Haciendo Justicia - Acceso al sistema

78 • JANE F. CüLLIER
San Cristóbal, pasando la base militar Campo Nuevo. También hay una
gran prisión estatal en Tuxtla Gutiérrez: Cerro Hueco. La mayor parte
de los internos en las cárceles de Chiapas son indígenas.
En San Cristóbal también hay una oficina de la Procuraduría Agraria,
donde trabajan abogados y biólogos. En 1998 la Procuraduría
Agraria trataba de llevar adelante las recientes reformas a la Ley Agraria
nacional y convencer a los indígenas de registrar sus parcelas en ejidos
y comunidades a fin de obtener un certificado de Procede que les
permitiera obtener créditos en los bancos. El personal también maneja
litigios sobre derechos de tierra. Cuando visité la Procuraduría Agraria
parecía estar manejando al menos cuatro casos de Zinacantán. Aparentemente
todos eran pleitos entre familiares, pero al menos uno era obviamente
un pleito político: las partes del litigio pertenecían a partidos
políticos distintos. El alto número de casos pudiera deberse a que los
agentes de la Procuraduría Agraria eran particularmente activos en Zinacantán,
y su empeño en entregar certificados de tierras sin duda exacerbaba
las tensiones existentes.
El juzgado estatal de primera instancia tiene su sede en una casa
acondicionada cerca del centro de San Cristóbal. Eljuzgado se divide en
tres secciones: hay un juzgado de lo penal, uno de lo civil y un juzgado
de lo familiar, cada uno en una sala distinta y con su propio personal.
Desde el gobierno de Albores Guillén existe también una oficina de
defensoría indígena, encabezada por un abogado proveniente de una
comunidad tzotzil de la zona baja. Cuenta con una secretaria ladina y
otro abogado que lo auxilia. Cuando visité su oficina en 1999, me explicó
que sólo había asistido en dos casos de Zinacantán. Al igual que
la mayoría de los funcionarios ladinos entrevistados, dijo que los zinacantecos
tienden a manejar sus problemas dentro de la comunidad.
El Tribunal Superior del Estado tiene una oficina cerca del centro de
San Cristóbal. Es un tribunal mixto que recibe las apelaciones de los tres
juzgados de primera instancia (penal, civil y familiar) y está formado
por magistrados (no lo he visitado). Durante su gubernatura, Albores
Guillén instauró una sala de apelaciones indígenas, como auditoría del
Tribunal Superior del Estado, formado por un magistrado encargado de
revisarlas apelaciones de los recién establecidos Juzgados de Paz y Conciliación
Indígenas. Se decía que el magistrado en funciones durante la
primavera de 1999 era un indígena de Chenalhó, pero ni lo parecía ni
actuaba como indígena. Cuando lo visité, me informó que su oficina
aún no recibía apelaciones porque era muy nueva.