Haciendo Justicia - Acceso al sistema

M• JANE F. CüLLIER
municipales. El conflicto irrumpió nuevamente, a pesar de que el"nueva
PRI" encarnaba a un sector más amplio de la población que el encarnado
por el "viejo PRI". Los miembros del PRD raptaron al presidente del
PRI, Y los priístas, en represalia, raptaron a un alto miembro del PRD. La
Secretaría de Atención a Pueblos Indígenas (Seapi) del estado de Chiapas,
intervino para acordar un intercambio de rehenes y negociar un
acuerdo. Se convino en que, a pesar de haber perdido las elecciones, el PRD
podría nombrar representantes municipales plurinominales. El puesto
más importante entre éstos fue el de juez municipal y suplente, que fungirían
junto al juez priísta electo y su suplente. Es este juzgado formado
por cuatro jueces el que observé entre 1997 y 1998. Independientemente
de que esa fuera la intención de la Seapi al negociar el acuerdo, la incorporación
de los jueces perredistas creó un juzgado municipal que prometía
servir a todos los zinacantecos, sin distinción partidaria.
Elpresidente municipal que estuvo en funciones entre 1996 y 1999,
el mismo que había sido raptado por los perredistas al inicio de su periodo,
también dio la mayor prioridad a formar un gobierno municipal
que sirviera a todos los zinacantecos. Alentó a los simpatizantes de
todos los partidos a participar en los programas gubernamentales, en
vez de reservar los servicios y fondos estatales para los miembros del
PRI, tal como habían hecho los caciques anteriormente. También buscó
desalentar que quienes tuvieran conflictos consiguieran el apoyo de
agentes externos a la comunidad, tales como funcionarios del poder judicial,
abogados o líderes políticos y religiosos. Como ya he señalado, se
consideraba riesgoso acudir a personas ajenas a la comunidad. Mientras
que en los años sesenta las autoridades ladinas habían encarcelado
a algunos o escrito cartas a los agentes municipales, en los noventa personas
ajenas a la comunidad habían llegado al extremo de enviar tropas
o camiones con seguidores armados a los parajes de Zinacantán.
Frente a la amenaza de violencia, el presidente municipal actuaba para
limitar la intervención externa mediando personalmente en disputas que
confrontaban entre sí a personas influyentes o a miembros de diferentes
partidos políticos, a pesar de que rara vez asistía a los procedimientos ordinarios
en los juzgados. También usaba sus influencias con funcionarios
del golñerno para conminar a las autoridades estatales a regresar a Zinacantán
a los querellantes zinacantecos para ser escuchados ahí, en vez de
atender el caso ellos mismos. Pidió a las autoridades judiciales que se rehusaran
a revisar los casos donde estuvieran involucrados zinacantecos
a menos que hubiera ocurrido una primera audiencia en Zinacantán y