Haciendo Justicia - Acceso al sistema

INTRODUCCiÓN' 19
nando la autonomía de la justicia zinacanteca para dirimir este tipo de
asuntos."
En contraste, en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de
Huauchinango como en el de Cuetzalan, la justicia municipal se encuentra
en manos de mestizos, generalmente vinculados con los poderes
caciquiles. Si bien en tales ámbitos prevalece la lógica judicial del
Estado, la importante cantidad de asuntos que llegan desde las comunidades
obligan a las autoridades municipales mestizas a tomar en
cuenta referentes culturales y normas indígenas al dirimir las controversias,
sin dejar de lado el discurso de la legalidad estatal. Pero es en
el nivel de la junta auxiliar, en el juzgado de paz comunitario, donde
prevalecen prácticas de una justicia indígena con cierto nivel de autonomía
para dirimir los asuntos de acuerdo con procedimientos y normas
consuetudinarias. El Estado define límites a la acción de las autoridades
comunitarias, pero en la práctica éstas actúan de acuerdo con
otros parámetros y márgenes de acción, que suelen distanciarse de los
exigidos por la ley.
Procesos similares observamos en la cabecera municipal de Coyutla,
sede del poder-caciquil y centro del control político y judicial del municipio,
permeado a su vez por las lógicas culturales de los totonacas. Aquí
en el nivel municipal se encuentran las instancias de la Agencia del Ministerio
Público y el Juzgado de Paz, en las cuales ejercen abogados mestizos
que se encuentran en permanente negociación con las normas locales
para imponer las normas y procedimientos del derecho estatal. Sin
embargo, estas estructuras de dominación se han visto cuestionadas seriamente
por sectores indígenas y mestizos de la oposición, por lo que
existe una crisis de consenso y legitimidad de las actuales autoridades
municipales. Esto ha implicado el cierre de la presidencia municipal, y
que las instituciones judiciales que allí funcionaban se reacomoden en
otros espacios.
'En los últimos años se agudizaron los conflictos políticos en el municipio de Zinacantán, como ha
sucedido en la mayor parte de los municipios chiapanecos, debido a divisiones partidarias entre el PRI Y
el PRD. La práctica de gobiernos mixtos vigentes entre 1997 Y 1998 permitió la existencia de jueces "plurinominales"
de ambos partidos, dos de cada uno, lo que permitió evitar conflictos de orden político. Gobiernos-posteriores,
sin embargo, no permitieron la existencia de gobiernos mixtos, bajo el argumento
que el partido que ganó las elecciones, en ese momento el PRI, no tenía por qué admitir a "autoridades"
de otros partidos para compartir el poder. De esta decisión que implica no compartir el gobierno municipal
han surgido en gran medida los conflictos políticos de los últimos años, que recientemente, el 5 de
marzo de 2003, llevaron a una confrontación partidaria en el municipio de Zinacantán provocando incluso
muertes, lo que implicó la intervención de funcionarios estatales (La Jornada, 5 de marzo de 2003,
e información de Jane Collier).