Informe_final_protestas

Venezuela 2014
Protestas y
Derechos Humanos
Introducciòn
de los votos alcanzados, opinión que en pocas horas modificaría y, 2, el desconocimiento del candidato
Capriles de los resultados y su convocatoria a manifestar para exigir el reconteo de los sufragios.
Las manifestaciones arrojaron un lamentable saldo de muertos, heridos, delitos, hechos de violencia y
graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte
de los cuerpos de seguridad del Estado, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y
degradantes contra manifestantes, en ciudades como Barquisimeto, Valencia y Barinas, que afectaron a
más de 150 personas.
La crisis política era catalizada por otra crisis igual de significativa para la vigencia de los derechos
humanos: la económica. La situación de interrupción en los servicios básicos como la luz y el agua
fue acompañada de una alta inflación -56% según cifras oficiales-, el desabastecimiento de alimentos
y productos de consumo masivo, la devaluación de la moneda y el anuncio de implementación
de progresivas medidas económicas por parte del presidente Maduro.
Ante el retroceso de las políticas sociales y el aumento de la pobreza, la tradicional exclusión política del
proyecto bolivariano comenzó a ser acompañada de una nueva y creciente exclusión social. El presidente
Nicolás Maduro ignoró la oportunidad expresada por Provea en su Informe Anual 2013: “El gobierno
que salga electo en las elecciones nacionales del 14 de abril de 2013 tiene la oportunidad de abrir canales
de diálogo con todos los sectores del país, revirtiendo la tendencia estatal de exclusión por razones
políticas”.
En medio de este complejo contexto, el año 2014 se inicia con el asesinato de la actriz Mónica Spear, el
07.01.2014, un crimen que por su valor simbólico generó un alto impacto en la opinión pública nacional,
colocando en primer plano la grave situación de inseguridad acumulada en el país. Menos de un mes
después, el 04.02.2014, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET), en la ciudad de San Cristóbal, protestó por el abuso sexual contra una compañera. La respuesta
estatal fue la intolerancia.
La detención de 4 estudiantes generó un movimiento de protesta a nivel nacional que por su extensión,
duración y características tenía novedades respecto a la cultura de protesta en el país. Lamentablemente,
la respuesta represiva del Estado, que había comenzado a expresarse en abril de 2013 contra numerosos
manifestantes, sumó también nuevos patrones de violación a los derechos humanos. De esto último trata
este informe.
Quienes presentamos este informe reafirmamos que es fundamental evitar la impunidad pues ella
favorece que se continúen cometiendo violaciones a los derechos humanos y con ello que aumente
el número de víctimas. El Ministerio Público tiene una responsabilidad ante el país de investigar y
solicitar sanciones contra funcionarios y funcionarias que hayan cometido actos de tortura, maltratos,
privaciones arbitrarias de la libertad y violaciones al derecho a la vida.
Reafirmamos igualmente que condenamos el uso de la violencia cualquiera sea quien la ejecute. Por lo
tanto, exhortamos a la población venezolana a reivindicar el derecho a la manifestación pacífica y sin
armas así como el derecho a la huelga. A rechazar las practicas y llamados a recurrir a la violencia o
soluciones a la crisis política y social contrarias a la Constitución y las leyes. Los particulares que recurrieron
y recurren a la violencia dejando saldo de muertos y heridos deben igualmente ser investigados y
sancionados y frente a esos actos tampoco debe haber impunidad.
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