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Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Esta Comisión está conformada
por el Vicepresidente de la República, quien la preside, el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, el Ministro de Comunicaciones, el Director del Departamento Nacional
de Planeación, el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 3816 las funciones de COINFO
son:
Proponer las políticas sobre información y tecnologías de la información y las
comunicaciones de la administración pública y presentarlas al CONPES para su
adopción.
Definir las estrategias y los programas relativos a la producción, manejo,
protección, intercambio y acceso a la información de la administración pública.
Establecer los criterios que permitan integrar los sistemas de información la
administración pública.
Impulsar la estrategia Gobierno en Línea del Programa Agenda de Conectividad,
o quien haga sus veces del Ministerio de Comunicaciones.
Proponer al Gobierno Nacional los proyectos de Ley o normas reglamentarias
que contribuyan al mejor desarrollo de la política de información de la
administración pública.
Promover la difusión en la sociedad colombiana de las Políticas y estrategias
adoptadas por la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la
Información para la administración pública.
Dirimir las situaciones en las cuales dos o más entidades u organismos de la
administración pública tengan injerencia o control sobre la misma información,
sin perjuicio de la autonomía del DANE, en la producción de la información
oficial básica.
Aprobar cuando así lo considere, todas las iniciativas, los informes, las actas y
los demás documentos que proponga el Comité Técnico.
En el 2004 se aprueba el documento Conpes 3292 el cual se refiere a la
racionalización, estandarización y automatización de trámites. Esta política tiene como
fin el evitar la exigencia injustificada de trámites, la reducción de costos y tiempos
invertidos. Para este fin fomenta el uso de herramientas tecnológicas en la ejecución de
trámites. Recomienda establecer programas de automatización de trámites en cada
entidad que conforma la Administración Pública, para lo cual es necesario adecuar la
infraestructura organizacional, de procesos y de tecnología.
La Ley 962 de 2005 ó Ley Anti-trámites, es una iniciativa gubernamental que establece
las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites, que guían las
actuaciones de la Administración Pública en las relaciones del ciudadano – empresario
con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, derechos o
cumplimiento de obligaciones. Establece dentro de sus principios el fortalecimiento
tecnológico, la gratuidad de los formularios, el uso de medios electrónicos para realizar
trámites y presentar peticiones, quejas o reclamos. Además prohíbe a las autoridades
públicas establecer trámites, requisitos o permisos que no estén expresamente
autorizados por la ley, solicitar documentos que sean competencia de otras autoridades
y establecer nuevos trámites sin la autorización expresa del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
Situación Actual: Visión y Prospectiva 17