Haciendo Justicia - Acceso al sistema

CAMBIO YCONTINUIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES' 67
partido nacional gobernante, el PRI, enfrentaba una oposición creciente
a raíz de la matanza de Tlatelolco de 1968, o quizá porque los líderes
indígenas se habían vuelto más visibles después del Congreso Estatal Indígena
de 1974, las autoridades estatales empezaron a requerir que los
presidentes municipales pertenecieran al PRI, a veces forzando a los opositores
a dejar la presidencia u obligándolos a cambiar de partido (G. Collier,
1999). El gobierno estatal también sustituyó la Oficina de Asuntos
Indígenas con una nueva instancia, el Programa para el Desarrollo
Socioeconómico de los Altos de Chiapas (Prodesch), que activamente
decidía cuáles proyectos indígenas debían ser apoyados y cuáles eliminados
(G. Collier, 1999: 62). Así fue como se sucedió una cadena de presidentes
municipales priístas en Zinacantán, normalmente llamados caciques
por el poder económico y político que desplegaron a favor de los
miembros del partido. Al mismo tiempo se establecieron en Zinacantán
representaciones de partidos de oposición como el PRD Y el PAN, cuando
aquellos que habían sido marginados o dañados por las políticas priístas
acudían al exterior por ayuda.
La rebelión zapatista de enero de 1994 cambió el escenario político
de los Altos de Chiapas. Como ya se mencionó, muchos municipios de
Chiapas, incluido Zinacantán, echaron a los caciques priístas y los
reemplazaron con consejos multipartidistas que representaban un amplio
espectro de intereses comunitarios. El gobierno estatal respondió
sustituyendo el Prodesch (un programa de desarrollo estatal) con el
SEAPI (una secretaría de asuntos indígenas), cuyo director formaba parte
del gabinete estatal y por ende contaba con mayor autoridad para
manejar las crisis locales.
Las demandas originales de los zapatistas involucraban reformas
sociales encaminadas a mejorar el nivel de vida de los mexicanos pobres,
tales como acceso a la tierra, al trabajo, a la vivienda, a la salud y
a la educación, pero adquirieron presencia mundial por abanderar los
derechos de los indígenas. Las negociaciones de paz que entablaron con
representantes del gobierno federal se centraron en las demandas de las
comunidades indígenas (G. Collier, 1999: 161). El acuerdo base de los
Acuerdos de San Andrés fue un nuevo pacto social a nivel constitucional
que reconociera los derechos colectivos de los pueblos indígenas en
un marco de autonomía (G. Collier, 1999: 162). La publicidad que rodeó
a estos acuerdos, junto con la ratificación mexicana del Convenio
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1990, y la reforma
al artículo 40. constitucional de 1992, permitieron a los líderes