Haciendo Justicia - Acceso al sistema

74 • JANE F. CüLLIER
jóvenes usualmente elegidos entre los pendencieros de la comunidad,
asignados por el gobierno municipal para trabajar durante un año como
mandaderos y policías auxiliares. Los mayales podían portar bastones
y eran supervisados por dos comandantes que podían portar armas de
fuego. Los mayales al servicio del juzgado se encargaban de la cárcel
municipal y hacían encargos de los jueces (otros mayales yo otro secretario
atendían al presidente municipal). Los mayales del juzgado arrestaban
prisioneros, los vigilaban mientras estaban detenidos y los iban
a buscar cuando eran requeridos en el juzgado. Los mayales también
viajaban a los parajes a llevar mensajes a los agentes o a los involucrados;
acompañaban a los jueces cuando salían de la cabecera, y mantenían
en orden el juzgado. Durante las audiencias, normalmente dos o
tres mayales se colocaban junto a la puerta de la oficina-juzgado a escuchar.
En ocasiones se sentaban en una de las sillas alineadas contra la
pared de la oficina mientras no hubiera audiencias o cuando no eran ocupadas
por las partes del litigio. En ocasiones, al final de un litigio los jueces
pedían a un mayal que abriera y repartiera los refrescos o el aguardiente
que los querellantes habían entregado a los jueces.
No había ningún representante o empleado del Ministerio Público
(MP) en Zinacantán. Los jueces debían recolectar la evidencia que necesitaba
el agente del ministerio público de San Cristóbal para establecer
un caso. Al revisar los archivos deljuzgado de Zinacantán, encontré varias
hojas con instrucciones en español, donde se informaba a los jueces
sobre cómo reportar delitos serios al MP. Por ejemplo, había bocetos
del cuerpo humano donde los jueces podían registrar la naturaleza y
gravedad de las heridas de una víctima. No obstante, yo nunca vi a los
jueces usar o referirse a estas hojas de instrucciones. Supongo que siguieron
sepultadas en los archivos.
El presidente que ocupó el cargo entre 1996 y 1999, quería garantizar
que los casos que involucraran a zinacantecos se manejaran dentro
de la comunidad en vez de ser llevados a las autoridades mestizas de San
Cristóbal. Con este fin, escribió un ensayo que leyó a los funcionarios
del Estado en mayo de 1999 durante la consulta sobre la propuesta de
ley indígena de Albores Guillén, en el que solicitó que se permitiera que
Zinacahtán contara con su propio agente del ministerio público para investigar
las quejas y levantar averiguaciones previas. Hasta donde conozco,
Zinacantán sigue sin contar con representante del MP.
Entiendo que de acuerdo con la ley de Albores Guillén, cada juzgado
de paz y conciliación indígena debe contar con un abogado entrena-