Haciendo Justicia - Acceso al sistema

PRÁCTICAS JURíDICAS EINTERLEGALIDAD ENTRE LOS TOTONACAS • 271
to que tenía el detenido del idioma español era bastante limitado, lo que
afectaba su capacidad de comprender cabalmente el procedimiento judicial
que tenía lugar. En todo momento se habló en español, pero además
el detenido recibió un trato discriminatorio en que no se garantizaron
las condiciones para un acceso equitativo a la justicia. Por ejemplo, en
un determinado momento el funcionario le dijo que estaba detenido y
que podía nombrar un defensor para cuando rindiera su declaración al
día siguiente. El preso no parecía comprender lo que le estaban diciendo,
y él le comentó: 'Mí está Fulanito, que te explique en tu dialecto
qué cosa es un defensor." Dicha persona se acercó, y luego de una somera
explicación, el asunto se dio por terminado. Al día siguiente la declaración
se realizó en español, siendo evidente la dificultad del preso
para expresarse, y comprender las preguntas que se le hadan, lo que
motivó que el agente del ministerio público allí presente expresara: "Lo
que pasa es que él se entiende, yo no le entiendo." Con esta frase se evidenció
una vez más el conflicto cultural y lingüístico que estaba
teniendo lugar, y para lo cual el procedimiento judicial no ofrecía instancias
de intermediación que ofrecieran al preso garantías de una traducción
de los conceptos y categorías que se manejan en el procedimiento
judicial.
Al presenciar las diferentes interacciones que tienen lugar en el nivel
legal municipal, resulta evidente el hecho de que los criterios de la legalidad
del Estado requieren contar con una determinada calidad de la información
que deben proporcionar los litigantes, que los indígenas monolingües
y analfabetos no poseen. De esta manera, suele ocurrir que
no se puede activar una averiguación previa, por no contar con los criterios
de individualización de los acusados o testigos, a quienes sólo se
conoce por el sobrenombre, sin poder proporcionar sus datos completos.
Incluso ocurre que los declarantes ignoren su edad o la de sus hijos. Un
caso de este tipo tuvo lugar cuando una madre acudió a denunciar la
desaparición de su hija menor de edad. La mujer no pudo indicar su
propia edad, por lo que el funcionario la calculó en forma deductiva:
como el hijo mayor tenía alrededor de 26 años, y ella se casó hacia los
16 años, por consiguiente tendría unos 42 años.
fu el caso ya citado del robo de una televisión y ropa interior en la colonia
Guadalupe, se necesitaban los siguientes datos para integrar la
averiguación previa: factura, marca del televisor, pulgadas, marca y tipo
de material en que estaba confeccionada la ropa interior. La mujer no
pudo proporcionar esta información porque no tenía la factura y además