Haciendo Justicia - Acceso al sistema

90 • JANE F. COLLIER
declarado ante el agente de la Procuraduría Agraria que ella no era su
hija biológica. También tuve conocimiento de una conversación entre
un zinacanteco y un abogado local en la que ambos revisaron el código
penal en busca de algún delito del que pudieran acusar al enemigo
del zinacanteco.
A mi entender, los funcionarios que laboran en las instituciones judiciales
de San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez, conciben su
actividad como algo que tiene que ver con ajustarse a los procedimientos
preestablecidos, más que con lograr resolver conflictos, hacer valer
la ley, o incluso con promover la justicia. Las pocas ocasiones en las que
he podido ver las actividades de algún agente del ministerio público, parecían
abocarse a recopilar la información requerida para completar la
forma que estaban llenando. Su labor se limita a generar un expediente
correcto, no a entender la verdad histórica de los hechos o a quien
corresponde la mayor culpa. A pesar de que los funcionarios que observé
sí solicitaban que la gente narrara su versión de la historia, por
lo general interrumpían al declarante para preguntarle aspectos que
clarificaran los puntos específicos requeridos para llenar la forma. De
igual manera tendían a exigir que los declarantes mostraran documentos
específicos, tales como el certificado de nacimiento o la credencial de
elector, para probar su identidad. Con frecuencia, aquellos que no
traían dichos documentos eran rechazados hasta que los trajeran consigo.
Aquellos que sí los portaban debían ir a hacer varias copias
para anexarlas al expediente. El énfasis siempre recaía en completar
correctamente el papeleo. En consecuencia, los funcionarios perdían la
paciencia cuando los querellantes no proporcionaban la información
necesaria, como el nombre completo de un testigo o del presunto responsable.
También se rehusaban a proseguir un caso en el que no podrían
recabar los documentos apropiados. Por ejemplo, presencié cuando
un agente del ministerio público le sugirió a un joven indígena al
que habían apedreado sus vecinos por considerarlo un ladrón, que
abandonara la comunidad por algunos años. El agente me explicó que no
podía levantar cargos contra el joven porque ningún vecino había venido
a acusarlo de robo. Como resultado, eljoven no podía ser encerrado,
pero tampoco resultaba seguro que regresara a la comunidad.
Me parece que también los abogados que son miembros de una ONG
de derechos humanos o de derechos de la mujer, deben preocuparse por
llenar adecuadamente las formas. Si bien pueden estar interesados en la
justicia y en llegar al fondo del asunto, su capacidad de alcanzar los re-