Haciendo Justicia - Acceso al sistema

PRÁCTICAS JURÍDICAS EINTERLEGALIDAD ENTRE LOS TüTüNACAS • 267
los pleitos y discusiones las mujeres aparecen cuestionando este modelo
de familia indígena tradicional. Esto no significa que ellas postulen un
nuevo modelo de familia, pero en las declaraciones judiciales ellas esgrimen
argumentos que remiten al funcionamiento de la familia nuclear,
más cercana al modelo de familia que sustenta el Estado.
Así, las mujeres desafían el poder de los suegros y pretenden adquirir
un mayor control sobre las decisiones que les conciernen, mayor
autonomía para definir el cumplimiento de sus obligaciones conyugales,
y un trato más digno por parte de sus maridos, rechazando la violencia
doméstica de que son objeto. En los argumentos que hombres y
mujeres formulan en sus declaraciones judiciales, aparecen los primeros
manteniendo una posición más conservadora, buscando preservar
el modelo tradicional de familia indígena, negando los hechos denunciados
por la mujer o minimizando el caso. Por su parte, ellas hacen uso
del derecho estatal para negociar los roles de género y reivindicar un
trato en la vida cotidiana que sea más favorable para ellas y sus hijos.
A través de las autoridades y de los procedimientos judiciales, el Estado
propicia la negociación y la conciliación entre las partes, pero además
otorga un espacio particularmente adecuado para que las mujeres
busquen negociar los roles de género y modificar las situaciones que les
afectan. En el conflicto normativo en situación de interlegalidad el derecho
tiende a reproducir los roles y categorías hegemónicos, en cuanto
a reforzar el modelo de familia nuclear y monógama, y las mujeres
indígenas utilizan como referente este modelo de familia para presionar
y propiciar la negociación normativa que les procure mejorar sus condiciones
de vida y convivencia con el marido y la familia de éste.
Los PROCEDIMIENTOS
En el ámbito de la jurisdicción indígena, destaca el hecho de que los procedimientos
que realizan jueces de comunidad y subagentes municipales
carecen de formalidad y de burocratismo, en contraste con los que
se llevan a cabo en el municipio, que se encuentran determinados por
los requisitos que fija la legalidad del Estado, lo que implica que debe
haber constancia por escrito del procedimiento que se emprenda. En
cambio, en las comunidades se carece totalmente de formalidad legal, y
la mayoría de los acuerdos son verbales, aunque a veces a solicitud de
los interesados se elabora un acta de un acuerdo entre las partes.