Concepto de la Procuraduría (Parte 2) - Procuraduría General de la ...

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algunos de los impugnanfes, en fodo caso debe reglamentarse 'por el legislador a
través de una ley estatutarja~'.
Por el contrario, como expresamente se dispone en las normas citadas, es claro
que las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud son, esencialmente,
funciones de vigilancia y control, y que al igual que la potestad reglamentaria que
constitucionalmente tiene el Presidente de la República (que fue quién profirió el
hoy suspendido Decreto 4444 de 2006) para expedir decretos y resoluciones, en
su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa, tiene como fin lograr la cumplida ejecución de las leyes -por lo
"que es presupuesto sine qua non para que se pueda hacer uso de tal facultad, la
existencia de una LEY que requiere ser desarrollada en virtud del reglamento"
como lo concluyó esta misma Sección al suspender Decreto 4444 de 2006.
Por las razones anteriores, prima racie esta Procuraduría Delegad advierte que el
actor tiene razón al señalar que las normas aducidas como fundamento de los
actos administrativos demandados no son fundamentos auténticos o suficientes,
pues a partir de las mismas no es posible concluir que la Superintendencia
Nacional de Salud tenga la facultad para reglamentar el llamado "servicio de
interrupción voluntaria del embarazo" -estableciendo que el mismo de obligatoria
prestación y que su no prestación puede ser fuente de sanciones
administrativas-, como de hecho esta misma Sección ya lo concluyó, al señalar
que no tiene tal atribución ni siquiera el Gobierno Nacional, hasta tanto exista Ley
que reglamente esta materia, es decir, mientras el Legislador no reglamente (si es
que lo encuentra necesario y pertinente) los casos en que la práctica del aborto no
constituye delifo de conformidad con lo establecido de la Sentencia C-355 de
2006.
En segundo lugar, el Ministerio Público advierte que a la luz de las normas
aducidas como fundamentos de las Circulares demandadas, no puede afirmarse
que la Superintendencia Nacional de Salud pueda reglamentar o restringir el
derecho fundamental a la objeción de conciencia -estableciendo, por ejemplo,
que no tienen este derecho las personas jurídicas sino únicamente las personas
naturales-, pues efectivamente la reglamentación de los derechos
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