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Posteriormente, el Decreto 1747 de 2000 reglamenta lo relacionado con las entidades
de certificación, los certificados y las firmas digitales. Define el funcionamiento de las
entidades de certificación abiertas y cerradas. Indica que se debe propender por una
mayor dinámica en el mercado de las firmas digitales de manera que haya una mayor
demanda y una oferta a menores precios.
En el artículo 32 de la Ley 794 de 2003 por la cual se modifica el Código de
Procedimiento Civil, se señala en el parágrafo primero que la notificación por aviso en el
caso de las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia podrá
darse a la dirección electrónica, firmada digitalmente.
En el Acuerdo PSAA06-3334 de 2006, que reglamenta la utilización de medios
electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de administración de
justicia, se toma como definición de la firma electrónica “los datos en forma electrónica
consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo,
que pueda ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos
e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos”, se
especifica que para efectos de dicho acuerdo una firma digital es una clase de firma
electrónica y que la firma electrónica evidencia cualquier modificación al mensaje de
datos posterior al envío.
Finalmente, el artículo 6º de la Ley 962 de 2005 establece que “(…) Cuando la
sustanciación de las actuaciones y actos administrativos se realice por medios
electrónicos, las firmas autógrafas que los mismos requieran, podrán ser sustituidas por
un certificado digital que asegure la identidad del suscriptor, de conformidad con lo que
para el efecto establezca el Gobierno Nacional”.
3.7 Registros, expedientes y notificación electrónica
El Decreto Ley 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reformas regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en el
artículo 26 destaca que “los mensajes electrónicos de datos serán admisibles como
medios de prueba y su fuerza probatoria será la otorgada en las disposiciones del
capítulo VIII del Titulo XIII, Sección III Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil,
siempre que sea posible verificar la identidad del remitente así como la fecha de
recibido del documento”.
Con la Ley 962 de 2005 se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y
procedimientos administrativos, y la oferta a través de medios electrónicos de
información y servicios relacionados, señala en su artículo 6 que para el trámite,
notificación y publicación de la sustanciación de las actuaciones así como la expedición
de los actos administrativos podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. (…) “La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en
concordancia con las disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro
Segundo, artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil, y demás normas
aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así como la
fecha de recibo del documento”.
Situación Actual: Visión y Prospectiva 25