Concepto de la Procuraduría (Parte 2) - Procuraduría General de la ...

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2.3.2. La Resolución 004905 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, "Por la
cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la Interrupción
Voluntaria del
Embarazo -IVE - [... j".
"MINISTERIO Dé LA PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 004905 DE 2006
(14 de diciembre 2006)
Por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo - /VE -, se
adiCiona la Resolución 1896 de 2001 y SfJ
diclan otras disposiciones
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especia/las conferidas en los articulos 173 de la Ley 100 de 1993, 2°
del Decreto Ley 205 de 2003 y 3°, Del DeC18to 4444 de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que al Mmisterio da la Protección Social le corresponde 8Jfpedir las normas técnicas y administra/ivas de obligatorio
cumplimiento para las Entidades Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Salud del Sistema GenerBI
de Seguridad Social en Salud y para las Direcciones departamentales, distrita/es y municipales de Salud y regular la
prestación del servicio pllblico esencial de la salud,
Que el articulo 3° del Decreto 4444 de 13 de diciembre de 2006, establece que el Ministerio de la ProteC{;ión Social
deberá expedir las normas técnioo administrativas para la atenci6n integral de las geslan/es que demanden
seNieios de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Que las Adminrstradoras del Régimen Contributivo y Subsidiado tienen la obligatoriedad de prestar los planes de
beneficios a su poblaci6n, incentivando 18S
acciones de Promoci6n y Prevención.
Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, al
Ministerio de la ProteC{;i6n Social le corresponde expedir las normas técnicas y gulas de atención para el desarrollo
de las actividades de protecci6n especifica, detecd6n temprana y atenci6n de enfermedades de interés en Salud
Pública
Que los actof6s del Sis/ema General de Seguridad Social en Salud daben realizar las acciones conducent6S a
reducir el nasgo de enfermar y morir por causas evitables, mejorar tos niveles de salud y garan/izar la salud
colectiva, buscando impactar positivamen/e las metas de salud públiCa del pals.
Que es deber del Es/ado garantizar la provisi6n d6 seNicios d6 salud seguros y definir Jos estándaras de ClIlidad
que garanticen el acceso oportuno a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo.
RESUELVE:
ARTICULO 1. - OBJETO. Medianle la pf6sente Resoluci6n se adop/a la norma técnica para la atanci6n de la
Intarrupci6n Volun/aria del Embarazo -IVE, se adiciona la Clasificaci6n Única de Procedimientos, en los códigos
relacionados con es/os seNieios para garan/izar la atenci6n integral y oportuna de las gestan/es en los COSBSy
condicionas definidos en la SentenciB C-355-D6 de la HonorablB Corte Constitucional
ARTICULO 2.• CAMPO DE APLICACiÓN. Las disposiciones de la presenta Resolución aplican, en /o pBrtinente, a
las Entrdadas Promotoras de Salud, las Admimstradoras del Régimen Subsidiado, las EntIdades Adaptadas, las
Empresas de Medicina Prepagada, a las En/idades Departamentales, Distri/ales y Municipales de Salud, las
entidadtJs responsablas da los reglmenes de excepci6n de que tra/an el articulo 279 de la ley 10.0.de 1993 y /a Ley
647 da 2001, ya los Plestadores de SaNielos de Salud,
ARTICULO 3. - NORMA TECNICA PARA LA ATENCiÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. Ad6plasa la Norma Técnica para ia atención de la Interrupci6n Voluntaria del Embarazo, contenida en
el anexo técnioo que forma parte in/egral de la presenta resolución.
ARTICULO 4. - CODIFtCACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Adlci6nase en la ClasiflCaci6n Unica de Procedimientos
en Salud. CUPS vigente, adoptada mediante Resoluci6n 1896 de 2001, los siguientes c6dir¡os y desaipciones:
aJ En el grupo 69, el subgrupo 69.5 denominado "EVACUACION POR ASPIRACIÓN DE UTERO", categoria 69,5.1
denominada: "EVACUACION POR ASPIRACiÓN DEL UTERO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO", Y
subca/egorla 69.5.1.0.1, denominada: "ASPIRACiÓN AL VACIO DE UTERO PARA TERMINACIÓN DEL
EMBARAZO", qlJ6dando as/.-
69.5 EVACUACIÓN POR ASPIRACiÓN DE UTERO
69.5.1 EVACUACIÓN POR ASPIRACiÓN DEL UTERO PARA TERMiNACIÓN DEL EMBARAZO
69.5.1.01 ASPIRACIÓN AL VACIO DE UTERO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO Incluye: ABORTO
TERAPEUTlCO, TECNICA MANUAL O ELECTRICA
bJ En el subgrupo 75, O "LEGRADO UTERINO OBSTETRICO~, la ca/egaria 75.0. 2 denominada as':
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"LEGRADO UTERINO OBST~TRICO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO. Y la subcategorle: 75.0.2.01
"DILATACiÓN Y LEGRADO PARA TERMINACiÓN DEL EMBARAZO", quedando es!:
75.0.2 LEGRADO UTERINO OBST~TR/CO PARA TERMINACiÓN DEL EMBARAZO
75.0.2.01 DILATACiÓN Y LEGRADO PARA TERMINACiÓN DEL EMBARAZO Excluye: AQUELLA POR
ASPIRACIÓN AL VACIO (695.1.01)
ARTICULO 5. - CELERIDAD EN LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE ¡VE. La provisión de servicios de ¡VE debe
realizarse en lo posible dentro de los primfJros cim;o dlas siguientes a la solicitud y previo el consentimiento
informado por parte de la gestan/e y la pflJsenlación de le certificación médica o la copia de lB denuncia panal,
según el caso,
ARTICULO 6. - REGISTRO, La infOffllBción que se derive de la prestación de Jos servicios de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, IVE debe estar articulada at sis/ema integral de información en salud del Minis/erio de la
Protea:ión Social y su reporte será obligetorio pare todas las institucionus publicas y privadas. Todos los
procedimientos du IVE deben reportarse en el Registro Individual de Preslación de Servicios de Salud- RIPS, de
acuerdo con los roquisi/os que para fines estadislicos defina 81 Minis/erio de la Protección Social.
Las entidades 8 quienes aplica la pr8sen/e disposición están obligadas a reportar las complicaciones derivadas del
aborto con el fin de hacer el monitoroo a la calidad da los servicios y a/ acceso real que tienen las mujeres a los
servicios de IVE,
ARTICULO 7.• VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. El Minis/erio de la Protección Social y las entidades territoriales
en el ámbito de sus compelenclas ejercerán la vigilancia en salud publica de la IVE, incluyendo la vigilancia de sus
complicaciones y de la morbimortalidad materna, de acuerdo con los instrumenlos que para ul efecto se definan en
el Sistema de Vigilancia en Satud Publica SI VIGILA
ARTICULO 8. - FORMACIÓN DE PROFESIONALES. Las inslituciones obligadas al cumpllmianto de la presenle
Resolución deberán adelantar las acciones de informeción. capacitación y educación con/inuade a los profesionales
de la salud que permitan la adecuada provisión de los servicios de IVE.
Las instituciones de educación superior podrán incorporar denlro de sus programas de pregrado y pos/grado los
aspectos técnicos. éticos y jurldicos de la prestación de los servicios de IVE.
ARTICULO 9. - VIGENCIA La presente Resolución rige a partir de su publicaCión y
modifica en lo pertinente, la Resolución No. 1896 de 2001.
PUBLlQUESE
y CUMPLASE
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Mmislro de la ProtecciÓn Saciar.
2.3.3. La Circular 0031 de 2007 del Ministerio de la Protección Social
.CIRCULAR EXTERNA 0031 DE 2007
PARA: DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE SALUD, GERENTES DE ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD
DE: MINISTRO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL
ASUNTO: INFORMACiÓN SOBRE LA PROVISiÓN DE SERVICIOS SEGUROS DE INTERRUPCiÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, NO CONSTITUTIVA DEL DELITO DE ABORTO
FECHA: 22 de mayo de 2007
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sen/encia C-355 de 2006 y de conformidad con lo establecido en el Decroto
444 da 2006 y la ResoluciÓn 4905 dal mismo 8/10, y considerando. .
1. Que el erticulo 1. de Decrelo 4444 de 2006 eSl8bleca que "Los servicios de inleffupción volunlana dal embaf8zo
en los casos y condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, estaron dIsponibles en el territorio nacional
para todas las mujeres, independienlemanle de su capacidad de pago y afiliación el Sistema General de Segunded
Social en Setud-SGSSS".
2, Que el mismo articulo set'lala que "Los servicios de salud requeridos por las afiliadas al Sislema General de
Seguridad Social en Salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, las Administredof8s del Régimen
Subsidiado y las Enlidadas Adaptadas se pres/ariln en las instituciones pres/adoras de servicios de salud con las
que cada administradora tenge convenio o contrato, o sin convenio cuando se trate de la atencIón de urgenCias. Los
servicios da salud requeridos por la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, sa efec/u~rBn a
trevés de los Prestedores de Servicios de Selud publicos o aquellos privados con los cuales las EllIldades
Departamentales, Dis/rita/es y Municipales de Salud tengan con/rato.
Los servicios de salud requeridos por las afiliadas a los reglmenes de excepción conlemp/ados en el arfrculo 279 de
la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, sarán pres/ados a través de los Pros/adoros de Servicios de Salud de las
enlidades responsables de dichos raglmenes". . "
Que en lo referente e la disponibilidad del servicio, el articulo segundo del mIsmo decreto es/ablece que La
provisión de sarvicios seguros da IntelflJpción Voluntaria del Embarazo. no conslitu/iva del delito de aborto, .estará
disponible en todos los grados de complejidad que requiera le gestan/e, en las insllluclOnes prestadoras habIlitadas
para ello, de acuerdo con les reglas de referencia y contrarreferencia" , y e~ el mClso segundo del mismo artrculo
serlala que corresponde a las Entidades Departamentales, Dis/ntales y MUniCipales de Salud, en e.1a:nb.lto de us
competencias, garantizar que en la red publica de pros/adores de servicios de salud de su IUnsdlcClón eXiste
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diSPOnibitidad suficiente para gafantizar el 8CfeS9 mal y la atención oportuna de las gasten/es Que requieran
servicios de /VE en todos los qr@d9s de CQmplejidad .• (subrayes f(Jefe de texto)
3. Qua igualmen/e corresponde a las En/Jdades Promotoras de Se/ud, las EntIdades Adaptadas, y las entidades
responsables d6105 roglmenes de excepción de que tratan e/articulo 279 de 18 lay 100 de 1993 y la Ley 647 de
2001, "garantiza' !.JOnUmBro adBCIJ8dQ de ProV\l"'doIl3S habilitados para OroS/liT los servicios de Intemmción
Voluntaria del Embarazo, no constitutiva de delito de aborto, de canformidad con lo previsto en el Sistema
Obligatorio de Ga'aol/a da Calidad y 18s normas técnicas QUf!para el efecto expida el Mlnis/en'o de la Protección
~~. (subrayes fuere de texlo) segun lo establece el inciso tercero del mismo alt/culo,
4, Que todas las entidades obligadas al cumplimiento da la anterior normaliva deban gsranlizer el funcionamiento
de los sistemas de referencia y contraneferencia, de manera que se asegure en forma oportuna la remisión de les
gestantes a servicios de mediano y alto grado de complejidad, cuando se presenten complicaciones, o cuando la
adad gestacional o et estado de salud de la mujer asr lo amerite, de crmformidad con lo dispuesto en el articulo 2'
de Dacm/o 4444 de 2006.
5. Que en lo concerniente a le celeridad en la P'lIs/aci(ln de saNieios de /VE, el articulo 5' de la ResolucKm 4905 de
2006 eslablece que "La provisión de S8rvicios de IVE debe realizarse en lo posible dentro de los primeros cinco dres
siguientes a la solicitud y previo el consentimienlo {nfOlmedo por perte de la gestante y la presentación de la
certificación medfca o la copia de la denuncia penal, según el caso."
6. Que conforme lo dispone el erlrculo 6' de la Resolución 4905 de 2006, "todos los procedimientos de IVE deben
reportarse en el Regis/ro IndNidual de Proslaclón de Servfcios de Satud- RIPS, de acuerdo con los reqUIsitos que
para fines esladlsticos defina el Ministelio de le Protección Social"
El Ministerio de la Protacción Sociel, como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en
función de proteger la selud de la población y garentizar el respeto a los derechos protegidos en la Sentencia C- 355
de 2006, se permile Impartir las siguientes InstfIJcciones de obligatorlo cumplimIento:
1. Las Entidades Promotoras de Salud y las Direcdones Departamentales y Distritales de salud debersn remillf
a la Dirección Generat de CalIdad de los ServICios de este Mmistena, en un plazo na mayor de dos (2) meses
contados a partir de la publicación de la presente Circular, las instituciones que, dentro de la red habilitada para
prestar servicios de gineco-obstetricia de baja, mediana y arta complejidad, cuentan con profesionales dispuestos a
proveer los servfcios de IVE. Esta información deberá mantenerse actualizada y disponible para las usuarias que
requierBn estos servicios y deben!! reportarse anualmente élla Dirección General de Calidad de los Servicios de este
Mmisteno
2, Con base en la informaCIÓn de los RegIstros IndNlduales de Prestación de Servicios, que todos los
prestadores deben diligenCIar, las Direcciones Departamentales y Distriteles, asl como las Entidades PromotorBS de
Salud, deberán realizar elem!!lisis y presentar un informe trimestral que incluya:
• Consolidado trimes/ral de casos de IVE separado por los 2 diagnósticos especificas (CIE-10: 004 • ABORTO
M~DICO, Y Z303 - EXTRACCiÓN MENSTRUAL (interrupcJón del embarazo, regulación menslrual) desagregado por
municipio, grupos de edad y calidad de afiliada (ContnbutNo / Subsidiado / Régimen de excapción) o no afiliada al
Sistema General de Saguridad Social en Salud.
• Consolidado trimestral de casos registrados con el diagnóstico Z300: CONSEJO y ASESORAMIENTO
GENERAL SOBRE ANTlCONCEPCIÓN, también desglosado por municipio, grupos de edad y calidad de afiliada
(Contnbulivo / Subsidiado / Régimen de excapción) o no afiliada al Sislema General de Seguridad Social en Salud.
• Consolidado lrimestral de las complicaciones relacionedas con la IVE que se hayan reportado al Sistema de
Información.
• Reporte de las barreras de ecceso pare la prestación de estos servfcios, de las que la entidad haya tenido
conocimiento o lleve alglin tipo de regislro,
El informe correspondiente 81 primer trimastre de 2007 deberá remitirse e la Dirección General de SBlud Pública de
es/e Ministerio, en un piazo no meyor a un (1) mes después de la publfcación de 18 presente CIrcular. En lo
sucesivo. el informe se remitirá dentro del mes siguiente al vencimiento del respectivo trimeslle,
3. El ;llCumplimiento de lo dispuesto en la presente Circular, darslugar ela eplicación de las sanciones previstas en
el artrculo 39 del Decreto 3518 de 2005.
PUBUQUESE y CÚMPLASE
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Protección Sociar,
2.3.4. El Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud, "Por el
cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de Jos
Reglmenes Contributivo y Subsidiado" .
•Articulo 48. Interrupción voluntaria del embarazo. En el pos-c esUm cubiertos para la IVE el legrado o cure/aje
uterino asl como la aspiración al vaclo, conforme a le jurisprudencia vigente, en los siguientes cesas:
1. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud da la mujer, cerllficada por un
médICO
2, Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, y
3, Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso cemal o
acto sexual sin consentimienlo, abusivo o de inseminación artifICial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas. o de incesto.,
•ArtIculo 61. Acciones para la recuperación de la salud. El POSoS en el esquema de slJbsidlO pleno, incluya las
actIVidades, procedimientos e intervenciones según los niveles de cobertura y grados de compleJIdad, contenidos y
definiciones establecidas en el prosente Acuerdo y en el Anexo 2 del mismo.
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f). A/ención de los siguienles pfOCfJdimienlos quirúrgicos, segun las normas /écnicas vigentes.
[.. [
- Dilatación y tegrado para /ermmación del embarazo".
2.4. Sentencias judiciales
2.4.1. La Sentencia C-355 de 2006
"Referoncia: expadlen/es D- 6122. 6123 y 6124 Demandas
de incons/i/uciona/ided oontra los Arts. 122, 123 (parcia/),
124, modificados por e/ Art. 14 de la Lay 890 da 2004, y 32,
numeral 7, de la ley 599 de 2000 Código Penal,
Demandan/es: Mónica de/ Pilar Roa López, Pablo Jaramillo
Valencia, Mareela Abadfa Cubiflos, Juana Dávila Sáenz y
Laura Porras Sanlillana
Magis/rados POflfJn/es:
Dr. JA/ME ARAUJa RENTERfA
Dra. CLARA IN~S VARGAS HERNANDEZ
Bogotá, D. c., diez (10) de mayo da dos mil seis (2006).
La Sa/a Plena de /a C

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"Referencia. expediente 7-1489026
Acción do fufe/e interpuesta por Yolanda Pér8z Ascanio contra SALUDVIDA EPS.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CeRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D,c., nueve (9) de marzo de dos mil siete (2007).
La Sala Tercera da Revisión de la Corte Constitucional, in/egrade por los magistrados Jaime Córdoba Triviilo,
Rodrigo ESlXJbaf Gil y Marco Gerarrlo Monroy Cebra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la sigui8nte:
SENTENCIA [,.,]
RESUELVE:
Primero: DECLARAR /a cafrm(;ia actual de objeto, en el proceso da acción de tutela de la roferoncia por tratarse
de un hecho superado.
SegundO: CONFIRMAR el fa/lo proferido por el Juzgado Primero Cillll MuniCipal de Clicula en contra SALUD VIDA y
e/Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, pero exclusivemr:mte por los motivos expuestos en esta
providf:mcia.
Tercero: Por Sacro/ana Genera/llbrenSIJ las comUnicaciones previstas en el artIculo 36 del Decrsto 2591 de 1991.
Cópiese, notiffquesa, comuníquese, pubJlquese en la Gaceta de la Corte Constituclonel y cúmplase".
2.4.4. Sentencia T-988 de 2007
"Referencia: expedienle T-1S08837
Accl6n de tutela instaurada por AA a nombre propio y de su hija BB contra SALUDCOOP E. P. S.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
BogolA D,C., veinte (20) de noviembre de dos mil siete (2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas
Hemández. Mauricio GonzAlez Cuervo y Humbarto Antonio Sie"a Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencies constitucionales y legales, aspeclf¡camente les previstas en los artlculos 88 y 241 numeral 9° de la
Constitución Nacional y en los articulas 33 y siguientes del Decre/o 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCtA
[ __.]
RESUELVE;
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
SEGUNDO .• REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Vil/avicencio el dla 4 de octubra
de 2008. En su lugar, confirmar parcialmente - con base en los motivos manifestados en la presente providencia .Ia
sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicancio el dIe 26 de septiembre de 2006.
TERCERO,- ADVERTIR a la E. P. S. SALUDCOOP que debe abstenerse da elevar obstáculos da orden 'ormal
cuando se solicite la interrupción de embarazo en mujer discapacitada - con limitaciones flsicas, ps/quiC8S y
sensoriales que le imposibilitan la manifestación libre y dirscta del consentimiento -cuando ha sido v/clima de
acceso camal violento, no consentido o abusivo, ADVERTIR aSimismo que en esa eventualidad la solicitud de
interrupción del embarazo puede efectuar/a cualquiera de los padres de la mujer que se halle en esta situación u
otra persona que actue en su nombre sin requisitos formales adicionales al denuncio penal por acceso camal
violento o no consentido o abusivo.
CUARTO.- TUTELAR igualmente el derecho a la intimidad de la peticionaria y de su hija, razón por la cuel sus
nombres no podr(Jn ser divulgados, y el prasente expediente queda bajo estnda raserva. pudiendo ser consultado
únicamenfe por los directamente interesados, conforme a /o sei1alado en esta sentencia
De esta manera, SE ORDENARA a la Secre/arla de es/a Corporación asl como a los jueces de inslancie que
conocieron de este proceso para que loman les medidas adecuedas con el fin de qua guarden estricta reserva y
confidencialidad en relación con el mismo y en especial con la identidad e intimidad de la peticionaria y da su hija.
LlBRENSE por Secrstarla las comunicaciones de que trata el artIculo 36 del Decre/o 2591 de 1991, para los efectos
all1 contemplados.
Notiffquese, comunlquese. insénese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cumplase".
2.4.5. Sentencia T-209 de 2008
"Referencie: expedienfe T.1673450
AedOn de tutela interpuesta xxx contra la EPS Coomeva y el Hospital Universitario Erosmo Meoz de Cúcuta,
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Magistrada Ponente __Dra. CLARA INI:S VARGAS HERNANDEZ
Bogotá, D. c., veintiocho (28) de febrBro de dos mil ocho (2008)
La Sala Novena de Revisión da la Cone Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas
Hemandez, Jaime Arauja Renlerfa y Manuel JOsé Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus compe/enc;;jes
constitucionales y lega/es, en particular las provistas en Jos artrculos 86 y 241, numsrB/9. de la Conslilución y en el
Dacls/o 2591 de 1991, profiero la siguiente
SENTENCIA
t..-]
RESUELVE:
Prlmero.- REVOCAR la sen/ofICia proferida el veinte de abril de 2007 por el Juzgado SegundO Laboral del Circuito
de Cúcula. por medio de la cual se negó el amparo da los derechos fundamenlales invocados por /a seílara IC)()Ien
ropr8senlación de la menor, asl como la sentencia proferida el siete de mayo de 2007 por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcula, por medio de la cual se confirmó la deciSión de primera instarlCia
Segundo,- Condenar en abstracto a Caomeva EPS, y solidariamente a las IPS de su red, ya los profesioneles de
la salud que alendieron el C8SOy no obraron de cenformidad con sus obligaciones, a pagar los perjuicios causados
a la menor, por la violación de sus derechos fundamentales.
La liquidación de le misma se hará por el juez del circuito administrativo de Cúcula -repat1o-, por el lrámite
incidfmtal, el qU6 deberá iniciarse dentro de los diaz (10) dlas siguientes al recibo de la cemunicación respecliva, y
deberá ser decidido en el término da los seis (6) meses siguienles, para lo cual, la Secretaria Generel de esta
corporación remilira inmediatamente copias de toda la actuaCión surtida en esta tutela a la Oficina Judicial
respectiva. E/ juez del circuito adminislratlvo a quien corrosponda fallar el presenle IIlcidenle, romilirá copia de la
decisión dIJ fondo a asl6 Despacho.
Una vez liquidada la cendena, COOMEVA EPS deben} proceder al pago lo/al da la obligación, y posteriormente, de
conformidad cen las reglas de la solidaridad, podrá ropetir centra las IPS de su red y los médicos vinculados a las
mismas qua atendieron el caso y nagaron al procedimiento de /VE. El juez del circuito administrativo a quien
corresponda failar el presente inciden/e, romltirá copia de la decisión de fondo a este Despacho.
Tercero.- La Secretar/a General de esta corporación comunicará inmadiatamante lo aqul rasuello a la acclonante y
e la Dafensor/a del Pueblo para que haga el acompaflamiento an el respectivo incidente de reparación de perjuicios
a favor de la menor.
Cuarto." Disponer que la Procuradur/a General de la Nación vigile el tramite del incideTlle de regulación de
perjuicios dispuesto en el numeral segundo, para Jo cual, la Secretaria General de esta corporación remitira copia
de es/e providellCia y de lo actuado en esta lulela.
Qulnlo,_ Comunicar a la SUPerintendencia de Salud lo agur resuallo, para gue en eierciefo de sus competencias,
inves/iQuen y si es del caso sanCionen las posibles faltas en gue se DUdo incurrir en este caso por Coomeva EPS v
les IPS dg su red asl como el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, entidad pública, D9r el incumplmiento
dg las gisposiciones provistas en el Degeto 4444 de 2007. Iguaimente para que tomen las determinaciones
administrativas necesarias a fin de que se cumpla en /odo al territorio nacional lo dispuasto en la sen/eacia C.355
de 2005 yen el citado decre/o. La Secretªria de es/a comorayíón compulsara las copias respectivas.
Sex/o.- Comunicar a la Dirección Nacional del Sistema de Salud del Ministerio de la Protección Social lo aqul
decidido, para que en ejercicio de sus competencias, inves/igue y si as del caso sanciona, las posibles faltas en que
se pudo incurrir en este caso por Coomeva EPS y las IPS de su red, asl cerno el Hospital Universilario Erasmo
Meoz de Cúcuta, entided pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007.
Igualmante, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el
terrilorlo nacional lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 y en al Citado decreto. La Secretaria de esta
cetporación compulsará las copias raspectivas.
Séptimo." Comunicar a la Procuraduria General ga la Nación lo auul resuello, a fin de gue vigile gUE!la Direcci6n
Necional del Sistema de Salud del M.nistarlo da la Proteg:i6n Social y la Superintendencia Nacional de Salud
'vmplen con lo dis@esto gn los numeralas Quinto y sexto de es/a orovidaocia, y también vigile gue cualquiera otra
entidad gel sector descentralizado cumpla con lo provisto en el DecrofO 4444 de 2005. La SecretarIa General de
esta corporación /a remitirá copi!,!de todo lo actuado.
Octavo ,. Comunicar al Tribunal Nacional de ~tica Médica lo aqul resueilo, para lo cual la Secretar/a Gefleral de
esta corporación enviara copia de esta providancia
Noveno." Ordenar a la Secretaria General de esta corporaci6n, expida ropias de esta providencia y da lodo el
expediente da tutela, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander -Sala Disciplinaria-,
a fin de que investigue las posibles faltas diSCIplinarias an que pudIeron incurrir los jueces de instancia que actuaron
en esta tutela. Iguales copies remitirá a la Fisca/la General de la Nación para que investiguen la ronducta de los
funcionarios que fallaron en primera y segunda Instancia esla tutela. También se fIlmitirá copia de todo lo ac/uedo
con destino a la Procuradurla General de la Nación pera qua vigile el trámite da éstas actuaciones.
Décimo,- La SuparinlgnQaocia Nacional de Salud y 18 Dirección Nacional del Sistema de Salud del Ministerio da 18
Protección Social rendirán informe 8 este Despacho en el IémlinQ de los dos (21 meses siguientes 8 la
comunicación de esta Drovidencia sobre las actuaciones realizadas o{lfa el cumpfmiento de la presentg sen/encia.
Decimoprlmero." Lavantar la suspensión dei presente proceso.
Decimosegundo.- LlSRESE por secretaria la comunicación prevista en el srllculo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Nolifiquesa, comunlquese, pubJlquese en la Gacela de la Corte COflslilucional y cúmplase",
2.4.6. Sentencia T-946 de 2008
"Referencia: expediente T-1927682
Magistmdo
Ponenta
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Dr, Jaime Córdoba Tlivif'¡o
Bogotá, D.G., dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008).
Le Sala Tercera de Revisión de la C

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RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de/término decretada pera decid/rel presente asunto,
SEGUNDO.- CONFIRMAR. con fundamento en las consideraciones expuestas y desarrolladas en la prT:Isente
p!ovidencía, la sentencia emitida el dJa 8 da septiembre de 2006 por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de
Santa Marta /a cual rovocó en lodas sus partes el fallo de luleJa am/lido por el B qua y concedió el ampero de /os
derncllos consti/ucionales fundamenta/es 8 la dignidad humana, al libra desarrollo de la personalidad y a la salud efl
conexión con la vida de la ciudadana AA
TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de /a Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional. 8 la
Procuradurfa General de la Nación y a la Defensor/a del Pueblo para que de manera pronta, constan/e e insistente
dise/len y pongan en movimiento campaflas masivas de promoción de los derechos sexuaies y reproduclivos que
contribuyan a esegurar a les mujeres en todo el terrilorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derochos y, en
tal sentido. el conOCimIento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 asl como lo desarrollado en la presente
proVIdencia y URGIR a estas mismas entidades pBra que hagBn el debido seguimiento de /ales campafl8s con el
objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia Que las campaflas se enfoquen a transmitir información
completa sobre la materia en términos sencmos, e/Bros y suficientemente ilustrativos,
CUARTO.- ORDENAR a la Superintendencia Nacional cm Salud para gue de manera oronta adopte las medidas
indispensables con el fin de gue las EPS e IPS - independienlamen/e de si son plibrcas o privadas, laictls o
r;onfesiQnales - cuenten C9!!las oersonas profesionales dala medicina as! CQmoel personal idóneo y suficiente para
atender e/ servicio de interrupción voluntaria del embarazo baio los supuestos previslos en la sentencia C-355 de
2006 psi como se abstengan de incurrir en exigencias ¿¡dicionales inadmisibles _ como las enumeradas por la Sala
en el fundamento luridico numero 8 de la presente sentencia y bcio en/era Qbservanciu de las exiaencias
determinaOOs en el fundamento jurtdico 31 da la misma, Lo anr9rlor debers suceder en todos los niveles territoriales
con estricta consideración de los postulados de referencia y contrarreferencia aseaurando
L
de estamanera Que
gentro de las rades pUblicas da prestagoras del servicio de salud en los niveles deWr/am@jal d.slrital y munici;al
se garantice el servicio de interrupCión volun/Ma del embwazo bajo las hipótesis establecidas en tisentencia c:
355 de 2006.
QUfNTo'- COMUNICAR la presente deciSión e la Superintendencia Nacional de SaLud'Ül DefenJiijr del Pueblo yal
Procurador para que dentro de la órbita de sus competencias, hagan seguimiento del e mpfmien o de la p&sente
sentencia e informen del mismo dentro deltérminQ de tres £3/ meses ala Corte ConstJt!JCional.
SEXTD,- LlsRENSE por Secretaria lBS comunicaciones de qua trata el ar1fculo 36 del Decreto 259 I de 1991, para
los efectos allf collfemplados.
Asi mismo, ORDENAR a la Secretaria de esta Corporación asi como a los jueces de instancia que conocieron de
esle proceso para que tomen las medidas adecuadas (Xln el fin de que guarden estricta reseNa y confidencialidad
en relación con el mismo y en especial con la identidad e intimidad de la peticionaria y de su esposo.
Notifiquese, comuníquese. insértese en la Gacela de la Corte Constitucional y cumplase" (Subrayas fuera del lexto).
Como puede apreciarse ninguna de las de las normas constitucionales o legales
invocadas por la Superintendencia Nacional de Salud en los actos demandados,
asi como ninguno de los actos administrativos o sentencias judiciales
referenciados con el mismo propósito, autoriza o legitima a esa entidad para
imponer, por vía de circulares, obligaciones a todas las Entidades Promotoras de
Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del pals, ni
para restringir o reglamentar derechos fundamentales, que es de [o que le acusa
la institución accionante, Por el contrario:
(i) El articulo 48 Superior señala expresamente que la seguridad social en salud se
prestará "en los ténninos que establezca .Ia ley", mientras el artículo 189
constitucional ni siquiera se refiere al Superintendente Nacional de Salud sino a
las competencias del Presidente de la República, y su numeral 22 es relativo a la
"inspección y vigilancia de los servicios públicos" y no a su reglamentación;
(ii) Los articulas 230 y 233 de la Ley 100 de 1993 autorizan a la Superintendencia
Nacional de Salud para imponer multas, "previa solicitud de explicaciones", por la
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violación de lo dispuesto en los articulas 161, 168, 178, 182, 183, 188,204,210,
225 Y 227 de la misma Ley, y estas normas establecen que la Superintendencia
tiene únicamente funciones de "inspección, control y vigilancia" respecto de las
EPS, y señalan que esta entidad es la "encargada de resolver administrativamente
fas diferencias que se presenten en materia de preexistencias en el sector salud'.
De otro lado, las disposiciones pertinentes de la Ley 1122 de 2007 establecen que
la Superintendencia puede suspender, en forma cautelar y a solicitud del
Ministerio Público, los recursos públicos de las entidades del sector salud e
imponer las sanciones "establecidas en la ley"; y puede delegar a las entid,ades
territoriales la autorización de los traslados de los usuarios. Se reitera que esta
entidad tiene funciones de inspección, vigilancia y control -entre las que no se
incluye imponer la prestación obligatoria de determinados servicios o la restricción
o reglamentación de derechos fundamentales-, definiendo y precisando cada una
de estas funciones, estableciendo como base siete (7) ejes especificas para el
desarrollo de estas funciones y fijando los objetivos de las mismas, algunos de los
cuales son "[v]igilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General
de Seguridad Social en Salud' y "[v]elar porque la prestación de los servicios de
salud se realice sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los
profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de salud'. La mima ley
faculta a la Superintendencia para actuar como conciliadora; establecer
específicamente las funciones que esta entidad debe realizar dentro del Sistema
de Inspección, Vigilancia y Control, las cuales debe desarrollar siempre "en el
ámbito de su competencia" y de conformidad con "las disposiciones legales"
pertinentes; otorga a [a Superintendencia determinadas funciones jurisdiccionales,
entre las que se encuentran establecer [a 'lc)oberlura de los procedimientos,
actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud' pero únicamente en los
casos en que "su negativa por parle de las entidades promotoras de salud o
entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario"
(subrayas fuera del texto), y funciones que, en todo caso, únicamente puede
ejercer "a petición de parte" y que no cobijan asuntos "que por virtud de las
disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo
o acciones de carácter penal'.
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(iij) El Decreto 1018 de 2007 también señala que "[~a Superintendencia Nacional
de Salud, como cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico
adscrita al Ministerio de la Protección Social' y le tija nueve (9) objetivos
especificos entre los que reitera que se encuentran "[v]igi/ar el cumplimiento de las
nonmas que regulan el Sistema General de Seguridad
Social en Salucl' y "[vJelar
porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de presión
o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y fas instituciones
prestadoras de salud'; establece expresamente cuarenta y cinco (45) funciones de
la Superintendencia Nacional de Salud, entre las que se encuentran "[eliereer fa
inspección, vigilancia y control de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, en relación con el cumplimiento de las normas técnicas, científicas,
administrativas V financieras de! Sector Salud y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud"; 1,rJealizar, de acuerdo con la normatividad vigente, la inspección,
vigilancia y control de la prestación de los servicios de salud acorde a los
diferentes planes de beneficios, planes adicionales de salud contemplados en las
normas que regulan el Sistema General de Segun"dad Social en Salud y las
actividades en salud derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad
profesiona"; '1I1mponer a las instituciones respecto de las cuales tenga funciones
de inspección y vigilancia, a los administradores, empleados y revisor fiscal de las
mismas, previa solicitud de explicaciones sanciones y multas en los términos
establecidos en las Leyes 100 de 1993, 643 de 2001, 715 de 2001, 828 de 2003,
1122 de 2007 V las demás que las modifiquen o adicionen"; "[a}delantar acciones
de inspección, vigilancia y control para que las instituciones aseguradoras y
prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud adopten y apliquen
un código de conducta y de buen gobierno que oriente la prestación de los
servicios a su cargo en el marco de un sistema en competencia y que asegure la
realización de los fines en los términos y plazos establecidos en la ley" y "[I]as
demás que le asigne la ley y las que le delegue el Presidente de la República"; y
establece 42 funciones especificas del Superintendente Nacional de Salud, entre
las que se incluyen "[e)stablecer la información que deben presentar los sujetos de
inspección, vigilancia y control a la Superintendencia Nacional de Salucl', "[e]mitir
órdenes de inmediato cumplimiento necesarias para que suspendan prácticas
ilegales o no autorizadas, adopten las correspondientes medidas correctivas y de
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saneamiento" y "[~as demás que las disposiciones legales y reglamentarias le
asignen" (subrayas fuera del texto), pero dentro de las que no se incluyen imponer
a las EPS e IPS la prestación de determinados servicios ni la reglamentación o
restricción de sus derechos fundamentales.
Mientras que la Resolución 4905 de 2006, a través de la cual se "adopta
la
Norma Técnica para la atención de la IntefTupción Voluntaria del Embarazo _
IVE - [... 1", dando cumplimiento asi a lo dispuesto en el articulo 3" del Decreto
4444 de 2006, explícitamente señala que sus disposiciones se "aplican, en lo
pertinente, a las Entidades Promotoras de Salud, fas Administradoras del
Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina
Prepagada, a las Entidades Departamentales, Distrilales y Municipales de
Salud, las entidades responsables de los reglmenes de excepción de que tratan
el articulo 279 de la ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, ya los Prestadores
de Servicios de Salud", excluyendo así a la Superintendencia Nacional de
Salud. De otra parte la Circular 0031 de 2007 del Ministerio de la Protección
Social, relativa a la "INFORMACiÓN SOBRE LA PROVISiÓN DE SERVICIOS
SEGUROS DE INTERRUPCiÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, NO
CONSTITUTIVA DEL DELITO DE ABORTO", como señala el demandante,
textualmente indica que se produce como "cumplimiento de lo dispuesto en la
Sentencia C-355 de 2006 y de contonnidad con lo establecido en el Decreto
4444 de 2006 y la Resolución 4905 del mismo año" y en todo caso esta dirigida
directa y exclusivamente a los "DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y
DISTRITALES DE SALUD, GERENTES DE ENTIDADES PROMOTORAS DE
SALUD", pero no a la Superintendencia o al Superintendente Nacional de
Salud.
Por su parte, los articulas 48 y 61 del Acuerdo 008 de 2009, "Por
el cual se
aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado", incluyen en los regímenes contributivo y
subsidiado del Plan Obligatorio de Salud la "interrupción voluntaria del embarazo"
y la "dilatación y legrado para tenninación del embarazo", citando como
fundamentos para ello "la jurisprudencia vigente" y "las normas técnicas vigentes",
más no le imponen obligación no le conceden, facultad alguna a la
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Superintendencia Nacional de Salud ni le facultan para reglamentar o restringir
derecho fundamental alguno, y mucho menos el derecho fundamental a la
objeción de conciencia.
En el mismo sentido se resalta que la Circular 0031 de 2007 del Ministerio de la
Protección Social, está dirigida a los directores departamentales y distritales de
salud, así como a los gerentes de entidades promotoras de salud, y no a la
Superintendencia Nacional de Salud, y por medio de la misma se dictan algunas
"instrucciones de obligatorio cumplimiento" respecto de la "INFORMACtÓN
SOBRE LA PROVISiÓN DE SERVICIOS SEGUROS DE INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, NO CONSTITUTIVA DEL DELITO DE
ABORTO", cuyo fundamento es "lo establecido en el Decreto 4444 de 2006 y la
Resolución 4905 del mismo año" y, más especificamente, lo dispuesto en los
artículos 1°, 2°, 3° Y 5° del mencionado Decreto, actualmente suspendido, y en el
articulo 6" de su Norma Técnica, la Resolución 004905 de 2006.
(iv) En lo que se refiere a las diferentes sentencias de la Corte Constitucional
mencionadas en los actos demandados, valga precisar, en primer Jugar, que tal
y como se dispone en el articulo 241 constitucional (numerales 4 y 9), la Corte
Constitucional tiene competencia para pronunciarse, por virtud de la acción de
constitucionalidad, sobre son las leyes, "tanto por su contenido material como
por vicios de procedimiento en su formación", no sobre los actos administrativos
o las actuaciones de ninguna autoridad pública o de ningún particular; y, por
virtud de la revisión de las sentencias de tutela, sobre "los derechos
constitucionales" pero "en la forma en que determine la ley'.
Mientras que en los Decretos 2067 y 2591 de 1991, en donde se dicta "el
régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucionaf' y "se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
articulo 86 de la Consfitución Poli/ica", respectivamente se señala que "[~a
doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional,
mientras no sea modificada por ésta, sera criterio auxiliar para las autoridades y
corrige la jurisprudencia" (Articulo 23) y que "[~a acción de tutela procede contra
toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o
amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley'
(Articulo 5") y que "[~as sentencias en que se revise una decisión de tutela solo
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suriirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas
inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual
notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones
necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta" (Decreto 2591 de
1991, Articulo 36). La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por su
parte, reitera que ulas Sentencias de la Corte Constitucional dictadas como
resultado del examen de las normas legales, ya sea por via de acción, de
revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de
constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga
orones en su parte resoluUva" y que U[~as decisiones judiciales adoptadas en
ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligato,;o únicamente para las
partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los
jueces" (Articulo 48).
Hechas estas precisiones generales, se tiene que. en,la Sentencia C-355 de
2006 -que, como en cualquier otra sentencia de constitucionalidad, se hace un
juicio de constitucionalidad en abstracto, que consiste en la comparación entre
una norma legal y una norma constitucional, y no se dictan órdenes a ninguna
autoridad o particular en específico- la Saja Plena simplemente concluyó, en
su parte resolutiva, que uno se incurre en el delito de aborto" en determinados
casos, y en la respectiva parte motiva simplemente señaló que para el
cumplimiento de esa decisión no era necesaria una reglamentación aunque, "el
regulador en el ámbito de la seguridad social en salud, en cumplimiento de sus
deberes y dentro de la órbita de su competencia, [podria adoptar] decisiones
respetuosas de los derechos constitucionales de las mujeres, como por
ejemplo, aquellas encaminadas a regular su goce efectivo en condiciones de
igualdad y seguridad dentro del sistema de seguridad social en salud, y si lo
considera conveniente expida normas que fijen políticas públicas que permita el
goce de los derechos protegidos en la Sentencia", lo que de ninguna manera
equivale a dictarle una orden a la Superintendencia Nacional de Salud o
imponerle un mandato específico para que ésta promulgue actos como los aquí
acusados.
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En cuanto a las otras sentencias se refiere, se anota que en la Sentencia T-171
de 2007 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional no dictó orden
alguna a la Superintendencia Nacional de Salud y, de hecho, únicamente se
declaró la "carencia actual de objeto"; en la Sentencia T.988 de 2007 tampoco
se dictó algún mandato a esta entidad (pues la misma esta tampoco hizo parte
de ese proceso de tutela) sino que simplemente revocó la decisión de segunda
instancia y se revocó la de primera, haciendo a la E.P.S. demandada una serie
de advertencias;
en la Sentencia T.209 de 2008, la Sala Séptima de Revisión
se resolvió otra proceso de tutela del que la Superintendencia Nacional de
Salud tampoco hizo parte, pero en donde resolvió comunicarle Jo decidido para
que investi9ara a la parte contra la que allí se falló "por el incumplimiento de las
disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 200[6]", vigilar el cumplimiento de
ese Decreto -que, como recuerda el demandante, se encuentra suspendido
desde el 15 de octubre de 2009 por decisión de esta misma Sala-
y rendir a
esa Sala de Revisión un informe bimensual sobre esto; y en la Sentencia T -946
de 2008, la Sala Tercera de Revisión también comunicó lo decidido a la
Superintendencia Nacional de Salud, que no hizo parte del respectivo proceso,
para que investigue a la parte allí demandada "por el incumplimiento de las
disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2006".
Finalmente, únicamente en la Sentencia T-388 de 2009 se advierte que la Corte
Constitucional, y específicamente la Sala Octava de Revisión, efectivamente le
dictó una orden a la Superintendencia Nacional de Salud (sin que esta hiciera
parte del respectivo proceso), como fue "que de manera pronta adopte las
medidas indispensables con el fin de que las EPS e IPS - independientemente
de si son públicas o privadas, laicas o confesionales - cuenten con las personas
profesionales de la medicina así como el personal idóneo y suficiente para
atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo los supuestos
previstos en la sentencia C-355 de 2006 así como se abstengan de incurrir en
exigencias adiciona/es inadmisibles - como las enumeradas por la Sala en el
fundamento jurídico número 8 de la presente sentencia y bajo entera
observancia de las exigencias determinadas en el fundamento juridico 31 de /a
misma. Lo anterior deberá suceder en todos los niveles territoriales con estricta
consideración de los postulados de referencia y contrarreferencia asegurando.
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de esta manera, que dentro de las redes públicas de prestadores del servicio de
salud en los niveles departamental, distrital y municipal se garantice el servicio
de interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis establecidas en la
sentencia C-355 de 2006" (Resuelve Cuarto), además de ordenarle vigilar el
cumplimiento de lo allí decidido e informar de ello a la Corte, periódicamente.
Sin embargo, como lo sostiene el demandante y podrá constatarlo esta misma
Sección, la Sentencia T-388 de 2009 no sólo se profirió en vigencia del hoy
suspendido Decreto 4444 de 2006, sino que el mismo fue objeto de su parte
considerativa ("4.2. Regulaciones efectuadas por el decreto reglamentario 4444 de
2006") y es, por tanto, uno de los fundamentos de lo concluido en la respectiva
providencia. Tan es así que, como también lo afirma el demandante, por medio del
Auto 283 de 2010, al denegar la solicitud de nulidad interpuesta por el Procurador
General de la Nación contra esta Sentencia, la misma Sala Plena de la Corte
Constitucional reconoció que la eficacia del "cumplimiento de algunas de las
órdenes proferidas en [esta] sentencia de tuteta, [... ] puede verse afectada por ta
suspensión de que fue objeto et decreto 4444 de 2006".
En razón de todo lo anterior, resulta pertinente reiterar lo afirmado por este mismo
Despacho en [os alegatos de conclusión rendidos el pasado 27 de agosto dentro
del proceso que actualmente se sigue por esta misma Sección contra el Decreto
4444 de 2006 (Radicado 11001032400020080025600), en el sentido de señalar
que ninguna de las normas aducidas como fundamento de los actos
administrativos demandados, esta vez proferidos por la Superintendencia Nacional
de Salud, le asigna a esta entidad "la competencia para reglamentar servicios de
salud y mucho menos para, específicamente, reglamentar el denominado 'servicio
de interrupción voluntaria del embarazo' e imponer respecto del mismo un régimen
sanciona torio y una serie de limitaciones al derecho fundamental a la liberlad de
conciencia (una de cuyas expresiones es, como lo ha reconocido la Corte
Constitucional en ta Sentencia C-738 de 2009, el derecho fundamentat a ta
objeción de conciencia); derecho, éste último, que como expresamente lo dispone
el arlículo 85 constitucional, es uno de los derechos de 'aplicación inmed;ala' y
que según lo dispuesto en el arlículo 150.23 Superior, como incluso lo reconocen
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36
algunos de los impugnanfes, en fodo caso debe reglamentarse 'por el legislador a
través de una ley estatutarja~'.
Por el contrario, como expresamente se dispone en las normas citadas, es claro
que las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud son, esencialmente,
funciones de vigilancia y control, y que al igual que la potestad reglamentaria que
constitucionalmente tiene el Presidente de la República (que fue quién profirió el
hoy suspendido Decreto 4444 de 2006) para expedir decretos y resoluciones, en
su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa, tiene como fin lograr la cumplida ejecución de las leyes -por lo
"que es presupuesto sine qua non para que se pueda hacer uso de tal facultad, la
existencia de una LEY que requiere ser desarrollada en virtud del reglamento"
como lo concluyó esta misma Sección al suspender Decreto 4444 de 2006.
Por las razones anteriores, prima racie esta Procuraduría Delegad advierte que el
actor tiene razón al señalar que las normas aducidas como fundamento de los
actos administrativos demandados no son fundamentos auténticos o suficientes,
pues a partir de las mismas no es posible concluir que la Superintendencia
Nacional de Salud tenga la facultad para reglamentar el llamado "servicio de
interrupción voluntaria del embarazo" -estableciendo que el mismo de obligatoria
prestación y que su no prestación puede ser fuente de sanciones
administrativas-, como de hecho esta misma Sección ya lo concluyó, al señalar
que no tiene tal atribución ni siquiera el Gobierno Nacional, hasta tanto exista Ley
que reglamente esta materia, es decir, mientras el Legislador no reglamente (si es
que lo encuentra necesario y pertinente) los casos en que la práctica del aborto no
constituye delifo de conformidad con lo establecido de la Sentencia C-355 de
2006.
En segundo lugar, el Ministerio Público advierte que a la luz de las normas
aducidas como fundamentos de las Circulares demandadas, no puede afirmarse
que la Superintendencia Nacional de Salud pueda reglamentar o restringir el
derecho fundamental a la objeción de conciencia -estableciendo, por ejemplo,
que no tienen este derecho las personas jurídicas sino únicamente las personas
naturales-, pues efectivamente la reglamentación de los derechos
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•
•
37
fundamentales, como bien recuerda el demandante, tiene reserva de Ley
Estatutaria.
Finalmente, este Despacho también comparte con la entidad accionanle que la
Superintendencia de Salud le dio, tanto a las normas constitucionales, como a las
normas legales y las sentencias invocadas como fundamento de sus actos
administrativos, un alcance que éstas no tienen ni pueden tener. En efecto, fueron
invocadas normas constitucionales que no son relativas a la Superintendencia
Nacional de Salud; normas constitucionales y legales que le asignan funciones de
vigilancia y control de la Superintendencia que, en todo caso, están sometidas a la
Ley o buscan asegurar su cumplimiento y el de las demás normas técnicas,
cientificas, administrativas y financieras del Sector Salud y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud; actos administrativos que no le imponen obligaciones
ni le conceden competencias a la Superintendencia Nacional de Salud y/o que
están suspendidos, o respecto de los cuales sin lugar a dudas se ha producido el
fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria pues se encuentran fundamentados o
dan cumplimiento al suspendido Decreto 4444 de 2006; así como sentencias de
constitucionalidad que no imponen obligaciones especificas y cuyas partes
resolutivas en todo caso no obligan o facultan a la Superintendencia Nacional de
Salud a proferir actos administrativos como los demandados; y sentencias de
revisión de tutela en virtud de procesos en donde la citada Superintendencia no
fue parte, en donde no se le dictan órdenes, que no resultan en absoluto
pertinentes o que, como sucede particularmente en la Sentencia T-388 de 2009,
dictan órdenes a la Superintendencia Nacional de la Salud pero con fundamento
en el mismo Decreto suspendido ya citado.
Estos y otros puntos serán explicados más detenidamente a continuación.
De los Cargos
1.- Falta de competencia de la Superintendencia Nacional de Salud para
reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo
La Circular Externa 0058 del 27 de noviembre de 2009, suscrita por el
Superintendente Nacional de Salud, está dirigida a las Entidades Administradoras
37

38 ,
.'
de Planes de Beneficios y tiene por objeto hacer algunas adiciones,
modificaciones y exclusiones a la Circular Única 47 de 2007. De manera más
específica, el Capitulo VIII del Titulo I de la Circular 0058 agrega un nuevo inciso
al subtítulo "cumplimiento de sentencias" en donde se reproduce la parte
resolutiva de la Sentencia C-355 de 2006 y lo ordenado a la Superintendencia
Nacional de Salud en la Sentencia T-388 de 2009 para luego afirmar que, "en
cumplimiento de lo ordenado en Sentencia T-388 de 2009 y dentro de la órbita de
[las] competencias" de la Superintendencia Nacional de Salud, "por el respeto,
protección y satisfacción de los derechos constitucionales y fundamentales de las
mujeres, protegidos por la citada Sentencia, a fin de permítir su goce efectivo en
condiciones de igualdad, seguridad, oportunidad y calidad, eüminando las barreras
que impidan el acceso a los servicios de salud de interrupción voluntaria del
embarazo, en los casos y condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de
2006", resultan procedentes seis umedidas u específicas, como son:
(i) Instar a todas las IPS, sin excepción, para "que tengan habilitado el servicio de
Ginecologfa" y ser'lalarles que están en el deber de contar "con las personas profesionales
de la medicina, asl como con el personal idóneo y suficiente para atender el servicio de
interrupción voluntaria del embarazo bajo los supuestos previstos en /a Sentencia C-355 de
2006';
(ii) Señalar que, "en cumplimiento de lo ordenado en el fallo supra citado' (sin que se
precise especfficamente si se trata de la Sentencia C-355 de 2006 o de la Sentencia T-388
de 2009), todas las EPS, 'bien sean del régimen contributivo o subsidiado, e
independientemente de si son laicas o confesionales', deben tener dentro de su red IPS
que "tengan debidamente habilitado el servicio de Gineco/ogfa [... ) de tal manera que se
garantice el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis establecidas
en la Sentencia C-355 de 2006':
(iii) Señalar, que "(dJentro de los postulados del sistema de referencia y contrarreferencia,
todas fas EPS e IPS' todas las EPS e IPS, también sin excepción, deben "garantizar el
servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis establecidas en la
Sentencia C-355 de 2000;
(iv) Prohibir o señalar que le está prohibido "a las EPS e IPS, públicas o privadas, laicas o
confesionales, integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sentar
objeción de conciencia institucionar;
(v) Prohibir o señalar que también
le está prohibido a todas las EPS e IPS, sin excepción,
"imponer obstáculos o exigir mayores requisitos a los requeridos para la interrupción
38

39
•
voluntaria del embarazo bajo las hipótesis establecidas en la Sentencia C-355 de 2006"; y
finalmente,
(vi) Informar que la "Superintendencia hará seguimiento del cumplimiento de las presentes
instrucciones a las EPS e IPS, e informará de ello a la honorable Corte Constitucionar.
Por su parte, la Circular Externa 03 de 2011, también suscrita por el
Superintendente Nacional de Salud, está dirigida a "[~os prestadores de servicios
de salud, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo, las
entidades promotoras de salud del régimen subsidiado, los regímenes especia/es
o excepcionales, las entidades administradoras de planes voluntarios de salud y
las entidades territoriales", y tuvo por objeto dar "[c]umplimiento [a] las directrices
de las Sentencias C-355 de 200By T-388 de 2009 de la Corle Constltucionaf'. De
manera más específica, como "marco normativo constitucional y legar la Circular
hace referencia, como aqui ya se ha dicho, a los articulas 48 y 189, numeral 22,
constitucionales; a la Leyes 100 de 1993,1122 de 2007; a los Decreto 1018 de
2007 y 4444 de 2006; a las Sentencias C-355 y C-366 de 2006, T-171 Y T-988 de
2007, T-209 Y T-946 de 2008 y T-388 de 2009; al Acuerdo 008 de 2009 de la
CRES; a la Resolución 4905 de 2006; y la Circular 0031 de 2007. Lo anterior, con
el fin de dictar once instrucciones especificas, además de advertir que "[~a
inobservancia e incumplimiento de las instrucciones consignadas en la [misma)
Circular acarrearán la imposiCión de sanciones, tanto a titulo personal como
institucional, que las nonnas detenninan dentro de las competencias de la
Supenhtendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las responsabilidades
disciplinarias, penales o civiles que ellas conlleven y las sanciones que puedan
imponer otras autoridades administrativas", De manera resumida las citadas
instrucciones son:
(i) Informar a "los Prestadores de Servicios de Salud, EPS, EPS-S, Regimenes Especiales
o Excepcionales, Entidades Adminisfradoras de Planes Voluntarios de Salud y las
Entidades Territoriales que no pueden colocar barreras de acceso para la realización del
procedimiento Interrupción Voluntaria del Embarazo en todos los grados de complejidad de
la gestante" y señalar algunos ejemplos de este lipa de barreras;
(ii) Señalar que "[~os Prestadores de Servicios de Salud, EPS, EPS-S, Reg/menes
Especiales o Excepcionales, Entidades Administradoras de Planes Voluntarios de Salud y
las Entidades Territoriales, sean laicos o confesionales - deben contar con las personas
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profesionales de la medicina, as' como el personal idóneo y suficiente para atender el
servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo fos supuestos previstos en la
Sentencia C-355 de 2006, absleniendose de incurrir en exigencias adicionales y bajo
entera observancia de las exigencias determinadas en el fundamento juridico de la citada
providencia";
(¡ji) Señalar que .[~os Prestadores de Servicios de Salud, EPS, EPS-S, Reglmenes
Especiales o Excepcionales, Entidades Administradoras de Planes Voluntarios de Salud y
las Entidades Territoriales, deben tener un Sistema de Referencia y Contrarreferencia que
asegure la realización del procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que
dentro de las redes públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles
departamental, distrital y municipal se garantice el servicio de interrupción voluntaria del
embarazo bajo las hipótesis establecidas en la Sentencia C-355 de 2005';
(iv) Exhortar "a los Prestadores de Servicios de Salud públicos o privados, laicos o
confesionales, que tengan habilitado el servicio de Obstetricia, dar cumplimiento a lo
ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C355 de 2006, para lo cual deberán
contar con profesionales de la medicina, asl como con el personal idóneo y suficiente para
atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo Jos supuestos previstos en
la citada providencia, y en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 008 del 29 de
diciembre de 2009, dando aplicación al Anexo Técnico número 2";
(v) Advertir que "(o']e acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
355 de 2006 [... ]la objeción de conciencia se predica respecto a las personas naturales
(profesionales de la salud) y su convicción de carácter religioso debidamente
fundamentada";
(vi) Establecer que "[e]n caso de que se alegue la objeción de conciencia por un médico, se
debe poner en conocimiento dicha circunstancia ante los Prestadores de Servicios de
Salud, EPS, EPSS, Reglmenes Especiales o Excepcionales, Entidades Administradoras de
Planes Voluntarios de Salud o Entidades Territoriales, de las cuales es afiliada o usuaria la
mujer embarazada, quienes deberán proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se
encuentre en las hipótesis previstas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de
2006, a otro profesional de la medicina que lleve a cabo el aborto, sin perjuicio de que
posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y/o pertinente,
utilizando los mecanismos establecidos por la profesión médica";
(vii) Señalar que "I~aobjeción de conciencia no se predica respecto a las personas
jurldicas, esto es, Prestadores de Servicios de Salud, EPS, EPS~S, Reglmenes Especiales
o Excepcionales, Entidades Administradoras de Planes Voluntarios de Salud o Entidades
Territoriales, de la cual es afiliada o usuaria la mujer embarazada";
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•
•
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(viii) Establecer que "[1]05 Prestadores de Servicios de Salud, EPS, EPS-S, Regfmenes
Especiales o Excepcionales, Entidades Administradoras de Planes Voluntarios de Salud y
las Entidades Territoriales de la cual es afiliada o usuaria la mujer embarazada, se
encuentran obligadas a; • Proteger la confidencialidad de las mujeres que acceden al
servicio y asegurar la guarda estricta del Secreto Profesional Médico .• Asegurar el acceso
al servicio, cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad social que lenga la mujer
y con independencia de su condición social, económica, de edad o capacidad de pago";
(ix) Establecer que ~[I]as EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado, los
Reglmenes Especiales o Excepcionales, las Entidades Administradoras de Planes
Voluntarios de Salud y las Entidades Territoriales, deberán enviar a fa Superintendencia
Delegada para la Atención en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, una
relación de la red prestadora de servicios que brindará a las usuarias, la INTERRUPCiÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, en los eventos que contempla la Sentencia C-355 de
2006, la cual a su vez, se remitirá a la Corte Constitucional 1... Que lal relación de la red
prestadora de servicios de salud, deberá remitirse dentro del término comprendido entre la
publicación de la presente Circular en el Diario Oficial, hasta el dla 29 de octubre de 2011,
con los siguientes [fems: • La de red de prestadores habilitados que prestan el servicio de
IVE. • El personal médico con que cuenta fa entidad y que está dispuesto a prestar el
servicio .• El número de solicitudes que han recibido a partir de la vigencia de la Sentencia
C-355 de 2006 a la fecha .• El número de procedimientos IVE que se han autorizado y
realizado, por fas tres causales contempladas en la citada sentencia fY que la} anterior
información será el insumo para que la Superintendencia Nacional de Salud realice sus
funciones de inspección, control y vigilancia con relación a las instrucciones que se
imparten mediante el presente acto administrativo";
(x) Sef'ialar que "[e]n concordancia con lo señalado en el artrculo 176 numeral 4 y el
articulo 43 de la Ley 715 de 2001, las ENTIDADES TERRITORIALES ejercerán fa
inspección, vigilancia y control de las prestadoras de servicios de salud que tengan
habilitado el servicio de Obstetricia, dentro de su jurisdicción, para que cumplan con las
instrucciones que aqul se imparten para la INTERRUPCiÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO";
y finalmente
(xi) Informar que "I~aSuperintendencia Delegada para la Atención en Salud hará la
evaluación y seguimiento correspondiente dentro del marco de su competencia para el
cumplimiento de las presentes instrucciones e informará de ello, a fa honorable Corte
Constitucionar.
En atención a lo anterior, y como ya se explicaba, desde un análisis de pleno
derecho esta Procuraduría Delegada encuentra que es evidente que ninguna de
las diferentes normas constitucionales y legales, de las normas administrativas o
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4~
-'
de las sentencias de constitucionalidad, invocadas como fundamento de cada una
de estas Circulares faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para
establecer las citadas medidas e instrucciones, encaminadas a reglamentar o a
imponer obligaciones o deberes, restricciones y sanciones respecto del
denominado "servicio de interrupción voluntaria del embarazo", y que establecen
condiciones o límites al derecho fundamental a la objeción de conciencia, de
manera irregular.
Por el contrario, reiterando el concepto previo ya mencionado relativo al Decreto
4444 de 2006, el Gobierno Nacional y, particularmente, el Presidente de la
República, no tiene competencia para reglamentar referido "servicio~, toda vez que
como también lo concluyó esta Sala al ordenar su suspensión provisional,
efectivamente "no existe ninguna Ley que reglamente o si quiera mencione el
denominado 'seNicio de interrupción voluntaria del embarazo' y hasta ahora la
única norma que hace referencia a los casos en que, de conformidad con la
Sentencia C-355 de 2006, 'no se incurre en el delito de aborto', es precisamente el
artículo 122 del Código Penal, en donde se establece el tipo penal de aborto, el
cual no guarda ninguna relación con el ámbito de la salud y sobre el que, en todo
caso, no tiene competencia reglamentaria alguna el Gobíerno Nacionaf'. Y si ello
es así, mucho menos puede la Superintendencia Nacional de Salud reglamentar
este "servician, hacerlo de obligatoria prestación, imponer sanciones a las
instituciones que no lo presten, y limitar o restringir los derechos de las
instituciones que trabajan en el ámbito de la salud.
De igual forma, como también se decía en el citado concepto,
destacarse:
debe nuevamente
(i) Que "lo cierto es que ni en la Constitución ni en la Ley, n; en ninguna norma
administrativa expedida con anterioridad a este decreto [4444 de 2006), se hace
mención alguna a este "seNicio" y, por el contrario, hasta el 11 de mayo de 2006,
fecha en que fue proferida la Sentencia C-355 de 2006, dentro del ordenamiento
jurídico colombiano el aborto simplemente era una conducta tipificada que, con
posterioridad a esta fecha, ahora tiene algunas casuales de justificación o en las
que la conducta se encuentra 'despenalizada.';
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