Haciendo Justicia - Acceso al sistema

CAMBIO YCONTINUIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES' 81
sanciones tradicionales. Incluso en la mesa sobre derechos humanos (a
la que no asistí pero al parecer tuvo menos asistencia que las dedicadas
a otros aspectos de la nueva ley), se concluyó proponiendo que, en la
medida en que "las costumbres son la base para la resolución de conflictos
en comunidades indígenas, éstas costumbres deberán respetarse"
(JFe, diario de campo, mayo de 1999).
Concibo al menos tres motivos por los cuales los zinacantecos subrayan
el conflicto entre derechos indígenas y humanos en vez de reconocer
que el concepto de derechos indígenas deriva de -y es inconcebible sin- el
concepto de derechos humanos. La primera vez que hice trabajo de campo
en los años sesenta, ninguno de estos dos grupos de derechos era muy
conocido en Chiapas, pero los indígenas sí reconocían y resentían el conflicto
entre sus costumbres y las garantías individuales reconocidas en la
Constitución de 1917. Las autoridades zinacantecas, por ejemplo, se quejaban
de la libertad religiosa protegida por la Constitución, ya que con
base en ella las autoridades ladinas impedían que las autoridades zinacantecas
encerraran a quienes se rehusaban a ocupar un cargo religioso que
se les hubiera asignado. En segundo lugar, los líderes políticos zinacantecos
apoyaban a sus similares chamulas cuando, a finales de los ochenta,
éstos invocaban los derechos indígenas para expulsar a supuestos "protestantes".
Una autoridad chamula, por ejemplo, argumentaba ante el
consejo legislativo estatal que las autoridades indígenas deberían tener derecho
a proteger sus tradiciones expulsando a los protestantes que "se
burlaban" de las creencias locales (Kovic, 1997), a pesar de que dichas expulsiones
violaban la garantía constitucional a la libertad religiosa." Por
último, el conflicto entre el derecho colectivo de los pueblos indígenas
a practicar sus "usos y costumbres" y los derechos individuales de los
ciudadanos mexicanos, garantizados por la Constitución y por las cartas
de derechos humanos internacionales, se hizo más evidente después de
1994, cuando el gobernador Albores Guillén comenzó a esgrimir los derechos
humanos y constitucionales como arma contra las autoridades indígenas
que no eran de su agrado, sobre todo aquellas de los "municipios
autónomos", simpatizantes de los zapatistas (Speed y Collier, 2000). En
mayo de 1999, cuando se realizó la consulta en Zinacantán, los líderes indígenas
tenían buenos motivos para preocuparse de que, si practicaban
sus costumbres -sobre todo encerrar a alguien por dos o tres semanas de
6Las autoridades zinacantecas respaldaban a sus contrapartes chamulas en argumentar a favor del
uso de la fuerza para proteger sus tradiciones. Zinacantán también expulsó "protestantes" a finales de
los ochenta, si bien menos que los expulsados de San Juan Chamula.