Haciendo Justicia - Acceso al sistema

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niveles superiores de la justicia, como es el caso del distrito judicial, juegan
también un papel clave en la práctica de la justicia regional porque
ahí suelen terminar los asuntos judiciales que no pudieron resolverse
localmente, ni en el municipio, generalmente asuntos de mayor gravedad.
En estos espacios no hay cabida para la justicia indígena ni la diferencia
cultural como argumento legal. El peso del distrito judicial sin
embargo es diferente según las regiones estudiadas.
b) Se observa una profesionalización del campo jurídico, en el sentido
señalado por Bourdieu (1987), según el cual cada vez son más las
exigencias formales y de oficialidad que se imponen sobre los operadores
de la justicia, lo que obliga también a profesionalizar la defensa,
o al menos a capacitar a defensores en el campo legal. Las exigencias
de profesionalización son sobre todo evidentes a nivel del Distrito
Judicial y en menor medida municipal, ya que quienes ocupan los
cargos judiciales en los juzgados de Primera Instancia del distrito se
les exige que sean abogados. En estos espacios suelen ser también
abogados quienes asumen los cargos de defensores ya sea de oficio o
privados, o los de agentes del ministerio público, es decir, se necesita
de especialistas para traducir la ley. La profesionalización de la justicia
es, sin embargo, menor a nivel municipal, donde no se exige formalmente
que quienes ocupan los cargos sean abogados. No obstante
se observa una tendencia a contratar abogados o pasantes para ser
funcionarios judiciales en los municipios controlados por mestizos.
En las distintas regiones observamos, con mayor o menor intensidad,
la presencia de abogados litigantes de origen indígena, muchos de los
cuales cumplen el importante papel de ser intermediarios culturales
entre los indígenas involucrados en un conflicto legal y los códigos de
la legalidad estatal, otros más intervienen como funcionarios del
campo judicial.
La profesionalización del campo jurídico no se observa en las instancias
inferiores de la justicia, en el espacio de la justicia indígena, en
donde prevalecen otros criterios para acceder al cargo de autoridad, como
el hecho del prestigio y la participación en cargos en la comunidad. Tal
es, por ejemplo, lo que sucede en las comunidades nahuas de la Sierra
Norte ue Puebla, al igual que en comunidades totonacas de la región de
Papantla. Pero sí hay una tendencia a la formalización de los acuerdos
a través de actas, escritos y sellos como garantía de legitimidad. Hay
que notar, sin embargo, que en los municipios gobernados por indígenas,
como es el caso de Zinacantán, en Chiapas, la oficialidad y profe-