Haciendo Justicia - Acceso al sistema

300 • ELISA CRUZ RUEDA
racterizan al sistema normativo de la comunidad en su relación con
el derecho del estado, y que dan cuenta de las relaciones de hegemonía
y subalternidad en las que éste se construye.
La cuestión agraria como definición del sistema normativo
Me interesa resaltar que a la historia agraria de México le sigue, paralelamente,
la historia de los pueblos indígenas por la recuperación
de sus territorios y tierras. El territorio es de suma importancia no
sólo para los estados nacionales -en términos geopolíticos, representa
el espacio de aplicación del derecho positivo- como ámbito jurisdiccional
(incluyendo el espacio aéreo, el subsuelo y el mar), también lo
es para los pueblos indígenas para quienes el vínculo con la tierra y
sus territorios ha sido un elemento central de su existencia en cuanto
colectividades.
Los pueblos indígenas han sido excluidos del proyecto nacional. Se
les ha exigido dejar de lado su condición indígena con el fin de convertirse
en mexicanos. Tal situación ha generado hasta nuestros días incomprensión
sobre los problemas que les aquejan, por ejemplo: el no
reconocimiento a sus derechos culturales, políticos y sociales, entre
ellos, la existencia de sistemas normativos internos imbricados o paralelos
al derecho estatal, la recuperación de su territorio y el acceso a
la tierra.'
La historia de la conquista y colonización, es también la historia de
la intrusión, la dominación y el despojo en contra de los pueblos indígenas,
lo que es posible documentar en los distintos periodos de formación
del Estado en México. De esta manera, se ha instaurado un derecho
estatal, que sienta sus fundamentos en el derecho colonial y posteriormente
republicano, a partir de lo cual se ha legitimado jurídicamente la
dominación y el despojo (Medina Cervantes, 1987; González Galván,
1Las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2002) en materia
indígena no cambian significativamente la situación de los pueblos indígenas. Fundamentalmente
se explicitaron las funciones del Instituto Nacional Indígenista que de por sí tenía, reforzando con ello,
una política indígenista desprestigiada entre los indígenas en general y los intelectuales indígenas. Por lo
demás no se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, al limitarse el alcance de
sus sistemas normativos, es decir, se continúa con la concepción positivista de atribuir al Estado el monopolio
del derecho y el ejercicio del poder público, a través del mismo. Visto así, la mención a los sistemas
normativos tal cual quedó en la Constitución mexicana, anula la autonomía de los pueblos indígenas
exigida previo a los acuerdos de San Andrés (que se criticaba como excesiva por parte del gobierno)
y como quedó en este documento (criticado por algunas organizaciones indígenas como insuficiente en
los alcances señalado para la autonomía indígena).