Informe_final_protestas

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Detenciones de manifestantes y violaciones al debido proceso En su informe anual 2005 3 , el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió sobre el creciente proceso de criminalización de la protesta y la aplicación de un conjunto de leyes destinadas a restringir la posibilidad de manifestar en el país. Durante ese año, el Ministerio Público bajo la gestión del ex Fiscal General Isaías Rodríguez comenzó a presentar ante Tribunales en forma masiva, a ciudadanos detenidos en protestas. Ello obedeció principalmente a dos factores, por un lado el ascenso de la conflictividad social y la incorporación de otros actores sociales que hasta entonces no habían tenido mayor protagonismo en las movilizaciones realizadas entre 2000 y 2004, y por otro lado al marco jurídico construido desde el año 2002 que restringió el derecho a la manifestación pacífica y abrió el camino a la judicialización de las luchas y la penalización de sus protagonistas. Las modificaciones incorporadas al Código Penal (CP) en su reforma parcial de marzo de 2005 4 , reflejan la progresiva institucionalización de prácticas criminalizadoras de modalidades de protesta, legítimas e históricas del movimiento social venezolano. La reforma del CP de 2005 introdujo en su artículo 357 la penalización de los cierres de calle, estableciendo penas de prisión de 4 a 8 años para quienes ejerzan esta modalidad de protesta. Si bien el artículo 357 del CP establece que dicha disposición está orientada a penalizar a “quien ponga obstáculos en una vía de circulación (…) con el objeto de preparar el peligro de un siniestro” 5 , la norma ha sido utilizada arbitrariamente por jueces y fiscales, toda vez que estos determinan no solo el grado de peligrosidad de la obstaculización sino incluso presumen anticipadamente el carácter “desfavorable” de determinadas manifestaciones, alegando razones de seguridad nacional para criminalizarlas y perseguir penalmente a sus protagonistas. Asimismo, la relación existente entre la creciente protesta popular y el incremento del número de detenciones arbitrarias en manifestaciones, demuestran el afianzamiento de la mentalidad represiva entre quienes dirigen la acción del Estado al restringir reiteradamente la posibilidad de ejercer derechos constitucionales. El Estado venezolano a través de actuaciones arbitrarias de sus funcionarios viola estándares internacionales de derechos humanos y ha ejercido una represión desproporcionada contra los manifestantes. Antes de febrero 2014, más de 2400 personas se encontraban sometidas a regímenes de presentación ante Tribunales por haber participado en diversas protestas, la mayoría de ellos estudiantes, dirigentes vecinales, trabajadores y dirigentes sindicales que habían encabezado cierres de vías, huelgas o asambleas en los portones de empresas básicas o industrias consideradas estratégicas por el Estado. La aprobación en 2002 de la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación 6 , propició la creación de numerosas zonas de seguridad en las que se restringe o prohíbe el desarrollo de protestas, llegando a considerarse el 30% del territorio nacional como zona de seguridad, según la ONG Control Ciudadano. Entre febrero y mayo de 2014, la cifra de personas que han sido presentadas ante Tribunales o que aún tienen algún procedimiento abierto ante los mismos, por haber sido detenidas en el contexto de las mani- 3 PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe Anual 2005. Caracas, 2006. 4 Gaceta Oficial Número N° 5.768 del 13.04.2005 5 Código Penal Venezolano, artículo 357: “Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de cuatro años a ocho años. Quien cause interrupción de las vías de comunicación mediante voladuras o quien por este mismo medio cause descarrilamiento o naufragio de un medio de transporte, será castigado con prisión de seis años a diez años.” 6 Gaceta Oficial N° 37.594 del 18.12.2002 Protestas y Derechos Humanos Venezuela 2014 58
Detenciones de manifestantes y violaciones al debido proceso festaciones realizadas, alcanza los 2463 ciudadanos. Los cargos imputados a la mayoría de los detenidos en estos 4 meses de protestas son: Instigación Pública (artículo 285 del Código Penal), Resistencia a la Autoridad (artículo 296 del Código Penal), Agavillamiento (artículo 286 del Código Penal), Obstaculización en la Vía de Circulación Pública (artículo 357 del Código Penal), Asociación para Delinquir (artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo), Daños a la Propiedad con Violencia (artículo 474 del Código Penal) y Terrorismo (artículo 52 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo). Asimismo, en el contexto de las detenciones practicadas han sido reiteradas las denuncias de familiares, ONG y abogados defensores de los detenidos, sobre violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso. Incomunicación de detenidos, obstaculización a la labor de sus abogados defensores, ausencia de información sobre las causas de la detención, ausencia de información sobre listados de personas detenidas y centros de detención, entre otras situaciones similares. Fuente: Base de datos del Foro Penal Venezolano El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso 7 . 7 CRBV, artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona de- Venezuela 2014 Protestas y Derechos Humanos 59
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