Haciendo Justicia - Acceso al sistema

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jeres involucradas en conflictos domésticos y minorías subordinadas
por motivos diversos.
Cuando la justicia indígena prevalece en el municipio, dominan
lógicas culturales de resolución de conflictos que se distancian en mucho
de las exigidas por el Estado, tal como lo observamos en Zinacantán
y en municipios oaxaqueños. Si en el municipio domina la justicia
mestiza son las lógicas del Estado las que se imponen, aun cuando se
abran espacios a la conciliación, recurriendo también a costumbres y
presupuestos culturales que en ocasiones pueden entrar en conflicto
con la legalidad estatal; según sucede en la región de Cuetzalan, Puebla
y en la región totonaca de Coyutla, Veracruz. En estas regiones
los agentes judiciales, jueces y agentes subalternos del municipio ejercen
la justicia con base en el discurso de la ley, si bien en las prácticas
se ven obligados a tomar en cuenta las normas y valores indígenas,
sobre todo si se trata de asuntos no considerados de gravedad. No
obstante, en estos espacios controlados por autoridades mestizas el
peso de la ley, el discurso jurídico así como la situación judicial generan
una violencia simbólica y por tanto una fuerte tensión en los involucrados
obligados muchas veces a recurrir a traductores o intérpretes,
por no dominar el español. Llama la atención el interés reciente
de los gobiernos estatales de introducir cambios legales o reglamentarios
en algunos estados para instalar juzgados indígenas en municipios
mestizos, como es el caso de Cuetzalan, en Puebla, enfatizando
en la conciliación y en el reconocimiento de jueces indígenas como los
parámetros para legitimar lo que desde la perspectiva del Estado sería
una justicia indígena.' Sin embargo, lo que significa conciliar no parece
estar en discusión, ni tampoco el papel mismo de los jueces indígenas.
La conciliación en estos espacios adquiere entonces un sentido
más punitivo y de amenaza, y no tanto el sentido de la búsqueda del
acuerdo y del perdón que compromete a las partes. Más que del reconocimiento
a una justicia indígena, parecen delinearse con estas experiencias
nuevas estrategias de legitimación del Estado reconociendo
ámbitos controlados de negociación, sin que con ello se afecte el orden
jurídico hegemónico. Habrá que ver si estos nuevos juzgados podrán
ser apropiados por las autoridades indígenas y los miembros de
'Recientemente, el 10, de marzo del 2003, el Congreso de Puebla autorizó la instalación de juzgados
indígenas. Esta ley vino a oficializar el primer juzgado ya en operación, de manera piloto, en la ciudad
de Cuetzalan. En el curso del año se instalarán otros cuatro. Tomado de: www.reforma.com/ed_
impresa/notas/021206/edos/textos/redo0002.htm