Haciendo Justicia - Acceso al sistema

INTRODUCCIÓN' 25
las comunidades para ampliar sus márgenes de jurisdicción o si se
trata de simples instancias oficiales para detener y mitigar los conflictos.
Experiencias similares en Chiapas pueden orientar los alcances de
dichos procesos (cfr. Collier, 2002).
En suma, un análisis general de las regiones estudiadas muestra
diferencias importantes con relación a los alcances de la justicia indígena
y su relación con el Estado. Si bien en todas las regiones el Estado
ha conseguido imponer una estructura legal, su impacto es diferenciado.
El control estatal a través de instituciones y funcionarios
es mucho más hegemónico en la región nahua de Cuetzalan en la Sierra
Norte de Puebla y en el municipio de Coyutla, en la sierra totonaca
de Papantla, que en la región tzotzil de Zinacantán, en los Altos de
Chiapas, donde el Estado no tiene el control de la justicia y la gestión
municipal, lo que hace que prevalezca una jurisdicción indígena de
gran fuerza en la zona. En un lugar intermedio encontramos a las
comunidades mixes de Oaxaca donde la presencia del Estado es continuamente
negociada, dado que existe además una mayor autonomía
para la gestión municipal, constitucionalmente reconocida, y
debido también a las divisiones entre cabeceras y agencias municipales.
En el caso de la justicia en el municipio mixteco de Metlatónoc,
caracterizado por un contexto de violencia social y de miseria, prevalecen
fuertes contrastes en la aplicación de la justicia que implican
tanto una falta de estado de derecho como una hegemonía limitada
del Estado en determinados contextos, lo que abre el espacio a respuestas
diferentes: que van desde las prácticas negociadoras de autoridades
municipales como las desarrolladas por el síndico, a una espiral
de la violencia que lleva a la justicia a mano propia y a la venganza,
hasta a la violación continua de los derechos humanos y la impunidad.
Por último, en los espacios urbanos donde viven los migrantes
indígenas, no podemos realmente hablar de una justicia indígena ya
que los miembros de las organizaciones se ven confrontados a la ley
del Estado y sus instituciones en calidad de ciudadanos, sin contemplar
su condición étnica. Hasta ahora la ley del Distrito Federal no reconoce
derechos específicos de diferencia cultural, y lo único que se
reconoce son medidas que apoyan el derecho al traductor si la persona
no entiende el español. Los intentos por construir espacios de
justicia alternativa son aún limitados, y sólo se observan algunas
experiencias de justicia diferente en grupos como los triquis (Igreja,
2000).