Haciendo Justicia - Acceso al sistema

INTERLEGALIDAD, JUSTICIA YDERECHOS' 183
sideración como atenuante a considerar en la calificación del delito, y
en la definición de la pena. A pesar de todo la ley abre opciones a gente
de las comunidades, hombres y mujeres, que deciden asumir el riesgo
de involucrarse en un proceso judicial para disputar un bien, a pesar de
los obstáculos que deben vencer. El discurso de los derechos no basta
para garantizar el acceso a la justicia si no se tiene también la legitimidad,
los canales y el poder para hacerlos efectivos.
En conclusión, las dinámicas jurídicas observadas en la Sierra Norte
de Puebla, especialmente en la región de Cuetzalan, y en menor medida
en la zona de Huauchinango, confirman los planteamientos iniciales
sobre la imbricación y mutua constitución de legalidades, entre
la ley y la costumbre, como la característica principal de la práctica de la
justicia en regiones indígenas. Los procesos interlegales son una expresión
de la hegemonía estatal al mismo tiempo que revelan las formas
diferenciadas y las adecuaciones que hacen los indígenas del derecho positivo
para apropiarse, resistir o subordinarse a la ley desde sus propias
matrices culturales. Dichos procesos revelan, asimismo, la manera en
que nuevos lenguajes legales de corte transnacional, como es el caso de
los derechos humanos, los derechos indígenas y los derechos de las mujeres,
están siendo incorporados y procesados por los actores locales
abriendo nuevas opciones para litigar y negociar las disputas, al mismo
tiempo que generan sus propias contradicciones culturales. Las
dinámicas jurídicas no son homogéneas ni se materializan de la misma
manera en las diferentes regiones. De tal forma una zona como Cuetzalan
y Zacapoaxtla, a diferencia de las comunidades nahuas de Huauchinango,
situada en el otro extremo de la boca sierra poblana, da cuenta
de procesos jurídicos diferenciados que apuntan en el caso de Cuetzalan
hacia una mayor legitimación del discurso de derechos y al fortalecimiento
de procesos organizativos en las comunidades y en la región,
pero también, hasta ahora, hacia un debilitamiento de las autoridades y
las jurisdicciones indígenas. La instalación reciente del Juzgado Indígena
Municipal en Cuetzalan y su apropiación por parte de las organizaciones
y autoridades indígenas, tal vez permita revertir este proceso y abrir
nuevas opciones siempre que consigan mantener su control, y no se
convierta en una instancia más de legitimación del poder estatal. Esto
dependerá de la capacidad de las organizaciones de derechos humanos
indígenas y mestizas de generar propuestas alternativas críticas que involucren
a los miembros de las comunidades, hombres y mujeres, ya
sus autoridades en un debate sobre la justicia, las costumbres y los de-