Haciendo Justicia - Acceso al sistema

402 • MARIBEL NICASIO GONZÁLEZ
recogieron los instrumentos, algunas personas decidieron regresar a su
pueblo y otras prefirieron esperar ante la posibilidad de que su salida pudiera
generar suspicacias. Los policías, el comisario e incluso el síndico
procurador se hicieron presentes para tener conocimiento de cómo se
dieron los hechos. Por la mañana el síndico telefoneó a Tlapa para llamar
al agente del ministerio público y ponerlo en antecedentes de los hechos.
A pesar de que el párroco estaba en el curato, nunca se hizo presente
en el lugar de lo sucedido. Por la mañana llegó el comisario de la
comunidad del occiso junto con sus familiares, algunos familiares y vecinos
buscando al comisario del pueblo quien les explicó lo ocurrido: durante
el baile se enfrentó, armado, a otro hombre y murió a causa de un
disparo, los vecinos parecieron quedar conformes y aceptar las razones.
En este caso, el ajusticiamiento es una manera de hacerse justicia
por propia mano, sin embargo para que quien ajusticia no sea sancionado,
se deben cumplir ciertas normas prescritas, mismas que deben
ser acatadas, de lo contrario la consecuencia principal podría ser la venganza.
Pensar en una posible denuncia de los hechos de alguien ante las
autoridades judiciales no se descarta pero es poco probable, tanto por el
aval social hacia los hechos, como por el temor de meterse en un lío que
tendría consecuencias graves. Es evidente que a pesar de que toda la comunidad
se dio cuenta, no existió ninguna acusación en contra de
quien terminó con la vida del segundo hombre, ni las autoridades oficiales
-síndico, comisario, ministerio público- propiciaron una investigación
más exhaustiva para una posterior detención.
Queda claro que algunas prácticas judiciales no siguen el curso estipulado
por la ley, como se vio claramente cuando se dejó a los cuerpos
de los occisos sin practicarles la necropsia para determinar la causa de
los decesos. De esta forma, al no seguir los procedimientos se legitimó el
ajusticiamiento indirectamente, pues a pesar de que la máxima autoridad
en el Distrito Judicial, el agente del ministerio público, realizó la inspección
ocular y el levantamiento de los cadáveres, no desarrolló la investigación
pertinentemente. Para la comunidad el caso no pasó inadvertido,
pues además de que fueron dos los muertos, el suceso ocurrió en
plena fiesta patronal sin que lograra trastocar seriamente otra parte de
la celebración, la danza. Ni las autoridades civiles ni religiosas locales
intervinieron, fueron otros los que afrontaron el caso, el síndico procurador
y el ministerio público.
En suma, resulta claro que en regiones como la Montaña de Guerrero,
la impartición de justicia en las comunidades indígenas enfrenta se-