Haciendo Justicia - Acceso al sistema

CAMBIO YCONTINUIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES' 91
sultados buscados dependen de su habilidad para llenar los formatos
apropiados con los datos apropiados. Así que ellos también tratan de
asegurarse de que los indígenas a quienes quieren ayudar tengan la documentación
en regla, lleguen a tiempo a las citas con autoridades judiciales
y sepan qué información proporcionar.
Nunca he tenido la oportunidad de observar a funcionarios de San
Cristóbal o de Tuxtla tratar de mediar en un conflicto entre indígenas
(pero John Haviland sí observó un funcionario de la Procuraduría
Agraria tratar de resolver un pleito por tierras en Navenchauk). Creo
que cuando los funcionarios ladinos se enfrentan con la tarea de resolver
un pleito a fin de prevenir que surja la violencia entre grupos políticos
opositores, fungen como mediadores, apremiando a las partes a
llegar a un compromiso. Están menos preocupados en llegar al fondo
del asunto o en saber quién cometió qué actos incorrectos, que en encontrar
una solución que sea aceptable para todas las partes involucradas.
No obstante, en ocasiones recurren al poder de la ley para limitar
las opciones de solución que habrán de ofrecer. En 1996, los funcionarios
de Seapi que solucionaron el conflicto entre el PRI y el PRO en Zinacantán
permitieron que los perredistas asignaran dos jueces plurinominales.
Pero se dice que los funcionarios del estado que manejaron los
conflictos entre el PRI Y el PRO en Zinacantán después de que los miembros
del nuevo PRI entraron en funciones en enero de 1999, dijeron a los
representantes del PRO que el Tribunal Superior de Justicia del Estado les
negó la solicitud de nombrar otros jueces como plurinominales. Tengo
entendido que como resultado continuaron los conflictos, si bien no ha
habido derramamiento de sangre. Entre 1999 y 2001, el PRO tomó el cabildo
al menos tres veces, obligando al presidente priísta a huir y dejando
las oficinas cerradas por semanas cada vez.
INTERLEGALIDAD
Resulta esclarecedor ubicar a Zinacantán considerando los tres "mapas
legales" que se distinguen por su escala, proyección y simbolización
(Santos, 1987). Estos son: el mapa consuetudinario de Zinacantán; el
mapa positivo del Estado mexicano, y el mapa internacional de los derechos
humanos. En el entendido de que Zinacantán queda incluido en
los tres mapas, estos tres regímenes legales actúan simultáneamente (si
bien no con el mismo impacto).