Haciendo Justicia - Acceso al sistema

180 • MARÍA TERESA SIERRA
lo que incide, al menos, en que los funcionarios judiciales municipales
y del distrito se vean obligados a respetar los términos y procedimientos
de una defensa legal. La demanda, empero, rebasa la capacidad de
las organizaciones, que no disponen de recursos ni económicos ni humanos
suficientes para atender todos los asuntos que les llegan, y menos
aún si todas ellas dependen de financiamientos renovables. 53
Destaco a continuación algunos de los retos y contradicciones que
implica su trabajo al abordar la defensa legal en contextos étnicos diferenciados,
lo que genera una serie de problemáticas que las mismas organizaciones
se encuentran discutiendo. A manera de conclusión general
apunto algunos de estos temas vinculados a la práctica de la justicia que
confrontan los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, destacando en ellas
las dinámicas interlegales:
1. Derechos humanos y conflicto cultural: uno de los retos principales
que confrontan las organizaciones de derechos humanos trabajando en
la defensa legal en regiones indígenas se refiere a la necesidad de discutir
desde una perspectiva multicultural la práctica de los derechos humanos.
Según hemos podido constatar las ONG de derechos humanos
tienden a trasladar de manera mecánica la defensa jurídica basada en las
garantías individuales constitucionalmente reconocidas para calificar la
práctica de las autoridades indígenas, sin contemplar el contexto cultural
y social de la justicia comunitaria. Esta experiencia ha traído consigo
un debilitamiento de las autoridades tradicionales quienes se sienten
vigiladas por "los derechos humanos", y limitadas en las decisiones que
toman al dirimir las disputas. Tal ha sido el sentido de la queja externada
por algunos autoridades indígenas al señalar que deben cuidarse
de "los derechos humanos"; tal es también lo que pudimos constatar en
algunos de los pases que autoridades de algunas comunidades enviaron
al agente subalterno del municipio. Si bien la defensa legal significa
efectivamente un contrapeso a injusticias ante decisiones judiciales de
las autoridades estatales y en ocasiones también de las autoridades indígenas,
resulta complicado valorar de la misma manera prácticas con
otro sentido cultural que remiten a obligaciones comunitarias y por
tanto colectivas, tal como lo referimos más arriba para el caso de las
53Tal es por ejemplo lo que sucede con los financiamientos del INI a las organizaciones de defensa
que son evaluados y negociados cada afio, dependiendo del presupuesto y de las políticas institucionales,
lo que no garantiza un apoyo más permanente y que organizaciones como el FRAD,sin ningún otro apoyo
financiero, tengan que dejar en suspenso procesos en curso mientras no se garantiza la continuidad
de proyecto.