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A7.2 El hielo como recurso natural
La Antártida ha generado un gran interés en
relación al aprovechamiento del hielo como recurso
natural. Allí se encuentra aproximadamente el
70 % del agua dulce de la Tierra y, en general, se
concentra alrededor del 90 % de todo el hielo terrestre
y gran parte del hielo marino existente en
el planeta.
Si bien tales porcentajes difieren levemente según
la literatura especializada que se consulte,
quizás debido a las dificultades para establecer un
cálculo absoluto, es indiscutible la preeminencia
de la Antártida como reservorio de agua dulce en
forma de hielo.
Tanto es así, que más allá de la especulación
puramente teórica existen antecedentes de proyectos
dirigidos a remolcar icebergs hacia regiones
con alto déficit de agua. Entre tales proyectos,
tal vez el más difundido fue el impulsado por el
Príncipe Mohammed Al-Faisal de Arabia Saudita,
llegándose a crear en 1977 la empresa comercial
Iceberg Transport International Ltd. Con capitales
saudíes y aporte científico-tecnológico francés.
Naturalmente, ésta y otras iniciativas no superaron
la etapa de los estudios preliminares, siendo aún
incierta la viabilidad de su implementación (2) .
Altos costos, complejidad del transporte, aislamiento
del iceberg, incertidumbre sobre la tecnología
a aplicar para recoger el agua en el lugar
de destino, dragados, posibles efectos medioambientales
por el cambio brusco de temperatura a lo
largo de la ruta de remolque, figuran entre los
numerosos aspectos que disminuyeron las expectativas
inmediatas de remolque de hielos.
No obstante, el alejamiento de la factibilidad
operativa de la explotación, los Estados Miembros
del Tratado Antártico mantuvieron vigente el tema
a través de las agendas de sus Reuniones Consultivas.
Si bien las cuestiones inherentes al uso del
hielo antártico aparecen por primera vez en la
agenda de la Reunión Consultiva de Canberra en
1983 (3) , mereciendo un párrafo del Informe Final
donde menciona la presentación de información
técnica sobre posible utilización del recurso,
abordar un análisis sobre la regulación jurídica del
uso de hielo antártico impone tomar como punto
de referencia inicial el Acta Final de la IV Reunión
Consultiva Especial del Tratado Antártico
A7-7
sobre Recursos Minerales Antárticos (Wellington,
1988).
La decisión expresa adoptada por las Partes
Consultivas en aquella oportunidad, de no incluir
al hielo dentro del concepto de “Recursos Minerales,
cuya prospección, exploración y explotación
se pretendía regular a través de una Convención”
(4) , es de gran relevancia por cuanto ubica la figura
jurídica del hielo fuera de lo que aparecería como
su contexto natural y promueve, en consecuencia,
un nuevo espacio normativo específico para la
materia.
Si bien la definición de Recursos Minerales
contenida en el texto de Wellington circunscribe
el concepto a “todos los recursos naturales no renovables
y no vivos incluyendo los combustibles
fósiles, los minerales metalíferos y no metalíferos”
(5) , y que tan restrictivo criterio desplaza claramente
al hielo en su condición de recurso natural
renovable, resulta difícil comprender que el
principal recurso mineral de la Antártida quede
excluido del instrumento que precisamente apuntaba
a regular las actividades sobre recursos minerales
en el área (6) .
Sin embargo, este criterio trascenderá aquella
coyuntura de negociación y la letra misma del régimen
minero antártico que, recordemos, no llega
a entrar en vigencia al ceder frente a una fuerte
tendencia medioambientalista que finalmente se
reflejará en el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección al Medio Ambiente (Madrid 1991),
en cuyo artículo 7 define la pugna conservación
del medio ambiente versus minería antártica
prohibiendo cualquier actividad relacionada con
los recursos minerales, salvo las vinculadas a la
actividad científica (7) .
En el Acta Final de la XI Reunión Consultiva
Especial por la cual se adopta el mencionado
Protocolo, se consolida la distinción entre recursos
minerales e hielo en estos términos:
“La Reunión tomó nota que la explotación
del hielo no era considerada una actividad
relativa a los recursos minerales antárticos; se
acordó, por tanto, que si la explotación de
hielo llegara a resultar posible en el futuro, se
entendía que serían aplicables las disposiciones
del Protocolo, con excepción del Artículo
7”.
Así se cierra todo debate sobre los alcances de
ambos conceptos a los efectos regulatorios. En