Haciendo Justicia - Acceso al sistema

66 • JANE F. CüLLIER
tico mayor. La comunidad ha sido inevitablemente afectada por las políticas
estatales y nacionales encaminadas a la población indígena.
Cuando estudié por primera vez los procedimientos legales zinacantecos
en los años sesenta, rara vez intervenían las autoridades estatales
y federales en los asuntos internos de Zinacantán. El estado de
Chiapas mantenía una Oficina de Asuntos Indígenas en San Cristóbal,
pero sus representantes se limitaban a regular los contratos laborales
entre los dueños de las plantaciones de la costa y los peones que contrataban,
lo cual afectaba más a los chamulas que a los zinacantecos
por la notoria escasez de tierras de los primeros. El director también
intervenía en los conflictos políticos que se le presentaban, y apoyaba
a los indígenas que se quejaban de maltrato de parte de las autoridades
locales. No obstante, pocas veces resolvía los casos él mismo, prefiriendo
en cambio enviarlos de vuelta a sus comunidades con una carta en
la que instruía al presidente municipal sobre las obligaciones legales del
Estado y lo conminaba a negociar un acuerdo conciliatorio. Al revisar
los archivos del juzgado municipal de Zinacantán, por ejemplo,
encontré varias cartas del director pidiendo al presidente municipal
que resolviera un conflicto tomando en cuenta el marco jurídico estatal.
Recuerdo una carta en la que se le informaba al presidente que
los bienes entregados a la novia eran "regalos" que no debían ser devueltos
ni pagados cuando el matrimonio no se realizaba. También había
cartas donde se instruía al presidente municipal a liberar a los hombres
que habían sido detenidos por rehusarse a cumplir con los cargos religiosos
que se les habían asignado.
Durante los años sesenta, los trabajadores del Instituto Nacional Indigenista
(INI) de San Cristóbal, se abocaban a crear y supervisar un
equipo de promotores indígenas que impulsara el desarrollo económico
y social de sus comunidades. Los trabajadores del INI también intervenían
en conflictos políticos (los que con frecuencia involucraban a los
mismos promotores) y sus abogados ayudaban a los indígenas que tenían
procesos en juzgados del estado. Con todo, en los años sesenta las
autoridades mestizas preferían dejar a las comunidades resolver sus
propios asuntos, siempre y cuando lo hicieran de tal manera que no llamaranla
atención de las autoridades externas.
Durante los años setenta, el gobierno estatal comenzó a tomar un
papel más protagónico en regular las relaciones políticas de las comunidades
indígenas, particularmente en aquellas cercanas a San Cristóbal
como Zinacantán, San Juan Chamula y Tenejapa. Quizá porque el