Haciendo Justicia - Acceso al sistema

272 • VICTORIA CHENAUT
no sabía leer. Por lo tanto, se observa que en las situaciones de multiculturalidad
el procedimiento judicial no puede cumplir con todos los
requerimientos que establece la legalidad del Estado, por lo que debe
adecuarse al tipo de información que se proporciona, aunque no cumpla
con todos los requerimientos legales. Esto motiva que al final el
procedimiento se amolde a las características sociales y culturales que
le imprimen los actores sociales.
Los documentos que se producen en las instancias legales del Estado
constituyen referentes simbólicos de esta legalidad, y se utilizan como
tales. En la AMP y lP de Coyutla no siempre se elabora un acta de las interacciones
que allí tienen lugar. Suele ocurrir que los actores acuden
para platicar con las autoridades de un caso, realizar una consulta, formarse
una idea de las consecuencias que tendría el hecho de emprender
una acción legal, así como valorar los límites y las posibilidades del derecho.
Las autoridades no manifiestan una preocupación excesiva por
conocer lo que realmente ocurrió, sino que más bien intentan actuar
como mediadoras, a veces resaltando y señalando las faltas que cometió
cada una de las partes, e instando a la conciliación. No siempre se
llegan a acuerdos, ya veces éstos se logran pero sólo constan en acta a
solicitud de las partes interesadas.
Tanto en la AMP como en el lP se realizan actas de conciliación, aunque
la índole de los asuntos difiera en cierta medida en una y otra dependencia.
Al analizar 99 actas de conciliación de la AMP de Coyutla (años 1990­
1998) aparecen como temas mayoritarios los asuntos referentes a lesiones,
insultos y riñas entre personas (el 59.46 por ciento de los casos), a lo
cual le siguieron los que se relacionan con disputas relativas a derechos sobre
los bienes (22.52 por ciento) y por último los que se refieren a la vida
sexual y familiar (17.12 por ciento). Esta relación se modifica en los 71
casos de conciliación que analicé en el lP de Coyutla (años 1991-1994),
donde predominaron los referentes a la vida familiar (72.60 por ciento),
luego los que se relacionan con agravios personales (15.07 por ciento) y
por último los que conciernen a la propiedad.
En concordancia con estas cifras, el tipo de relaciones sociales implicadas
entre los actores en estas disputas muestra que en las actas de
concili~ción de la AMP el 62.62 por ciento de las relaciones entre los contendientes
ocurrió entre no parientes (especialmente entre conocidos y
vecinos), mientras que el 37.38 por ciento restante tuvo lugar entre parientes,
en forma particular entre cónyuges. Esta tendencia se invierte
en el Juzgado de Paz, donde el 76.05 por ciento de las relaciones impli-