Haciendo Justicia - Acceso al sistema

PROCURACIÓN DE JUSTICIA EINTERLEGALIDAD • 389
letra dicen: "Orden de aprehensión que deberá ser cumplida con estricto
apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos."
Este discurso y práctica del respeto y defensa de los derechos humanos
en Metlatónoc se ha incorporado como referente de las autoridades
y de la ciudadanía, paulatinamente. Los ciudadanos usan el discurso relacionado
con los derechos humanos, si bien de manera imprecisa en
términos de su significado, destacando el tema de las garantías individuales
establecidas en la constitución.
Por otra parte, las violaciones a los derechos humanos están a la orden
del día con la presencia del ejército y otros cuerpos policiacos, lo que
ha generado entre las autoridades comunitarias la necesidad de conocer las
garantías individuales de los ciudadanos para saber cuáles son los elementos
mínimos de defensa jurídica a los que pueden apelar. Sin embargo, los
ciudadanos encuentran y viven contradicciones entre lo que se les dice que
son sus derechos humanos y las prácticas y actitudes que asumen las distintas
autoridades ante ellos. Esta necesidad es la que, entre otras cosas, ha
promovido la aparición en la región de la montaña de organizaciones defensoras
de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos
Cuando se ha sufrido alguna violación a los derechos humanos, generalmente
se le platica a alguien de mucha confianza y que tiene algún
conocimiento de lo que es una arbitrariedad, después se acude a una
instancia que pueda atender el asunto, Tlachinollan o la Coddehum, debido
a que las autoridades municipales o judiciales no tienen competencia
en el caso. El apoyo se inicia con una asesoría en la que se explican
cuáles son las implicaciones de la situación que se ha vivido, porque regularmente
se desconoce que se ha sido víctima de una violación a los
derechos humanos, la trascendencia del hecho y qué es lo que se tiene
que hacer para enfrentar la situación.
El miedo impide hacer pública la situación y denunciarla, generando
un sentimiento de indefensión; además, las limitaciones económicas determinan
en muchas situaciones que no se denuncie por los gastos que
generan el seguimiento del proceso, provocando que el número de denuncias
realizadas sea inferior a las violaciones que realmente se cometen. Por
añadidura, las víctimas se enfrentan a una lógica jurídica determinada
exclusivamente por el Estado, sin la posibilidad de establecer algún tipo
de acuerdo local para denunciar, indemnizar o compensar a la parte afee-