Haciendo Justicia - Acceso al sistema

80 • JANE F. COLLlER
A pesar de toda la publicidad en torno a los derechos humanos en
Chiapas desde el levantamiento zapatista de 1994, escuché pocas referencias
al concepto durante mi trabajo de campo en Zinacantán. En
1997, cuando pregunté a un ex presidente acerca de los derechos humanos,
me contestó que "ellos" (los miembros de las organizaciones de derechos
humanos) podían ayudar a los indígenas a salir de la cárcel. Eso,
dijo, era todo lo que sabía. No había organizaciones de derechos humanos
que operaran en Zinacantán durante mi trabajo de campo, aunque
después supe que la CEDH planeaba realizar talleres sobre derechos humanos
en las comunidades indígenas para capacitar a los oficiales civiles.
En vez de estar a favor de los derechos humanos, la mayoría de los
zinacantecos con los que hablé los rechazaban argumentando que éstos
afectaban los derechos indígenas. Por ejemplo, durante la consulta realizada
en Zinacantán, en mayo de 1999, para discutir la ley indígena
propuesta por el gobernador anoté en mi diario de campo -escrito en
una mezcla de inglés, español y tzotzil- el siguiente comentario hecho
por un representante zinacanteco, sobre una cláusula que autorizaba a
los juzgados indígenas a aplicar los usos y costumbres locales siempre
y cuando éstos no violaran los derechos humanos individuales:
Para quedar bien, debemos modificar la ley. Porque nosotros [losjueces
indígenas] actuamos en contra de los derechos humanos. Hay un conflicto.
Si castigamos con una o dos semanas de trabajo comunitario a
alguien que haya hecho un mal, viene derechos humanos y lo salva,
y nos dice que no podemos hacerlo. Ahí está el problema de la nueva
ley. Si vamos a respetar nuestras costumbres, entonces derechos humanos
debe respetarlas también (JFC, diario de campo, mayo de 1999).
Esta sensación era ampliamente compartida por otros participantes
en la mesa. 5 A pesar de que la iniciativa del gobernador hacía eco de los
Acuerdos de San Andrés en cuanto al respeto a los derechos humanos
y constitucionales, los participantes respaldaron propuestas encaminadas
a eliminar las cláusulas que protegían los derechos humanos de
aquellos artículos que autorizaban a los juzgados de paz y conciliación
indígenas a aplicar usos y costumbres, particularmente en cuestión de
5 La mesa de administración de justicia fue una de las cuatro mesas que se realizaron durante la
consulta después de la plenaria. Las otras tres mesas fueron las de procuración de justicia, derechos laborales
y derechos humanos. La mesa de administración de justicia tuvo la mayor audiencia, seguida
por la de procuración de justicia. Las dos mesas restantes tuvieron escasa participación.