Informe_final_protestas

Violaciones del derecho a la manifestación pacífica
Con dicha decisión, el máximo Tribunal del país avala la represión por parte de los cuerpos
armados del Estado contra los ciudadanos, señalando que “cualquier concentración,
manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte
de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales
y de seguridad en el control del orden público a los fines de asegurar el derecho al libre
tránsito y otros derechos constitucionales (…), actúen dispersando dichas concentraciones
con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la
Constitución y el orden jurídico”.
Los derechos consagrados en nuestra Carta Magna no pueden ser convertidos en delitos por
la acción arbitraria de las instituciones del Estado, la protesta es un mecanismo legítimo que
tienen los ciudadanos en las sociedades democráticas para reclamar y conquistar derechos o
para defenderse frente a los posibles abusos de poder
La Sala Constitucional desconoce así el artículo 53 de la Constitución Nacional que señala:
“Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con
fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley”.
Asimismo, suprime las garantías consagradas en el artículo 68 de la Carta Magna que reza
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin
otros requisitos que los que establezca la ley” y el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y Manifestaciones, que establece “Los organizadores de reuniones
públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación
cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la
jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se
persiga”.
La decisión de la Sala es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos
humanos y a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -suscrito
por Venezuela-, que garantiza el derecho a la libertad de reunión pacífica.
Tal como lo ha afirmado el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación de la Organización de Naciones Unidas, Maina Kiai, el ejercicio
del derecho a la manifestación pacífica, “sirve de cauce para el ejercicio de muchos otros
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y son elementos esenciales
de la democracia, pues mediante su ejercicio los hombres y las mujeres pueden expresar
sus opiniones políticas, participar en proyectos literarios y artísticos y en otras actividades
culturales, económicas y sociales”.
En el caso venezolano dicha afirmación cobra especial sentido cuando hacemos un balance
de la inmensa cantidad de protestas que, año tras año, protagonizan diversos sectores de la
sociedad ante demandas insatisfechas o reclamando el reconocimiento de derechos.
Sólo en 2013 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró al menos
4.410 protestas, un equivalente a 12 protestas diarias en todo el país. Las principales demandas
estuvieron orientadas a la exigencia de derechos sociales.
Protestas y
Derechos Humanos
Venezuela 2014
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