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Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal Forma de Detención o Prisión, entre ellos: “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión. La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad para un segundo examen médico o una segunda opinión médica. Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros”. Los principios añaden un elemento de independencia en las alegaciones de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes al señalar que: Las denuncias judiciales contra funcionarios de la policía deberán ser investigadas invariablemente por un órgano independiente del cuerpo de policía cuyos funcionarios sean objeto de la denuncia. Siendo que las recomendaciones emanadas de los órganos internacionales de protección de derechos humanos suponen compromisos de Estado, más allá del gobierno de turno, la norma invocada por el informe de la Defensoría del Pueblo refleja que todavía las disposiciones internas no se encuentran completamente adecuadas a los compromisos internacionales que obligan a Venezuela, ya que se sigue alegando como única prueba válida aquella realizada por los médicos forenses, a cuyos resultados no tiene acceso la víctima y sin alternativa de una segunda opinión profesional en un tiempo oportuno. Las pruebas forenses son realizadas por un cuerpo de investigaciones al que pertenecen muchos de los responsables de los hechos denunciados por las víctimas, por lo que tampoco hay garantía de la independencia de la investigación. Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del estado Barinas, denunció agresiones contra adolescentes detenidos por policía y GNB en esa entidad. El Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del Estado Barinas remitió a Provea denuncias sobre detenciones y malos tratos contra adolescentes que participaron en <strong>protestas</strong> en esa entidad, quienes fueron apresados por efectivos de la Policía del estado Barinas y por la Guardia Nacional Bolivariana el día 21.02.2014. El Comité refiere en un informe dirigido a la Fiscal Superior del estado Barinas Raquel Pérez y a la Defensora del Pueblo del estado Barinas, Ingrid Gil, que a petición de los familiares de los adolescentes detenidos, miembros de esta organización de DDHH se hicieron presentes en la sede del Circuito Judicial del estado Barinas, para constatar la integridad física de los detenidos, y comprobar cuál había sido el trato que recibieron tanto en la Comandancia de la Policía del estado como en la Guardia Nacional Bolivariana. El informe presentado a la Defensora del Pueblo de Barinas, entre otras cosas expresa: “1.- Los adolescentes fueron golpeados, aterrorizados, desnudados, esposados y expuestos al escarnio público al ser obligados a caminar 500 metros aproximadamente por las calles céntricas de la ciudad, no se les permitió la visita de sus padres o representantes en el sitio donde permanecieron detenidos, no se les suministró colchonetas para dormir (durmieron en el piso), fueron golpeados y a uno se le cortó el Protestas y Derechos Humanos Venezuela 2014 52
Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal cabello, fueron acuclillados por más de 15 minutos y un jefe policial ordenó que siguieran acuclillados, permanecieron parados por espacios de 3 horas”. “2.- Dado la gravedad de estos hechos se les solicitó a los padres y representantes hacer la denuncia ante los órganos que les compete estas violaciones de Derechos Humanos así como también la podrían hacer ante la ONG PAZ Y VIDA”. El informe además describe que la Policía del Estado Barinas actuó de forma engañosa deteniendo a jóvenes que no guardaban ninguna relación con las <strong>protestas</strong> que se realizaban en la entidad. Como parte de la misma denuncia, el Comité envió además una comunicación a la Juez Rectora del Circuito Judicial del estado Barinas en el que se le solicitó una entrevista a objeto de denunciar las irregularidades cometidas por funcionarios de la policía regional y de la Guardia Nacional Bolivariana, en las propias instalaciones del Circuito Judicial. En dicha misiva, solicitan a la Juez Rectora aclarara las informaciones dadas por efectivos policiales, quienes afirmaron que “mantener desnudos a menores de edad (adolescentes) es un procedimiento normal”. Venezuela 2014 Protestas y Derechos Humanos 53
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