Haciendo Justicia - Acceso al sistema

218· ¡VETTE ROSSANA VALLEJO REAL
atenuantes como el estado alcohólico del cónyuge. Estas demandas
concluyen en un recordatorio de obligaciones de género, en reproducir
cuotas de poder existentes y en que la mujer perdone al esposo. En casos
en los que el maltrato es severo se condiciona al cónyuge a que si
reincide, se actuará con mayor estrictez turnando el caso a la instancia
municipal.
El interés está puesto en la continuidad del grupo doméstico y no
en imponer correctivos. Llega hasta el punto en que si la mujer, frente
a reiterativas situaciones de maltrato, piensa abandonar al cónyuge, es
persuadida por las autoridades locales a no hacerlo bajo riesgo de perder
a sus hijos.
Demandas de maltrato que llegan a ser turnadas por la autoridad
local son abandonadas por las mismas mujeres por temor a que se impongan
sanciones fuertes al esposo como la imposición de multas y el
encarcelamiento, por temor a que su grupo doméstico se vea desprotegido
en lo económico y que el cónyuge asuma una actitud de mayor
violencia una vez planteada la demanda.
Cuando la demanda llega al nivel municipal los funcionarios, en
cambio, restan importancia por ser presentadas por mujeres indígenas,
se "culturaliza" la agresión, se considera provocada por la misma mujer.
Se piensa que merece la agresión al incumplir roles o por ser sexualmente
promiscua. La violencia doméstica, por otra parte, recibe una
escala según la evidencia de maltrato que presenta la mujer, lo que se
basa en criterios subjetivos del agente.
En estas demandas convergen representaciones de género que subordinan
a la mujer tanto en la jurisdicción local, como en la del municipio.
En la primera, el maltrato a la mujer dentro de la lógica normativa nahuas
es considerado falta simple y en la instancia municipal se buscan
atenuantes para no tratar la violencia contra la mujer como delito.
Frente a calumnias emitidas en el ámbito comunitario, hay mujeres
que demandan aclaraciones ante la autoridad local, cuando su honor es
afectado. En estos casos las mujeres buscan un llamado de atención por
parte de la autoridad (juez de paz, agente subalterno o presidente de la
junta auxiliar o comunidad), ya que los comentarios cuando son relativos
a su comportamiento sexual puede significarles problemas conyugales
como maltrato, abandono y separación. En estas demandas la
autoridad procurada cita al demandado (calumniador) y se realizan
una serie de preguntas para confirmar o negar los hechos y terminan
en un llamado de atención, mas no en la imposición de correctivos.