o no formalizado el
matrimonio...”. Y en el artículo 16 que se establecen los tres requisitos
indispensables para tener la condición de cooperativista, solo uno se refiere a
características personales: “a) haber cumplido 16 años de edad y tener la
capacidad legal.”
Por otra parte la Constitución en su artículo 24 reconoce el derecho de herencia
sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal y
sobre la tierra y demás bienes vinculados a la producción que integran la
propiedad de los agricultores pequeños adjudicándola a aquellos herederos que
la trabajan salvo las excepciones y según el procedimiento establecido por la
Ley.
La Ley 59, Código Civil, establece en su Disposición Final Primera que se regirá
por la legislación especial todo lo concerniente al régimen de posesión,
propiedad y herencia de la tierra y demás bienes destinados a la producción
agropecuaria y forestal.
La Ley 65, Ley General de la Vivienda, dedica su capítulo VII a las viviendas
sometidas a régimen especial y en la sección primera trata los aspectos
referidos a las viviendas en zonas rurales; destacando en el artículo 106 que la
vivienda propiedad de un cooperativista y ubicada dentro de la Cooperativa y
que constituya sus domicilio legal solo podrá ser adjudicada en caso de
fallecimiento de éste, al cónyuge y a los herederos que sean cooperativistas y
ocupen la vivienda. Más adelante en el artículo 108.c que en caso de
fallecimiento de un agricultor pequeño propietario de una vivienda esta se
transferirá a los herederos que corresponda heredar la tierra.
Por Resolución Conjunta MINAGRI- MINAZ- INV de 14 de Mayo de 1988 se
dicta el Reglamento de las viviendas ubicadas en áreas de cooperativas de
producción agropecuaria, estableciendo diferentes tratamientos para los casos
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de viviendas vinculadas, medios básicos y las de propiedad personal en los
supuestos de fallecimiento del cooperativista o divorcio entre cooperativistas;
teniéndose en cuenta en todos los casos los derechos de ocupación y/o
herencia del otro cónyuge, viuda o viudo, así como de los hijos.
Con relación al Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes
agropecuarios el Decreto- Ley 125 de 30 de enero de 1991 del Consejo de
Estado dispone en su artículo 18 que “tendrán derecho a heredar la tierra y
bienes agropecuarios que hayan sido propiedad y estado en posesión de un
agricultor pequeño fallecido, y a su adjudicación en proporciones iguales, sus
hijos, sus padres, hermanos y el cónyuge sobreviviente, siempre que hayan
trabajado la tierra en forma permanente y estable desde cinco años antes de la
muerte del causante...”. Para las personas antes mencionadas que no estén
trabajando la tierra, que carezcan de ingresos propios y hayan tenido
dependencia económica del causante, desde cinco años antes de su
fallecimiento y hasta la fecha de la adjudicación; el artículo 20 establece que
tendrán derecho a cobrar el precio de la tierra y demás bienes agropecuarios.
Por último debemos referir que en la Resolución Nro 247 de 26 de enero de
1961 del Instituto Nacional de Reforma Agraria creadora de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños y su Reglamento se establece que esta
Asociación creada al amparo de las leyes revolucionarias, por voluntad y
decisión expresa del campesinado cubano, es la organización de masas de
cooperativistas, agricultores pequeños y sus familiares y establece como
requisitos para ser asociados: el ser miembro de una Cooperativa de Producción
Agropecuaria; poseer una parcela en calidad de propietario, copropietario o por
otra posesión legal de la tierra y; ser cónyuge, hijos y demás familiares
vinculados a la producción del agricultor pequeño.
El artículo 51 dedicado a las relaciones de trabajo con otros organismos y
organizaciones refiere por sí solo en su inciso b) la prioridad que el trabajo con
la mujer rural tiene en este ámbito, al establecer que la Asociación mantendrá
estrechas relaciones con la Federación de Mujeres Cubanas “en las actividades
que desarrolla con la mujer campesina y especialmente, en la labor de
persuasión y convencimiento, de manera que se convierta cada día más en una
fuerza activa y determinante en el proceso transformador de nuestros campos.”
PENAL:
La Ley No.62 de Diciembre de 1987, Código Penal con sus dos últimas
modificaciones: Decreto Ley No.175 de 17 de Junio de 1997 y Ley 87 de 16 de
Febrero de 1999; establece una serie de normas penales que protegen a la
mujer.
Los únicos delitos en que el sujeto pasivo o víctima es únicamente una mujer
son los de violación, (Artículo 298) estupro (Artículo 305) y aborto ilícito
(Artículo 267). Los dos primeros delitos contra el normal desarrollo de las
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relaciones sexuales y la familia y el último delito contra la vida y la integridad
corporal.
Nuestra legislación penal no considera la “honra” de la mujer para tipificar
delitos o para determinar su penalidad, algo muy típico en la legislación del
pasado.
Es principio fundamental en nuestro país el respeto a los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer, es decir la mujer tiene derecho a decidir y controlar
su fecundidad. Defendemos la existencia del servicio de aborto en condiciones
seguras, con asistencia especializada.
La interrupción del embarazo es un servicio de salud que se realiza
gratuitamente en las instituciones hospitalarias. Se realiza una labor educativa
sistemática para que se establezcan relaciones sexuales responsables, para que
la pareja esté informada y tenga acceso a los métodos anticonceptivos
adecuados en cada caso y para que en ningún caso sea considerado el aborto
un método anticonceptivo, en realidad debe ser la última opción cuando ha
fallado todo para evitar un embarazo no deseado.
Hay claras diferencias en el tratamiento penal que se le daba al aborto en el
pasado y el de la actualidad. El Código de Defensa Social contenía una doble
objetividad jurídica: la vida o la salud de la grávida y la vida del feto. En
nuestro Código Penal vigente solamente se tutela la vida o la salud de la
grávida y en ningún caso es la mujer embarazada autora del delito.
Es ilegal y sancionable el aborto, siempre y cuando se realice fuera de las
regulaciones de salud establecidas, aunque tenga la autorización de la grávida,
agravándose ésta si se comete por lucro, o por fuera de las instituciones
oficiales o se realiza por persona que no es médico.
Se penaliza también el realizado contra una grávida sin la autorización de la
misma, ejerciéndose o no fuerza o violencia sobre ella. Si de esto resultara su
muerte la sanción es aún más severa.
Por otra parte, se estipula el caso del que ejerza fuerza, violencia o le cause
lesiones a una mujer embarazada ocasionándole el aborto o la destrucción del
embrión, sin propósito de causarlo, pero conociendo del estado de ésta; y por
último, aquel que sin la debida prescripción facultativa venda o facilite
sustancias abortivas, también será sancionado.
En cuanto a la protección a la mujer y la familia contra la violencia, tanto
psíquica como física, si bien nuestro Código no tiene una sección o acápite
específico para ello, si existen diversos artículos que la contemplan y sancionan
severamente a los autores de dichos actos delictivos.
En el Título VIII Delitos contra la vida y la integridad corporal se sancionan los
delitos de homicidio (Artículo 261), asesinato (Artículo 263 y 264), disparo de
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arma de fuego contra determinada persona (Artículo 265), aborto ilícito
(Artículo 267 al 271), lesiones (Artículos 272 al 274) y abandono de menores,
incapacitados y desvalidos (Artículos 275 al 278).
En el Título IX Delitos contra los derechos individuales aparecen los delitos de
privación de libertad (Artículo 279 al 283), amenazas (Artículo 284 al 285),
coacción (Artículo 286) y el delito contra el derecho de igualdad (Artículo 295).
Este Artículo 295 es de una significación especial ya que en su letra dispone
que “El que discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación,
sea con manifestaciones y ánimo ofensivo a su sexo, raza, color u origen
nacional o con acciones para obstaculizarle o impedirle por motivos de sexo,
raza, color u origen nacional, el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad
establecidos en la Constitución, incurre en sanción de privación de libertad de
seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas.
En igual sanción incurren el que difunda ideas basadas en la superioridad u
odio racial o cometa actos de violencia o incite a cometerlos contra cualquier
raza o grupos de personas de otro color u origen étnico”.
Más adelante se encuentra el Título XI Delitos contra el normal desarrollo de las
relaciones sexuales, contra la familia, la infancia y la juventud el cual está
dividido en tres capítulos que abarcan:
Capítulo I Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales:
Violación (Artículo 298), Pederastia con violencia (Artículo 299) y abusos
lascivos (Artículo 300 y 301); agravándose el marco sancionador para los dos
primeros por la Ley 87 de 1999.
Por Decreto Ley 175 de 1997 se introduce en este capítulo la figura de
Proxenetismo y Trata de Personas (Artículo 302) con sanciones que pueden
llegar hasta 30 años de privación de libertad.
Esta figura estaba regulada en el antiguo Código de Defensa Social, pero con la
promulgación del primer y segundo Código Penal en 1979 (Ley 21) y 1987 (Ley
62) estos preceptos fueron sustraídos. En la actualidad con el resurgir de estas
conductas delictivas graves, se hizo necesario retomarla en la legislación penal
con sanciones muy severas.
Por este mismo Decreto Ley se introduce también el ultraje sexual (Artículo
303) que incluye el acoso sexual, entre otras.
El Capítulo II incluye los delitos contra el normal desarrollo de la familia:
incesto (Artículo 304), estupro (Artículo 305), bigamia (Artículo 306),
matrimonio ilegal (Artículo 307) y sustitución de un niño por otro (Artículo 308)
y el Capítulo III delitos contra el normal desarrollo de la infancia y la juventud:
corrupción de menores (Artículo 310 al 314), otros actos contrarios al normal
desarrollo del menor (Artículo 315) y venta y tráfico de menores (Artículo 316).
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El delito de corrupción de menores fue modificado y aumentado el marco
sancionador, incluso hasta la pena de muerte, primero por el Decreto Ley 175
y posteriormente por la Ley 87 y esta última introdujo el delito de venta y
tráfico de menores a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas, con el
propósito de prevenir y sancionar severamente hechos tan denigrantes como
estos y que solo pueden darse excepcionalmente en nuestro país.
Fue nuestra Organización también la que propuso a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y así fue aprobado y plasmado en la Ley 87 del 99 que se
incluyera como una de las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal
el “ser cónyuge y el parentesco entre el ofensor y la víctima hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta agravante sólo se tiene
en cuenta en los delitos contra la vida y la integridad corporal y contra el
normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la
juventud” (Artículo 53 inc. j Código Penal). Modificación que consideramos de
una gran importancia al margen de las limitaciones que pueda tener, pues debe
ser principio que las acciones de tipo violento contra un miembro de la familia,
por las implicaciones que tiene para el normal y adecuado desenvolvimiento de
la misma, sean agravantes de la responsabilidad penal para el que las comete.
Debemos destacar que Cuba es Estado parte en numerosos instrumentos
internacionales para la represión de la trata de mujeres y niños/as.
PROTECCIÓN JURÍDICA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA
MUJER
El sistema jurídico cubano está estructurado de una forma integral que
garantiza el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y dentro de ellos,
de la mujer en un plano de igualdad.
La Constitución de la República de 1976 sentó las bases para este tipo de
protección, al establecer en su Artículo 63 “Todo ciudadano tiene derecho a
dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta
pertinente y en el plazo adecuado conforme a la ley”.
A estos efectos se dictó la Ley 1323 del 30 de Noviembre de 1976, Ley de
Organización de la Administración Central del Estado, que en su articulado
dispuso entre las facultades y atribuciones comunes de dichos organismos,
prestar atención y dar respuestas pertinentes dentro de un término de 60 días a
las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzándose por resolver
correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para
eliminar las deficiencias señaladas. Este mismo Artículo se reproduce en el
Decreto Ley No.67 del 19 de Abril de 1983, que derogó la citada Ley.
La Ley 83 del 11 de Julio de 1997 “Ley de la Fiscalía” viene a perfeccionar y
consolidar en la actualidad los mecanismos de protección jurídica de los
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22
ciudadanos al regular en su Título III, Capítulo III “La protección de los
derechos ciudadanos”.
No obstante se requiere de una intensa y sistemática labor de orientación y
divulgación jurídica para que las mujeres conozcan sus derechos y puedan
ejercitarlos verdaderamente en la práctica. En muchas ocasiones el
desconocimiento de normas elementales, la ausencia de una orientación
adecuada y el no saber a dónde acudir provocan dificultades en la solución de
los conflictos que se le presentan a muchas mujeres en la vida cotidiana.
Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres
Cubanas, constituyen espacios de reflexión y orientación, que con el aporte de
colaboradores y colaboradoras de distintas profesiones y organismos sirven en
la importante función de orientar a la mujer y la familia.
Por otra parte también se impone que los juristas se apropien de un adecuado
enfoque de género, que les permita interpretar la Ley con una mirada diferente
y hacer análisis lo suficientemente objetivos de las relaciones hombre- mujer en
la sociedad y de los conflictos que entre ellos se producen; esto redundaría en
una provechosa orientación a los necesitados(as) de ella y en una más justa
impartición de justicia en los casos que corresponda.
REFLEXIONES FINALES.
En 1996 cuando Cuba rindió su informe ante el CEDAW, fue reconocida la
labor desarrollada en el país en pro de los derechos humanos de la mujer “a
pesar de las circunstancias económicas y políticas en las que se encuentra el
país desde 1989 como resultado de la escalada del bloqueo económico de los
Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha tenido repercusiones serias sobre la
situación de la mujer y la infancia y ha conducido al deterioro de la calidad de
vida del pueblo, Cuba no había cesado en avanzar hacia el logro de la plena
igualdad entre los sexos”. 5
En Cuba, donde las metas y sueños de muchas mujeres en el mundo son
realidades desde hace mucho tiempo, las políticas para garantizar el avance de
la mujer forman parte del Programa de Desarrollo Social, y se les ha brindado
en la práctica iguales derechos y oportunidades que a los hombres.
No obstante, el Gobierno cubano concede un significativo papel a las
Conferencias Mundiales que han tratado el tema de la mujer, y a sus
resultados, los que pueden contribuir a impulsar y consolidar lo alcanzado. Por
esto del 3 al 5 de julio de 1996 se celebró en La Habana el Seminario Nacional
“Las cubanas de Beijing al 2000”, donde se analizó nuestra situación a la luz de
la Plataforma de Beijing, atendiendo a las características y necesidades de las
cubanas de hoy.
5 Conclusiones del Comité de Expertas del CEDAW, Nueva York 1996.
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23
Este Seminario Nacional de Seguimiento de los Acuerdos de Beijing, constituyó
un momento importante de reflexión sobre los logros y lo que aún falta por
hacer, de los obstáculos y desafíos que tenemos por delante y la lucha contra
los rezagos de una cultura discriminatoria que aún persisten en nuestra
sociedad.
El mismo sirvió de base para que el 7 de abril de 1997 se adoptara por Acuerdo
del Consejo de Estado de la República de Cuba y con fuerza de Ley el “Plan de
Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing”, cuya
implementación - explícita en su contenido - es responsabilidad de nuestro
Gobierno con la participación de todos los Organismos y el apoyo de las ONG’s
vinculadas a este trabajo, en especial y muy particularmente la Federación de
Mujeres Cubanas.
Este Plan de Acción y los Seminarios que con posterioridad se han realizado
para evaluar la marcha del cumplimiento de los acuerdos plasmados en él son
un ejemplo tangible también de la adecuada lectura de género a nuestras
políticas públicas y a nuestra legislación. En cada Seminario se ha creado una
Comisión dedicada expresamente a evaluar logros y obstáculos en el plano
legislativo, lo que demuestra el interés por perfeccionarla.
Al valorar los avances que en el plano jurídico podemos presentar, vemos que
en Cuba existe el marco legal apropiado para garantizar el cumplimiento
efectivo de los Derechos Humanos a todos sus ciudadanos, en especial a
mujeres y niñas; sustentado éste en la voluntad política y el actuar consecuente
del Estado Cubano, que ha hecho posible que esta legislación trascienda a la
vida del país.
Cuba puede mostrar estadísticas que reflejan realidades bien diferentes a las
que viven la mayoría de las mujeres en el mundo de hoy en áreas tales como
la salud, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, el deporte, en todos
los ámbitos y a todos los niveles del quehacer nacional. Hoy, podemos afirmar
que las mujeres cubanas han participado y participan activa y
permanentemente en la vida política, económica y social del país siendo a la
vez protagonistas, agentes de cambio y beneficiarias de cada uno de los
programas que se desarrollan en todos estos campos.
Aún en las difíciles condiciones en que vive el pueblo cubano, sometido a un
férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de
los Estados Unidos de América desde hace más de 40 años y recrudecido a
partir de la Ley Torricelly en 1992 y la Helms Burton en 1996; ha logrado salir
adelante y ha mantenido e incluso superado los índices alcanzados.
Esta cruel política constituye una verdadera violación del Derecho Internacional,
y de la soberanía e independencia del pueblo y es la mayor violencia que se
ejerce contra los Derechos Humanos de las mujeres cubanas, sus hijos(as) y
sus familias.
23

24
Es evidente que mucho se ha avanzado, pero mucho también falta por hacer.
Es necesario seguir trabajando tanto en los factores subjetivos como en los
objetivos, que todavía entorpecen el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer.
Continuar perfeccionando nuestra legislación, nuestros mecanismos de
participación; trabajar por eliminar definitivamente los viejos patrones culturales
que tienden a mantener los roles tradicionales dentro de la familia, entre otros;
son retos que aún tienen las mujeres cubanas en su camino al futuro.
En la actualidad se estudian modificaciones sustanciales al Código de Familia, el
Código del Trabajo y la Ley de Maternidad, por solo citar algunos ejemplos; lo
que refleja la voluntad política de que la letra de la ley y su aplicación sean
cada vez más expresión de los intereses y aspiraciones de una sociedad más
plena y justa.
Nota: El 13 de Agosto de 2003 la Ley de Maternidad fue modificada
por un nuevo Decreto- Ley que ha marcado un hito en la legislación
laboral cubana e internacional. Las autoras de este trabajo en este
momento están realizando la actualización correspondiente.
24

25
BIBLIOGRAFÍA
1. Aguilar Ayerra, Carolina. Género y Transformación social. Editorial de la
Mujer. 2001.
2. Castañeda, Violeta. Las relaciones entre el marco de referencia de género
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34. Mesa Castillo, Olga. “La situación jurídica de la mujer en la Cuba de hoy.”
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40. Tesis sobre el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer. II Congreso de la
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