Haciendo Justicia - Acceso al sistema

DERECHO YDIFERENCIA ÉTNICA' 437
Esta representación de la justicia como entidad opresora se vuelve
tan amplia en la vida de los indígenas que hasta los niños la comparten.
La policía, para los niños, no los protege de los rateros sino que la
identifican con las camionetas y los granaderos. Esto también se debe
a que en la calle, los propios niños se han enfrentado con estos conflictos,
tal como lo expresa la siguiente opinión:
enfrentan diariamente[ ... ] agresiones por parte de personal de vía
pública de la Delegación Cuauhtémoc ("las camionetas"), que frecuentemente,
después de insultarlos les arrebatan su mercancía
(chicles, dulces o cigarros) sin posibilidades de recuperación; por
parte de los dueños y personal de comercios establecidos que no
permiten que los niños entren a vender a sus locales o estén cerca
de ellos; ciudadanos en general que califican negativamente esta actividad
asumiendo actitudes de rechazo no tanto por la práctica
misma como por su condición humilde, reportándose casos de amenaza
e incluso golpes ante la insistencia de los niños para que se les
compre una caja de chicles (Villasana Anta, 1996).
La confrontación con los agentes de vía pública y los granaderos
que realizan sus operativos en la ciudad, principalmente en el Centro
Histórico, ya se ha vuelto una verdadera guerra entre las dos partes.
Frente a esta situación de conflicto abierto, los grupos han generado
estrategias para defender su espacio de venta. Buscan negociar ofreciendo
dádivas de manera individual o a través de un representante, apoyándose
en la ilegalidad y la corrupción de los aparatos de justicia.
También los representantes contratan una persona para que vigile a la
llegada de la camioneta. Todo esto implica cuotas impuestas a los vendedores
para "cubrir" los gastos del representante.
Los casos observados durante la investigación narran situaciones
conflictivas de golpes y encarcelamiento. No es raro encontrar casos de
mujeres indígenes acusadas de haber golpeado a los granaderos. Casos
como estos tienen un desarrollo muy contradictorio, donde no se toman
en cuenta . los testimonios de los involucrados, no hay un curnplimiento
de los trámites judiciales normales y no hay una preocupación de
quienes son las personas involucradas y mucho menos su calidad de indígenas.
Las instituciones, en general, no pueden actuar justificando la
incapacidad de acción por la falta de personal. Son estos sucesos que llevan
a los grupos a una convivencia con las cárceles que pasan a ser par-