NAVEGACION ANTARTICA - Iho-ohi.net

Hidrográfica Internacional (OHI). Los Estados
Partes mediante la Recomendación XV-l9 (París,
l989), solicitan la cooperación internacional entre
aquellos países que realizan estudios hidrográficos
y cartas náuticas en aguas antárticas "a fin de
contribuir a la seguridad de la navegación, la
protección del medio ambiente antártico y los
ecosistemas dependientes y relacionados, y para
fines científicos".
Uno de los fundamentos que movilizan el
trabajo multilateral en este campo, es que las
condiciones del hielo marino pueden conducir al
desvío de los buques con respecto a las rutas
conocidas, requiriendo una ampliación de las
cartas para que abarquen las aguas contiguas a
tales rutas.
Sin bien en la práctica a través de foros
especializados se lograron progresos, normativamente
el Sistema del Tratado Antártico no
alcanzó a cubrir todos los aspectos que demanda
la cuestión. Debe destacarse, sin embargo, que los
Estados interesados contribuyen unilateralmente
con legislación interna y organismos competentes
en seguridad náutica, apoyando la navegación de
sus buques en aguas antárticas.
En materia de protección medioambiental de la
Antártida es donde la regulación normativa
referida a buques se halla un poco más desarrollada.
Uno de los instrumentos anexos al Protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente (Madrid, 1991) legisla sobre la
prevención de la contaminación marina por
buques, a los que define con criterio amplio como
embarcaciones "de cualquier tipo que opere en el
medio marino, incluidos los alíscafos, los
aerodeslizadores, los sumergibles, las naves
flotantes y las plataformas fijas o flotantes".
El mismo criterio se utiliza para determinar los
sujetos a quienes se dirigen las medidas, ya que
en principio su obligatoriedad no sólo comprende
a los Estados Partes y a los buques con derecho a
enarbolar su pabellón, sino también "a cualquier
otro buque que participe en sus operaciones
antárticas o las apoye mientras opere en
el área del Tratado Antártico".
Este amplio alcance es bloqueado más adelante
bajo el título inmunidad soberana, donde excluye
de la aplicación de las medidas a los buques de
guerra, unidades navales auxiliares o buques que
"siendo propiedad de un Estado o estando a su
servicio, sólo le presten en ese momento servicios
gubernamentales de carácter no comercial", con
lo cual prácticamente la mayoría de las unidades
que operan para los programas antárticos
nacionales quedarían fuera de los alcances del
instrumento, reduciéndose a una exhortación para
que adopten las medidas necesarias a fin de que
los buques de su propiedad o a su servicio actúen
de manera compatible con el mismo.
El referido texto, expresa una directa vinculación
con el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques y sus enmiendas
(MARPOL 73/78) legislando sobre descarga de
hidrocarburos petrolíferos, operación frecuente
para abastecer las estaciones antárticas; eliminación
de basura y aguas residuales desde buques,
para la cual establece distancias a partir de la
costa donde podrán realizarse vertimientos y una
referencia general sobre el diseño, construcción,
dotación y equipamiento que deberían tener los
buques que navegan en el área del Tratado
Antártico.
Este último aspecto reviste suma importancia,
y exige mayor atención por parte de gobiernos,
armadores y empresas navieras, ya que juega un
papel determinante no sólo en materia de
protección del medio ambiente, sino también en
cuanto a la seguridad de la vida humana y la
efectividad de los costosos esfuerzos logísticos
que supone toda expedición antártica.
Tal preocupación vuelve a reflejarse en la
Recomendación XVIII-1 (Kyoto, 1994) sobre
turismo y actividades no gubernamentales donde
los Estados Partes solicitan a los operadores u
organizadores de viajes, que consideren el uso de
buques apropiados para operar en Antártida.
Completamos así una parte del breve análisis
sobre regulaciones referidas a la navegación
marítima en el área de aplicación del Tratado
Antártico, que se integran a la amplia y compleja
estructura normativa sobre todos los usos posibles
de la Antártida adoptada por el sistema de dicho
Tratado desde su entrada en vigencia en el año
1961.
La República Argentina, signatario original del
Tratado Antártico, incorporó a su legislación
interna todos estos instrumentos y ha fijado como
una de las prioridades de la política nacional
antártica la seguridad de la navegación marítima,
a la vez que promueve, en su condición de
“Puerta de entrada a la Antártida” (Gateway to
Antarctica), el empleo de los puertos y servicios
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