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Informe_final_protestas

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Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal<br />

Forma de Detención o Prisión, entre ellos: “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un<br />

examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar<br />

de detención o prisión. La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente<br />

a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o<br />

prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad para un segundo<br />

examen médico o una segunda opinión médica. Quedará debida constancia en registros del<br />

hecho de que una persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre<br />

del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros”.<br />

Los principios añaden un elemento de independencia en las alegaciones de torturas y tratos o<br />

penas crueles, inhumanos o degradantes al señalar que: Las denuncias judiciales contra funcionarios<br />

de la policía deberán ser investigadas invariablemente por un órgano independiente<br />

del cuerpo de policía cuyos funcionarios sean objeto de la denuncia.<br />

Siendo que las recomendaciones emanadas de los órganos internacionales de protección de<br />

derechos humanos suponen compromisos de Estado, más allá del gobierno de turno, la norma<br />

invocada por el informe de la Defensoría del Pueblo refleja que todavía las disposiciones<br />

internas no se encuentran completamente adecuadas a los compromisos internacionales que<br />

obligan a Venezuela, ya que se sigue alegando como única prueba válida aquella realizada<br />

por los médicos forenses, a cuyos resultados no tiene acceso la víctima y sin alternativa de<br />

una segunda opinión profesional en un tiempo oportuno. Las pruebas forenses son realizadas<br />

por un cuerpo de investigaciones al que pertenecen muchos de los responsables de los hechos<br />

denunciados por las víctimas, por lo que tampoco hay garantía de la independencia de la investigación.<br />

Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del estado Barinas, denunció agresiones contra adolescentes<br />

detenidos por policía y GNB en esa entidad.<br />

El Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del Estado Barinas remitió a Provea denuncias sobre<br />

detenciones y malos tratos contra adolescentes que participaron en <strong>protestas</strong> en esa entidad, quienes fueron<br />

apresados por efectivos de la Policía del estado Barinas y por la Guardia Nacional Bolivariana el día<br />

21.02.2014.<br />

El Comité refiere en un informe dirigido a la Fiscal Superior del estado Barinas Raquel Pérez y a la Defensora<br />

del Pueblo del estado Barinas, Ingrid Gil, que a petición de los familiares de los adolescentes<br />

detenidos, miembros de esta organización de DDHH se hicieron presentes en la sede del Circuito Judicial<br />

del estado Barinas, para constatar la integridad física de los detenidos, y comprobar cuál había sido<br />

el trato que recibieron tanto en la Comandancia de la Policía del estado como en la Guardia Nacional<br />

Bolivariana.<br />

El informe presentado a la Defensora del Pueblo de Barinas, entre otras cosas expresa:<br />

“1.- Los adolescentes fueron golpeados, aterrorizados, desnudados, esposados y expuestos al escarnio<br />

público al ser obligados a caminar 500 metros aproximadamente por las calles céntricas de la ciudad,<br />

no se les permitió la visita de sus padres o representantes en el sitio donde permanecieron detenidos, no<br />

se les suministró colchonetas para dormir (durmieron en el piso), fueron golpeados y a uno se le cortó el<br />

Protestas y<br />

Derechos Humanos<br />

Venezuela 2014<br />

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