benchmarking en politica publica de telecomunicaciones - RedGealc

ealizar estudios de viabilidad técnica, jurídica y económica para la automatización de
sus trámites.
3.2 Acceso a la información por medios electrónicos
El artículo 74 de la Constitución Política de 1.991 señala que “todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.
Adicionalmente, el artículo 23 de la misma Constitución Política de 1.991 considera
como derecho fundamental, el derecho de toda persona a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución.
En desarrollo de ese derecho el Código Contencioso Administrativo contempla las
reglas aplicables cuando los particulares ejerzan el derecho de petición de información.
Para ese entonces, a la Ley 57 de 1985 había ordenado la publicidad de los actos y
documentos oficiales.
La Directiva Presidencial 10 de 2002, dirigida a entidades de la rama ejecutiva del orden
nacional establece a su vez que “cada entidad, dentro de la organización existente y con
su capacidad actual, deberá crear un sistema que garantice el acceso permanente a la
información por parte del ciudadano”. Esta condición es elevada a todas las entidades
públicas en la Ley 812 de 2003, al señalar que “se crearán sistemas de información para
que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la
administración pública, tales como la nómina de la administración, las cuentas fiscales,
los procesos de contratación administrativa y la ejecución de la inversión pública”.
En materia del tipo de información que las entidades deben publicar en sus sitios Web,
la Directiva Presidencial 12 de 2002 la señala para el caso de la rama ejecutiva del
orden nacional, ámbito de aplicación posteriormente ampliado en el artículo 8º de la Ley
962 de 2005, “entrega de información” y detallado en los criterios de la fase de
Información en línea señalados por el Manual para la implementación de la Estrategia
de Gobierno, reglamentado mediante el Decreto 1151 de 2008.
3.3 Participación ciudadana por medios electrónicos
La Constitución Política de 1991 fija las bases del Estado Social de Derecho,
democrático y participativo, entendido esto último como la introducción de un gran
cambio cualitativo, verdadero avance de la nueva Constitución, para generar la
transición del Estado representativo al Estado participativo, siguiendo la corriente
constitucional de la mayoría de los países de ibero América. Se ha aceptado
jurisprudencialmente que la finalidad de este Estado Participativo es otorgar al
ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate, del análisis, ni de la
resolución de los factores que inciden en su vida diaria. La participación se concibe
como principio fundamental del Estado y fin esencial de su actividad, lo que implica para
sus autoridades el deber de promoverla. Se prevé la participación para: decidir,
Situación Actual: Visión y Prospectiva 21