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26 La contraloría social LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMOCRACIA La contraloría social consiste en el monitoreo, vigilancia y evaluación de una determinada actividad. Otra de las modalidades principales de participación ciudadana institucional es la contraloría social. En general, la contraloría consiste en el monitoreo, vigilancia y evaluación de una determinada actividad para garantizar que sea realizada en forma correcta, para verificar los resultados y para tomar medidas que eviten desvíos indeseables. Como parte de las acciones de participación institucionalizada, es el conjunto de actividades de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas y las organizaciones sociales para contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se lleven a cabo con transparencia y evitando la corrupción. Es decir, sus principales objetivos son prevenir las prácticas de corrupción gubernamental y lograr la participación activa y responsable de los sectores de la sociedad en la lucha contra ella (Ziccardi, 2008: 19). Es una función complementaria de la que efectúan los órganos de control del Estado. Como supuesto básico, debe reconocerse que el voto sirve para elegir a los gobernantes y legisladores. Pero incide escasamente para exigirles que rindan cuentas y para obligarlos a que cumplan sus compromisos de campaña, así como para castigarlos ante el incumplimiento de sus responsabilidades
(Rosanvallon, 2007: 30). Es decir, el voto no alcanza para ejercer el control ciudadano sobre ellos. Paralelamente disminuye el poder de los votantes sobre los candidatos elegidos (Ramírez Sáiz, 2010). Como ocurre con las diferencias que se observan en el comportamiento de los comités consultivos en los países democráticos o los que se encuentran en la fase de transición, la eficacia de las contralorías ciudadanas depende en buena medida de su autonomía respecto de la administración pública y del aparato estatal. Cumplen una función importante de monitoreo en las sociedades democráticas y abiertas y, por el contrario, enfrentan resistencias fuertes por parte de actores acostumbrados a una participación reducida y complaciente. Existe aquí el riesgo de un “pacto de simulación” en el que las organizaciones de la sociedad, en vez de vigilar el quehacer gubernativo, pierden independencia ante él y lo legitiman (Villarreal Martínez, 38 y 39). La participación institucionalizada es una forma de controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos. Intervenimos para mantener una estrecha vigilancia sobre el uso de la autoridad concedida a los gobernantes. La participación ciudadana es esencial para: a) reconocer el uso adecuado de la autoridad, b) castigar su utilización improcedente y, sobre todo, contraria al respeto de los derechos humanos, y c) prevenir un posible uso inadecuado del poder. 27 Juan Manuel Ramírez Sáiz
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(Rosanvallon, 2007: 30). Es <strong>de</strong>cir, el voto no alcanza<br />
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Martínez, 38 y 39).<br />
La participación institucionalizada es una forma<br />
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Juan Manuel Ramírez Sáiz