Informe_final_protestas

Introducciòn
Pese al mensaje emitido por la soberanía popular, el gobierno comenzó a implementar -mediante mecanismos
extra-constitucionales- las propuestas rechazadas por los votos, lo que originó una arquitectura
jurídica paralela en el país, la cual configuraba por la vía de los hechos una Carta Magna diferente a la
aprobada en 1999. La construcción del “Estado comunal”, a pesar de su inconstitucionalidad, conformó
la promesa electoral de su tercera reelección en el año 2012.
El presidente Chávez configuró mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que mezclaban la ausencia de
contrapesos institucionales y desaparición de la independencia de los diferentes poderes, la concentración
progresiva del poder en su persona y la persecución no sólo de los disidentes a su proyecto político,
sino también de la opinión disidente dentro de su propio movimiento. A partir del año 2002, luego de los
hechos que interrumpieron el hilo constitucional por 72 horas en el país, comenzó un proceso de criminalización
del ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta pacífica, la libre asociación y reunión,
la libertad sindical, la huelga y la libertad de expresión. Diferentes organizaciones de la sociedad civil,
entre ellas las de derechos humanos, sufrieron, desde diferentes instancias de gobierno, una permanente
campaña de descalificación y hostigamiento.
A pesar de que sus competencias están garantizadas en la Constitución, el sistema nacional de medios
públicos desplegó una campaña de descrédito a los mecanismos internacionales de protección a los derechos
humanos.
Desde el año 2002 una serie de leyes han venido obstaculizando el ejercicio al derecho a la manifestación
pacífica. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, aprobada en diciembre de 2002,
crea las denominadas “zonas de seguridad”, amplias extensiones de territorios donde se prohíbe
ejercer los derechos a la manifestación y huelga. La reforma del Código Penal, realizada en el año
2005, dio pie a la arbitraria ilegalización de los cierres de calles por parte de los manifestantes -una estrategia
histórica de protesta del movimiento popular venezolano-. Por su parte, los artículos 139 y 141
de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, del año 2008, penalizan
la obstaculización en la distribución de productos de primera necesidad y han venido siendo aplicados
contra personas que realizaban protestas. La misma situación ocurre con los artículos 25 y 26 de la “Ley
Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el
consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, la cual ha impedido el ejercicio del
derecho a huelga en las empresas estatales de producción de alimentos y productos de consumo masivo.
En el año 2009, la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana introduce la
figura de los “Cuerpos de combatientes” dentro de las empresas estatales y privadas, una tendencia que
posteriormente se reforzará con el impulso a las llamadas “milicias obreras” anunciadas por el presidente
Nicolás Maduro.
En mayo de 2012, la criminalización de la protesta se agrava con la promulgación de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Tras la muerte del presidente Chávez se convocan a nuevas elecciones, donde sale electo Nicolás Maduro
Moros el 14.04.2013. Sin embargo, la estrecha diferencia obtenida frente al candidato opositor, Henrique
Capriles, de apenas 1.49%, se convirtió en el peor resultado electoral obtenido por el movimiento bolivariano
en toda su historia, iniciando un período de crisis de representatividad en la política venezolana.
Esta situación fue agudizada por dos situaciones: el anuncio del presidente electo de aceptar el escrutinio
Protestas y
Derechos Humanos
Venezuela 2014
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