Concepto de la Procuraduría (Parte 2) - Procuraduría General de la ...

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En cuanto a las otras sentencias se refiere, se anota que en la Sentencia T-171
de 2007 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional no dictó orden
alguna a la Superintendencia Nacional de Salud y, de hecho, únicamente se
declaró la "carencia actual de objeto"; en la Sentencia T.988 de 2007 tampoco
se dictó algún mandato a esta entidad (pues la misma esta tampoco hizo parte
de ese proceso de tutela) sino que simplemente revocó la decisión de segunda
instancia y se revocó la de primera, haciendo a la E.P.S. demandada una serie
de advertencias;
en la Sentencia T.209 de 2008, la Sala Séptima de Revisión
se resolvió otra proceso de tutela del que la Superintendencia Nacional de
Salud tampoco hizo parte, pero en donde resolvió comunicarle Jo decidido para
que investi9ara a la parte contra la que allí se falló "por el incumplimiento de las
disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 200[6]", vigilar el cumplimiento de
ese Decreto -que, como recuerda el demandante, se encuentra suspendido
desde el 15 de octubre de 2009 por decisión de esta misma Sala-
y rendir a
esa Sala de Revisión un informe bimensual sobre esto; y en la Sentencia T -946
de 2008, la Sala Tercera de Revisión también comunicó lo decidido a la
Superintendencia Nacional de Salud, que no hizo parte del respectivo proceso,
para que investigue a la parte allí demandada "por el incumplimiento de las
disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2006".
Finalmente, únicamente en la Sentencia T-388 de 2009 se advierte que la Corte
Constitucional, y específicamente la Sala Octava de Revisión, efectivamente le
dictó una orden a la Superintendencia Nacional de Salud (sin que esta hiciera
parte del respectivo proceso), como fue "que de manera pronta adopte las
medidas indispensables con el fin de que las EPS e IPS - independientemente
de si son públicas o privadas, laicas o confesionales - cuenten con las personas
profesionales de la medicina así como el personal idóneo y suficiente para
atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo los supuestos
previstos en la sentencia C-355 de 2006 así como se abstengan de incurrir en
exigencias adiciona/es inadmisibles - como las enumeradas por la Sala en el
fundamento jurídico número 8 de la presente sentencia y bajo entera
observancia de las exigencias determinadas en el fundamento juridico 31 de /a
misma. Lo anterior deberá suceder en todos los niveles territoriales con estricta
consideración de los postulados de referencia y contrarreferencia asegurando.
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